El estudio

En 2006, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) inició un proyecto para evaluar las propuestas de los candidatos a la Presidencia y continuó la evaluación de iniciativas de reformas legislativas. En esa línea, valoró el desempeño de los poderes federales, ubicando al ciudadano como justificación y objetivo de la acción del Estado.
El CEEY propuso a un grupo de expertos reconocidos, con la coordinación del Jeffrey Weldon y Fernando Dworak, la revisión metódica del desempeño de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso General, incluyendo el ejercicio a partir del 1 de septiembre de 2006, los años 2007, 2008 y lo que corresponde de 2009.
Los resultados fueron divulgados el pasado 29 de junio en un documento que muestra un consenso respecto a que las bajas calificaciones obedecen a las escasas capacidades institucionales que tiene el Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones.
Para estructurar su estudio tomó en cuenta las facultades hacendarias o presupuestarias, de vigilancia, legislativas y la gestoría y presentación de informes.
Básicamente se preguntó:
¿El funcionamiento del Poder Legislativo se adecuó a lo que establecen las normas aplicables? ¿Contribuyó a la cooperación y gobernabilidad, entendida como la capacidad institucional para tomar decisiones? ¿Cómo se califica la política pública resultante? ¿Se condujo el órgano legislativo de manera transparente? E4

Uso mediático de las cuentas públicas y comisiones investigadoras inútiles

Con respecto a la Cuenta Pública (3.88 puntos), los especialistas del CEEY coinciden en que se utilizó con fines políticos, pues ninguna se aprobó en los tiempos marcados por la Constitución. El “rechazo” de las cuentas del gobierno de Vicente Fox, ejemplifica el panel, fue un acto simbólico y coyuntural para impactar a la opinión pública.
Durante la LX Legislatura —cuyo período concluye el 31 de este mes— los sistemas de glosa y auditoría sufrieron cambios. Ahora pueden imponerse sanciones administrativas, mas no penales. Sin embargo, en los casos procedentes, tampoco se tiene una sola causa penal concluida. Los panelistas subrayan la enorme opacidad que también existe en la revisión de las partidas presupuestarias.
Sobre el tema resaltan, a manera de conclusión, la lentitud de los procedimientos seguidos por la Cámara de Diputados. El Congreso en funciones rechazó los dictámenes sobre la revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2002 y 2003, cuyo presupuesto aprobó la LVIII Legislatura (2000-2003). A ese ritmo, la LXI legislatura heredará la revisión del informe y, en una proyección optimista, será la encargada de votar los dictámenes sobre cuentas públicas de 2004, 2005, 2006 y 2007.
En el rubro Facultades de vigilancia (2.6 puntos), el primer acuerdo fue evaluar el proceso de nombramiento de los consejeros del IFE, no la reforma electoral de 2007. En este sentido, el procedimiento de selección, que tuvo lugar en 2008, no cumplió con el orden jurídico.
Incluso el propio mecanismo pactado por los diputados fue reformado durante la marcha. Respecto a la transparencia, los analistas comentan que el proceso fue más transparente que en 2003, pero se realizó en dos pistas. La primera, de cara a los medios, estuvo plagada de irregularidades y no tuvo ningún resultado en los nombramientos. La segunda, que definió a los nuevos consejeros, se desarrolló de manera subrepticia entre los coordinadores parlamentarios.
Con respecto a las comisiones de investigación y supervisión, el consenso es que las comisiones de investigación sirven para poco, pues no cumplen las funciones que les dieron origen.
Disconformes con la legislación vigente en esta materia, los especialistas apuntan que las comparecencias de los secretarios de estado tienen muy poco impacto o consecuencias jurídicas, además de contar con un muy bajo quórum.
Con respecto a las Facultades legislativas (7.1 puntos), la cuestión de si las atribuciones de las comisiones legislativas se distinguen suficientemente para justificar su existencia, la conclusión es que no. Mientras en otros países se crean tantas como dependencias del Ejecutivo hay para vigilar, en México se reparten como cotos de poder partidista. Por ende, algunas comisiones registran cargas de trabajo considerable —es decir, las que tienen contraparte con dependencias del Ejecutivo—, mientras otras desarrollan actividades muy poco sustantivas con respecto a la función legislativa.

