Humberto hernández Haddad está decepcionado de la política, pero no alejado de ella. La ejerce las veinticuatro horas del día con los jóvenes, únicos que pueden salvar a un país donde la degradación política la convierte en “negocio de ladrones”. Por eso apela a los universitarios para que la dignifiquen.
El ex cónsul general de México en San Antonio, Texas, sabe muy bien lo que dice. A mediados de los noventa fue amenazado por señalar el escondite de Manuel Muñoz Rocha —el “eslabón perdido” en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu— en San Antonio bajo la protección de quienes ordenaron la ejecución de ambos crímenes. Las autoridades no lo escucharon y busca resolver los casos en una Corte internacional.
Asegura que el sistema judicial responde a una estructura superior de poder, pero cree que es cuestión de tiempo para que se realice una reforma profunda, la cual deberá ser impulsada por la ciudadanía.
Su experiencia como senador y diputado por el PRI (repitió en ambos cargos), aunada a una sólida formación académica —licenciatura en Derecho por la UNAM, posgrado en Harvard y maestría en Política Internacional por la Universidad Johns Hopkins— le otorgan una visión certera de por qué el país ha llegado a la situación actual y qué debería hacerse para mejorar el sistema democrático.
Señala yerros del presidente Felipe Calderón en su lucha contra el narcotráfico. Opina que el verdadero problema está en el creciente consumo y tráfico transfronterizo de armamento, los cuales Estados Unidos debería comprometerse a atacar. “El consumo de estupefacientes (…) no se cura a balazos (…) Con el disparo de balas el problema sólo se agrava”, señala.
Pugna por una reforma constitucional que permita al Senado ratificar la designación de los secretarios del Ejecutivo, tal como sucede de facto en Estados Unidos. Analiza la entrega del poder pactada en 2000 para darle el triunfo a Vicente Fox y la actual relación del ex presidente Ernesto Zedillo con Calderón.
Califica al Foro de Davos de circo ideológico financiado por el grupo que lo inventó, y señala a Zedillo como uno de los culpables de la actual crisis económica. Permitió que el país se convirtiera en laboratorio de medidas monetarias que ahora se están aplicando en Estados Unidos para desestabilizar la estructura financiera. Recomienda el libro de John Perkins “Confesiones de un Sicario Económico”, para entender cómo funcionan personajes como el ex presidente.
Hernández Haddad se ha distanciado del gobierno, pero se niega a dejar de hacer política por una simple razón: cree que el mayor impulso de cambio dentro de este país proviene de la juventud y en ella deposita su tiempo, esfuerzo y esperanzas.
Una visión reveladora sobre el pasado cercano, la situación política actual y las posibilidades de llevar adelante cambios sociales que permitan detonar los potenciales de México y convertir al país en la nación rica que debería ser.

¿Cómo observa al presidente Calderón?

Quiero ser positivo y propositivo frente al rendimiento de su gabinete. Me parece indispensable una reforma constitucional para que los secretarios de Estado sean propuestos por el Ejecutivo y sujetos a la ratificación del Senado, como en Estados Unidos. Erróneamente se piensa que el presidencialismo en la Unión Americana es omnipotente. Barack Obama quiso nombrar a Bill Richardson, hijo de madre mexicana, secretario de Comercio, y no pudo, por haber llegado un análisis al Senado, del Departamento de Justicia, donde se demostraba que Richardson está bajo investigación, lo que le obligó a declinar del cargo. Después se propuso a Judd Gregg, quien por razones ideológicas aceptó en principio pero después se desdijo. Esto quiere decir que el filtro funciona y permite escoger secretarios a la antura de un gabinete del presidencial.

¿En qué momento empieza la descomposición política del país?

En el libro de Martha Anaya “1988: El año que se calló el sistema”, la periodista entrevista a todos los actores de esta conflictiva elección presidencial. En el capítulo donde el ex presidente Miguel de la Madrid da su versión, dice que defendió el orden constitucional y estuvo dispuesto a usar el Ejército para mantenerlo. Afirma no haberse prestado a entregar la presidencia de la República como sí lo hizo Ernesto Zedillo. Se trata de un testimonio valioso porque hay sospechas sólidamente fundadas para establecer, en una conexión lógica de hechos, que la elección presidencial de 2000 fue fríamente planeada por Zedillo y su grupo cercano para otorgarle la victoria a Fox.

Pero ganó Fox, ¿no?

Así quedó formalmente materializado con ciertos apuros, como el hecho de que el presidente de la República violó la ley al anunciar el triunfo electoral de Vicente Fox, usurpando funciones exclusivas del Instituto Federal Electoral. Por ello, atrás de Zedillo y su corriente no existe un proyecto político sino uno económico que ahora debe pasar la auditoría política por haber tomado una ventaja indebida.

¿Cuál fue esa ventaja?

