El director de la revista fundada por Julio Scherer en 1976, tras el golpe de Echeverría contra Excélsior, narró en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara los litigios con el gobierno del cambio, desde Fox hasta nuestros días; pedir el recuento de boletas de la elección de 2006 le cuesta caro

Huelga explicar la influencia política que ejerce el semanario Proceso en México. Pero lo que no sobra es la presentación de lo que lidia el equipo de trabajo de tan pesado medio de comunicación para mantenerlo de pie. En este sentido su director, Rafael Rodríguez Castañeda, y el reportero Jorge Carrasco Araizaga, compartieron varias anécdotas en la charla “Las contiendas de Proceso”, celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro 2008. Demandas legales, ajustes de cuentas personales, influyentismo y abusos de autoridad fueron temas centrales de las historias compartidas aquella tarde y que forman parte de esta primera entrega.
La primera intervención corrió a cargo de Rafael Rodríguez. Es ésta su ficha referencial: “Nació en el Distrito Federal, en 1944. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM (1967). Fue reportero del semanario Crucero y de la revista Tiempo, trabajó como redactor de la agencia INFORMAC y de AMEX; asimismo, fue reportero y corrector de estilo de la revista Mañana, corrector de estilo del periódico El Día, corresponsal en Washington y coordinador de corresponsales extranjeros de Excélsior. Impartió clases y fue jefe del Área de Tecnología de la Información de la ENEP, en Acatlán. Fungió como jefe de redacción de la edición vespertina del Diario de México, y también fue secretario del consejo de administración de CISA-Proceso, cofundador y coordinador de Información Nacional, jefe de redacción y actualmente es director de Proceso. Autor de El asesinato de Orlando Letelier (1979), El viaje (1991), ¡Prensa vendida! (1993) y Operación Telmex (1995)”.
Los párrafos subsecuentes corresponden a la trascripción de las palabras de Rodríguez Castañeda aquel mediodía en Guadalajara, Jalisco: “El enunciado de esta plática bien podría referirse a la historia misma de Proceso puesto que nace y vive desde la contienda, de la contienda y para la contienda. Pero no hay que preocuparse: no les vamos a echar encima 32 años de batallas internas y externas a las que Proceso ha sobrevivido y cuya interminable enumeración no creo que pudieran ustedes sobrevivir, por lo menos como público presente aquí en esta charla. (Jorge y yo) nos referiremos exclusivamente a nuestras contiendas actuales. Las que padecemos y hasta disfrutamos en estos tiempos del PAN hecho gobierno. Son contiendas que se inscriben en el pedregoso terreno de las garantías constitucionales relacionadas con el ejercicio de la profesión periodística, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información”.

El caso Sahagún

Interrumpida la hegemonía priista a partir del año 2000, el país se abría supuestamente a nuevos horizontes de libertad. Nunca ha sido mejor aplicado el adverbio ‘supuestamente’. Pasó muy poco tiempo para que el gobierno panista, con Vicente Fox, o mejor dicho, con la autodenominada ‘pareja presidencial’ a la cabeza, mostrara su verdadero rostro: el de la intolerancia, el de la intransigencia. Proceso ha experimentado eso en carne propia y viva casi desde los comienzos del primer sexenio del gobierno panista.
El uso de la libertad de expresión al alcance nuestro, vía la garantía constitucional, fue el motivo de la famosa demanda de la señora Marta Sahagún contra Proceso por algo que se denomina ‘daño moral’. Esto ocurrió por ejercer nuestra garantía constitucional de reproducir fragmentos importantes de un texto de Olga Wornat, la escritora y periodista argentina que, a su vez, reproducía parte de la demanda de Marta para solicitar la anulación de su matrimonio religioso con Manuel Bribiesca. Ese texto se publicó en Proceso, por ahí de febrero de 2005, bajo el título de portada ‘Hasta que la Iglesia nos separe’. Para entonces se daba a conocer que Marta había conseguido la anulación de su matrimonio religioso de su anterior marido Bribiesca. La sentencia respectiva contenía partes que tenían que ver con la vida personal de esa pareja. Proceso ejerció su garantía de reproducir los textos que, bajo la firma de Olga Wornat, se publicarían más tarde en un libro. Pasó poco tiempo antes de que la señora Marta Sahagún decidiera que habíamos violentado su vida personal, íntima, y decidió demandarnos por esa especie de entelequia que es el daño moral. De este litigio que dura mucho tiempo les podrá dar pormenores Jorge en su intervención.
Lo que para nosotros quedó claro es que Marta Sahagún convirtió este litigio en una afrenta personal y decidió ejercer presión sobre Proceso como forma de desquite. Esto incluyó la casi supresión total de la publicidad del gobierno federal en las páginas de Proceso y también la cerrazón de las fuentes informativas periodísticas para nuestros reporteros. Para nosotros es una forma de ver cómo se entiende el poder ahora que está en manos del PAN. Nunca antes en la vida de Proceso habíamos sido objeto de una demanda de tal magnitud, y que ejerce sobre jueces y magistrados todas las presiones que puede ejercer el poder público, en lo particular, el poder ejecutivo, cuando se decide hacerlo. Ésta es, pues, una de las contiendas que nos ha tocado vivir y que nos ha llevado a la otra que ya refería yo, la de la publicidad oficial.