Los evaluadores convienen en la necesidad de replantear el sistema de comisiones: 1) para que sus facultades reflejen a las dependencias gubernamentales, tal como se hizo en la redacción original de la Ley Orgánica de 1999; y 2) para repartirse internamente el trabajo en vez de crear instancias nuevas cada tres años.
El panel coincide en que la estructura de las comisiones de la Cámara de Diputados no se corresponde con la de la administración pública. A pesar de las resoluciones de la LVII legislatura para reducir su número, las comisiones han tendido a ser más numerosas y dispersas que las estructuras de las secretarías de Estado.
Esta dispersión y baja especialización tiene dos consecuencias. La primera es que las comisiones legislativas no se distinguen suficientemente para justificar su existencia. La segunda es que la supervisión y el escrutinio de las políticas públicas se diluyen en el ámbito de jurisdicción de varias comisiones. E4

¿Qué es el CEEY?

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista, cuya misión es generar investigación e ideas para enriquecer la discusión, el debate informado y el proceso de toma de decisiones sobre aquellos temas de actualidad y trascendentales en la vida económico social, educativa, jurídica y política del país. Su objetivo es informar a la opinión pública y a los responsables del poder público con el fin de que tomen las mejores decisiones.
El CEEY se estableció por iniciativa del Patronato de la Fundación Espinosa Rugarcía en julio de 2005. El patronato está presidido por la doctora Amparo Espinosa Rugarcía y lo conforman Amparo, Julio y Manuel Serrano Espinosa. El Centro fue establecido en memoria de don Manuel Espinosa Yglesias, empresario y filántropo mexicano del siglo XX.
El marco ideológico del CEEY está inspirado en su pensamiento, el cual es examinado en el libro Manuel Espinosa Yglesias. Ensayo sobre su historia intelectual (CEEY, 2006).
De entre los grandes retos que enfrenta la sociedad mexicana, los fundadores decidieron que la naturaleza del Centro fuera tal que incidiera en la opinión pública y en el diseño e implementación de políticas públicas que mejoraran el bienestar de los mexicanos. Por lo tanto, la temática es de índole social, económica y política, y tiene un alto perfil público.
Entre las labores cotidianas del CEEY se encuentra la realización de evaluaciones legislativas a través de paneles de expertos, siguiendo una metodología aceptada internacionalmente. Su propósito es mejorar la calidad de la legislación que se apruebe en el país, focalizada en los grandes temas nacionales.
Otra labor importante es la realización del Premio Manuel Espinosa Yglesias, reflexión política, económica y social, que versa sobre eventos que han sido particularmente trascendentales para la historia del país. E4

Fuente: www.ceey.org.mx

Evaluación general de la Cámara de Diputados: 5.2

PAN: 5.6
Menor capacidad para concretar su agenda.

El coordinador del grupo parlamentario (Héctor Larios Córdova) obtuvo el menor número de menciones en la prensa escrita.
Más cohesivo durante las votaciones.

PRD: 5.6
Segundo grupo con capacidad para concretar su agenda.

El coordinador del grupo parlamentario (Javier González Garza) obtuvo el segundo lugar en menciones de la prensa escrita.
Menos cohesivo durante las votaciones.
Menos respetuoso de los reglamentos.

PRI: 6.3
Mayor capacidad para concretar su agenda.

El coordinador del grupo (Emilio Gamboa Patrón) obtuvo el mayor número de menciones en la prensa escrita.
Segundo grupo más cohesivo durante las votaciones.
Segundo más respetuoso de los reglamentos parlamentarios.

En los tres casos, la baja calificación corresponde a la escasa información
que divulgan los grupos parlamentarios.