Tener al Ejército en las calles no es grato a primera vista, pues evoca siempre momentos de dificultad: sean a causa de desastres naturales o por conflictos. En el primer caso, la misión de las fuerzas armadas consiste en brindar auxilio a la población afectada por huracanes, terremotos, inundaciones… pues su orden, autoridad y organización en ninguna otra institución confluyen. En el segundo, interviene para salvaguardar al país de enemigos externos o internos. Lo hizo en 1994, tras el alzamiento del EZLN; lo hace ahora, casi desde el principio del gobierno del presidente Calderón, por la espiral de violencia del crimen organizado.
No es extraño que así sea. Llegado el momento sucede incluso en las democracias avanzadas. Enfrentamos, pues, no un problema de estética —el verde olivo de patrullas y convoyes en nuestras ciudades—, sino una emergencia. Cuando el Ejército dejó los cuarteles para combatir en su terreno a los cárteles de la droga, convertidos desde antes en amenaza para la seguridad nacional, algunas voces exigieron su repliegue inmediato. Un año después, los mismos críticos admiten la pertinencia de la medida. De haberse pospuesto, sólo para agradar a las galerías, la dimensión del problema sería hoy mucho mayor.
Es imposible que una lucha cruenta como la que hoy se libra esté exenta de errores. La presión es demasiada y el enemigo ubicuo además de poderoso. Los militares han incurrido en fallos y cometido abusos, tan evidentes como injustificables, nadie lo niega, pero por fortuna son mínimos frente al número de operaciones diarias que realiza. El crimen organizado recurre a tácticas de terror para socavar al Estado, disminuir su autoridad y llevar a la población a estados de miedo y angustia permanentes. Sin embargo, en esta guerra no hay opción: es el país o el país. Del otro lado están las mafias, los delincuentes.
La aparición de vándalos en Monterrey, que en días pasados estrangularon calles troncales, alteraron el ritmo de la zona metropolitana y provocaron enojo social, para demandar —¿de parte de quién?, es obvio— el retiro del Ejército y de un jefe militar, muestra hasta dónde el narcotráfico es capaz de acosar a las autoridades civiles y a la ciudadanía. Sin embargo, encuestas recientes confirman que el apoyo a las fuerzas armadas en su lucha contra la delincuencia organizada es abrumador y creciente, ya no sólo entre los mexicanos de a pie, sino entre los actores políticos que hasta hace poco repudiaban la medida.
El tamaño de la empresa obliga al gobierno a resignar parte de sus funciones en la autoridad militar, por razones de orden público. Sin embargo, los gobiernos no salvan con ello su responsabilidad y eludirla agrava el problema. Es preciso que la federación, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprometan más para apoyar al Ejército y librar a la sociedad de este clima de zozobra, si no se quiere llegar a la suspensión provisional de garantías constitucionales, como el derecho de tránsito a partir de determinadas horas.