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Se acercan las elecciones del 5 de julio y las encuestas coinciden, incluso las oficiales, en que la desconfianza de la sociedad en los partidos, lejos de disminuir, aumenta, y en consecuencia proyectan un alto índice de abstencionismo. Noventa y seis por ciento de los electores ha perdido la confianza en los políticos, revela una encuesta de la Secretaría de Gobernación.
Las estimaciones reflejan no sólo el descontento de la ciudadanía por la actuación de sus representantes, sino que constituyen un paso hacia atrás en la vida democrática del país.
Si bien el interés de los ciudadanos por las votaciones intermedias es mínimo, los resultados del proceso para elegir diputados federales será determinante con respecto al rumbo político del país con vistas a las elecciones presidenciales de 2012.
Mientras los partidos se descreditan entre sí, en un avance de lo que podrían ser las campañas, y los electores deciden por quién votar, las propuestas pasan desapercibidas. Mediáticamente, destacan las que parecen elaboradas más para desatar controversias entre la opinión pública que para resolver los problemas del país.
Las plataformas legislativas de las principales formaciones políticas, para el período 2009-2012, adaptan sus declaraciones de principios a temas de actualidad: economía, seguridad, energía y medio ambiente.
Atacado desde distintos frentes por no cumplir el cambio que prometió desde 2000, Acción Nacional rema a contracorriente. Destaca los logros del presidente Calderón y en su plataforma “Acción Responsable” ofrece más de cien puntos.
El Partido Revolucionario Institucional destaca más las fallas del PAN en los últimos ocho años y ofrece estadísticas sobre “el deterioro” del país en la alternancia. Su propuesta fundamental es “recobrar la experiencia demostrada para conducir al país”.
Desmembrado por clanes que se disputan su control y presupuesto, el Partido de la Revolución Democrática repite hasta la saciedad la urgencia de otorgar mayor control al Estado y se limita a repetir programas que dieron resultado en el Distrito Federal, como el seguro de desempleo.
El Partido Verde Ecologista, desconocido por sus pares europeos por contradecir principios básicos de defensa de la vida, sale de su burbuja ambiental con iniciativas radicales como la pena de muerte para secuestradores, apoyada con cautela por algunas fracciones priistas.
Y aunque las ofertas más publicitadas del Partido Social Demócrata consisten en la despenalización del uso de drogas y la legalización del aborto, en su plataforma hace uno de los análisis más completos sobre los indicadores sociales en México. Propone mecanismos concretos para consolidar el sistema democrático, aplicados con éxito en países desarrollados y otros en vías de serlo, como Chile. Sin embargo, quizá subestime la dimensión de la brecha entre la clase política nacional y la de aquellas naciones.
El tema de la inseguridad pública es uno de los problemas más graves que afronta la administración del presidente Calderón, atribuible en parte a su decisión de poner coto al narcotráfico y la impunidad, antes solapados por los gobiernos de turno. La propuesta de los partidos en materia de seguridad son las siguientes.
Ley antisecuestros y registro único de población
 Además de reafirmar su postura intransigente contra el crimen, los panistas proponen otras medidas para fortalecer el sistema de seguridad, entre ellas, la creación de un Registro Único de Población que emita una Cédula de Identidad Única como medio de identificación oficial, lo que desligaría el proceso actual de identificación del electoral.
Asimismo, ofrece consolidar el Sistema Único de Información Criminal e impulsar mecanismos de recompensas para quien informe (…) sobre actividades de los delincuentes, así como (…) crear un sistema de denuncia contra la mala actuación de servidores públicos (…) [con] un número telefónico único a nivel nacional para atender emergencias y (…) dar cauce a denuncias anónimas.
Su posición frente a los secuestradores dista mucho de ser conservadora, y asegura que las y los diputados de Acción Nacional insistirán en la reforma al Código Penal para establecer la pena de cadena perpetua para secuestradores, y con ello evitar que estos delincuentes reincidan y sigan flagelando a la sociedad. De igual modo, el PAN buscará castigar con una pena de 40 años cuando se practique este ilícito con la modalidad de secuestro exprés.
Insiste en la creación de una Ley Antisecuestro que preverá modalidades, reglas de investigación, sanciones, protección a víctimas, reparación del daño, ejecución de pena e intercambio de información entre autoridades.
