Medina Mora.
Por una cobertura equilibrada |
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El procurador Eduardo Medina Mora metió el dedo en la llaga. Sus declaraciones sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el creciente clima de inseguridad que abate al país, le valió fuertes críticas desde varios frentes: el mediático, el político y el de derechos humanos.
Es lógico. En los últimos años, el crimen organizado se ha cobrado la vida de decenas de periodistas cuyos trabajos de investigación sobre las actividades del narcotráfico han llegado aun más lejos que las propias indagaciones de las autoridades. La respuesta del gobierno para protegerlos ha sido escasa, por no decir nula, limitándose a canalizar los casos a una fiscalía especializada que no ha dado hasta ahora ningún fruto.
Sin embargo, en la lluvia de diatribas contra el discurso del procurador escasean las reflexiones sobre el papel de los informadores, y ya no tanto sobre la cuestión de qué se debe informar y qué no, sino cómo.
Poco se habla del amarillismo exacerbado en busca de mejores ventas, sobre la escasa verificación de las fuentes, la falta de respeto a la privacidad de las víctimas y sus familias, la premura en la información que muchas veces pone en riesgo la integridad de los secuestrados.
Tampoco se dice nada sobre la filtración del narco en los medios de comunicación, una situación tan real como la presencia del crimen en el gobierno, en las empresas, en la sociedad.
El periodista colombiano Javier Darío Restrepo advierte que México corre el riesgo de que las células del narcotráfico se apropien de los medios, como sucedió en su país en las décadas de los setenta y ochenta. “El poder del narcotráfico es una amenaza para todos los sectores de un país en el que impera la desinformación”, asegura.
En sus tiempos de procurador y secretario de Gobernación, Jorge Carpizo puso sobre la mesa el tema de los narcoperiodistas y las narcolimosnas a la Iglesia, como después se pondría en tela de juicio la difusión de los narcocorridos, una auténtica apología del delito. Pero la sociedad parece encantada por la nueva “cultura del narco” que se filtra en los medios de comunicación.
En los países europeos, la prensa evita difundir información sobre secuestros con el fin de no entorpecer las investigaciones, pero también de no vanagloriar las actividades criminales. Lo mismo sucede con las noticias sobre suicidios en países como Argentina; algo impensable para los diarios de nota roja en México.
Las declaraciones del procurador revelan la importancia de los medios de comunicación en esta lucha, ya no como protagonistas o responsables de la situación en sí —como declara Medina Mora—, sino como un campo de batalla en el que los enemigos (narco y gobierno) tratan de ganar posiciones para crear una sensación de victoria que les facilite sus operaciones.
La detención en Tamaulipas del reportero gráfico Antonio Treviño Bautista, alias “El Periodista”, quien fue arrestado en 2007 por filtrar información policíaca al cartel del Golfo, confirma de alguna manera hasta dónde llegan los brazos del narco en los medios.
Y cuando esos medios se inmiscuyen demasiado en averiguaciones o no informan sobre el bando contrario, como se dijo en el caso de Televisa Monterrey, el narco simplemente atenta contra ellos. Y ante la falta de garantías, algunos optan por cerrar, como sucedió en 2007 con la revista Cambio de Sonora.
Medina y los medios
Esta no es la primera vez que Medina Mora habla sobre el papel de los medios en la lucha contra el narcotráfico. En 2007, el titular de la PGR consideró como “buena estrategia” que los profesionales de la información que trabajen en investigaciones relacionadas con el crimen organizado no firmen sus notas, para protegerse de una posible agresión.
Con esa declaración no sólo acepta la incompetencia de la Procuraduría General para garantizar que esas agresiones no sucedan, sino que se deslinda de las obligaciones constitucionales de los poderes públicos para garantizar el respeto a la libre expresión y el derecho a informar y ser informado.
Sin embargo, la realidad muestra que los medios también están expuestos a la infiltración (no sólo del narco) y que la misma la sociedad muestra una tendencia guiada a aceptar y deleitarse con algo que podría llamarse la “cultura del narco”, en la cual los narcocorridos se convierten en éxitos populares, los videos de torturas corren como pólvora en la web y la última narcomanta es la noticia del día.
