Soberanes. En saco roto

Cambian los presidentes, los líderes sindicales, los secretarios de estado, los procuradores, los comisionados, algunos funcionarios de Industrial Minera México, pero nada ha cambiado para los familiares de los sesenta y cinco mineros fallecidos en la explosión del 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos.
A tres años la tragedia que puso a Coahuila en los ojos del mundo, los reclamos —sin respuesta— son los mismos: no hay rescate de cadáveres ni culpables en la cárcel. Como siempre que se acerca un nuevo aniversario, las autoridades hablan y simulan moverse, sabiendo de antemano que todo quedará igual.
Legisladores proponen una mesa técnica para estudiar la viabilidad de ingresar a la mina para recuperar los restos de los mineros y todos aprueban la medida, aunque la propuesta sólo ha quedado en simple intención.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, arremete contra la Procuraduría General de la República (PGR), acusándola de rechazar sistemáticamente sus recomendaciones y fomentar la impunidad. El ombudsman asegura que existen pruebas para fincar responsabilidades entre las autoridades, pero que sus recomendaciones “caen en saco roto”.
La Procuraduría ofrece respuestas pobres y desconcertantes. La investigación se envió a reserva por la imposibilidad de entrar a la mina a investigar las causas de la explosión. Eso sí, aclara que el caso podría reabrirse “en cualquier momento”, lo que se supone debe servir de consuelo para los familiares.
Desde su exilio dorado en Canadá, el líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia culpa al gobierno, pero poco ha contribuido en la investigación. El sindicato, incluso, podría tener responsabilidad en la explosión, como parte que es de las comisiones de seguridad e higiene.
Vicente Fox no desmintió jamás las acusaciones del gobernador Humberto Moreira, quien lo acusó de haberle pedido detener en Coahuila a Gómez Urrutia. Al igual que su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, Fox ha podido evadir la justicia.
Por su parte, Felipe Calderón, quien se comprometió a sacar adelante el caso, también ha dado la espalda a las familias afectadas. Javier Lozano, secretario del Trabajo, aceptó reunirse con las esposas de los mineros en algunas ocasiones, pero siempre sin asesores y a puerta cerrada.
Tal parece que para las autoridades el caso está cerrado. Los funcionarios de la empresa acusados, nunca pisaron la cárcel. Ni siquiera hubo juicio. Todo se resolvió con el pago de ciento sesenta mil pesos a cada familia. Jamás se emitió sentencia.
Pero la lucha continúa para la organización Familia Pasta de Conchos, que logró apuntarse una victoria al lograr que se modificaran las normas para disminuir el porcentaje de metano suficiente para suspender tareas en las minas, pero sigue abogando por una nueva legislación que reconozca su “interés jurídico” en el caso.
A la vez que el gobierno se regodea por las pensiones asignadas, los familiares reciben migajas y acusan a la Secretaría del Trabajo de manipular los números. Por esa razón, llevarán el caso a Europa y celebrarán una misa frente a las oficinas de Grupo México y una marcha hasta el Zócalo del DF.
Mientras tanto, la mina sigue clausurada por órdenes de la Secretaría de Economía, dejando bajo la tierra no sólo los restos de los mineros, sino la responsabilidad de la empresa, la autoridad del gobierno y la ineficacia del sistema de justicia.

Reclamos congelados

A tres años de la tragedia, la demanda fundamental de los familiares es la misma: entrega de restos de los sesenta y tres mineros que aún permanecen en la mina. Un reclamo que no ha tenido eco en ninguno de los niveles de gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha encabezado la creación de una mesa para reunir técnicos que revisen la viabilidad del rescate y en la que han aceptado participar el gobierno federal y los familiares. La iniciativa fue de la diputada federal del PRD, Claudia Cruz Santiago. Sin embargo, hasta finales de enero no se había instalado.
Manuel Fuentes, abogado laboralista relacionado con el caso, asegura a Espacio 4 que los familiares sólo han obtenido negativas por parte del gobierno. Asegura que, según expertos, el rescate es viable.
“La empresa ha abandonado la mina, derivado de una suspensión definitiva de los trabajos por parte de la Secretaría de Economía, que aplicó como sanción. Es un círculo vicioso en el que la empresa está impedida de realizar trabajos de minería y el gobierno pone esta sanción como argumento para no llevar a cabo el rescate de los cuerpos”, señala Fuentes.
A pesar de las acciones legales para exigir que se continúe con el rescate, a las viudas se les ha desconocido el interés jurídico, lo que les ha impedido que los tribunales atiendan sus demandas.
A pesar de la insistencia del gobernador de Coahuila de castigar a los culpables, la investigación local sólo fincó responsabilidades a cinco funcionarios menores de Minera México en 2007, excluyendo a los integrantes de su consejo de administración y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
“Germán Larrea, a pesar de ser el presidente del consejo de administración y (de) no haber tomado medidas para la protección de sus trabajadores, y siendo evidente su negligencia, nunca fue citado a pesar de que se le mencionó en el expediente como responsable”, acusa el abogado.
El juicio penal se sobreseyó, es decir se dio por concluido con el pago de ciento sesenta mil pesos a cada familia, cantidad que fue cubierta por IMMSA, por daños y perjuicios sin que se continuara hasta la sentencia.