Premios y castigos

El gobierno de Vicente Fox y el actual, el de Felipe Calderón, han utilizado la publicidad de las entidades federales que requieren difundir información de interés público como un sistema de ‘premios y castigos’; y como Proceso se ha portado mal, no tiene esa fuente de ingresos que no sólo son absolutamente legales, sino moral y éticamente utilizados por los medios. Proceso, como cualquier otro medio, tendría que ser utilizado como una fuente de difusión de información oficial. Repito: la mayor parte de las publicaciones tienen acceso a esa publicidad y Proceso desde hace ya un buen tiempo, carece de ella. Nos lleva esta situación a recordar que así quiso José López Portillo, en 1982, terminar con la vida de Proceso ordenando el cierre absoluto de la publicidad en las páginas de nuestra revista porque decía él que no iba a pagar para que le pegáramos. Esa frase se hizo famosa. No la repite el gobierno actual, pero la aplica con todo el rigor que está a su alcance.
Este asunto, por supuesto, está también en litigio. En próximos días probablemente lo adopte la comisión de diputados encargada del seguimiento de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Proceso ha interpuesto una solicitud para que la comisión considere que lo que está haciendo el gobierno con la publicidad oficial es una agresión digna de ser tratada por esta comisión legislativa. Pero tenemos una situación adversa: la comisión está presidida por un diputado panista. Sin embargo, el diputado aceptó en principio dar por recibida la solicitud formal. Estamos, pues, de manera formal, en una situación de enemistad con el gobierno federal.
El presidente Calderón, aparentemente, ha considerado que tiene capacidad de declarar por decreto la inexistencia de Proceso. No sólo porque nos niega todo tipo de publicidad, sino también porque nos niegan todo acceso a las fuentes de información del gobierno federal. Nuestros reporteros escasamente pueden alcanzar a funcionarios públicos para entrevistas o tener acceso a documentos de información de interés público. En fin, vivimos en una especie de limbo desde la perspectiva del gobierno. Por fortuna, a ese limbo tienen acceso los que para nosotros son los importantes y esos son nuestros lectores. Lejos de aceptar el decreto del presidente de inexistencia, Proceso suma, por su posición absolutamente intransigente respecto al ejercicio de la libertad de prensa, cada vez más lectores que piensan que Proceso es una manera de informarse honesta y legalmente y, hasta donde nuestro esfuerzo lo permite, en medio de un generalizado silencio de buenos segmentos de la prensa nacional y de la prensa regional.

