Estrada Michel. Encuestas inducidas

México vive uno de los momentos más delicados de los últimos cien años. Desde de la Revolución no se presentaba una situación de violencia semejante: las instituciones de seguridad colapsan, el narcotráfico irrumpe en la vida cotidiana, el ejército no se da abasto y el ciudadano común se cuestiona cuándo será él la próxima víctima.
La sociedad exige resultados y algunos partidos, ante la falta de respuestas de los gobiernos y el Congreso, dan golpes de efecto para llevar agua a su molino en este año electoral. Es el caso del PVEM, que en la sesión del 20 de enero logró que la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados aprobara la celebración de foros para debatir la pena capital que previamente el Congreso de Coahuila había introducido en la agenda legislativa del país, a iniciativa del gobernador Humberto Moreira.
Los doctores Rafael Estrada Michel, secretario general de la Escuela Libre de Derecho (ELD) y Enrique Díaz Aranda, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reflexionan con Espacio 4 sobre el tema para alimentar lo que el primero califica de “una sana cultura constitucional”.
Ambos rechazan la pena de muerte con argumentos sólidos y hasta ahora poco discutidos por la opinión pública. Además de las desventajas prácticas del castigo (costos, retroceso en materia de derechos humanos, etcétera), aportan datos sobre sus efectos en el pasado y los resultados en los países que aún la aplican.
Advierten que reimplantarla provocaría represalias internacionales, riesgos de extender su aplicación a otros delincuentes —no sólo a secuestradores que asesinen a sus víctimas— y aun de ejecutar a inocentes, inducción de la opinión pública y discriminación social también en el ámbito de la justicia.
Estrada y Díaz destacan que el tema se politizó y advierten de que los partidos tienden a capitalizar el descontento social con fines netamente electorales.

Caja de Pandora

Para Estrada Michel es falsa la premisa de que la paz interna esté asociada a penas de mayor calado. Destapar la caja de Pandora podría liberar conductas dictadas por la moda que instalarían al sistema judicial en un ámbito peligroso del cual no sería fácil salir. Explica que el proceso para aprobar la medida es más complejo de lo que aparenta. Negar la oportunidad de remisión a los criminales disminuye la dignidad humana. Además, en caso de aprobarse, ¿cómo se reclamaría a Texas detener la ejecución de paisanos?

¿Procede la pena de muerte en un país pacifista?

No debe creerse que seamos un país pacífico. Hasta 2005 estuvo permitida la pena de muerte en casos de traición a la patria en guerra extranjera, contra el parricida y contra los salteadores de caminos. El presidente (Porfirio) Díaz aplicó esta última parte de manera sumaria y deplorable. Con todo, no ha sido un método sistemático de punición contra delitos, sobre todo del orden común, como lo es en la Unión Americana. La última vez que se le aplicó aquí a un civil fue contra el asesino del presidente Obregón: José de León Toral, en 1928. Y resultó más en un juicio sumario, con pocas garantías, una ejecución política.

¿Qué motivó a Vicente Fox a abolir la pena de muerte en 2005?

Presiones internacionales y la necesidad de adecuar el marco constitucional a obligaciones ya asumidas en tratados. Sobre todo el mecanismo Interamericano de los Derechos Humanos. Pero hay mucha demagogia desde el punto de vista abolicionista, pues se derogó lo que ya estaba abolido en la práctica.

Ahora, el Congreso de Coahuila pide reimplantarla.

Lo hizo en base al artículo 71 de la Constitución, pero no le veo objeto porque atenta contra obligaciones internacionales del país. Sin embargo, en caso de ser aprobada con las mayorías calificadas que previene el artículo 135, se requerirá todavía la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales. El camino es demasiado empedrado y está fuera de una sana cultura constitucional. No veo ninguna posibilidad de que la iniciativa pase.

