Nº 352 - 5 de mayo de 2009
 
 
 
 
 
 

El 24 de mayo se cumplen dieciséis años del asesinato del arzobispo de Guadalajara

La Iglesia apunta al narco

Exhibe al gobernador IDH y remueve el caso Posadas

Gerardo Hernández G.

El mandatario de Durango, donde, según el arzobispo González Martínez tendría su residencia el jefe del cartel de Sinaloa, ya había sido amonestado por el presidente Calderón debido a su escaso apoyo y compromiso en la guerra contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada; Hernández hace futurismo mientras su estado se incendia


Posadas Ocampo.
Que poseía información confidencial

El arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, no sólo alborotó el cortijo con su declaración de que Joaquín el Chapo Guzmán vive en Guanaceví, al noroeste de la entidad gobernada por Ismael Hernández Deras (PRI), uno de los mandatarios que en sus afanes futuristas —ser candidato presidencial en 2012— aplica la censura y el secuestro de periódicos mientras el estado se incendia. Acaso sin proponérselo, monseñor González removió uno de los agravios modernos contra la Iglesia católica, aun impune: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara, del cual se cumplirán dieciséis años el 24 de mayo.
Según el procurador de la época, Jorge Carpizo, Posadas fue “confundido” por sicarios del cartel de los hermanos Arellano Félix que atentarían, precisamente, contra el Chapo Guzmán. Sectores de la Iglesia y grupos afines sostienen que se trató de un crimen de Estado.
La denuncia del arzobispo González Martínez es vox pópuli: “todos sabemos (donde vive Guzmán Lorea) menos la autoridad”. Y la máxima autoridad en Durango es Hernández Deras, uno de los gobernadores a los que el presidente Felipe Calderón reprochó falta de colaboración y compromiso en la lucha contra el narcotráfico, el 17 de febrero en Los Pinos, en vísperas del Día del Ejército. En Torreón es historia vieja y repetida que el jefe del cartel de Sinaloa frecuenta restaurantes donde los comensales son “invitados” a entregar sus teléfonos celulares y a permanecer en el lugar mientras el visitante ingiere sus sagrados alimentos. “‘La cuenta ya está pagada’, se repite en cada mesa”, narra la leyenda.


Hernández Deras.
Futurismo y censura en Durango

El 19 de junio de 1993, antes de cumplirse un mes del asesinato de Posadas Ocampo, Guzmán y cinco de sus cómplices fueron detenidos en Guatemala. Ocho años más tarde, el 19 de enero de 2001, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Desde entonces se ha vuelto ubicuo y trae de cabeza a las autoridades de México y Estados Unidos. Mientras, los corridos cuentan de sus amores y andanzas… por Durango, donde Hugo Armando Reséndiz, uno de los colaboradores de Hernández Deras, fue detenido hace dos años por servir a dos amos: era subprocurador de Justicia en La Laguna y presunto protector del narcotráfico.
La versión de que el asesinato del cardenal Posadas se debió a un accidente resulta inverosímil para la mayoría. El 24 de mayo de 2008, al recodarse el décimo quinto aniversario del magnicidio, la Conferencia del Episcopado Mexicano mantuvo firme su tesis del “crimen de estado” y pidió a la PGR “convocar” al ex presidente Carlos Salinas para ampliar sus declaraciones sobre el caso.
Leopoldo González y González, secretario general de la CEM, planteó: “Porque necesitamos conocer la verdad (…) tres palabras son claves (…): justicia, verdad y paz. Si no hay justicia, no hay verdad y si no hay verdad, no habrá paz y cuando no hay armonía entre esas tres palabras, en la vida real nos encontramos con lo que está pasando en el país, como tener miedo de salir de sus casas”.
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, sucesor de Posadas, preguntó “¿De quién hace falta voluntad?”, para resolver el crimen. El diputado federal José Antonio Muñoz Serrano (PAN) deploró que a quince años del asesinato del purpurado y otras seis personas aún no “hay ningún sentenciado”.
Cuatro meses antes, el 26 de enero, la PGR presentó a Alfredo Araujo como el presunto asesino del cardenal. El tema ha servido para lucrar políticamente. Una de las voces discrepantes con la teoría de la conjura es el obispo el Cuernavaca, Luis Reynoso. “Jurídicamente son insuficientes los elementos en los que pretende fundamentarse la llamada tesis del complot en la muerte (del cardenal)”, ha declarado.
El ex procurador Jorge Carpizo, una de las figuras más estigmatizadas por Sandoval, acusa a la Iglesia de atentar contra el estado laico y de querer volver al pasado. También critica a los partidos que se acercan a la jerarquía católica en busca de votos. El 22 de abril, los líderes del PAN, PRI y PRD asistieron a la asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado.
Su defensa en el caso Posadas la asumió en el libro El asesinato de un cardenal, en coautoría con Julián Andrade. Carpizo declaró a Francisco Gómez y Jorge Medellín que en el gobierno de Vicente Fox la PGR estuvo “infiltrada por la ultraderecha”, en la persona de la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido; que jerarcas de la Iglesia gozan de “total impunidad” y que el sacerdote Gerardo Montaño fungía como “mensajero” de los Arellano Félix. (El Universal, 21-4-04)
Primer ombudsman del país antes de ocupar la PGR, Carpizo narra cómo, después del asesinato del cardenal, el presidente Salinas le telefoneó para preguntar por el nuncio apostólico Girolamo Prigione. Enterado de que también se hallaba en el aeropuerto de Guadalajara, donde sería recibido por Posadas, Salinas se alarmó. Ordenó localizarlo y comunicarlo con él a Los Pinos una vez que lo tuviera a la mano. Mientras tanto, responsabilizó a Carpizo de la seguridad del diplomático.
Para José Alberto Villasana y Héctor Moreno, autores del libro Sangre de Mayo, el atentado fue planeado, “un crimen de estado”. Carpizo ocultó pruebas, aseguran, lo obliga a abrir información clasificada. Concluyen que el asesinato del cardenal se habría cometido para despojarlo de un expediente que presuntamente contenía nóminas de funcionarios mexicanos sobornados por el narcotráfico.
En este contexto cobra sentido la preocupación de la CEM por la denuncia del repentinamente enmudecido arzobispo de Durango sobre el paradero de Joaquín Guzmán. Hernández Deras niega la versión y pide pruebas, pero el Espiscopado le responde que su labor es pastoral, no policíaca. El problema para los políticos es que en México la mayoría le cree más a la Iglesia.  E4

