El tema del agua, como el de la seguridad pública, desde otra vertiente, dominará la agenda política, social y acaso económica de las próximas décadas, tanto por su gravedad como por los efectos de su limitación a millones de personas. El V Foro Mundial del Agua, celebrado el mes pasado en Estambul, concluyó con un exhorto a “realizar acciones urgentes para avanzar en las metas de acceso y saneamiento”. Otra recomendación consiste en cuidar el líquido “ante la escasez y las consecuencias del cambio climático”.
Las delegaciones de América Latina se habían propuesto regresar a casa con una victoria moral: elevar a rango de “derecho humano básico” el acceso al agua. Sin embargo, no lo lograron porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU analiza todavía las implicaciones políticas y sociales que acarrearía a los gobiernos. Sobre todo en los países con menor desarrollo. Mientras tanto, disponer de un abasto seguro, eficiente y de calidad, se reconoce sólo como “necesidad” lo cual nada resuelve.
En un informe a los representantes de ciento ochenta países participantes en el foro, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, puso en relieve que la necesidad de una mejor gestión del agua es apremiante. “Estamos presenciando una mayor presión, competición y, en algunas regiones, incluso conflictos por el uso de los recursos hidrológicos. La mala gestión y la inversión inadecuada se traducen en la falta de acceso de agua y servicios de saneamiento para miles de millones de personas”. En su turno, Mark Smith, del grupo ecologista Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, demandó “sistemas para gobernar el agua”.
Justo cuando Turquía celebraba el V Foro Mundial, en la capital de Coahuila se anunciaba la llegada de José María Tura Torres a la gerencia de Aguas de Saltillo, en sustitución de Rogerio Koehn, quien más se distinguió por enfrentar y tratar de descalificar a los grupos civiles que exigen transparencia en las cuentas de la paramunicipal y eficiencia en sus servicios, que por un auténtico compromiso social, el cual no implica faltar a la lealtad a sus patrones españoles, aunque primero lo son los usuarios de Saltillo.
El relevo, como lo advierte el Observatorio Ciudadano del Agua, es más cosmético que de fondo. “Nada va a cambiar”, declaran, persuadidos, los voceros de OCA. Visto así, pensar que el nuevo funcionario compaginará lucro y servicio es ilusorio. El negocio de Agsal es vender agua, explotarla al máximo, no cuidarla para las generaciones presentes y futuras. Desde esa perspectiva es preciso que el municipio, socio de la española Aguas de Barcelona, y el gobierno del Estado, mediten en la conveniencia de reasumir cuanto antes el control del recurso.