La ejecución del general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y el asalto al Centro de Readaptación Social de Torreón demuestran a las autoridades que la violencia continúa y los delincuentes, cada día, se hacen más temerarios. Los tres niveles de gobierno tendrán que dejar a un lado sus discrepancias políticas y unir esfuerzos para poner en práctica medidas efectivas si no quieren que el control —ya no sólo de la sociedad, sino del país— se les vaya de la mano.
Con menos de una semana de diferencia entre un suceso y otro, ambos poseen características sin precedentes. El primero involucra al más alto grado militar víctima de un ataque del crimen organizado —sólo por debajo de los generales de división— y el otro evidencia que las prisiones no son seguras para detener a los malhechores, luego de liberar a nueve y asesinar a tres.
Ni la captura de Octavio Almanza Morales, presunto autor intelectual y material del homicidio de Quiñones, ni la investigación que pesa sobre veintisiete trabajadores del Cereso asaltado —incluyendo a su director, César Sánchez González— tranquiliza a la ciudadanía.
El castigo a los implicados no evitará la incertidumbre y el descontento en las calles. La población requiere acciones preventivas mucho más que maniobras punitivas. Para ello se necesita conocer a profundidad el funcionamiento de los cárteles de la droga y anticipar sus movimientos. El oficial norteamericano Gordon James Knowles hace un escrutinio abarcador en las interioridades del crimen organizado y ubica como piedra angular para ganar la batalla una estrecha colaboración entre México y Estados Unidos.

Cárteles bajo la lupa

Desde Houston, Texas, el Departamento de Estado advierte que más de doscientos nortea-mericanos han muerto entre 2004 y 2008 a causa de la inseguridad en México, la mayor cifra de fallecimientos por causas no naturales en una zona que no sea de guerra.
A pesar de que buen número de estas víctimas son inocentes, se ha comprobado que al menos dos docenas mantenían relación con el narcotráfico. Algunos eran contrabandistas, sicarios, traficantes, pandilleros o drogadictos.
Las ciudades de la frontera son las más afectadas —Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo— y en esta zona se concentra el artículo “Análisis de amenazas: El crimen organizado y narcoterrorismo en el norte de México” publicado por la revista Military Review (mayo-junio 2008). Su autor, Gordon James Knowles, es oficial de antiterrorismo y profesor de sociología en la Universidad de Hawai Pacific. Para el catedrático, los grupos delictivos organizados son los enemigos modernos de la democracia.
El texto ofrece un análisis etnográfico del narcoterrorismo, narcocorrupción y el tráfico de seres humanos en los estados del norte, así como una visión general del crimen organizado y su efecto desestabilizador en los esfuerzos del presidente Felipe Calderón para mantener al país libre de crímenes.
La evolución de las bandas delictivas es un aspecto fundamental que las autoridades parecen pasar por alto. Su adaptabilidad y sistema jerárquico las hace flexibles y, con ello, pueden ajustarse rápidamente a las distintas circunstancias que le imponen las fuerzas del orden. Su estrategia se basa en la compra, secuestro y homicidio de figuras políticas con el objetivo de crear un ambiente propicio para sus actos mientras socavan las bases de la sociedad al destruir la confiabilidad popular en el gobierno.
Sus procedimientos trascienden la mera compra-venta de estupefacientes. Apunta Knowles que “los cárteles internacionales de narcotráfico coordinan el transporte transfronterizo de drogas, de trabajadores indocumentados, dinero falso y otras formas de contrabando. Además, las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico han ampliado sus operaciones más allá de simplemente coordinar el transporte transfronterizo de drogas: ahora cultivan, procesan, distribuyen y transportan vía marítima las drogas; lavan el dinero e invierten en empresas económicas legítimas empleando el lucro de sus actividades ilegales.”
De igual forma, agrega el experto, “la estructura organizacional descentralizada de los grupos narcotraficantes bajo el liderazgo de una autoridad superior, también ha resuelto un factor clave en facilitar la supervivencia de los cárteles puesto que las células pueden realizar sus actividades de manera autónoma sin importar quien se encuentra en la cumbre de la estructura. Si se encarcela a los dirigentes principales del cártel, se les remplaza por incompetencia o son asesinados, el cártel puede continuar sus operaciones sin gran dificultad, hasta que se resuelva el tema de la sucesión. Por esta razón, la detención de los dirigentes más importantes es a menudo irrelevante o aun contraproducente para los fines de derrotar un cártel, puesto que el nuevo líder rápidamente toma medidas correctivas para evitar los errores que provocaron la detención del antiguo líder. En muchos casos las redadas supuestamente exitosas sólo provocaron que las bandas de narcotraficantes se compartimentasen y descentralicen aún más, haciendo difícil su rastreo, identificación, infiltración y desmantelamiento.”
A partir de esta premisa se demuestra que la manera más efectiva para desarmar una organización no implica obligatoriamente la eliminación física de sus jefes sino el desmantelamiento de su eje financiero. Es necesario cortar su suministro de materias primas, cerrar las rutas de mercadeo, destruir los campos de cultivo, controlar las instalaciones de procesamiento, bloquear a los compradores potenciales, eliminar cada elemento que conforme la cadena de ingresos.