Prigione: En 1993, CSG no hizo nada para detener a capo

Purgas a todos los niveles,
propone el obispo Raúl Vera

 


Vera López.
Las drogas y el poder

Raúl Vera López, obispo de Saltillo, insiste: el narcotráfico florece al amparo de las autoridades. “Se tiene que investigar y meter a la cárcel a gobernadores (y) presidentes  municipales, porque muchos están coludidos con el crimen. Las ejecuciones demuestran que el Estado no está dando garantía de vida a ningún ciudadano”, declaró en el Colegio de Humanidades de la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México, donde también participó en la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, celebrada a fines de abril.
El mismo tono uso en la homilía del 9 de julio de 2008, con motivo de la peregrinación anual de la Diócesis coahuilense a la basílica de Guadalupe. El dominico, una de las voces de la Iglesia más escuchadas dentro y fuera del país, advirtió:
Por los especialistas conocemos que las drogas en México nacieron dependientes del poder político; durante décadas el crimen organizado respetó las reglas de un entendimiento con el Estado que le vetaba a participar del poder político, le prohibía desviar las drogas enviadas al exterior, hacia el mercado interno, y le exigía obedecer las decisiones del gobierno. Ahora, el Gobierno Federal y el Presidente se han debilitado y ha aumentado el poder de los estados, las grandes empresas, los partidos políticos y el crimen organizado, por lo que los acuerdos con los carteles, se fragmentaron.
En la actualidad el crimen organizado trata con funcionarios de los tres niveles de gobierno y promueve el consumo. El negocio de los narcóticos es tan lucrativo que han proliferado los grupos que se disputan con violencia ciudades y estados, como lo vemos en Coahuila, en donde se empieza a generalizar otro tipo de crímenes como asaltos, secuestros, asesinatos y “levantones”.
La inseguridad es una de nuestras mayores preocupaciones, a pesar de la campaña federal o cruzada contra el crimen organizado, cuyo desenlace es aún incierto. Nuestras familias se exponen a retenes y “convoys” fuertemente armados, mientras la violencia avanza claramente en medio de una sociedad empobrecida, con falta de trabajos bien remunerados y una cultura de impunidad, en donde la venta y el consumo de droga, se extienden constantemente.
Creemos que es necesario y urgente que se revise la estrategia con la que se enfrenta la llamada “guerra” al narcotráfico, para que se llegue a tocar las verdaderas fuentes de poder y de financiamiento que tiene el narco en México.
En una declaración reciente, Vera repara en que si los círculos del poder hablan ya del riesgo de ser gobernados por un narcotraficante en el futuro inmediato, es porque ya existen narco políticos de alto rango. “El financiamiento de las campañas políticas es uno de los elementos que utiliza el narcotráfico. (…) Hay que llevar a cabo purgas en todos los niveles. ¿Pero por qué no quieren hacerlo? Porque pierden las campañas políticas. Si agarran a un señor del PRI o del PRD se desencadena un escándalo. Eso es lo que no desean. Hay un pacto de impunidad entre los partidos”. (Espacio 4, 348)