Propone profesionalizar a la Policía Federal y la unificación de la legislación penal en el país para eliminar la impunidad, para homologar los tipos penales evitando la disparidad en su descripción y para uniformar las penas.
Pugna por un frente común con la Federación para combatir el narcomenudeo y canalizar mayores recursos para ampliar el Programa Nacional de Escuela Segura.
Una de sus propuestas, que ya se convirtió en ley, fue la llamada Extinción de Dominio que apunta a la incautación de la propiedad y dominio de todos los bienes relacionados con los delincuentes, sus prestanombres y aquellos provenientes de la comisión de delitos del crimen organizado, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico.
También plantea una reforma integral a la Ley de Amparo para modificar entre otros, los conceptos de actos consentidos, interés jurídico, suspensión de actos y en particular el de los efectos generales de la sentencia.
El Partido Acción Nacional es el único que ha hecho hincapié en la necesidad de proteger el periodismo. Al respecto, propone modificaciones al Código Penal para legislar sobre la seguridad de los periodistas y contra la amenaza, el hostigamiento y las restricciones a sus libertades. Del mismo modo plantea federalizar los atentados contra la prensa.
Reformas a la ley de seguridad y Guardia Nacional
 El Partido Revolucionario asegura en su plataforma que México está sufriendo la mayor crisis en su historia en materia de seguridad pública en tiempos de paz, lo que deriva en el lento crecimiento de la economía y la insuficiente generación de empleos. Advierte que las actuales instituciones de seguridad pública (…) no están preparadas para dar seguridad a la población, su propuesta respalda todas las medidas orientadas a resolver la grave crisis de inseguridad pública y dice que respeta el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pero lo considera insuficiente.
Por lo tanto, propone reformas a la Ley de Seguridad e impulsa la definición de una estrategia de seguridad nacional y un programa de mediano plazo con una agenda nacional de riesgos, para lo cual impulsaremos la consolidación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
El resto de las medidas son similares a las que propone el PAN, aunque destaca la posibilidad de organizar la Guardia Nacional como organismo orientado a contribuir con las fuerzas (…) y podría realizar funciones de protección civil que hoy ejercen las fuerzas armadas.
Además sugiere el fortalecimiento del Servicio de Guardacostas en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que el Estado mexicano ejerza plena soberanía en nuestro mar territorial y brinde protección a la zona económica exclusiva, dado que es la única autoridad federal con presencia en esas aguas marinas limítrofes.
También busca reformar los códigos de procedimientos penales y actualizar los acuerdos internos emitidos por los procuradores, para que la averiguación previa permita el derecho de audiencia o de otros derechos individuales, con el propósito de evitar que el inculpado no pueda aportar pruebas durante el proceso de investigación.
Por otra parte, ofrece implementar en cada municipio comités de participación ciudadana en materia de prevención, seguridad y denuncia.
Entre las medidas que buscan la modernización del sistema de procuración, administración e impartición de justicia, busca dar seguimiento a las reformas recientes del sistema de justicia penal con objeto de reducir los tiempos para su implantación, particularmente en lo que se refiere a los juicios orales.
El PRI se inclina por eliminar la opacidad existente en la actuación de los agentes del ministerio público y de los jueces, en tanto se inicia el sistema de oralidad que abrirá su actuación al escrutinio de la sociedad.
Mayor presupuesto
y transparencia
 El partido del sol azteca propone recuperar la conducción política de la seguridad (…) y defender (…) las libertades públicas amenazadas por la estrategia militarizante de la derecha autoritaria.
Además de atacar la estructura y la capacidad de fuego y financiera de narco-negocio con políticas y propuestas legislativas (algo que empezará a hacerse con la ley de Extinción de Dominio), propone destinar más presupuesto en materia de seguridad y someter a todas las autoridades judiciales a la transparencia y a la rendición de cuentas y establecer mecanismos efectivos de combate a la corrupción y a la impunidad.
Su propuesta brinda plena transparencia al manejo y aplicación de los recursos públicos. Erradicar el carácter “electorero” y clientelar de las políticas sociales y de combate a la pobreza, lo cual lograría a través de una revisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para redefinir los criterios relativos a la información reservada y la confidencial, y garantizar la licitación abierta de la obra y adquisiciones públicas.
Igualmente, auspicia la creación del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y busca fomentar la participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles.