El Fondo para la Protección del Ahorro Bancario (Fobaproa), nacido de la crisis financiera de 1994-1995, la más costosa de México en toda su historia. Eso le hicieron ahora a Estados Unidos. Nuestro país es una probeta de ensayo económico para las mismas personas que han saqueado el sistema bancario de la Unión Americana y en este momento lo hacen con la Tesorería de Estados Unidos, donde y pueden ocasionar una crisis constitucional.

¿Zedillo forma parte del grupo selecto que provocó la quiebra económica actual?

Zedillo forma parte del consejo de administración de nueve empresas transnacionales, cuyas matrices están en Estados Unidos: Alcoa, Union Pacific Corporation… por cierto, el caso de esta última merece destacarse. La ley en Estados Unidos es igual a la mexicana respecto a que el funcionario que haya firmado contratos o concesiones a una empresa privada, cuando deje de trabajar en el sector gubernamental debe esperar cuando menos un año para laborar en empresas privadas beneficiadas por los contratos o concesiones otorgados por él. El 20 de marzo de 2001 Zedillo todavía no cumplía cuatro meses de haberse quitado la banda presidencial y Union Pacific, la empresa ferroviaria más grande de Estados Unidos, anunció su nombramiento.
Debió estar distraída la Contraloría Federal en México, por eso tiene ganado el sobrenombre de Secretaría de la Disfunción Pública u otros más humorísticos como Secretaría de la Defunción Pública. En cuanto a la legislación estadounidense, debieron darse cuenta de que hubo esa infracción a sus leyes federales, pero hasta hoy Zedillo permanece en esas grandes compañías. Además tiene un disfraz intelectual en la Universidad de Yale, en de New Haven, Connecticut, donde dirige el Centro de Estudios para la Globalización.

¿El hecho de que Zedillo pertenezca a nueve transnacionales no implica su implicación en el saqueo del tesoro de diversos países?

Le recomiendo leer el libro de John Perkins “Confesiones de un Sicario Económico”. Es un testimonio extraordinario sobre cómo algunas personas operan para ejecutar programas internacionales de endeudamiento: obra inflada, financiamientos sesgados, control de sistemas petroleros, eléctricos, ferroviarios…

¿Con qué fin?

La finalidad es un grado de codicia y deseo de poder económico sin límites, al que sólo puede oponerse el poder del estado nacional. Únicamente él puede hacer valer el interés público.

Calderón y Zedillo parecen cercanos.

Creo que la reunión de Davos, Suiza, dejó en claro el perfil ideológico de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Para mí la gente de ese foro no me merece ningún respeto. Ha sido un circo ideológico financiado por el grupo inventor, en la primavera de 1972, de un ensayo famoso publicado en la revista Foreign Affairs donde se proponía la globalización. Decían que el Estado Nacional es opresor, impide el desarrollo de las libertades y que el camino hacia delante serían los tratados de libre comercio y la demolición de las fronteras nacionales al no permitir el desarrollo de la humanidad. A ellos los nombraron asesores para la primera cumbre en Davos, que es algo montado para limitar la acción del estado nacional y justificar una agenda de negocios transnacional cuyos resultados ahora se ven. Se prohibió toda capacidad de vigilancia, supervisión o regulación del estado nacional y con ello la economía se volvió un botín de quienes tienen el poder para abusar.

Respecto a la inseguridad, ¿el presidente hace bien su tarea de combatir al narcotráfico?

Cayó en una trampa geopolítica. El consumo de estupefacientes psicotrópicos y narcóticos no se cura a balazos, es un problema clínico-terapéutico para el cual se requiere un manejo técnico en la rehabilitación de los adictos. Con el disparo de balas el problema sólo se agrava. La estadística gubernamental de Estados Unidos dice que el consumo de sustancias controladas va en aumento cada día, es un comercio floreciente.
Paralelamente, el tráfico de armas a México se ha incrementado exponencialmente hasta tener hoy un problema serio. Nuestro país está inundado de armamento, municiones, blindados y equipo sofisticadode alta tecnología de telecomunicaciones. Hay armas que en ocasiones representan un problema para las fuerzas armadas, pues no tienen cómo enfrentar a las bandas de delincuentes. Existen catorce mil puntos de venta en el sur de Estados Unidos donde venden cualquier cantidad de tecnología, pese a violar la ley. La Agencia Federal para el Control de Armas, Tabaco y Explosivos, dependiente del Departamento del Tesoro, prohíbe mandar armas de contrabando a un país amigo o socio comercial, capaces de poner en peligro su seguridad. Pese a ello, la diplomacia mexicana se queda callada.

Es un buen negocio.

Evidentemente es un negocio doble, se están moviendo intereses económicos poderosísimos detrás de este comercio ilícito de drogas y armas.

¿En qué consiste la trampa geopolítica?

