Orellana Wiarco. El fiscal no tiene quien le crea
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Los asesinatos de Carlos Ortega Melo Samper, corresponsal El Tiempo de Durango, el 3 de mayo, y de Eliseo Barrón Hernández, quien cubría la fuente policiaca de La Opinión Milenio, veintidós días después, atrajeron la atención de organismos internacionales dedicados a la defensa del periodismo libre. Reporteros Sin Fronteras y Article 19 reprobaron el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas y a su titular Octavio Orellano Wiarco, destacado jurista lagunero, cuyo salario supera por sí solo el presupuesto anual de la FEADP, creada al final del sexenio del presidente Fox.
La coincidencia de los crímenes preocupó a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual, en un hecho inusitado, ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita la captura de los asesinos de Eliseo Barrón.
Sin embargo, fue el Ejército el que capturó a los presuntos responsables, aunque la información al respecto del operativo y de las declaraciones de los detenidos, por confusas, arroja dudas sobre el caso.
En primer lugar, resulta casi inaudito que sicarios armados hasta los dientes y con kilos de droga se dirijan hacia un retén militar, sobre todo considerando la capacidad de información del crimen organizado. Y aun considerando que hubieran cometido ese error, no se explica cuáles fueron los “indicios” que el personal del 72 Batallón de Infantería tuvo para considerar que Israel Sánchez Jaime fue partícipe del “levantón” y posterior asesinato del reportero de policíacas de La Opinión.
Horas después se daba a conocer que Sánchez Jaime no sólo había confesado haber asesinado a Barrón, como un escarmiento de “Los Zetas” al gremio periodístico, sino que involucraba además a su jefe Lucio Fernández, alias Lucifer, quien le habría disparado a Barrón después de muerto. Raro, ya que es sabido que el poder de los carteles llega incluso hasta los interiores de las prisiones, como sucedió hace poco en el penal de Torreón.
El mismo día, Sánchez Jaime se atribuiría también la muerte de Martha Georgina Correa, subdirectora de Servicios Periciales de Durango. La PGR no dio más detalles al respecto.
Lo anterior, además de la información discrepante entre la PGR y el Ejército en cuanto al número de detenidos que confesó haber participado en el secuestro y asesinato del periodista (uno, tres y cinco, según las distintas fuentes), y en cuanto a la cantidad de droga que transportaban. Tampoco se aclara si hubo información sobre el resto de los participantes en el levantón, ya que, según la familia, eran entre ocho y once personas.
Seguramente la información se aclarará con el tiempo y ojalá que por el bien de la familia de la víctima y de toda la comunidad de periodistas, se trate de los verdaderos responsables.
Otra cosa que llama la atención es que el perfil de Eliseo Barrón no era propicio para el “escarmiento” pues sus notas de la sección policíaca no conllevaban un análisis u opinión. Se limitaba a informar el qué, cuándo y dónde, dejando para otros el cómo y el por qué.
Los medios hablan además de que su último artículo giraba en torno a la corrupción policíaca, lo que debería agregar a la policía local como sospechosa y, en caso de ser Israel Sánchez el autor material, habría que indagar qué relación tiene con las instituciones de seguridad pública.
Fiscal en el limbo
Fox Quesada. La FEADP, inútil como otros envites suyos
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Mientras tanto, la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) sigue en el limbo.
El último informe del fiscal especial, Octavio Orellana Wiarco, ha sido criticado por organizaciones nacionales e internacionales, no sólo por sus pobres resultados, sino por desestimar los “métodos de cálculo” de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para determinar la cantidad de periodistas asesinados por su labor, y que ubican a México como el país más peligroso para ejercer la profesión, detrás de Irak. Como si el número que ofrece el fiscal no fuera igual de preocupante.
Los asesinatos de Ortega Samper y Barrón Hernández le tocan de cerca al responsable de la fiscalía por su condición de lagunero, al igual que deben preocuparle al torreonense Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, a quien Orellana Wiarco le debería el puesto.
En febrero de este año, Article 19 —organismo civil internacional—publicó su análisis sobre el informe que Octavio Orellana presentó ante los diputados en diciembre de 2008. El nombre lo dice todo: “Discurso sin Resultados: la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas”. El organismo no sólo critica la incapacidad de la fiscalía para resolver los casos, sino que establece la necesidad de reformas integrales para redefinir su competencia y facultades.
Al menos en esta oportunidad los guardaespaldas del fiscal no agredieron a los periodistas, como ocurrió en 2007 al término de su comparecencia, cuando quisieron entrevistarlo. En aquella oportunidad, la Cámara de Diputados se disculpó en su nombre, pero no evitó la ola de pedidos para que renunciara.
Hoy las demandas en ese mismo sentido resurgen con fuerza. La sociedad exige la cabeza del fiscal.