Miedo y dinero, las mejores armas

Para los cárteles es imprescindible minar la confianza de la ciudadanía en su gobierno y lograr así que disminuya la presión oficial en contra de sus actividades. Con ese fin se valen de dos herramientas fundamentales: la generación de inseguridad y la creación de vínculos favorables con el poder político.
El narcoterrorismo promueve el uso organizado de la violencia contra la población local, las fuerzas de seguridad y el gobierno para intimidar a cualquiera que tenga intenciones de contener al crimen organizado. Sus blancos buscan neutralizar testigos, autoridades, eliminar la competencia entre bandas rivales, imponer límites territoriales o forzar a los mandatarios a cambiar sus políticas de hostigamiento.
Los secuestros o ejecuciones no se limitan a la eliminación física de un sujeto que les estorba. Buscan un efecto psicológico en la sociedad. Por eso agudizan el horror con elementos de tortura, incineraciones o la decapitación de sus víctimas. Es el caso del cementerio clandestino descubierto por el Ejército en Arteaga, Coahuila, el 10 de febrero. Los medios de comunicación, en su afán por mostrar imágenes truculentas, hacen el resto del trabajo y sirven de portavoces. Knowles muestra un ejemplo: “Los narcoterroristas siguieron a un alto procurador estatal y su guardaespaldas en 2004 y los mataron a balazos en un club nocturno popular en Tijuana. Los asesinos arrojaron cartuchos no disparados alrededor de su cuerpo para enviar una señal: Tenemos plomo suficiente a la espera de quien desee seguirlo”.
La narcocorrupción, en cambio, pretende cambiar la naturaleza de las autoridades al establecer nexos secretos, dependencias e incluso lealtad mediante redes clandestinas que protegen a la organización delictiva. Los métodos más comunes incluyen la entrega de dinero a funcionarios, grandes contribuciones monetarias a candidatos políticos y regalos o mejoras de infraestructura en las comunidades.
Los bajos salarios de los trabajadores administrativos y, especialmente, de los agentes del orden, los convierte en presa fácil de la corrupción. Mientras el uso de la violencia exacerbada provoca rechazo y excluye a los narcotraficantes del entorno cívico, los sobornos le pueden abrir las puertas a la sociedad. Knowles refiere el caso de Pablo Escobar, líder narcotraficante colombiano, muerto en 1993 a manos del Ejército. “Aunque era un criminal espantoso y enemigo de los gobiernos de Colombia y EUA, Escobar había logrado muchos partidarios, llegando a ser considerado como un héroe por la población de Medellín, incluyendo entre ellos a muchos policías y funcionarios del gobierno. Logró esto utilizando sistemáticamente una parte de sus ganancias en obsequios y viviendas para los desposeídos y financiando la construcción de instalaciones comunitarias recreativas, tales como canchas de béisbol para jóvenes.”
La expansión del crimen organizado más allá de las fronteras nacionales obliga a las autoridades de todos los países a laborar en conjunto. El grupo Egmont es un buen modelo en este sentido. Se creó en junio de 1995 y es un organismo que agrupa a más de cien Unidades de Inteligencia Financiera con el objetivo común de fomentar la creación de dichas entidades para intercambiar información entre ellas. Egmont puede rastrear, identificar y solicitar el bloqueo de cuentas bancarias o transacciones que provengan de una fuente ilegal en casi cualquier parte del mundo.
Estados Unidos y México deben estrechar lazos en la lucha contra el crimen organizado. Ambas naciones son generadoras, traficantes y consumidoras de estupefacientes. La violencia y la corrupción que se genere en una afectará inevitablemente a la otra. Las diferencias políticas y económicas han de pasar a un segundo plano para darle entrada a la cooperación. El Plan Mérida puede ser un buen comienzo. E4