Peor que Fox

Recuerdo que la última vez que tuve acceso a la residencia presidencial en Los Pinos, fue más o menos en enero de 2007 cuando fui convocado a ver a Maximiliano Cortázar, director de comunicación de la presidencia de la República. De lo que recuerdo que platicamos, me queda grabada una frase: ‘Vamos a demostrar que este gobierno va a ser distinto’ y se refería al inmediato anterior en que habíamos sido víctimas de distintos tipos de presiones por parte de Vicente Fox y su señora. Efectivamente, Calderón nos ha demostrado que puede ser distinto. Puede ser peor.
Algo que sin duda lastima sobremanera es el actual litigio en el que nos hemos empeñado con especial énfasis. Seguramente recordarán que Proceso solicitó a finales de julio de 2006 lo que llamamos el “recuento ciudadano”. Ante la polémica y cuestionada elección del 2 de julio que finalmente acabó casi con la designación de Calderón como presidente, nosotros solicitamos tener acceso a las boletas electorales en su totalidad para encabezar un movimiento de recuento y saber qué había pasado exactamente en aquel proceso de elección. Para ello, nosotros recurrimos a un instrumento legal que es la Ley de Acceso a la Información. Obviamente, nos fue negado ese acceso en todas las instancias a nuestro alcance. Empezando por el Instituto Federal Electoral todavía en aquel entonces encabezado por Luis Carlos Ugalde. El IFE consideró que ese material era inaccesible para la gente común, en este caso para Proceso. Después, como les relatará con detalle Jorge Carrasco, fuimos de instancia legal en instancia legal hasta agotar todas las posibilidades, incluido el amparo que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia en un debate y votación que, sin duda, van a ser parte de la historia de este país. Finalmente, perdimos el caso en la Suprema Corte por seis votos contra cinco. El voto de diferencia fue emitido por el ministro presidente de la Suprema Corte.
Sin embargo, no nos quedamos con los brazos cruzados y el asunto lo llevamos a una instancia internacional. Obviamente, esto implica que las boletas en su totalidad no hayan podido ser destruidas, como lo indica la ley una vez que terminan todas las cuestiones relacionadas con una elección, mientras el litigio en el que estamos empeñados se mantenga vigente. En la actualidad, se han reunido 32 almacenes, uno por cada entidad de la República. Están ahí bajo vigilancia militar, con la frecuente queja del general secretario de la Defensa que dice que lo que se está haciendo nada más es distraer cerca de dos mil elementos que podían estar, sin duda, siendo víctimas de los sicarios de los narcos. Yo creo que los que están vigilando las boletas prefieren estar ahí que estar en la sierra de Sinaloa o en las calles de Tijuana.
Llevamos esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dictara lo que se llama “medidas cautelares”, que es una especie de advertencia al gobierno de que no debe destruir las boletas en tanto esté examinándose el caso como nosotros lo solicitamos porque consideramos que la libertad de acceso a la información es un derecho humano. La Comisión va a examinar, como asunto de fondo, si es o no violatorio de los derechos humanos la negativa de ver y eventualmente contar las boletas electorales. El gobierno mexicano ha rechazado la existencia de esta violación y ha pedido a la Comisión que retire las medidas cautelares para poder destruir de una vez por todas esos testimonios que están pendientes de revisión. Sin embargo, logramos en una segunda instancia que la Comisión reafirmara esas líneas cautelares. Eso hace que sigan ahí las boletas y es un litigio más que no deja de contribuir al encono que mantienen con la revista. Esto es parte de las grandes contiendas en las que estamos.

Presión poltica

Hay otras demandas más pequeñas o menos espectaculares. Parece que Proceso se ha puesto de moda para acusarnos de eso tan subjetivo que se llama daño moral. Es el caso del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, que fue objeto de un reportaje amplio y bien documentado en relación con el narcotráfico en su estado. Él consideró que su imagen pública, tan pulcra ella, había sido dañada, a pesar de que ese reportaje no pudo ser leído en Sonora porque el señor gobernador ordenó comprar en su totalidad la dotación de revista que fue mandada para allá, lo cual es bueno para nuestras finanzas, pero malo para los lectores. Recogieron en un solo día miles de ejemplares que estaban destinados a ser leídos en las diferentes ciudades de Sonora. Hicimos un reenvío posterior, dos o tres días después que también fueron adquiridos muy amablemente por los personeros del gobernador. La revista se leyó en Sonora, sobre todo a base de fotocopias y en su versión en Internet.
Igualmente, tenemos otra denuncia también por daño moral por parte del clavadista Fernando Rueda, quien también se sintió afectado en su reputación por un reportaje de nosotros. Este caso no lo hemos difundido hasta no ver cómo marcha el litigio. Obviamente, los que más contentos están por ese tipo de demandas son los abogados que nos defienden y dicen, ‘pues mientras nos caigan dos o tres de estos al año, ahí vamos haciendo un ahorrito para los aguinaldos de los integrantes del despacho’. Esta es nuestra breve y actual historia de litigios. Jorge Carrasco, reportero de Proceso, es uno de los más importantes que tenemos en materia de periodismo de investigación. Se ha dedicado a seguir puntualmente algunos de los litigios que vivimos en estos tiempos. Él puntualizará cuestiones de tipo jurídico que los hará comprender mejor los momentos que vive Proceso”. E4