Pero el PVEM insiste…

El Partido Verde dice: “Porque respetamos tu vida, queremos la pena de muerte para asesinos y secuestradores”. El respeto a la vida es universal. No se puede querer la vida de unos y la de otros no, no hay tal cosa. Al margen del dolor que causen los homicidas y secuestradores, debemos respetar sus derechos. Si no ofrecemos la posibilidad de redención a todos los seres humanos, incluso a los peores, nuestro orden moral no tiene ningún sentido. Si el PVEM fuera consecuente sería incapaz de decir “yo no considero digno de vivir a una persona que ha cometido un crimen mayúsculo”. Cuidado, porque al rato la definición de esta transgresión empieza a abarcar faltas cada vez menores.
Me extraña que en el caso de Moreira, de la legislatura de Coahuila y del PVEM, nadie asocie la pena de muerte para determinados crímenes con el sustrato mínimo del contrato social. Me explico: ¿Por qué nadie habla de los políticos corruptos, de los secretarios de estado manilargas, quienes sacan dinero público y lo depositan en Suiza? Esos señores atentan contra el pacto social, ¿no serían acreedores a la pena de muerte? No estoy de acuerdo con ese castigo. Si abrimos la caja de Pandora entraríamos en un ámbito peligroso del cual podríamos nunca salir, pues la moda marcaría qué conductas deben ser penalizadas y cuáles no.

En las encuestas, el apoyo a la pena capital es abrumador. ¿Qué pensar al respecto?

Es una opinión pública mal conducida. No se hacen las preguntas completas. Acaso se les dice: ¿Pena de muerte con los sistemas procesales actuales? ¿Con los poderes judiciales como están? ¿Podemos estar prevenidos contra el error judicial? ¿Podemos realmente considerar que en las averiguaciones previas y en los procesos penales del México de hoy no se cometen equivocaciones? ¿No hay actos de corrupción? ¿Estamos seguros de que quien es condenado cometió el delito? Todavía hay más: ¿Podemos estar a favor de una pena ante la cual no hay posibilidad de redención para quien cometió el delito? ¿Estaríamos a favor de aceptar eso para uno de nuestros hijos que cometiera un crimen? ¿Aceptaríamos que el Estado disponga de sus vidas? De abrir la discusión que se haga bien. No vamos a contar la mitad de la historia como el Partido Verde hace puntualmente.

¿Cómo afectaría a México en la ONU?

Es otra inconsistencia. Nuestro país iría con su carota: “Hemos tenido un retroceso y ya volvimos a establecer la pena capital” ¡Hombre! Desde el punto de vista diplomático eso nos quita mucha autoridad hacia el exterior. Me refiero a los paisanos dentro del corredor de la muerte en Texas. ¿Qué vamos a alegar allá? ¿Por qué no puedes tú matar a mis compatriotas y en cambio yo sí?

¿La pena de muerte disminuye el crimen en los países que la aplican?

Es difícil de determinar. Muchos sostienen tramposamente, por lo menos sin estadística, la no relación entre la ejemplaridad de la pena capital y la reducción de los índices delictivos. En realidad es complicado saberlo. ¿Cuántos delitos más habría en Texas si no la tuvieran establecida? ¿Quién sabe? El bajo nivel de criminalidad en estas comunidades puede deberse a factores múltiples sin relación con este tipo de sentencias.

¿Qué implicaciones futuras tendría en México?

Podría esperarse un país más violento, un Estado policía que incumple obligaciones internacionales y además dispone de la vida de un ciudadano sin procesos claros ni confiables. E4