La sugerencia del procurador resulta sensata, pero la falta de análisis de las posibles consecuencias la ha convertido en un error político que en nada mejora la eficacia de la lucha contra el crimen, ni la imagen del gobierno y sus fuerzas policíacas.
Esto confirma la débil estrategia de comunicación del gobierno en un tema tan sensible pues, de existir alguna, se habría previsto la reacción de los medios por las declaraciones del procurador para que se autorregulen frente a las acciones del crimen organizado.
Los detractores señalan que sus movimientos mediáticos para cubrir la detención de su ex fiscal antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, o sus constantes presiones y amenazas para que los periodistas destapen las fuentes de información, a riesgo de ser juzgados —aun en contra de los derechos internacionales que los defienden—, le restan al procurador autoridad para realizar tales señalamientos.
Cuando el presidente Felipe Calderón obligó a dejar de proteger a Ramírez Mandujano, el ex titular de la infiltrada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), debido a una pesquisa estadounidense que culminó con la detención de la mayoría de los jefes policíacos, el equipo de Medina Mora desvió la atención. Divulgó la acusación de un narcotraficante contra el comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, quien había trabajado con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El descontento del procurador con los medios también tiene que ver con la circulación de averiguaciones previas que se filtran a la prensa, lo cual constituye un delito.
Por eso ha arremetido contra periodistas para que desvelen fuentes de información de investigaciones en curso, incluso girando citatorios para tomarles declaración. Cuando esto se supo, las críticas dentro y fuera del gobierno cundieron y la PGR debió dar marcha atrás.
Así lo denunció Raymundo Riva Palacio, ex director editorial de El Universal en la columna “Medina Mora: a la caza de periodistas”, poco antes de que fuera despedido en 2008 por supuestas presiones de la PGR.
Posterior a las declaraciones de Medina en el foro “La Responsabilidad de los Medios de Comunicación ante la Lucha Contra la Delincuencia organizada”, Riva Palacio continuó con la historia desde su columna Estrictamente Personal que aparece en diversos medios del país y el extranjero, sumando casos que involucran al procurador como el del espionaje telefónico de un diario y las presiones para despedir a dos periodistas. En una de ellas publicó que agentes federales participaron en el secuestro del niño Fernando Martí; y en otra, que obtuvo el expediente de la investigación de la PGR en el plagio de la joven Silvia Vargas (ambos asesinados). En el primer caso tuvo éxito.
Parece que Medina Mora entendió tarde la importancia de los medios y quiere seguir el camino de Colombia, en donde la prensa juega un papel fundamental en favorecer al gobierno en la lucha contra el narco, imponiendo los temas de la agenda nacional y destacando los logros oficiales.
La diferencia es que en aquel país, los medios de comunicación más importantes son propiedad de la familia de Fernando Santos, ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, señala Riva Palacio.
Las reacciones
Periodistas, legisladores y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos le saltaron al cuello al procurador por sus declaraciones en el foro. La indignación corrió como ráfaga por todos los medios, propiciando las críticas y la defensa, sin dejar lugar a un verdadero debate.
De hecho, resulta curioso que la controversia sólo haya tenido lugar entre el público, sobre todo en los foros de lectores de las versiones en línea de los periódicos nacionales, donde los usuarios critican duramente la manera de informar de los medios.
Los ciudadanos condenan el sensacionalismo y el deplorable lujo de detalles a la hora de comunicar asesinatos, en los cuales se resaltan los métodos de tortura y las lesiones que presentan las víctimas. Como si informar sobre el número de afectados no bastara para entender el mensaje, señalan.
Un punto de vista que no tomaron en cuenta la mayoría de los periodistas que, en su derecho, salieron a defender su labor sin separar a los buenos de los malos profesionales.