El presidente necesita plantear a EE.UU. que la lucha contra las drogas debe empezar con un compromiso de la Casa Blanca, por lo menos en dos sentidos: atacar el consumo interno y sellar la frontera para evitar llenarnos de armas. Mientras eso no se haga, la guerra contra el narcotráfico está pensada y diseñada para perderse.

¿Cómo debería reaccionar México ante una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio?

Barack Obama insiste en querer renegociar el TLCAN, pero ¿quién ha hecho aquí algún estudio? ¿Cuál propuesta tenemos? Nos veo con las manos vacías. Yo le haría una pregunta a los universitarios del país, ¿qué estamos esperando? No perdamos tiempo.

Parece que le PRI tiene ganadas las elecciones intermedias, ¿qué significa esto?

Ese es un planteamiento que no presta atención a las voces a favor del cambio desde el interior del PRI. El Revolucionario Institucional tiene una reserva humana con la cual propone un cambio en el funcionamiento político y económico de la nación. Pongo un ejemplo: al calor de la crisis económica internacional, México puede tener un quiebre en su sistema de seguridad social. Se debe defender el modelo de equidistribución: un pacto intergeneracional de ayuda mutua ante la escasez, los riesgos de la vida, el tránsito de una generación a otra y la cobertura de servicios médicos. No veo que eso lo discutan muchos en México, pero en el interior del PRI sí existe un debate intenso.
Es importante decir que en el PRI hubo una lobotomía al cerrar Carlos Salinas de Gortari el Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales (IEPES): el lugar de la intelectualidad para discutir los problemas nacionales y proponer soluciones. Con ello quedaron abiertas las condiciones para que los neoliberales mexicanos con su dogma del Consenso de Washington le amarraran las manos al estado nacional para regular y supervisar en materia económica, fiscal, industrial y comercial, dejando al país en la indefensión.

¿Podría imponerse un estado similar al de Chávez en Venezuela?

México debe resolver un serio problema de debilitamiento de la base productiva, del desempleo masivo y la situación de un sistema de seguridad social precario en sus finanzas que puede dejar desamparados a decenas de millones de mexicanos. No existe tiempo para hacer ese tipo de orientación política. Además, la vecindad con Estados Unidos nos impone un margen de error cero.

Usted fue actor y testigo, durante el sexenio del presidente Echeverría, de la desaparición de poderes en Guerrero e Hidalgo para recuperar el orden constitucional, ¿por qué se abandonó esa práctica?

Es difícil en estos momentos por la prioridad nacional. Pongo un ejemplo: salvar el presupuesto de la Federación. El año pasado, los señores diputados calcularon el barril de petróleo a setenta dólares y en este momento está a treinta y cinco. Antes la prioridad en México era el equilibrio de fuerzas políticas. En la actualidad ese equilibrio no existe. Hay uno precario entre los poderosísimos grupos económicos que ya creen tener el control del país, pero sólo han creado desigualdad en términos sociales y económicos, con un frágil nivel de seguridad pública.
Por eso hago un llamado a los universitarios para que recuperen la dignidad política. Algo grave pasó en México: se volvió a la política como sinónimo de mentira, engaño y simulación. Al escribir política con “p” minúscula empobrecieron al país pues hicieron de ella un negocio de ladrones, cuando debiera ser la actividad más importante para defender a la nación.

¿Cuándo abandonó la política y por qué?

Yo hago política veinticinco horas diarias. Veo la manera de sacarle una hora más al día y no paro. La única diferencia es que la hago desde mi despacho, desde la vida universitaria. Me mantengo cerca de los universitarios. En todo foro donde se me invita preparo un documento, llevo cifras actualizadas, la biografía más reciente y trato de detectar dónde están las tendencias del pensamiento joven en México, porque a este país lo va a salvar su juventud. E4

El asesinato de Colosio, fríamente calculado, alteró el rumbo del país

Luis Donaldo. En la línea de Posadas y Ruiz Massieu

¿Qué significó para el país el asesinato de Colosio hace quince años?

