El mérito de que la explosión que mató a sesenta y cinco trabajadores en la mina Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, el 19 de febrero de 2006, perviva en la memoria colectiva y en los medios de comunicación, corresponde a los familiares de las víctimas y a organismos civiles y religiosos, en especial la Diócesis de Saltillo, cuyo clamor de justicia resuena cada año por estas fechas, para incomodidad del sindicato minero, de Industrial Minera México, concesionaria del yacimiento colapsado, y del gobierno federal.
La minería es una actividad de alto riesgo en cualquier lugar del mundo y accidentes los hay aun en los países más desarrollados. Sin embargo, el peligro disminuye con tecnologías modernas y en entornos donde las normas de seguridad y las leyes se cumplen puntualmente. No es el caso de México, por desgracia, donde la corrupción sindical, patronal y oficial expone a muerte a infinidad de obreros, como se demostró en Pasta de Conchos, donde la negligencia sigue impune.
Para recordar los tres años del accidente —del que muchos quisieron sacar astilla—, el movimiento Familia Pasta de Conchos celebrará una misa con el obispo de Saltillo, Raúl Vera, frente a la sede de Industrial Minera México, en la capital del país, el próximo día 19. El mismo día realizará una marcha del monumento a la Revolución a la plaza de la Constitución, a la que se sumarán grupos de defensa de los derechos humanos y organizaciones políticas y ciudadanas. La demanda es la misma: justicia. Es decir castigo para los responsables de la tragedia, recuperación de restos y pensiones razonables, humanitarias.
En el plano industrial, uno de los principales logros de Pasta de Conchos consiste en haber modificado la norma oficial para que las minas suspendan actividades cuando la acumulación de gas metano llegue al uno por ciento; el tope anterior era de uno y medio. Mas de nada servirá disponer de preceptos rígidos en el papel si en su aplicación son laxos. La explosión en San Juan de Sabinas ocurrió, precisamente, porque las leyes, en un país donde todo se arregla con dinero, se ejecutan sólo en quienes no puede pagarlas. Reprobable y triste, pero es verdad.
Cuando fue objeto de medro político y de componendas en los altos círculos del poder, el caso entró en un marasmo aparente. Todo se había dispuesto para que el olvido hiciera su parte. Entonces entraron en acción fuerzas para impedir que la tragedia, junto con los obreros insepultos, quedara en los anales de la minería. Lograr que Pasta de Conchos siga vigente y trascienda incluso las fronteras del país, como ejemplo de incuria e impunidad, es un mérito plausible y digno de imitar. Solo así podemos aspirar a un país más justo y donde el dinero no dicte siempre la última palabra.