Enrique Díaz Aranda, maestro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Sociedades que ceden libertad por seguridad fracasan El Partido Verde perdió credibilidad y sólo le interesa mantener vivo el negocio, asegura. En Texas, cada condenado a muerte le cuesta al estado hasta dos millones de dólares Díaz Aranda. El sistema judicial es falible Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enrique Díaz Aranda arremete contra los políticos. Asegura que el propósito de los partidos que promueven la pena de muerte consiste en acaparar votos, no en mejorar el aparato de justicia. Violar pactos internacionales podría ocasionarle a México incluso bloqueos de otros países. Habla de los altos costos de su aplicación y de la ineficacia del sistema judicial. La ley de talión no es otra cosa que la ley de la selva, advierte. ¿Por qué se introduce el tema de la pena de muerte? Observamos una crisis de seguridad y un marcado incremento de la violencia, causados por el crimen organizado. Y como los políticos siempre buscan capitalizar los problemas sociales, promover la pena capital les parece una buena alternativa. En el Estado de México, uno de los puntos que al PRI y al PVEM les permitió ganar las elecciones fue proponerla para secuestradores y violadores. No les importa si funciona o no. La finalidad es otra: ganar votos. Sin embargo, el Pacto de San José la prohíbe. La Constitución preveía pena de muerte para delitos graves, pero dejó de aplicarse, y los estados no la contemplan desde 1950, aproximadamente. El Código de Justicia Penal Militar la conservó, pero a partir de 1960 dejan de aparecer registros de ejecuciones. Después vino la reforma del sexenio pasado. México firma tratados internacionales, se obliga a abolirla y a que no exista ni como posibilidad en la Constitución. Si llegara a restablecerla incurriría en responsabilidad internacional. Aun así, México es un país donde todo es posible. Quizá, siempre y cuando nos atuviéramos a las consecuencias. Podríamos sufrir bloqueos. En momentos de crisis no sería lo más conveniente. Los mecanismos internacionales funcionan para los países en vías de desarrollo, no para los poderosos. La posición de alguien que desconoce el tema, como el gobernador Humberto Moreira, es cuánto nos va a costar: si es más onerosa la inyección letal o la bala para fusilar. Esto no para ahí. En Texas, según estudios, cada condenado a muerte le cuesta al estado entre un millón y medio y dos millones doscientos mil dólares. Si a la misma persona se le mantiene en cadena perpetua durante ochenta o noventa años, el costo sería de quinientos mil o seiscientos mil dólares. ¿Dónde está lo barato? Tampoco debe olvidarse la falibilidad del sistema judicial ¿Qué quiere decir esto? Que si a una persona le imponen pena de muerte y después se demuestra su inocencia… ¿Restitúyale la vida?... Tenemos bastantes casos de gente condenada a prisión por falta de una buena defensa, que después de muchos años sale debido a una prueba contundente. Creemos que en Estados Unidos existe una mejor justicia, pero Amnistía Internacional ha documentado casos de personas inocentes que resultaron ejecutadas. Existe otro factor en la Unión Americana: la condición racial. Supongamos que en México no tenemos ese problema, pero y ¿la pobreza y la riqueza? ¿A quién vamos a condenar? ¿Qué me dice del PVEM? Año electoral. El Verde busca votos, no soluciones Bueno, el Verde ha perdido toda credibilidad. Sabemos que Jorge Emilio González hizo negocios con terrenos ecológicos en Quintana Roo. Dicen que por importarles nuestra vida apoyan la pena de muerte. ¿Acaso les importa más la vida de las focas que la de un ser humano? Supongamos que alguien es verdaderamente delincuente, ¿quién es responsable? ¿El sujeto o también el estado que lo puso en esa situación? No deberían ser más papistas que el Papa cuando sólo buscan salvar su negocio. ¿Cree que el PRI y el PVEM se alíen para las elecciones de julio e impulsen la iniciativa? Si les funciona como estrategia, puede ser. Mientras ganen votos son capaces de decir que es mejor ser una estrella más de los Estados Unidos… ¿La pena capital podría fomentar la venta de armas en México con menos requisitos? Benjamín Franklin decía que cuando una sociedad está dispuesta a ceder una parte de su libertad a cambio de un poco de seguridad, es una sociedad destinada al fracaso. ¿Qué implica la pena de muerte? Si yo digo ‘no mates’ y yo mato, ¿tengo la facultad moral para prohibirte matar? ¿Cómo podrá el Estado decirle al asesino que no quite la vida cuando él sí lo hace? Además, lo haría de forma tortuosa pues quien está condenado a la pena de muerte vive un infierno mientras se cumple la sentencia. Esto nos haría volver a la ley del talión, a la ley de la selva. La sociedad debe informarse de los resultados en los países donde se ha establecido este castigo. Cuando se ejecuta, al día siguiente se duplican los delitos por los cuales se aplicó, porque quienes infringen la ley desean convertirse en los mejores delincuentes y ser reconocidos. ¿La pena de muerte incita entonces a burlar la ley? Claro, cuando alguien es condenado tiene reflectores, cámaras. Es gente que previamente no tuvo ninguna aceptación y en ese momento se vuelve famosa. Timothy J. McVeigh, responsable del atentado explosivo en Oklahoma City, en 1995, fue ejecutado con las familias de las víctimas presentes ¿Sabes qué pasó? Los miró fijamente a los ojos y les dijo: “Un hombre es el capitán de su barco y él lo lleva por las aguas y los mares deseados por él. Yo conduje el barco al puerto donde quise y me siento orgulloso de ello”, y se rió mientras sentía los efectos de la inyección. ¿Formular estas propuestas enferma a la sociedad? La están enfermando al darle soluciones falsas. Se debe pensar en el país, en sus condiciones, y si eso (la pena capital) nos va ayudar o no. E4