Dificultades económicas aumentan la violencia contra niños y mujeres: Celis

El respeto a las personas debe tener mayor peso en la agenda política y empresarial, opina la ex directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. En Coahuila, más de cien emigrantes han sido plagiados, y la desaparición de doce personas, en Piedras Negras, aún no se aclara. Amnistía Internacional denuncia abusos de policías y militares

La negativa del presidente Felipe Calderón para extraditar a su país a la francesa Florence Cassez, sentenciada a sesenta años de cárcel por secuestro, fue aplaudida por la sociedad mexicana y sirve de apoyo moral para las víctimas. Sin embargo, la noticia no deja de ser un hecho aislado en medio del caos de inseguridad que asola a la nación.
Ya el coordinador general de Delegaciones de la PGR, Bernardo Espino, en su presentación del anteproyecto de Ley contra el Secuestro, dejó en claro que este delito es el que “menos se denuncia por temor a que se arriesgue a la víctima o a sus familiares, que se difunda, pero que también se ponga en riesgo el rescate”, lo cual lo hace difícil de solucionar.
El sacerdote Pedro Pantoja, asesor de las organizaciones Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, denuncia que entre 2008 y 2099 policías de Coahuila —como integrantes del crimen organizado— han levantado a cien migrantes para exigirles dinero a cambio de su liberación.
La violación de los Derechos Humanos viene de la mano con el desconocimiento de su existencia y hace más vulnerable a la sociedad. Silvia Canto Celis, ex directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, dialoga sobre el tema con Espacio 4.
Señala la falta de cultura, educación e información como las principales causas del distanciamiento entre los ciudadanos y la necesidad de defensa de sus propios derechos. Sin embargo, afirma que el nivel de interacción de la gente con el centro diocesano se ha incrementado en los últimos años justamente por no ver respuesta por parte de las autoridades, por querer justicia.
La eficacia de la policía y el Ejército todavía deja mucho que desear. A la captura de capos del narcotráfico, decomiso de drogas y armamentos, la población contrapone el reporte de abusos junto a un alto grado de impunidad en todos los niveles. En ese contexto, el 28 de mayo, Amnistía Internacional denunció que integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía de México cometieron “graves violaciones de Derechos Humanos” durante su ejercicio en 2008.
Entre los abusos sobresalen homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias. El organismo advierte, además, que la promulgación de medidas para apoyar el crimen organizado debe ir de la mano con la salvaguardia de la integridad física y moral de los ciudadanos. En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre Derechos Humanos, dice Amnistía Internacional.
De ahí que Celis enumere los proyectos que se ejecutan en Coahuila para proteger al ciudadano de circunstancias que lo pueden llevar a ser víctimas de explotación —a partir de la crisis económica— o que deriven en situaciones de violencia intrafamiliar.
La concienciación en torno a la importancia de defender los Derechos Humanos, sin embargo, apenas da sus primeros pasos.

Si preguntamos en la calle sobre los mayores problemas de México, saldrán a relucir la crisis económica, la seguridad o la corrupción, pero pocos citarían la fragilidad en materia de Derechos Humanos a escala nacional. ¿Por qué este distanciamiento de la sociedad con un tópico tan delicado?

Es un problema de cultura, de educación y también de mala información. Durante muchos años las campañas de los gobiernos y de los grupos de ultraderecha que vieron amenazados sus intereses en los procesos electivos o sociales dieron a entender que las personas que avalaban los Derechos Humanos promovían la delincuencia. Así, cuando la gente oía mencionar “derechos humanos” se le añadía el componente de la agresión o de la violencia, siendo exactamente lo contrario.
Este es un gran dilema en México, que se relaciona con la contención del derecho. En toda Latinoamérica nos enseñaron lo que son las obligaciones —con el colonialismo—, pero se nos explicó muy poco sobre nuestros derechos. Ahí necesitamos más información, clara y precisa.

La desaparición de doce personas en Piedras Negras, el 21 de marzo, obliga a los medios de comunicación a retomar el tema de la inseguridad relegado momentáneamente a un segundo plano tras el impacto del virus A-H1N1. ¿Qué novedades hay en torno a este asunto?

Hasta ahora no contamos con más información al respecto. Es un caso extraño, hay sospechas de que los desaparecidos estén involucrados en asuntos del narcotráfico —algo así siempre sale por la situación que vivimos en el país, desgraciadamente es una situación cultural que debemos erradicar—, pero los familiares aseguran que no, que eran personas trabajadoras, que continuamente viajaban a distintas partes de la república.
Según me han informado, desde hace seis o siete años, ellos conforman un grupo que se trasladaba de un estado a otro vendiendo pinturas al menudeo. Desde su desaparición nada más se ha sabido.
Con el secuestro los familiares acuden a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ellos la remiten a aquí, a la sede de Coahuila.