El DF liberó a 250 secuestradores en dos años: María Elena Morera

Félix Batista. El plagio más sonado en Saltillo

Un estudio de la organización no gubernamental IKV Pax Christi ubica a México en el primer lugar en secuestros a nivel mundial, seguido por Irak. La mayor diferencia que presenta el fenómeno en ambas naciones es que los plagios en Medio Oriente responden a causas políticas y en territorio mexicano se debe al afán de lucro del crimen organizado. No obstante, en uno y otro caso se agrega el efecto psicológico que provoca la acción y que busca amedrentar a sus enemigos.
“Los secuestradores tienen entre sus principales objetivos a los hombres de negocios exitosos y a los miembros de la clase media acomodada”, señala Marianne Moor, coordinadora para Latinoamérica de Pax Christi.
Dentro del continente este delito suma adeptos en naciones que históricamente no revelaban índices significativos. Además de México, los casos de Ecuador y Venezuela aparecen ahora por encima de Colombia. De hecho, un informe presentado por la organización en Bogotá, en junio de 2008, resalta que de los diez países con más casos reportados en el mundo, la mitad pertenecen a la región.
Para la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, María Elena Morera, los secuestros se han incrementado considerablemente debido a la omisión e ignorancia legal de gobiernos estatales y municipales que suelen imputarle la responsabilidad exclusiva al fuero federal.
Asimismo enumera las tres principales razones que han disparado los índices de este delito a partir de 2007.
1.- El combate al crimen organizado diseñado por el presidente Felipe Calderón. En el momento que la autoridad empieza a atacar con decomisos e intervenciones de envíos, los narcotraficantes sacan dinero de otro lado y, si no les rompen su estructura, se dedican al secuestro, robo de vehículos o extorsión mientras restablecen su negocio ilícito.
2.- Tan solo en el Distrito Federal se han liberado más de doscientos cincuenta secuestradores en los últimos dos años. Estas personas que no han cumplido su sentencia y salen sin estar readaptados, se vuelven a dedicar al mismo tema.
3.- La omisión de las autoridades estatales y municipales, que muchas veces no actúan bajo la creencia de que se trata de un asunto federal.
Actualmente Saltillo sigue en la mira de la nación tras el plagio del cubano-americano Félix Batista, el 10 de diciembre de 2008, a la salida de un restaurante al norte de la capital coahuilense.
Si bien se desconocen los pormenores del caso, el procurador de Justicia del Estado, Jesús Torres Charles, asegura que “tenemos avances importantes en la investigación”, los cuales “daremos a conocer en su momento, cuando legal y prácticamente sea conveniente para no entorpecer la indagatoria”.
Aun así, acepta la imposibilidad de asegurar si el experto antisecuestros se halla todavía con vida hasta tanto sus raptores revelen algún indicio, ya sea con un mensaje, la exigencia de un rescate, o aparezca el cuerpo de la víctima.
Más reciente es la desaparición de Eduardo Martínez Pérez, agente del Grupo Especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia con jurisdicción en Torreón, quien sufrió un “levantón” mientras participaba en una investigación para ubicar a un grupo delincuentes.
Sin embargo, en México los plagios son apenas la punta del iceberg. Según datos aportados por la Oficina de Investigación y Reforma Policial del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC-Insyde, por cada secuestro en el país se cometen seis homicidios dolosos, once violaciones, cuarenta y ocho fraudes y setecientos cincuenta robos. E4

Narcotráfico Antesala del terrorismo Raúl Vera. El dedo en la llaga El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ya alertaba en una entrevista con El Diario de Hoy, en enero de 2006, sobre la naturaleza del narcotráfico. “Claro que es muy grave, un negocio con esos volúmenes de dinero y contra la ética, la moral y el ordenamiento jurídico, es un negocio que por defenderse y ganar terreno comete cualquier crimen y cualquier acción terrorista. Hay que decirlo claramente: en otros países, aparte de Colombia, donde el narcotráfico avance, se corre el riesgo de que sea causante de terrorismo.” Hoy, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, vuelve a estar en el vórtice de la tormenta con la propuesta de tipificar al crimen organizado como terrorismo para poder incautar sus recursos. Una idea que había rozado dos años antes cuando declaró que “el narco no está nada más en las calles; se tiene que enfrentar en las ‘cabezas’, confiscar sus bienes y quitar los mecanismos con los que operan”. Ahora, además, el prelado plantea que los bienes económicos y materiales que las autoridades federales decomisen a las bandas deben regresar a los ciudadanos en proyectos sociales. De implantarse en México esta opción para los crímenes relacionados con los cárteles de la droga, las acciones de incautación estarían avaladas por el Organismo de las Naciones Unidas a partir de convenios internacionales. El año pasado el jerarca católico afirmó que el gobierno federal y el presidente se debilitaban mientras aumentaba el poder del narcotráfico y hacía un llamado al gobierno a revisar su estrategia para que se tocaran las verdaderas fuentes de poder y de financiamiento que tienen los cárteles en México. Sus declaraciones sobre los vínculos del crimen organizado con funcionarios de los tres niveles de gobierno le valieron fuertes críticas y el reclamo de pruebas que finalmente nunca presentó. Su argumentación se basaba en que al narcotráfico le era imposible moverse sin el apoyo de las esferas políticas ni de quienes lavan el dinero procedente del comercio de estupefacientes. E4