La lista de periodistas que protestaron por las declaraciones del abogado de la nación es extensa, y a ella se sumaron diputados y senadores, entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, César Horacio Duarte, así como los coordinadores del PRD, Javier González Garza, del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, quienes rechazaron una supuesta narcocobertura y negaron que exista una apología de la violencia en la prensa. “El procurador está equivocado”, señalaron.
El discurso de Medina Mora provocó reacciones en otros ámbitos, como la del presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo, y de la vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Calleja, quien indicó que los señalamientos del funcionario reflejan una visión muy corta, porque no ve la realidad completa, pues muchos medios locales han decidido autocensurarse por las amenazas del narco; pareciera que sólo se dirige a los grandes medios, en suma, a las televisoras.
Joaquín López Dóriga en su noticiario de Radio Fórmula, indicó: “Yo de plano ya no voy a entrar a los comentarios de esto. Nos pide el procurador que seamos responsables. Yo asumo la responsabilidad de todas y cada una de las cosas que afirmo. Yo quisiera que las autoridades asumieran su responsabilidad, también al cien por ciento, porque muchas no lo están haciendo”.
En la misma estación, Ciro Gómez Leyva expresó que “ojalá todo fuera una campaña de propaganda del crimen organizado. Sin embargo, después de ver las cifras de ejecuciones, de ver que ya pasaron veintisiete meses y ni se recupera territorio, ni se limpian las policías ni disminuye el consumo, uno preguntaría —más allá de una voluntad encomiable por parte del gobierno federal, de un trabajo que suponemos heroico del Ejército—, cuáles son los logros el día de hoy en la lucha contra el crimen”.
La lista de críticos aumenta con periodistas de diversos medios del país. Pero destaca un enlace telefónico de W Radio en el que se puso al aire simultáneamente a Adela Navarro, directora de Zeta en Tijuana, Javier Garza, director editorial de El Siglo de Torreón y Pedro Torres, subdirector del Diario de Ciudad Juárez, en el cual coincidieron en que el gobierno federal carece de una estrategia de comunicación.
La pregunta del periodista es clave para ver la parcialidad del análisis. Carlos Puig le preguntó a Pedro Torres: “¿Te parece que lo que informamos hace que los jóvenes de se enamoren del narcotráfico?” La respuesta fue obvia, pero la pregunta no deja lugar a dudas de que el discurso no fue analizado objetivamente, ya que no es eso lo que dice el procurador.
Torres dijo que las declaraciones de Medina Mora son una excusa para justificar que no se le ha podido hacer nada a las organizaciones criminales. En esto coincidieron tanto Javier Garza, quien dijo que si hay noticias para informar sobre el tema es porque la autoridad no hace su trabajo, y Adela Navarro, quien asumió la misma línea.
El periodista y analista político José Carreño Carlón —último vocero del presidente Salinas— figuró entre los pocos que hicieron una reflexión crítica de los medios. En entrevista con Denise Maerker de Radio Fórmula dijo que a veces tendemos a darle el mismo peso informativo, la misma jerarquía al discurso informativo del narco —cuando son unas mantas anónimas o la movilización de grupos sociales— que al discurso informativo del gobierno, a veces porque es más espectacular, a veces porque hasta es más fotogénico fotografiar unos grupos que un dato que dé algún funcionario público.
Consideró que habría que hacer un esfuerzo para que, en bien de la audiencia, de los lectores, se cuente con mejores elementos informativos; es decir, elevar la calidad informativa. Ello supone el rigor de cotejar lo que dicen también los narcos, pero no utilizar simplemente sus ofertas, por espectaculares que sean, como si fueran la realidad.
De todas maneras, señaló que en el reciente caso de Reynosa, donde el narco atemorizó a la ciudadanía, el gobierno no supo enfrentar la falta de información. “Pasaron siete u ocho horas para que el gobierno saliera a dar información contradictoria, ni siquiera congruente entre el municipio, el gobierno estatal y federal. Obviamente, el que ganó esa partida informativa fue el crimen organizado”, asegura.
