Entre el atentado explosivo contra Televisa Monterrey y la entrevista del presidente Calderón con Barack Obama, transcurrieron cinco días escasos. El líder mexicano regresó el 13 de enero con la promesa de su ahora colega de “no dejar solo” a nuestro país en la lucha contra el narcotráfico.
El crimen organizado que a mediados de octubre tiroteó el consulado de Estados Unidos en Nuevo León, elevó la mira: su objetivo ya no sólo son los periodistas, también las empresas donde prestan sus servicios, por poderosas que sean.
Si bien la agresión contra Televisa, el 6 de enero, constituye el primer acto de su tipo en Nuevo León, el método de intimidación no es nuevo. Al otro lado del océano, ETA despidió el año con un ataque similar a la sede de la Radio Televisión Vasca, en Bilbao. Previamente, el 8 de junio de 2008, el grupo terrorista ETA  hizo estallar una mochila cargada de amonal junto a los talleres de El Correo.
Sin embargo, en México la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas lo reduce todo a una “exageración de hechos”. En la presentación de su informe anual, en diciembre de 2008, Octavio Orellana Wiarco, titular de la dependencia, sostuvo que “hay una percepción errónea de que México es el país en donde más homicidios contra periodistas se cometen, pero eso no es cierto”. Comentario que contradice las estadísticas de Reporteros Sin Fronteras que ubica a la nación en el lugar ciento cuarenta en la clasificación mundial de la libertad de prensa.
Por otro lado, la iniciativa de reforma para federalizar los delitos contra medios de comunicación y sus trabajadores, que se presentó el 26 de noviembre de 2008 y que los legisladores se habían comprometido ratificar el 11 de diciembre, se vio frenada un día antes de su aprobación. La propuesta, que supone un importante avance a favor de la seguridad y los derechos de los periodistas, deberá aguardar hasta el próximo período de sesiones.

“VIGILAR EN SUS PROPIAS FILAS”

“Hombres encapuchados que viajaban en dos camionetas atacaron nuestras instalaciones”, así refiere Francisco Cobos, director de Noticias de Televisa Monterrey, la agresión a la televisora local.
El atentado no causó víctimas, pero demuestra que el crimen organizado amplía su campo de acción en respuesta a los operativos del Ejército y los cuerpos de seguridad, así como al seguimiento que brindan los medios de comunicación.
Después de la agresión contra Televisa, militares y policías cercaron dos manzanas a la redonda y se resguardaron las instalaciones de Multimedios y Televisión Azteca, medida que algunos calificaron de insubstancial y encaminada a lograr un efecto en la ciudadanía, no a una verdadera acción preventiva.
Los asaltantes dejaron frente al edificio este mensaje: “Ya dejen de transmitir nada más a nosotros. También transmitan a los ‘narcomandatarios’. Esto es un aviso.”
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario San Antonio Express-News, Robert Rivard, manifestó “es claro que el crimen organizado sigue buscando la forma de pasar este tipo de mensajes para crear temor y que los medios y periodistas se sigan autocensurando”. No obstante, Reporteros Sin Fronteras advierte que se debe guardar prudencia en cuanto a la reivindicación de los agresores y su alusión a los “narcomandatarios”, pero el texto también “debe animar a las autoridades a vigilar en sus propias filas.”
La delegación de la Procuraduría General de la República en Nuevo León inició la averiguación del caso y aseguró que continuará hasta aclarar los hechos.

ANTECEDENTES

No es la primera vez que periodistas de las televisoras más importantes de México son agredidos o quedan a merced del crimen organizado.
Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, Guerrero, fue asesinado a balazos el 6 de abril de 2007, al salir de Radiorama, donde conducía el noticiario Al Tanto. Cuatro días después, dos de sus victimarios —Genaro Vázquez Durán y Leonel Bustos Muñoz—  se entregaban a la Policía Federal Preventiva porque sus contratantes, luego de la presión ejercida por la prensa, los perseguían para matarlos.
En otro caso, el reportero de TV Azteca, Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo, Gerardo Paredes Pérez, sigue sin aclararse. Ambos desaparecieron el 10 de mayo de 2007. A ojos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, el asunto puede “no guardar relación a su ejercicio periodístico”.