¿Por qué acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del DF?

Por no ver respuesta por parte de las autoridades, por querer justicia. De hecho, nosotros nos enteramos hasta el 30 de marzo pues a quien primero contactan es al obispo Raúl Vera y él nos remite el caso. Toda la población está indefensa con este asunto de las desapariciones. Como hay una situación de vigilia llegan al centro cuando de plano andan muy desesperados. En este caso en particular la gente se mantiene a la expectativa de qué dirán los secuestradores.

Días después, el 5 de mayo, los periódicos dan la noticia del ataque de presuntos militares a una pareja que viajaba en un auto, aquí en Saltillo, y de la cual ni siquiera se conoce su paradero. La presencia del Ejército en las calles sigue causando polémica aun cuando su objetivo es defendernos.

Es lo que sucede a nivel nacional. El presidente Felipe Calderón decide echar mano del Ejército para hacer este tipo de acciones en contra del narcotráfico. A mí me parece que es erróneo sacar a los militares de los cuarteles con el fin de hacer actividades policiales. Ellos tienen capacidad para hacer su trabajo, pero no para convivir con la población civil.
Aquí no poseo datos específicos que valoren su quehacer, pero el gobierno del estado indica a un militar para coordinar las cárceles del estado. Ahí ya estamos viendo cómo su presencia empieza a aumentar. Hay carteles a la salida de las carreteras donde se ensalza al Ejército para convencer a la ciudadanía. Así, en lugar de que los gobiernos federales y estatales aceiten la maquinaria de la policía en todos los niveles, echan mano de otras fuerzas. Esta situación es tan difícil como enfrentar la delincuencia organizada. No han sabido o no han querido detenerla. Por ejemplo, si a un agente municipal no se le sanciona cuando hay pruebas de un mal trabajo nunca mejorará su eficacia. En vez de que las autoridades limpien su situación policíaca en el estado acuden al auxilio de terceros. Es una complicación. Ya vimos que en Chihuahua, antes de 2007, había trescientas víctimas por la lucha contra el narcotráfico. Entra el Ejército en enero de 2008 y para diciembre de ese mismo año se cuantifican más de mil quinientas muertes.
La experiencia señala que la incursión de efectivos militares puede multiplicar la violencia porque los narcotraficantes se sienten amenazados y responden con mayor agresividad. Es un punto que complica el escenario estatal.

El problema está en que la policía tampoco goza de buena imagen. En Internet, por ejemplo, se alerta a los turistas que piensan viajar a México que se cuiden tanto de los delincuentes como de los agentes de la seguridad.

Creo que si generalizamos caemos en la lógica del pánico. Existen tipos de policías como corrientes de pensamiento. Los hay apegados a la norma de servicio de la comunidad y los que ya están permeados por la delincuencia organizada.
Se han llevado a cabo estudios antropológicos sobre la policía —concretamente en Jalisco— que determinan al agente como una persona que acude a los procesos de captación para solicitar empleo porque no tiene otra opción. Se trata por lo general de alguien que apenas terminó la primaria, con muy bajo nivel cultural y cuya única oportunidad para hacerse de un futuro es arriesgar la vida. Además, en la capacitación que reciben se les dice que van a estar al servicio del poder económico del país, no de la población.
Es una circunstancia muy compleja que por otra parte, cuando hay una necesidad, una crisis económica —según dicen estos expertos— a los policías de patrullas, por ejemplo, se les otorga cierta cantidad de gasolina que ordinariamente les dura quince días. El resto del mes ellos tienen que ver la manera de cubrir su trabajo. Ahí también destaca un problema de presupuesto y de organización.
Al final se conforma una maleza donde los distintos centros de Derechos Humanos a nivel nacional pretendemos adentrarnos para que la comunidad pueda establecer nuevamente contacto directo con la policía y no la tome por un enemigo. En el caso específico de los turistas, ¿qué les podemos decir? Pues que en el momento que sufran alguna extorsión la denuncien… y no sólo a nivel local, sino también federal.

Es delicado que un policía extorsione y tenga que denunciarse, precisamente, a la policía.

Sí, se necesita comprobar al agente, claro. En última instancia la persona responsable es el titular del ejecutivo estatal, el gobernador. Después se delega al fiscal especial toda la cuestión administrativa y de procuración de justicia, pero al final, los culpables son los gobernadores de los estado. Entonces, en términos reales, ellos tienen que dar resultado.

El tráfico de personas—conjuntamente con el de armas— se disputan el segundo lugar, sólo superado por el narcotráfico, en los negocios ilícitos más lucrativos de México. ¿Cuál es la situación actual de este fenómeno a nivel nacional y local?