También desea mejorar los servicios de las agencias especializadas en atención a víctimas de la violencia familiar, en particular a la mujer maltratada, y proporcionar los recursos que permitan la instalación de albergues temporales para la asistencia a las víctimas, en los que se proporcione asesoría especializada en los aspectos jurídico, psicológico y familiar.
Rehabilitación
y pena de muerte
 El Partido Verde, aliado del PRI en la última elección presidencial, como lo fue del PAN en 2000, achaca también al gobierno de Calderón la debilidad en materia de seguridad, la cual —dice— ha provocado períodos permanentes de desorden social, así como inseguridad y violencia. Sus propuestas de seguridad las basa en una reforma integral cuyos ejes sean una Ley de Decomiso para que los grupos del crimen organizado pierdan los bienes con los que están operando y financiando sus actividades delictivas; una reforma para impulsar la rehabilitación de los jóvenes y niños que caigan en la adicción a alguna droga; y que sólo el gobierno federal pueda perseguir los secuestros, para que de esa manera exista una sola autoridad y un solo responsable.
Pero la propuesta más conocida y publicitada niega uno sus principios: la defensa de la vida, al pugnar por la reinserción de la pena de muerte en los siguientes casos:
Terroristas que atenten en contra del Estado y de la población; asesinatos con todas las agravantes y criminales atroces; a los secuestradores que maten o mutilen a su víctima, y a los servidores o ex servidores públicos de cualquier policía, Ejército o Marina que participen en el secuestro de una persona.
Y a pesar de las críticas por la falta de certeza en el sistema judicial mexicano, que podría derivar en la ejecución de inocentes (uno de los argumentos para abolir la pena capital en el estado de Nuevo México en fecha reciente), el PVEM propone controles estrictos para evitar que eso llegara a ocurrir. Entre otros:
La Suprema Corte de Justicia del país tendrá siempre la última palabra para sentenciar a pena de muerte; ningún juez podrá dictar pena de muerte si no existe certeza absoluta de la culpabilidad de una persona; no podrá aplicarse pena de muerte si existe posibilidad alguna de persecución de derechos civiles o políticos; los jueces tendrán facultades para dictaminar los casos que por su gravedad merezcan pena de muerte o en su caso prisión.
En fin, mientras las democracias avanzadas se mantienen en la vía de abolir la pena capital, el Partido Verde se empeña en poner a México en la cola del tren de la modernidad.
Regulación del mercado
de las drogas
 Si bien el tema de la despenalización de las drogas representa para el Partido Socialdemócrata una urgencia en el campo de la salud, también lo expone como una medida para atacar al crimen organizado.
Bajo el lema “Las cosas no se solucionan a balazos”, el PSD plantea:
- Legalizar el consumo de drogas más usadas en el país, según la evolución del fenómeno.
- La legalización restaría recursos al narcotráfico para comprar armas, corromper y amenazar a servidores públicos.
- El uso regulado de drogas podría terminar con las ejecuciones y la violencia generalizada.
- No se promueve el uso y consumo de drogas, sino un nuevo “abordaje” del problema del narcotráfico.
- No se pretenden solapar las acciones de los narcotraficantes, es el tráfico ilegal lo que los enriquece.
- Con la legalización se tendría control sobre los puntos de venta y comercialización de drogas, para no dejarlas al alcance de menores de edad.
A diferencia de la iniciativa del PVEM para reimplantar la pena de muerte, el PSD elaboró un estudio sobre los alcances de su propuesta sobre el uso de drogas y los efectos colaterales. Al respecto, destaca: “Sabemos que la legalización no acabaría de facto con el crimen organizado, pero lo heriría mortalmente”.
El partido hace una comparación con los efectos de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, y su posterior legalización como única solución a la problemática.
Sin embargo, argumenta con estadísticas fiables, es el consumo desmedido del alcohol el causante de la mayor cantidad de muertes y accidentes en el país, no drogas como el cannabis, con más de seis mil años de uso. Propone su empleo médico e industrial, y permitir que se puedan cultivar hasta tres plantas de cannabis, con lo que quien decida consumirla no tenga que pasar por un mercado ilegal y corrupto.
Asegura que su intención es que quienes padezcan adicciones no vayan a la cárcel, sino que el sistema de salud los atienda, como sucede en muchos países de Europa y en cada vez más entidades de Estados Unidos. E4 |