IMPUNIDAD, LA DIVISA

No es coincidencia entonces que la FEADP sea vista con recelo por la sociedad a partir, primero, de sus magros resultados y, segundo, por su tendencia a minimizar los ataques en contra de los comunicadores, con lo cual traiciona el motivo por el cual fue creada en febrero de 2005.
En su informe anual 2008 reconoce los asesinatos de trece periodistas. Sin embargo, la ausencia de una definición amplia del término “periodista” permite que la Fiscalía deseche casos paradigmáticos. De los expedientes requeridos, apenas dos entraron a la FEADP, seis se remitieron al fuero común, cuatro a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y uno quedó sin competencia regional.
En este sentido, sobresalen los homicidios de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez. La Fiscalía restó valor a su desempeño en los medios porque “transmitían saludos y canciones a través de Radio Comunitaria”. Ambas indígenas, sin embargo, recibieron el Premio Nacional de Periodismo post mortem en la categoría Orientación a la Sociedad, otorgado al programa La voz que rompe el silencio, de la región mixteca de Oaxaca, el 23 de abril de 2008.
Por su parte Octavio Orellana Wiarco, titular de la FEADP, afirma que “hay una percepción errónea de que México es el país en donde más homicidios contra periodistas se cometen, pero eso no es cierto”. Con ello el fiscal soslaya los riesgos que afrontan los comunicadores, los cuales son documentados por organizaciones civiles nacionales e internacionales.
El crecimiento exponencial de la violencia en contra de los trabajadores de la prensa y la incapacidad de las autoridades para atender la situación de manera efectiva, evidencian la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México.

INICIATIVA EMPANTANADA

El 26 de noviembre de 2008 se presentó en la Cámara baja una iniciativa para federalizar los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación. La misma pretende adicionar el título vigésimo séptimo y el artículo 430 al Código Penal Federal que estipula sanciones que van de uno a cinco años de prisión a quien, con el propósito de coartar el derecho de una persona a expresarse o difundir libremente sus informaciones, cometa en su contra algún acto tipificado como delito.
También busca agregar el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice: “Tratándose de delitos referidos en el artículo 430 del Código Penal Federal que probablemente involucren ataques a la libertad de expresión, la autoridad que conozca del asunto lo pondrá del inmediato conocimiento del Ministerio Público de la federación”. Busca, asimismo, modificar el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se precisa que los jueces penales conocerán los delitos del orden federal que se incluyen en el artículo 430 del Código Penal.
Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados hizo llegar la propuesta a los legisladores, quienes se comprometieron a ratificarla el 11 de diciembre. Priego considera que con la federalización se evita que las mafias locales, dentro o fuera del gobierno, provoquen que las investigaciones no lleguen a buen término.
No obstante, un día antes de la fecha fijada para su aprobación, los diputados desistieron de la iniciativa y la dejaron para el próximo periodo de sesiones. ¿La razón? Algunos especialistas señalan que el problema de fondo es la falta de protocolos especiales para la integración de expedientes por parte del Ministerio Público.