Actualmente estamos haciendo un trabajo de investigación para determinar en cuántos estados detectamos esa traza. La recolección de nuestros datos todavía no está lista porque nos encontramos en medio del proceso, pero sabemos que se trata de un fenómeno nacional muy grave con Chihuahua y Nuevo León a la cabeza. Sospechamos que para el crimen organizado es cuestión de ocupar “plazas” al igual que ocurre con el narcotráfico o el pase de armas. Es una red que opera en territorio mexicano. Aunque aquí, en Coahuila, todavía no hemos detectado ese tipo de situaciones.

A partir de ese mismo fenómeno se desprende la iniciativa de reactivar la pena capital para los secuestradores que ultimen a sus víctimas. ¿Qué consideraciones le genera la misma?

Estas consideraciones comenzaron el año pasado, cuando el gobernador Humberto Moreira orquestó una campaña para seguir ganando panes. No me parece un deseo sincero que busca erradicar la violencia y los secuestros. Es una manera que tiene el gobierno del estado para deslindarse de su responsabilidad y no tener que responder a muchas preguntas. ¿Dónde están los desparecidos, las personas que extorsionan, el curso de las investigaciones, los policías municipales? Si el gobierno realmente comenzara a desmontar ciertas organizaciones que se han encontrado en nuestro sistema, sería mucho mejor. La cuestión del secuestro y de la pena de muerte para quienes lo realicen realmente es una farsa política. Intenta buscar un chivo expiatorio ante un gran enojo colectivo.
La prevención es mucho más eficaz, más saludable para la población que cualquier actitud punitiva. Imaginemos que realmente se encuentra a los secuestradores. Hay otras cargas penales que se les puede imponer, otro tipo de caminos para hacer que esa persona o esa banda tenga su castigo. Pero la muerte, la posibilidad de matar a un ciudadano… yo la pensaría dos veces. Las cárceles están llenas de gente que no ha tenido dinero para pagar un proceso judicial a fondo, que son encontrados en robos o en cuestiones de posesión de droga, pero su infracción es muy baja. Para nadie es secreto que nuestro sistema de justicia necesita ajustes. La cuestión de la pena de muerte me parece solamente un trampolín político para algún diputado o para un gobernador aspira a la presidencia de la república.

¿Qué acciones se llevan a cabo para, por un lado, crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la defensa de los Derechos Humanos y, por otro, ejecutar acciones prácticas a su favor?

Trabajamos en varios niveles. Lanzamos talleres generales sobre el tema en parroquias y centros educativos. Convocamos otro enfocado a los derechos de la mujer y la violencia intrafamiliar porque la crisis económica genera muchos abusos contra mujeres y niños. Asimismo promovimos un tercer programa de índole laboral pues es importante que los trabajadores tengan herramientas colectivas para defenderse.
Esto en cuanto a talleres. También brindamos información a través de comunicados y boletines para posicionar nuestro centro ante la población. Por otro lado estamos desarrollando un trabajo en red e implementamos un proyecto de atención ciudadana donde se invita a la población en distintos distritos para que dialoguen con su diputado sobre temas relevantes como seguridad, el trastorno financiero e incluso vigilar ciertas condiciones del Congreso.
¿Cuál es la idea? Pues entrar en esa lógica de diálogo con las autoridades y evitar que el aparato público del gobierno esté de un lado y la ciudadanía de otro. Se necesita un intercambio de responsabilidades.

¿Cuánto se ha avanzado a escala nacional y local en el respeto y preservación de los Derechos Humanos?

No existe un instrumento que nos permita definir este rango de avance, pero sí podemos asegurar que la población, de unos años para acá, ha aprendido que además de acudir a las autoridades pueden acercarse a nuestro centro. Me parece que hay figuras importantes, aquí en el estado, que tiene que ver con el posicionamiento de los Derechos Humanos. Está el padre Pedro Pantoja, hombre de larguísima trayectoria que inició siendo migrante y terminó trabajando a favor de los propios migrantes. Este es un tópico que se ha tratado muy bien y se ha dado a conocer en distintos niveles para mostrarles a todos que el extranjero no es un enemigo, sino un ciudadano del mundo —y todos somos ciudadanos del mundo. El obispo Raúl Vera es otro buen ejemplo. Hace poco fue congratulado con un reconocimiento por su labor a favor de los Derechos Humanos. En el aspecto colectivo, acá en Coahuila, también se trabaja muy fuerte y podemos afirmar que los Derechos Humanos están en la agenda ciudadana y nos queda posicionarnos más en la agenda política y de los empresarios. Es ahí donde nos falta aún entrar en diálogo. E4