Le cambiaron el rumbo político al país con un golpe fríamente calculado, cuyos efectos son políticos y económicos. Este asesinato se debe ver en el contexto de otros dos: el del cardenal Posadas en Guadalajara, y el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en la Ciudad de México. En ninguno de los tres casos se ha llegado a la verdad.
Incluso hay eslabones perdidos y uno es el ex diputado Manuel Muñoz Rocha, a quien el Departamento de Justicia de los Estados Unidos califica en una declaración juramentada ante el magistrado federal John W. Primomo, como el eslabón clave en los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, y que se encuentra escondido en San Antonio, Texas, bajo la protección del mismo grupo perpetrador de esos dos crímenes.
No es información secreta, cualquier periodista que vaya a la Corte Federal de San Antonio, ubicada a cuatro cuadras del Consulado General de México, puede pedirla e incluso sacar copias de los expedientes. Estos documentos son hechos históricos que prueban cómo no se ha querido hacer la investigación para determinar quiénes son los responsables de los asesinatos. El número de los expedientes son: FA94-CR516M y FA94-CR377.
Conozco de estos documentos por haber sido el representante diplomático de México en esa región y, como era mi deber, informé y aporté las pruebas de inmediato con especial satisfacción. Saqué copias certificadas: una se la entregué a José Ángel Gurría, quien me contestó con amenazas de muerte, y la otra se la envié a Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República, quien nunca contestó. Obtuve una tercera copia y la use para denunciarlos ante la PGR… Todo esto fue negado diez años, se negaba la existencia de ciento veinte informes consulares, nadie ha contestado por qué se ocultaban. Lo digo porque tengo pruebas.
El entonces secretario de la Contraloría, Arsenio Farell, recibió mi denuncia con cuarenta y ocho pruebas anexas, sobre los hechos ocurridos en Relaciones Exteriores y le ordenó al contralor interno en la PGR que presentara la denuncia. La PGR emitió una declaratoria donde se dice que el contralor interno de esa institución nunca entregó los documentos. Nunca pensé que cumplieran con su deber, me adelanté y entregué la denuncia directamente para evitar cualquier duda sobre si las pruebas estaban aportadas. Al procurador Lozano se le informó por escrito en varias ocasiones de estos hechos, con un número de folio; aún así se negaban los informes. Finalmente, por ejecutorias de amparo dictadas por los jueces de distrito, los entregaron debidamente certificados. Les pregunto: ¿Por qué las ocultaron diez años?

¿Qué otras acciones ha emprendido?

He planteado el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar un juicio internacional. Porque hay servidores públicos en Relaciones Exteriores y en la PGR que al conocer las denuncias y pruebas aportadas por mí, han entrado en una omisión absoluta para investigar. Es importante que en México las instituciones de procuración de justicia salgan del estado de incertidumbre donde tienen sumido al país.

¿A qué atribuye esa actitud?

Hay una estructurvva superior que aparta a las procuradurías en el fuero federal y común, para cumplir encargos políticos. Existe una suplantación de la representación social muy peligrosa. En México, el Ministerio Público necesita ser llevado a un nuevo régimen jurídico de transparencia y rendición de cuentas. Acabo de publicar un estudio sobre la conveniencia de que la reciente reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales se revierta. Es un error terrible, ahora dice que la PGR podrá enviar al archivo los expedientes donde no ejerció acción penal como información secreta. Así nunca sabremos la razón por la cual no se investigó y el Ministerio Público no representó a la sociedad en la indagatoria para conocer si había delito o no. Recientemente lo he planteado en un seminario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tarde o temprano el Congreso de la Unión deberá echar abajo la reforma. Sólo un régimen de transparencia permitirá exigir rendición de cuentas.

¿Está secuestrado el poder Judicial?

El poder Judicial y el Legislativo tienen un gran reto y compromiso frente al país. Normalmente se considera a la nación como la propiedad del coto de poder de los funcionarios de la rama ejecutiva; pero en realidad hay un campo de acción que deberá llenar el Legislativo y el Judicial, para darle equilibrio a la relación de los poderes tanto a nivel federal como estatal. De esta forma el país funcionará mejor.
Un ejemplo concreto es la crisis financiera que se va a traducir en términos de desempleo, inflación y escasez de crédito en los próximos meses. Eso requerirá del Ejecutivo hacer parte de su tarea y de un marco legislativo para el cual el Congreso de la Unión deberá estar preparado. Habrá controversias judiciales relevantes, donde el Poder Judicial tendrá la última palabra. El legislador cree haber cumplido su misión al aprobar la ley que saldrá del Congreso, pero el Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las leyes, y el Judicial la de interpretarlas. Entonces, quien aprobó la ley es quien menos especifica qué quería decir la norma aprobada. Los ministros de la Corte dicen la última palabra bajo el argumento de que el legislador no previó casos concretos sí contemplados por ellos en el momento de dictar una sentencia. Es preocupante que al Congreso le regresen leyes por violar la ley fundamental del país. Respecto al Poder Judicial, tarde o temprano será objeto de una reforma profunda, pero eso será materia de cómo se organicen los ciudadanos, no lo veo en la agenda de las grandes corrientes políticas.

¿Cuándo puede ocurrir ese cambio?

No hay un cronómetro para predecir los cambios político-sociales en los países, pero qué tarde se le hace al nuestro. Lo están empobreciendo y no tiene porqué pasar las carencias económicas actuales. Es una nación rica, debería tener un nivel de progreso más alto, pero no se ha alcanzado por las estructuras políticas anquilosadas que frenan su desarrollo. E4