Girolamo Prigione.
Figura clave en el país

El año que asesinaron al cardenal Posadas, Vera López fungía obispo de Ciudad Altamirano, Guerrero.
Entre el 13 de diciembre de 1993 y enero de 1994, Ramón y Benjamín Arellano Félix, líderes del cartel del Tijuana —donde el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, sería asesinado dos meses más tarde—, visitaron por separado la nunciatura apostólica en la Ciudad de México para deslindarse del asesinato del cardenal Posadas. Girolamo Prigione informó al presidente Salinas y al procurador Carpizo y “nada hicieron para capturar (al primero)”, declaró el representante papal años más tarde a la cadena Multivisión.
Basado en la entrevista, el periódico La Jornada publicó el 21 de abril de 1997 la siguiente nota:
“El jerarca religioso indicó que Carpizo McGregor recomendó al ex mandatario no hablar con ‘ese señor que es uno de los peores criminales que tiene México’. Si el nuncio quiere ayudar, que le diga que se entregue’’.
“Después de que recibí a Ramón Arellano, explicó (Prigione), llamé al presidente Carlos Salinas de Gortari para notificarle quién se encontraba conmigo. Era el 13 de diciembre de 1993 y me pidió trasladarme a Los Pinos.
“Fui allí y conté todo. Le dije a Carlos Salinas: ‘ese señor está calmado, dígame lo que yo puedo hacer; si yo puedo ayudar en algo’. Sin embargo, continuó Prigione, el mandatario me contestó que pensaba salir del país, pues era la víspera de su gira a China y Japón —del 17 al 22 de diciembre— y que no podía decidir nada si no lo escuchaba su abogado.
“Ante esto, señaló el religioso, Carpizo llegó casi en pijama a Los Pinos alrededor de las 11 de la noche. Ramón continuaba en la nunciatura y el ex procurador recomendó a Salinas lo mencionado.
“Nada hicieron por detener al narcotraficante, dijo, y fue entonces que un mes después Benjamín Arellano Félix también llegó a la residencia ubicada en la colonia Guadalupe Inn. Aquí el nuncio no mencionó haber notificado del encuentro.
“Prigione fue entrevistado por el periodista Joaquín López Dóriga durante una hora. Le refirió a éste su reunión con los Arellano Félix y también sobre la última vez que vio al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, lo que ocurrió en el anfiteatro de la Cruz Roja de Guadalajara, cuando el jerarca religioso yacía desnudo en una plancha, después de que lo acribillaron el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de esa ciudad.
“Externó cuánto horror le produjo ver tanta sangre en el cuerpo del cardenal y tocar su frente aún tibia. ‘Nunca en mi vida había visto tanta sangre, nunca’, exclamó”.
Ramón Arellano murió el 10 de febrero de 2002 en un enfrentamiento con la Policía Ministerial de Mazatlán. Portaba una credencial que lo documentaba como agente “B” de la PGR, bajo el nombre falso de Jorge Pérez López. Ese mismo año, el Ejército capturó a su hermano Benjamín, en Puebla. E4

 

El debate sobre el magnicidio
del cardenal transita por el Vaticano


Carlos Salinas entregó el año pasado una carta en la Santa Sede para negar la versión del crimen de estado. Según ACI, el ex presidente espera audiencia con el Papa para revelarle quiénes asesinaron a Posadas


Carlos Salinas.
La teoría del complot, tendenciosa

El 27 de mayo de 2007, al cumplirse quince años del magnicidio, la Agencia Católica de Informaciones (ACI, fundada en 1980 por el misionero colombiano alemán Adalberto María Mohn, y cuya matriz se encuentra en Lima, Perú), reveló que “El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, en cuyo período se asesinó al entonces Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quiere entrevistarse con el Papa Benedicto XVI para decirle que la muerte del Purpurado no fue un crimen de estado, sino obra de la masonería a través de funcionarios como Fernando Gutiérrez Barrios, su secretario de Gobernación fallecido el 30 de octubre de 2000”.
Un día antes apareció una columna exculpatoria y llena de retórica del ex presidente Salinas en el periódico Reforma, donde destaca su amistad con el cardenal Posadas y exalta su participación en la reforma al artículo 130 de la Constitución mexicana “que, desde 1917, había establecido una de las restricciones más severas en el mundo a la libertad de creencias”, las cuales “ya habían sido objeto de decisiones adversas en el orden jurídico internacional”.
Menciona una “carta privada” que entregó “personalmente en Ciudad del Vaticano hace unos meses, y dirigida respetuosamente al Santo Padre Benedicto XVI” —no para pedirle audiencia y culpar a la masonería del magnicidio, como informa ACI—, sino para destacar a Posadas por su participación en los “acontecimientos históricos” de la reforma que brindó reconocimiento jurídico a la Iglesia y otorgó el voto a ministros y religiosos.


