Protección de la economía

De las 107 propuestas de su plataforma “Acción Responsable”, el PAN dedica 29 puntos al aparatado “Para proteger tu economía”. Busca blindar el ingreso familiar “con el objeto facultar a los trabajadores para realizar retiros anticipados de fondos de ahorros de largo plazo”.
Busca crear un Registro Único de Propiedad que coordine a nivel nacional “para dar certeza y seguridad jurídica al patrimonio de la familia”.
También propone un esquema de subsidios focalizados a los sectores poblacionales con menores ingresos, “lo que permitirá dirigir el presupuesto hacia las personas que más lo necesitan”.
Considera “imprescindible” que los precios y tarifas en el sector energético sean determinados por la Comisión Reguladora de Energía para garantizar una política energética coherente, de largo alcance y competitiva.
Entre los puntos clave mantiene la apertura de ciertos sectores económicos a la inversión extranjera, lo que le ha valido críticas en las tres últimas legislaturas. Busca una mayor participación de la inversión privada en sectores clave como el de las telecomunicaciones y en gas LP “a fin de mejorar nuestra competitividad y traducir sus beneficios en mejores oportunidades de empleo”.
Insiste en permitir la inversión complementaria en refinación “pues el régimen jurídico vigente limita las posibilidades de inversión en esta importante área y, en consecuencia, no sólo pone en riesgo la capacidad de crecimiento sino que también deriva en elevados costos de importación de gasolinas”.
Y si bien al gobierno federal le ha temblado la mano para enfrentar a los oligopolios mediáticos del país, su plataforma propone un “combate frontal a los monopolios”. Asegura que buscará una mayor competencia a través de nuevas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, “que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia y la competencia efectiva”.
Promete que sus diputados fortalecerán la Comisión Federal de Competencia e impulsarán reformas a la Ley Federal de Competencia Económica “para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica”.
Asimismo, buscará crear una Agencia para la Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa e impulsará el desarrollo sustentable del campo a través de la conformación de Fondos Específicos de Desarrollo Rural Regional.
Propondrá una nueva Ley General de Turismo “que fomente la inversión, brindando certidumbre a los inversionistas”. También reformará la Comisión Federal de Electricidad para dotarla de autonomía “con instrumentos similares a los ya aprobados para Pemex”.
Además sugiere reformas para aumentar la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios, y que éstos tengan la obligación de informar al Congreso de la Unión y a los ciudadanos sobre el destino y aplicación de los mismos, iniciativas que ya impulsó el diputado priista por Coahuila, Javier Guerrero García. E4

Obra pública e infraestructura

En su Plataforma Electoral 2009-2012, aprobada por la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, el PRI hace hincapié en la “falta de confianza de la sociedad en la capacidad del gobierno”.
En la economía, agrega, “se frenan el crecimiento, el empleo y el ingreso y se acentúan pobreza y desigualdad”, por lo que plantea la “reconstrucción económica del país sin caer en un Estado propietario, sino en uno que estimule la actividad empresarial y regule el mercado, evitando desviaciones, abusos y garantizando la libre competencia”.
Su propuesta consiste en orientar el gasto a la obra pública y la infraestructura productiva, “frenando la escalada recaudatoria principalmente de gasolinas, diesel y electricidad”.
También plantea una reactivación de la economía campesina con nuevos esquemas de financiamiento y flexibilidad de las reglas de operación y comercialización.
Destaca, al igual que el resto de los partidos, la importancia del apoyo a las pequeñas y medianas empresas mediante estímulos fiscales, financiamientos preferenciales y pactos con factores de la producción.
Recomienda garantizar el uso productivo del ahorro interno, mediante cambios en las formas de operación del sistema financiero y la política monetaria, “facultando al Banco de México para el fomento del crecimiento económico”.
Pretende orientar las políticas públicas, reivindicando la rectoría del estado. “No queremos un estado dueño de los medios de producción, sino un poder que los regule efectivamente”, dice.
Con respecto al sector industrial, pretende convocar a los empresarios para recuperar las cadenas productivas, ampliar el mercado interno y aumentar el empleo y la capacidad adquisitiva.
El tema de los graves incidentes laborales como el de Pasta de Conchos y Cananea, lo llevan a prometer que exigirán que el gobierno revise el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas y que sus diputados estarán atentos para “evitar que se vulneren los derechos que históricamente ha conquistado la clase trabajadora, atendiendo las condiciones del entorno que requieren de propuestas innovadoras en materia de capacitación y desarrollo humano, de seguridad e higiene laborales”.
Agrega que “toda propuesta legislativa de carácter laboral, deberá ser consensada con el sector obrero del partido”.
Resalta las áreas de energía, industria, alimentos, educación de alta calidad, salud y seguridad social, como las nuevas bases para el crecimiento.  E4

