Reporte de guerra: ni ganada ni perdida. El eco de los cohetones y disparos al aire de la noche vieja apenas se desvanecía en Torreón cuando nuevas detonaciones, esta vez de granadas y armas de grueso calibre, dieron la bienvenida a 2009. Un año que inició como terminó el anterior: con tiroteos y pánico entre los laguneros y el ejército en las calles ante la emergencia.
La psicosis es patente. El 4 de enero, la detención de presuntos secuestradores, uno de ellos en el centro comercial Galerías, por parte de policías Ministeriales, provocó alarma entre los clientes al suponer que se trataba de un nuevo plagio.
La espiral de violencia en La Laguna alcanzó uno de sus puntos críticos con la balacera de casi cuatro horas entre delincuentes y fuerzas federales y locales en la exclusiva colonia Campestre La Rosita, el 1 de enero. El caso no es sólo la continuación de una historia de sangre que empezó a escribirse hace décadas, sino el preámbulo de capítulos aún más sangriento por venir.
La guerra ya no se libra sólo en las márgenes de las ciudades ni en la penumbra. Hoy estalla a plena luz, lo mismo en el barrio más pobre —donde quedan rastros del cruce de fuego— que en la colonia más adinerada. La Laguna es ejemplo de la forma en que el narcotráfico se ha arraigado en zonas utilizadas impunemente como reducto de criminales, centros de distribución de drogas y terreno fértil para el lavado de dinero, como lo advirtió en su momento el procurador Rafael Macedo en una gira por Torreón.
Sin embargo, a pesar de las evidencias, La Laguna ha sido descuidada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal, cuyo número de agentes en la región es paupérrimo, dejando a las corporaciones municipales y estatales frente a un enemigo que las supera en recursos y logística.
La guerra que el presidente Felipe Calderón declaró contra la delincuencia organizada tiene en La Laguna uno de los puntos más conflictivos, con el agravante de que, para el gobierno federal, los carteles aquí establecidos se apoyan en las policías locales, situación que las vuelve “poco confiables”.
El problema del narcotráfico en la región no es algo nuevo. Por décadas, el crimen organizado ha socializado con los laguneros y hecho negocios; en algunos casos, en complicidad con autoridades locales y federales. Ahora, en la encrucijada que forma la crisis económica, la lucha de los carteles por territorios y la cruzada federal contra del crimen, la paz artificial de otros tiempos se ha perdido y deja en situación de riesgo a todos los laguneros por igual.
El Campestre La Rosita, convertido en campo de batalla el 1 de enero, fue la misma donde hace tres años la AFI y el Ejército detuvieron a Óscar Arriola, del cartel que lleva sus apellidos. A pesar de ser uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos, Arriola administraba en Torreón una empacadora de carnes. En 2003, el jefe de seguridad del cartel de Juárez, Arturo González Hernández, “El Chacky”, fue arrestado en Gómez Palacio.
Rotos los “equilibrios” del pasado, La Laguna es hoy escenario de enfrentamientos con escenas dignas de película —francotiradores apostados en las azoteas de centros comerciales—, balaceras urbanas —incluso entre policías—, levantones que incluyen a los dos últimos directores antisecuestros de la Procuraduría de Justicia de Coahuila —Enrique Ruiz Arévalo y Gerardo Valdés Segura—, atentados en la vía pública y agresiones contra agentes, como la ocurrida en Torreón en los últimos días de 2008.
Los laguneros ya se han manifestado en las calles contra la inseguridad, incluso antes de la Marcha por la Paz Iluminemos México, y de que se firmara el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia. Y hasta el Ejército llegó para quedarse.
Sin embargo, la situación en lugar de mejorar empeora y nadie avizora la salida de un túnel que se torna cada vez más oscuro.