Silencio y complicidad

Lozano. En la línea de Fox

“En la administración de Felipe Calderón las familias se han encontrado con engaño y complicidad constantes. Javier Lozano, secretario del Trabajo, prometió apoyarlas para el rescate, sin embargo, después recibieron el portazo y el engaño como respuesta. A las esposas de los mineros les exigió, en todas las reuniones que tuvieron con él, que entraran solas, sin asesores”, indica Fuentes.
El laboralista señala “una constante protección a la empresa” por parte del gobierno federal. Dice que a pesar de que las viudas han solicitado ante diversas instancias la cancelación de la concesión, ésta les ha sido negada bajo el argumento de que ni la explosión ni las muertes ocasionadas son causales para retirar la concesión.
A pesar de que se ha recurrido al amparo, las autoridades han insistido en la carencia de interés jurídico de las viudas y los padres de los mineros. “En otras palabras, al no existir una norma que diga expresamente que las viudas pueden solicitar la cancelación de una concesión, no se le puede dar trámite. Se llega al extremo de que si los mineros estuvieran vivos, tampoco ellos tendrían interés jurídico para solicitar esa medida”.
Días después de la tragedia se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ordenara al gobierno mexicano contratar y capacitar más personal para llevar a cabo la inspección, y que fincara sanciones severas contra las empresas que resultaran culpables de violar normas de seguridad. Pero hasta la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta.
Esto, a pesar de que el caso despertó la indignación internacional y diversas organizaciones de trabajadores condenaron públicamente la falta de seguridad en Pasta de Conchos.
Por su parte, los abogados de los familiares preparan una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “por las violaciones cometidas en contra de los mineros fallecidos y la impunidad perpetrada en contra de ellos y sus familias”.
A diferencia de otros países europeos, donde se han dado casos de sanciones penales, la legislación laboral en México todavía es muy laxa y hasta en tanto no se modifique será muy difícil castigar a las empresas que incumplan las normas.
Mientras tanto, la mayoría de las viudas gestiona pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Se trata de pensiones raquíticas, en virtud de que sus esposos fueron dados de alta con salarios menores a los que percibían”, advierte el abogado.
“Al estar inscritos con ochenta pesos diarios, a ellas les corresponde (que) les paguen del cuarenta al setenta por ciento de esa cantidad, es decir 22.40 pesos diarios, y por cada hijo 11.20 pesos. Actualmente sólo treinta familias están recibiendo pensiones del IMSS; al resto, por diversos trámites, no se les cubre ninguna cantidad”. E4