Sospechosos comunes
Especulaciones sobre los responsables de atentados contra periodistas laguneros apuntan hacia el crimen organizado y el poder político. En Durango, la administración del gobernador Ismael Hernández Deras no ha brindado protección a periodistas que, como Ortega Melo Samper, han sido amenazados e intimidados. Barrón trabajaba en Torreón, pero vivía en Gómez Palacio.
Por esa razón, Reporteros sin Fronteras demandó que se aclare el asesinato, ya que “la muerte de Carlos Ortega Samper está cargada de símbolos, asesinado el 3 de mayo, día dedicado a la libertad de la prensa en el mundo, en un país que se ha convertido en el más arriesgado del continente para los periodistas”.
RSF junto con la dirección de El Tiempo de Durango exigen que se abra una verdadera investigación y cuestionan por qué la justicia del estado de Durango descuidó las amenazas recibidas por la víctima.
En una crónica del 28 de abril, el periodista acusó a la administración municipal de Santa María del Oro por problemas de insalubridad en el rastro. El artículo le costó un altercado con el alcalde Martín Silvestre Herrera y con el ex presidente de la Unión Regional Ganadera del Norte de Durango, Juan Manuel Calderón Guzmán, a quien Ortega había denunciado con anterioridad por presuntos actos fraudulentos en detrimento de la Unión. El reportero mencionó que ambos intentaron golpearlo.
Dos meses antes, alguien incendió el auto del periodista frente a su domicilio, pero el representante local del Ministerio Público, Salvador Flores Triana, no juzgó oportuno abrir una investigación. La Procuraduría General de Justicia del Estado lo sustituyó por Héctor Pérez Martínez, quien está a cargo de la investigación.
En el caso de Eliseo Barrón Hernández, las dudas crecen debido a que en sus notas no abundaba la investigación, sino que se limitaba a informar sobre hechos, dejando a otros el análisis.
Hubo varias teorías, pero la aparición de “narcomantas” el 27 de mayo, día de su funeral, confirmaron que el asesinato había sido obra del crimen organizado. E4
¿Renuncia en puerta?
El descontento con el informe del fiscal también provocó que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigiera la renuncia del funcionario.
El diputado Victorio Montalvo Rojas declaró que más allá de las limitaciones jurídicas y económicas que tiene el fiscal, su trabajo no ha dado los resultados esperados por lo que lo mejor es que ceda el cargo a una persona con mayor capacidad para desempeñarlo. Dijo que Orellana Wiarco inició mal su gestión y recordó el ataque de guaruras a varios periodistas cuando acudió a comparecer al recinto legislativo de San Lázaro.
“El Grupo Parlamentario lo ha solicitado y yo también lo he pedido, que se plantee su renuncia de esta fiscalía y que pudiéramos dejar en la mesa que el maestro Juan de Dios Castro rediseñara el nombramiento del nuevo titular de esta fiscalía, a partir de una consulta con los periodistas y los medios de comunicación”.
De febrero de 2006 a noviembre de 2008, la Fiscalía registró doscientos setenta y cuatro agresiones. Según Octavio Orellana Wiarco “se ha resuelto setenta y cinco por ciento de ellas”, pero en realidad lo que sucedió fue que más de cincuenta por ciento fueron “determinados”, es decir, se declaró “incompetencia”, al decidir que no había elementos para la acción penal. Otros se archivaron por no lograrse avances o se les dejó “en reserva” por supuesta falta de elementos para investigar. El informe de 2008 tampoco arroja luces sobre el número de consignados por atacar a periodistas.
La Fiscalía pudo atraer sólo ochenta y ocho de los doscientos setenta y cuatro casos registrados, 32.11 por ciento. En mayo de 2008, reportó a la Cámara de Diputados que de los ochenta y ocho quedaban veintinueve en “trámite”. En el informe de diciembre, la cifra se había reducido a ocho. Según Orellana Wiarco, los restantes también fueron “determinados”.
Al final de cuentas, la Fiscalía ha realizado tres “consignaciones”, sin aclarar si incluyen personas o sólo expedientes.
La PGR paga más por el sueldo del fiscal, que por el presupuesto de toda la Fiscalía. De acuerdo con información de transparencia, el salario del titular es de un millón 935 mil 108 pesos anuales, mientras que la Fiscalía a su cargo recibió un millón 558 mil 278 pesos para operar en 2008, una diferencia de 376 mil 830 pesos.
De hecho, el presupuesto de la Fiscalía ha disminuido cada año. En 2006 nació con 2 millones 304 mil pesos, un 32.36 por ciento encima del presupuesto de 2008. E4 |
Acotada y sin voluntad, la FEADP es un elefante blanco
Sin rodeos. Discurso sin resultados
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En febrero de este año la organización civil internacional Article 19 presentó el informe “Discurso sin Resultados: la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas” en el cual señala las deficiencias de la fiscalía. Sin embargo, la organización ratifica el papel de la FEADP como órgano de protección de los periodistas, aunque propone una reforma integral del sistema para poder obtener resultados.