Equidad fiscal

Como su nombre lo indica, el Partido Socialdemócrata busca crear un Estado de bienestar que rescate los principios sociales de la revolución mexicana. Su propuesta económica se basa en un estado social que invierta en las personas, el conocimiento y el crecimiento económico.
En su extenso plan económico señala que ante la quiebra del modelo económico ortodoxo, “se requieren alternativas que permitan superar la crisis con políticas de desarrollo”.
Pronostica que para este año la economía mexicana tendrá cero crecimiento debido a que el programa anticrisis del gobierno federal es limitado y deja “desequilibrios económicos fundamentales”.
En tal situación propone privilegiar esquemas para la inversión productiva, la generación de empleos y el desarrollo de tecnologías en donde converjan la iniciativa privada y el sector público.
Promoverá un marco de estricta disciplina fiscal, “ofreciendo a los contribuyentes equidad fiscal, con base en el principio de quien gana más, paga más, fundamentalmente a través de elevar el ISR a los sectores de mayores ingresos. Se fortalecerá la capacidad redistributiva del Impuesto Sobre la Renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso”.
Dice que fortalecerá el ahorro interno y se consolidará un nuevo piso de ahorro externo, “donde la inversión extranjera directa represente la parte fundamental y la inversión especulativa la marginal, o en su defecto, imponer mecanismos de castigo como lo hacen los países exitosos en este rubro”.
Buscará invertir en áreas de innovación de alta productividad y rentabilidad social que aumenten la competitividad y generen externalidades positivas. También promete mejorar la canalización de fondos hacia unidades productivas pequeñas a partir de la intermediación de la banca de desarrollo.
Asegura que la política financiera ha sido abandonada por el Estado mexicano, por lo que impulsará “una revisión para garantizar que las transacciones de los mercados tengan un subyacente en la economía real y contribuyan a su crecimiento”.
Promoverá un incremento en las atribuciones de las instituciones de supervisión a entidades financieras y verificará que estas adopten previsiones prudenciales que garanticen la estabilidad del sistema en su conjunto.
Además, buscará mecanismos e incentivos que obliguen a las instituciones bancarias que operan en el territorio nacional a funcionar con esquemas que hagan al país competitivo a nivel internacional. “Esto implica, entre otras cosas, una reducción sustancial en las muy elevadas comisiones que actualmente cobran y una vocación productiva y orientada al crecimiento económico en el ejercicio de sus actividades”.
En materia energética propicia el abastecimiento en el corto, mediano y largo plazo del uso de la energía a partir de políticas públicas que garanticen su adecuada producción, utilización, racionalización y distribución.
Señala que fortalecerá la producción, supervisión y regulación de la industria petrolera y mantendrá “la inalienable propiedad del estado sobre el petróleo y los hidrocarburos”. Impulsará también programas de modernización e inversión que beneficien la mejor utilización de recursos por parte de Pemex. “La reforma a Pemex debe garantizar que el Estado mexicano preserve la obtención del total de la renta petrolera para sí”, concluye.
En materia laboral, impulsará una reforma que establezca procedimientos de negociación colectiva y que colabore en el diálogo bilateral entre empresarios y trabajadores.
Promete contribuir a la democratización del sindicalismo por medio del voto libre, directo, universal y secreto de los agremiados en todos los órdenes de la vida sindical, así como establecer la obligación de celebrar asambleas periódicamente y rendir cuentas del estado financiero de las organizaciones sindicales.
Buscará desarrollar una política agropecuaria que aumente y amplíe la producción agrícola “con la finalidad de mejorar la distribución y comercialización de los alimentos y represente al mismo tiempo una ventaja comparativa para la exportación”.
Además respaldará la planificación y racionalización de la tierra y el agua para fines productivos en el campo.
En materia de empleo buscará estimular a los jóvenes a crear pequeñas empresas, otorgándoles todas las facilidades para desarrollarlas. Dice que facilitará el ingreso de los jóvenes al campo laboral a través de las instituciones en las que se realiza el servicio social y las prácticas profesionales. E4

Apoyo a empresas nacionales

La izquierda presentó ocho propuestas en materia económica, con la aclaración de que no pretende que el Estado sea el dueño de los medios de producción: “No queremos una economía estatista que obstruya la libertad individual, pero tampoco una economía monopólica controlada por una minoría oligárquica que, como ahora, están asfixiando a la nación”.
Reafirma su vocación democrática al defender los “legítimos derechos” de las clases medias, profesionistas, comerciantes, agricultores, ganaderos, artesanos, educadores, investigadores, científicos, artistas, comunicadores, trabajadores de la cultura y al empresariado.
Para reactivar la economía recomienda una reestructuración productiva “que elimine la discrecionalidad del ejecutivo federal en el manejo de las finanzas públicas” a través de la ampliación de las facultades del gobierno federal, las entidades federativas, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales”.
Su política industrial se basa en el fortalecimiento del sector estatal estratégico, en especial de energéticos, petroquímica, banca de desarrollo e infraestructura, “con el propósito de preservar la soberanía nacional, aumentar el crecimiento y apoyar las empresas nacionales.” Además dará impulso a ramas industriales productoras de tecnología, maquinaria e insumos.
Su política fiscal busca ampliar la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía y propone la creación de una Ley de Coordinación Fiscal “que incremente las participaciones a estados y municipios”.
Su propuesta economía le da prioridad a la sustentabilidad. En esta línea, impulsará un legislación especial que regule el monitoreo, manejo, reciclaje y disposición final de sustancias y residuos peligrosos.
Impulsará tecnologías de reciclaje de desechos sólidos que combata la cultura del desperdicio y promoverá políticas y programas de manejo de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) “que hagan compatible su conservación y su aprovechamiento sustentable”.
Con respecto al agua buscará proteger las reservas naturales e impulsará el reciclaje de las aguas de uso doméstico y municipal.
En el campo propone integrar las cadenas productivas y revisar los precios de diversos insumos agrícolas, particularmente de fertilizantes químicos y abonos orgánicos y de energía eléctrica, diesel y Gas LP. Además propone un rescate de tierras laborales que se encuentran improductivas.
Por último, insistirá en la renegociación del capítulo agropecuario del TLC, revisando los diferentes programas “para garantizar mayor equidad en el trato para los pequeños productores y el centro sur del país”. E4