Misa y marcha en el DF el 19 para presionar al gobierno

Vera López. El 19 oficiará frente a la sede de Grupo México

La CNDH había puesto como fecha límite el 28 de enero de 2009 para que la PGR respondiera a su recomendación, en cual la acusa de incumplir su obligación legal de esclarecer las causas de la explosión.
Sin embargo, la PGR contestó que respeta las decisiones de la Comisión, pero que el caso se ha puesto en reserva por la imposibilidad de entrar a la mina. Mientras la mina siga cerrada, el caso seguirá congelado.
Ante esta circunstancia, la organización Familia Pasta de Conchos ha anunciado que emprenderá una nueva gira por Europa, como parte de su Plan de Trabajo de cara al Tercer Memorial de Pasta de Conchos.
“El objetivo del viaje consiste en informar a parlamentarios europeos sobre la situación actual del caso, en particular sobre la nueva recomendación 064/2008 de la CNDH, y más aún, sobre la inminente mesa técnica a la que la misma CNDH se comprometió a convocar el pasado 10 de diciembre, ante una representación de familiares, asesores y una comisión de superiores mayores de religiosos y religiosas de México (…).
“Acudiremos al Dr. José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, a fin de ser informados sobre los tiempos y los participantes en el panel de expertos que señalará la viabilidad operativa de la recuperación de los restos mortales de nuestros seres queridos”, señala la organización en un comunicado.
Para Familia Pasta de Conchos, la implementación de la mesa técnica es fundamental. “Hemos solicitado que se presenten el Ing. Antonio Nieto y el equipo de trabajo y discutan con nuestros asesores y expertos en minas de carbón, ya que ellos sustentaron técnicamente el dictamen elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y en el que jamás se dice que no se hiciera el rescate, como sí ha sostenido el secretario del Trabajo”.
La asociación destaca la reciente emisión de la nueva Norma Oficial para Minas Subterráneas de Carbón NOM 032 STPS 2008, que entrará en vigor el 23 de marzo y que obliga a las empresas a suspender los trabajos de extracción de carbón cuando se acumule hasta un uno por ciento de gas metano y no 1.5, como se estipulaba anteriormente.
La modificación se debe a que asesores técnicos de la organización lograron introducir dieciséis de las veinte consideraciones de forma completa y otras tres de forma parcial.
Se trata, sin embargo, de una batalla ganada en una larga guerra. Familia Pasta de Conchos está consciente de que la norma no es suficiente, si no se reforman las leyes y se asegura que las familias víctimas de la negligencia empresarial o estatal tengan “interés jurídico”.
“Es decir, que se les reconozca como víctimas para poder reclamar justicia. De ahí que el actual Congreso de la Unión tenga la palabra para remediar el vacío existente”, señalan. Los familiares denuncian también que la instrucción presidencial sobre el caso, expresada en abril de 2007 por Felipe Calderón, no ha sido cumplida.
“Primero, por la STPS, ya que la dependencia fue incapaz de defender el derecho de las familias a una pensión digna. Finalmente, a Minera México le fue concedido un amparo de forma definitiva, y las pensiones de las viudas se harán sobre la base de ochenta pesos diarios.
“Nos indigna profundamente que, desde febrero del año pasado, la STPS haya mentido a las familias y a la opinión pública, pues se jactaba y anunciaba pensiones calculadas a partir de un salario de trescientos pesos diarios (mismo que, en agravio de los propios mineros, representaba menos de la mitad de la cotización registrada en el IMSS durante el último año en algunos casos)”.
La organización exige que la STPS asuma su responsabilidad y el acatamiento de la instrucción presidencial, pagando la diferencia salarial que perdió ante la empresa. Y han puesto el 19 de febrero como fecha límite para que el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, brinde una explicación y haga público el mecanismo por el cual asumirá su responsabilidad.
Ese mismo día se llevará a cabo el Tercer Memorial de Pasta de Conchos en el Distrito Federal, una celebración eucarística a cargo de Fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, frente a las oficinas de Grupo México.
También marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, en donde se llevará a cabo un acto de repudio por la permanente violación a los derechos humanos de las familias de Pasta de Conchos y en demanda del cumplimiento de la recuperación de los restos de los mineros. Simultáneamente, en la Región Carbonífera se llevarán a cabo caravanas que terminarán en Nueva Rosita.
A tres años de la tragedia, la impunidad ha sido la única ganadora de la trágica historia de Pasta de Conchos. E4

Gómez Urrutia, villano con ínfulas de héroe Pasta de Conchos en el cine El Partido Verde perdió credibilidad y sólo le interesa mantener vivo el negocio, asegura. En Texas, cada condenado a muerte le cuesta al estado hasta dos millones de dólares Gómez Urrutia. Lágrimas de cocodrilo Poco se ha hablado de un filme que documenta los sucesos de Pasta de Conchos. El documental de Rudy Joffroy destaca la lucha de los mineros y resalta a Napoleón Gómez Urrutia como un héroe de los trabajadores. La película inicia con imágenes del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y una “voz en off” denunciando la privatización de la minera de Cananea en 1989. Luego hace un recuento de la tragedia de Pasta de Conchos y revive la imagen transmitida en un noticiero nacional en las cuales se puede ver al entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, a punto de ser linchado en su visita al lugar de la tragedia. También aparece Napoleón Gómez Urrutia en la conferencia de prensa del 23 de febrero del 2006, cuatro días después del suceso, en la cual califica el hecho como un homicidio industrial. Explora la huelga en Sicartsa, Lázaro Cárdenas, y muestra el operativo policial que dejó dos mineros muertos y ciento veinte heridos. La versión de las autoridades no aparece en las imágenes, ya que ninguno de los ex funcionarios de esos tiempos quiso emitir su opinión al respecto, según el autor. “Los Caídos” presenta a Napo, entrevistado en Canadá, como un gran dirigente y lo deslinda de toda culpa del desvío de cincuenta y cinco millones de dólares de las acciones por la venta de la mina de Cananea. E4