Se trata de un “análisis legal”, producto de un año de trabajo de monitoreo y análisis. A esta actividad le precede el informe sobre México presentado durante el Examen Periódico Universal que tuvo lugar en Ginebra.
“Durante la primera revisión de México realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tuvo lugar esta misma semana en Ginebra, Suiza, varios de los países miembros señalaron su preocupación por las instituciones a cargo de contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión en el país, a decir la FEADP”, apunta el informe.
Asegura que “la FEADP fue creada en 2006 como una medida para hacer frente a la violencia contra periodistas. Hasta ahora, sus resultados son pobres, todos estos crímenes permanecen impunes. Lo anterior se atribuye a la falta de voluntad política y la competencia acotada de la FEADP para investigar los casos”.
Darío Ramírez, director de Article 19 señala que “la FEADP no tiene sujetos que proteger ni delitos que perseguir. La incapacidad para resolver sobre estos casos no sólo contribuye al clima de impunidad sino que tiene efectos alentadores para futuras agresiones”.
El informe establece la necesidad de reformas integrales y presenta recomendaciones con el fin de fortalecer la FEADP y redefinir su competencia y facultades. “Todas ellas requieren de la voluntad política para ser efectivas”, dice. Las recomendaciones son:
1. Cambio de perspectiva del sujeto que protege la FEADP al derecho que debe proteger, la libertad de expresión.
2. Proveer a la Fiscalía con facultades y competencia para investigar y sancionar los crímenes contra la libertad de expresión.
3. Incorporar a la FEADP en la estructura legal de la Procuraduría General de la República, para garantizar la independencia y responsabilidad de sus funciones.
4. Asegurar que la FEADP cumpla con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Igualmente asegurar la difusión proactiva de información relacionada con la institución.
5. Emprender acciones de fortalecimiento de capacidades de la institución en la atención y acogida de las víctimas.
6. Considerar los delitos cometidos contra la libertad de expresión dentro de la armonización que se realice con motivo de la reciente reforma de justicia penal.
Article 19 destaca que de los doscientos setenta y cuatro casos recibidos, la Fiscalía se declaró incompetente en setenta y cinco por ciento, de modo que “en tres años... no ha tenido un solo efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad, ya sea por su limitada competencia o por las deficientes investigaciones”. E4 |
Informe RSF 2009
Julliard.
México desbancó a Colombia
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En su informe 2008, presentado en diciembre pasado, el fiscal Octavio Orellana Wiarco aseguró que Reporteros Sin Fronteras (RSF) no ha sustentado con investigaciones sus afirmaciones de que México es el segundo país más peligroso para el trabajo periodístico en el mundo. Reveló que RSF ni siquiera se ha acercado a la fiscalía para conocer los avances de las pesquisas por delitos contra periodistas en México.
En una carta dirigida al secretario general de RSF, Jean-Francois Julliard, el fiscal considera inexplicable que en sus comunicados la ONG hable de nueve periodistas muertos pero en sus informes solamente documente dos casos.
En su informe de este año, RSF advierte:
Ahora México ha desbancado a Colombia en la clasificación de países del continente donde está más amenazada la seguridad de los medios. Realmente no se ha aclarado ninguno de los asesinatos, o desapariciones, de periodistas, ocurridos desde el año 2000. La presencia de los carteles no es la única causa de dicha situación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da cuenta de hasta cuarenta y seis periodistas asesinados desde 2003 y otros ocho desaparecidos a causa de su actividad, en la mayoría de los casos por un móvil desconocido. Muchos creen que la presencia de los carteles de la droga puede explicar este sombrío balance. (…)
Ninguno de los cuarenta y seis asesinatos que han tenido lugar desde 2000 ha sido realmente elucidado, porque en la mayor parte de las investigaciones se han cometido irregularidades. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada pocos meses antes de la elección de Felipe Calderón, exhibe un balance más bien escaso. Entre la época de su fundación y noviembre de 2008, la Fiscalía Especial, dependiente de la Procuraduría General de la República, se recurrió en doscientos setenta y cuatro casos. No trató más que ochenta y ocho y solo dio curso a tres de ellos.
Peor aún, con frecuencia tiene tendencia a sobreseer algunos de los casos más graves, y entre ellos los que implican a gobernadores y su entorno, excluyendo de oficio cualquier relación entre la muerte o la agresión de una víctima y su actividad periodística. (…) (Extracto del informe publicado el 1 de mayo de 2009) |
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