La Evaluación del desempeño del Poder Legislativo, desarrollada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), exhibe las debilidades de la Cámara de Diputados, única facultada para discutir y aprobar la Ley de Ingresos, el Presupuesto de egresos y la revisión de cuentas públicas. Tres temas fundamentales no sólo para el equilibrio político, sino también económico y social del país que, por desgracia, se discuten y resuleven bajo criterios puramente clientelares.
La subordinación del Congreso que aluden los analistas del CEEY, ya no es al presidente, única voz cantante en ambas cámaras a lo largo de setenta años, sino a las cúpulas partidarias, a la alta burocracia que, en el caso del PRI, es la misma desde, por lo menos, las dos últimas décadas, salvados los cambios en su nomenclatura. No extraña, entonces, que incluso como tercera minoría el partido fundado por Calles y consolidado por Cárdenas impusiera con mayor facilidad su agenda y figurara más en los medios que los grupos parlamentarios del PAN y el PRD.
Setenta años de presidencialismo priista no se borran de un plumazo, como tampoco bastan nueve de alternancia para cambiar el rumbo de México. En gran parte, por las fuerzas centrífugas que mueven al país, pero también por la impericia —hasta cierto punto explicable— de un partido, el PAN, que tardó seis décadas en ganar la presidencia, pero que además tampoco se ha distinguido por proponer nuevas formas de gobierno y ha sido incapaz de combatir la corrupción y la impunidad, de las cuales algunos de sus miembros más prominentes son también beneficirios.
Si la inexperiencia, por las causas arriba expuestas, puede atenuar la falta de resultados del PAN, su incapacidad política y administrativa agravan sus culpas en un país acosado por la inseguridad y abatido por la pobreza, el desempleo y la falta de justicia y de fe en las instituciones. Todo esto se refleja en la Cámara de Diputados, cuya calificación de 5.2 por ciento que el CEEY le otorga, en base encuestas nacionales, debería avergonzar a los quinientos diputados que terminarán su ejercicio el 31 de agosto y a quienes les precedieron. En tanto que para quienes asumirán el 1 de septiembre, el reto es colocarse a la altura del país, no de sus partidos que la mayoría de las veces rozan el suelo.
Los pálidos avances en el Congreso que el CEEY consigna en su estudio los ecplisa la opacidad, el favoritismo, la falta de acuerdos trascendentes, la cortedad de miras de los poderes Legislativo y Ejecutivo, el trueque, la protección de unos a costa de todos. Pero lo más preocupante es su advertencia de que la crisis económica puede devenir en conflicto social si el gasto federal —y por extensión el de los estados— desatiende por más tiempo las necesidades de una mayoría empobrecida, en aras de la componenda, la coyuntura y el aplauso popular a través de los medios de comunicación. Estamos, pues, sentados sobre un barril de pólvora, en medio de pirómanos.