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Las condiciones
para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos
en México preocupan hondamente a la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navanethem
Pillay, reconocida por sus actividades contra el apartheid
y a favor de la mujer. Su representante en nuestro país, Alberto
Brunori, presentó el mes pasado el informe “Defender los Derechos
Humanos: entre el compromiso y el riesgo”, en Coahuila y Durango.
El documento recoge y da seguimiento a las agresiones que
individuos y organizaciones cuya labor “resulta incómoda para
algunos grupos (de poder)” sufrieron entre enero de 2006 y
agosto de este año. Durante ese lapso se registraron diez
asesinatos y más de ciento veinte atentados, de los cuales
el noventa y nueve por ciento permanece impune. Las bajas
calificaciones internacionales que nuestro país obtiene en
derechos humanos e impartición de justicia se suman a notas
también reprobatorias en materia de transparencia, educación
y libertad de expresión, emitidas por la OCDE.
Para la Oficina de la Alta Comisionada, los factores que con
mayor frecuencia inhiben la defensa de los derechos humanos
en nuestro país son la delincuencia organizada, los abusos
del poder y las campañas de desprestigio contra quienes los
denuncian. En ello se fundamenta la propuesta de Naciones
Unidas para que el gobierno y los medios de comunicación brinden
reconocimiento y legitimidad a quienes, la mayoría de las
veces desde las posiciones más modestas, promueven la protección
de la libertad, la seguridad y la dignidad de todas las personas.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, figura en el informe de
Naciones Unidas. Su defensa de las prostitutas presuntamente
violadas por militares en Castaños, Coahuila, en 2006, le
produjo acoso, amenazas y presiones. El juez (Hiradier Huerta)
“habría presentado ante un tribunal Canónico una denuncia
por ‘abuso de potestad canónica’ en contra del obispo a causa
de su labor”, consigna el documento. Previamente el dominico,
víctima también de la inquina de la televisora saltillense
RCG, habría sido perseguido “de manera amenazante” por una
camioneta.
El asesinato de periodistas en México, por desgracia cada
vez más recurrente, perturba a la Oficina de la Alta Comisionada.
Durango disputa en esta materia un liderato ominoso que el
gobernador priista Ismael Hernández Deras evade con olímpico
cinismo. Brunori sigue también las agresiones contra Belén,
Casa del Migrante de Saltillo, luego de que el hondureño Reyes
Gustavo Ardón asesinó a una joven empresaria el 30 de septiembre.
Sin medir consecuencias, la televisora RCG incita el odio
racial.
Pero lo que más inquieta a la Comisionada para los Derechos
Humanos es que la maquinaria del Estado mexicano “reaccione
sólo cuando se acude a instancias internacionales”. La presión
extranjera es siempre más eficaz que la razón interna. Los
crímenes se resuelven con voluntad y con la estricta observancia
del estado de Derecho, no con retórica.
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