EL CASO JUNCO

En julio de 2008, Alejandro Junco de la Vega,  presidente y director general del Grupo Reforma, envió una carta al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, para informar de su autoexilio, junto con toda su familia. “Perdimos fe”, afirmó en la misiva al explicar que se veía obligado a establecerse en Austin, Texas, por la falta de seguridad que pendía sobre él y los suyos, de mano con la ineficacia de las autoridades para poner freno al crimen organizado.
La decisión ya tenía otros precedentes. En mayo de 2007, Claudio Tiznado, reportero del periódico Géneros, de Hermosillo, Sonora, solicitó asilo en Tucson, Arizona, pero su requerimiento no prosperó y después de varios meses regresó al país. Lo mismo ocurrió a Misael Habana, conductor del programa Noticiero al Tanto en Televisa, junto con Amado Ramírez, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 6 de abril de 2007. Habana solicitó asilo a Canadá y al ver que el procedimiento era largo renunció su intento.
Emilio Gutiérrez Soto no tuvo mejor suerte. Reportero de El Diario del Noroeste, en Ascención, México, hasta el 14 de junio de 2008, pidió asilo político en Estados Unidos por temor a que elementos del Ejército mexicano atentaron contra su vida, tras implicarlos en sus investigaciones y sufrir un registro de vivienda.
Atemorizado por los roces que había tenido con militares a causa de su trabajo, decidió esconderse junto con su hijo para llegar de manera furtiva hasta el otro lado de la frontera. Una vez allí los trasladaron al Centro de Detención Migratoria de El Paso, Texas, y aunque su hijo fue puesto en libertad, Gutiérrez continúa en la cárcel. Su reclusión se prolongará varios meses pues la audiencia, prevista para el 20 de noviembre de 2008, se postergó hasta marzo de este año.
Otro colega del mismo diario, Armando Rodríguez Carreón, resultó ejecutado el 13 de noviembre frente a su casa mientras esperaba que sus hijos abordaran el auto —afortunadamente, en este caso, la FEADP sí ejerció su facultad de atracción del homicidio e inició la averiguación previa—. No obstante, en el propio funeral de Rodríguez, el director del periódico digital La Polaka, Jorge Luis Aguirre, escuchó que le decían por su celular “tú serás el próximo”. La amenaza lo obligó a marcharse a Estados Unidos con su familia. Luis Horacio Nájera, corresponsal del diario Reforma, lleva un mes refugiado en Canadá.
Con relación al exilio de periodistas mexicanos, Reporteros Sin Fronteras declara que “las libertades fundamentales, empezando por la de informar, resultan palabras vanas en una situación que está pidiendo la intervención de la comunidad internacional en favor del mantenimiento de la paz y la lucha contra la impunidad. Un compromiso que tiene que contar con la ayuda humanitaria de otros países, y en particular de Estados Unidos y Canadá, que deben hacerse a la idea de ver llegar a periodistas pidiendo su protección y no pueden ignorar los riesgos que corren en su país, y aun menos considerarles como una amenaza.”

OTROS ATENTADOS

El fin de año no fue sólo de fiestas para los españoles. El 31 de diciembre el grupo terrorista ETA hizo estallar una furgoneta cargada de explosivos cerca del edificio de Radio Televisión Vasca (EiTB), en Bilbao, y de varios medios de comunicación como El Mundo del País Vasco, Deia y Antena 3, además de las oficinas de Hacienda de Vizcaya.
Aunque no hubo lesionados, sí se reportaron importantes daños materiales. La dirección de EiTB repudió a quienes pretenden cortar sus emisiones y reafirmó su “compromiso ético con los derechos humanos, las libertades, el derecho a la información y con la pluralidad existente en nuestra sociedad”. Asimismo, la radiotelevisión pública expresó su solidaridad con todas las empresas con las que comparte el edificio de Bilbao, afectadas por el siniestro.
Meses antes, el 8 de junio, ETA ya había atacado la imprenta del diario El Correo, uno de los principales medios del País Vasco y parte del grupo de comunicación Vocento, editora también del periódico ABC. La empresa respondió con firmeza: “La bomba contra nuestras instalaciones no parará nuestra rotativa ni mucho menos pondrá mordaza a nuestra voz, la que habla por la boca de cientos de miles de vascos que lo único que anhelan es el fin de ETA”.
En Venezuela, con todo y socialismo, las cosas no marchan mejor. En horas de la madrugada del 23 de septiembre de 2008, personas a bordo de vehículos lanzaron bombas lacrimógenas contra la sede del canal Globovisión, conocido por su posición crítica contra el gobierno de Hugo Chávez, al cual han denunciado por mantener una “política de Estado de hostigamiento e intimidación que busca restringir la libertad de expresión”. Junto a los artefactos que hicieron estallar, los atacantes dejaron panfletos con amenazas de muerte a los directivos del canal, a quienes tildan de “pitiyanquis”. E4