Benedicto XVI.
"Carta privada" para el Papa

Dice que las investigaciones sobre el asesinato del cardenal, a cargo de la PGR, “se iniciaron de manera minuciosa durante mi gobierno, y fueron confirmadas posteriormente. A la fecha se encuentran en prisión el autor material del homicidio y más de una decena de los gatilleros que ese día intervinieron en el enfrentamiento entre ellos. También está localizada el arma con la cual se atacó al cardenal. El homicida confesó su responsabilidad ante el Ministerio Público, y después la ratificó ante el juez. Sin embargo, posteriormente se desdijo.
“Desde 1993, cuando ocurrió el deceso, hasta la fecha, la PGR ha llevado a cabo cuatro investigaciones bajo la responsabilidad de ocho procuradores generales (en 1993 colaboró con la Procuraduría de Jalisco), de los cuales, tres son apartidistas; dos, miembros del PRI (el partido dominante por varias décadas); dos, del PAN (el partido hoy en el poder), así como un general del Ejército mexicano.
“Todos los responsables de las investigaciones hasta la fecha han coincidido en que el asesinato del cardenal se debió a una confusión producida durante un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales. Personas menores en puestos de responsabilidad mayor, con desconocimiento, negligencia o mala fe, han hablado de la existencia de un complot para matar al cardenal Posadas Ocampo. La falta de razón en sus argumentos, siempre emotivos y tendenciosos, no encuentran fundamento en la realidad ni apoyo en las investigaciones.
“Sin embargo, en 2001 la administración neoliberal sacó de la reserva la averiguación previa sobre la muerte del cardenal. Lo hizo de manera sigilosa, pues durante casi un año realizó en secreto lo que, pretendieron, eran ‘nuevas investigaciones’. Con posterioridad, la sociedad se enteró de que la subprocuradora responsable del caso había reconocido como representantes de la coadyuvancia a dos abogados muy activos en la tesis del complot, ‘con intereses incompatibles e irreconciliables entre sí, y los convirtió en investigadores y jueces al mismo tiempo’, como señaló Jorge Carpizo en su texto de 2006, Síntesis de las investigaciones del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Llegaron incluso a pretender actuar como agentes del Ministerio Público. Se trató de un acto evidentemente ilegal, perpetrado por la propia autoridad”.
Como siempre, Salinas se presenta en el papel de un reformador bienintencionado, objeto de conjuras. Los culpables de todo lo malo que sucedió durante su sexenio son otros: los neoliberales, como si él mismo no hubiera impuesto al país esa doctrina que ahora, farisaicamente, repudia. El fantasma del cardenal Posadas tampoco lo abandona. E4

 

Monseñor Héctor González Martínez

  • Nació el 28 de marzo de 1939 en Miguel Auza, Zacatecas.
  • Cursó estudios en el Seminario Menor y Mayor de Durango y en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Licenciado en Teología y en Historia Eclesiástica.
  • Habla español, italiano y alemán.
  • Fue ordenado sacerdote en Roma, el 1de diciembre de 1963.
  • Cargos en la Arquidiócesis de Durango:
    Profesor de Historia Eclesiástica y Arte Sacro en el Seminario de Durango.
    Vicario cooperador de la Parroquia de Canatlán.
    Prefecto de Disciplina y vice rector del Seminario Mayor (1968-1972).
    Presidente del Consejo Presbiterial (tres años).
    Miembro de la Comisión Ejecutiva de Pastoral y del Consejo de Gobierno.
    Rector del Seminario Conciliar (1973-1982).
    Nombrado obispo de Campeche el 9 de febrero de 1982, recibió la ordenación episcopal el 24 de marzo.

El 11 de febrero de 1988, el Papa Juan Pablo II lo nombra Arzobispo coadjutor de Antequera-Oaxaca. Toma posesión el 6 de abril.
El 4 de octubre de 1993 el Papa acepta la renuncia de monseñor Bartolomé Carrasco al gobierno pastoral de la Arquidiócesis y monseñor Héctor González toma posesión como nuevo Arzobispo de Antequera-Oaxaca.
nCargos en la Conferencia del Episcopado Mexicano:
Vocal de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones (1983-1985); suplente del representante de la Región Pastoral Pacífico Sur (1992-1994); presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, vocal de la Comisión de Comunicaciones Sociales; representante de la Región Pastoral Pacífico Sur (1994-1997); presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Indígena (1997-2000) y miembro de la Comisión Episcopal de Reconciliación y Paz en Chiapas desde que inició en conflicto armado, el 1 de enero de 1994.
El 26 de febrero de 2003 es nombrado Arzobispo de Durango.

(Fuente: www.cem.org.mx/episcopado/arzobispos/249.html)

 

 
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