Daños colaterales
Lo lamentable del caso es que en esta guerra, los más perjudicados son los ciudadanos, testigos y víctimas de una cruenta lucha entre el narco, el gobierno y los medios, en la que cada uno tiene sus propios intereses.
El narco no titubea en utilizar la insaciable sed informativa y aprovecha del circo mediático para generar una opinión favorable entre el público. Incluso su estrategia de comunicación supera a los medios convencionales y llega al universo de internet, algo que el gobierno no ha sabido explotar.
El gobierno, por su parte, falla en defender las agresiones en contra los periodistas y hace berrinches cuando los medios no se embarcan en el optimismo oficial con respecto a los resultados en el combate a la delincuencia. Resultados que ya deberían ir más allá de palabras de esperanzas y advertencias de que la guerra será larga y costará más vidas, sobre todo cuando la corrupción sigue acechando a la propia PGR y desvirtuando la lucha completa.
Los medios, obnubilados por acrecentar sus ventas, no sólo trivializan la lucha contra el narco, como señala el procurador, sino que se prestan a un juego macabro, en el que no reparan en la manera de informar, ni en los valores propagados y le brindan a la sociedad “lo que ella pide”, sin tener en cuenta que son ellos los que generan conductas.
La comunidad, parcialmente informada, sufre las consecuencias de una guerra de intereses que no termina de comprender, pero que la obliga a salir a las calles a reclamar paz y justicia. E4
Forbes y “El Chapo”
Apología. Los billonarios |
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No sólo los medios mexicanos caen en la apología del delito, la revista Forbes, reconocida mundialmente, incluyó en su lista de hombres más ricos del mundo al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, lo que fue considerado como un insulto por la opinión pública en México, aunque seguramente le valió la venta de más números en el país.
Quizá la intención sea presionar a México y Estados Unidos para cazar a los narcotraficantes, pero la publicación no sólo especula con la fortuna de Guzmán (la cual valúa en mil millones de dólares y lo ubica en la misma posición que Alfredo Harp Helú y Emilio Azcárraga Jean), sino que señala que los traficantes mexicanos y colombianos lavaron entre dieciocho mil y treinta y nueve mil millones de dólares en 2008 en recursos obtenidos de la venta al por mayor de embarques de drogas a Estados Unidos.
“Guzmán probablemente ganó un veinte por ciento de eso, suficiente para que durante su carrera delictiva se haya embolsado mil millones de dólares y ganar un lugar en la lista de multimillonarios por primera vez”, dice la publicación.
En este sentido, la revista acepta que Estados Unidos es la principal fuente de ingresos del cartel de Sinaloa que lidera Guzmán, por lo que su enriquecimiento no sólo se debe a la ineficacia del gobierno mexicano, sino a las fallas de la inteligencia estadounidense y el creciente mercado de consumo de estupefacientes. |
¿Qué dijo Medina Mora?
López Dóriga.
Que el gobierno asuman su obligación |
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Gómez Leyva.
Más que una campaña de propaganda |
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Partes del discurso del procurador Eduardo Medina Mora en la inauguración del foro “La Responsabilidad de los Medios de Comunicación ante la Lucha Contra la Delincuencia Organizada”, que tanta controversia causó.
"Cuando la violencia se muestra repetidamente fuera del contexto de su combate, la criminalidad se trivializa. Aparece como omnipotente e invencible y provoca desánimo o parálisis entre la población. Reflexiones como ésta han llevado a un debate entre los mismos periodistas sobre su responsabilidad y el papel que les corresponde jugar en la confrontación con los enemigos de México”.
Las organizaciones criminales han entendido que la publicidad de acciones cruentas contribuye a amedrentar a otras bandas y a la población, y por tanto suponen también que a inhibir la acción de la autoridad en su contra”.
La lucha contra la delincuencia sólo será exitosa en la medida en que la sociedad rechace y socave activamente los valores de los criminales. Es importante que los medios presenten las fallas y debilidades de las autoridades, pero también deben destacar sus aciertos y buenos resultados”.
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