Guerra desigual

Los policías municipales que participaron en la balacera del 1 de enero, en apoyo del Ejército y la Policía Federal Preventiva, seguramente estrenaron las cuarenta armas largas que recibieron como regalo de fin de año, cuya entrega se anunció desde mediados de 2008. Probablemente algunos también empuñaban algunas de las catorce armas decomisadas a agentes municipales, luego del enfrentamiento entre fuerzas policíacas en septiembre y que les fueron reintegradas el día anterior.
Aunque lo cierto es que muy poco podrían haber logrado sin la ayuda de los agentes federales y del Ejército, ya que el grupo armado parapetado en el Campestre La Rositas disponía de un arsenal.
Según un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública, en el lugar se decomisó el siguiente material:

• Dos fusiles AK-47, un fusil AR-15, un arma larga MP-5, una pistola 5.7X28mm, una pistola calibre 22mm, cuatro granadas de mano de fragmentación, dos cargadores para AK-47, tres cargadores para MP-5, un cargador para R-15, cinco cargadores para pistola 5.7x28mm; un cargador para pistola calibre .22, tres cargadores para pistola Glock 10mm, tres cargadores para Beretta, calibre 9mm; un cargador para Smith and Wesson, calibre 9mm; un cargador para pistola, calibre 380mm, dos cargadores Colt, un cargador circular, calibre 9mm; seis casquillos de granada, calibre 40mm.
• Doscientos cuarenta y seis cartuchos calibre 5.7x28mm, doscientos cincuenta y cuatro cartuchos calibre 7.62x39mm para AK-47, sesenta y seis cartuchos calibre 25mm, mil sesenta y tres cartuchos calibre 9mm, veintinueve cartuchos calibre 10mm, treinta cartuchos calibre 38 especial, siete cartuchos calibre 380mm, catorce cartuchos calibre 30-30mm, y diez cartuchos calibre 30mm.
• Una camioneta Ford Lobo, Lariat F-50, color negra, con placas sobrepuestas; un vehículo Ford Mercury, Milán 2007, color arena, el cual cuenta con reporte de robo; dos camionetas Gran Cherokee, una color blanco y otra arena; seis camisolas de diferentes corporaciones policíacas; tres playeras tipo polo con insignias de corporaciones policíacas.
• Uniforme del Ejército camuflado para el desierto; una camisola de desierto del Ejército Mexicano; un uniforme camuflado verde; llaves de distintos vehículos; cinco fornituras; un juego de placas del estado de Nuevo León, matrícula SCH1807; una placa trasera de vehículo de Coahuila, matrícula ES53617; una placa delantera para transporte privado de pasajeros del estado de Coahuila, con número de matrícula 103DL.
• Una báscula granera; un fólder con diversa documentación, dos radios de comunicación, entre ellos un MATRA; veinte radios de comunicación de diferentes marcas, un radio de comunicación de banda corta; dos controles de puertas, y cargadores para radios.

Crónica anunciada

La inseguridad se ha agravado en los últimos meses, pero sus raíces se remontan a los años ochenta, cuando Rafael Aguilar Guajardo —ex comandante de la Policía Judicial Federal, con asiento en Ciudad Juárez— se interesó en La Laguna por sus conexiones con Chihuahua y Texas. Tras su asesinato en 1993, Amado Carrillo se apoderaría de la plaza.
En el libro Los capos, las narco-rutas de México, el periodista Ricardo Ravelo describe las operaciones del cartel de Juárez en La Laguna, donde en 2003 fue capturado Arturo González Hernández, “El Chacky”, pieza clave la organización de los Carrillo.
La crisis sobrevino con la entrada del cártel del Golfo, que según las autoridades habría llegado a disputar la plaza. Desde entonces, la violencia se ha extendido a las calles de la Laguna.
En este oscuro prontuario habría que destacar, además:

• La detención de Óscar Arriola, líder del cartel de “Los Arriola” o “Los Pichones”, el 2 febrero de 2006, implicado en el tráfico de droga y en la incursión a territorio norteamericano de supuestos militares en enero del mismo año. Mientras era buscado en Estados Unidos, Arriola administraba en Torreón la empacadora Carnes Mur, sin llamar la atención. En una de sus visitas, el procurador Rafael Macedo reveló que La Laguna figura entre los principales centros de blanqueo de dinero a escala nacional. La diferencia es que mientras Arriola fue capturado por la AFI en un discreto operativo y sin realizar un disparo, la balacera del 1 de enero en La Rosita duró más de tres horas y sólo se detuvo a dos presuntos sicarios. Hasta hoy se ignora si algún capo habitaba la residencia de Paseo del Pozo 118.
• Los secuestros de tres expertos en esa materia en dos años: Enrique Ruiz Arévalo, director Antiplagios de la Policía Judicial del Estado, el 14 de mayo de 2007; Gerardo Valdés Segura, su sustituto, el 14 de julio de 2008; y Félix Batista, consultor en seguridad estadounidense de origen cubano, el 10 de diciembre pasado, en Saltillo.
• La ejecución del dirigente perredista Jaime Meraz Martínez y su familia, en enero de 2007, en Gómez Palacio. Se presume que estaba implicado en operaciones de narcomenudeo. Poco antes se había conocido el asesinato de los hermanos Gavira Sapiens, y a mediados de febrero se dio por desaparecido a Francisco León, polémico empresario de la región, cercano a López Obrador y a Manuel Camacho Solís. En relación con esos casos fue arraigado el entonces subprocurador de Justicia de Durango, Hugo Armando Reséndiz. La PGR informó más tarde que ejercería acción penal contra el ex funcionario por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Reséndiz fue acusado de filtrar información a Sergio Villarreal, “El Grande”, y a Arturo González, “El Chacky”.
• En abril de 2007, los edificios de la Procuraduría General de Justicia de Durango y de la Policía Municipal de Gómez Palacio sufrieron un ataque con granadas. Un policía municipal murió y cuatro resultaron heridos. Un mes más tarde, varios mandos renunciaron y los edificios policíacos comenzaron a ser custodiados.
• El mismo mes llegaron coronas funerarias a las oficinas de la Policía Municipal de Torreón, de la delegación de la PGJE de Coahuila y de la Policía Estatal. Los destinatarios eran el jefe de policía de Torreón, Alfredo Castellanos, y el delegado de la procuraduría coahuilense, Carlos Centeno.
• El hallazgo del cuerpo cercenado del gatillero Sabino Burciaga en el Parque Industrial Laguna, con un mensaje amenazador para el cartel de Sinaloa.
• 2008 continuó con más secuestros, balaceras, ejecuciones y el escandaloso tiroteo entre policías municipales y federales en septiembre, que derivó en el despido de Alfredo Castellanos de la corporación.
• Ya en los días finales del año, cuatro policías municipales fueron baleados. Dos de ellos resultaron con heridas de arma de fuego de grueso calibre y su estado de salud se reportaba como delicado. El ataque ocurrió tres días después de un enfrentamiento en la colonia Durangueña entre sujetos armados y agentes. Un policía federal y otro municipal resultaron heridos.
• El mismo 31 de diciembre, tres jóvenes de Chihuahua fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego de que dispararan contra un auto particular con armas de uso exclusivo del Ejército.
• Tres días después del enfrentamiento en el Campestre La Rosita se encontraron en Torreón los cuerpos de Ignacio Olvera Herrera, de diecisiete años de edad, y de Jorge de Jesús Castorena, de diecinueve, ambos ejecutados, con las manos atadas y el tiro de gracia.
• Esa misma noche el despliegue de un operativo de la Policía Ministerial generó caos en el centro comercial Galerías Laguna, en Torreón.

Mejor pelear que rendirse

Muchos se han adelantado a pronosticar que la guerra del gobierno federal contra del crimen se está perdiendo, pero queda claro que la mayoría de los mexicanos prefieren una lucha dura y prolongada, antes que seguir en la impunidad y la injusticia.
Los enfrentamientos y la violencia son síntomas de que la guerra va en serio y de que el gobierno está decidido a no dar un paso atrás. Sin embargo, largos años de impunidad le han permitido al crimen organizado infiltrarse en todos los niveles de la estructura de gobierno y de seguridad, dejando en clara desventaja al aparato del estado.
En este sentido, la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que crea instancias de inteligencia e información criminalística y prevé nuevas sanciones a policías y mandos que cometan delitos, se percibe como un paso certero en el objetivo de limpiar las corporaciones. La ley prevé además un período de cuatro años para que todas las policías del país se capaciten en centros de control de confianza y logren una certificación de calidad.
Ejercer esta disposición en un país con el cincuenta por ciento de los policías no apto para ejercer su profesión, significa prácticamente renovar las fuerzas del orden en todos sus niveles. Un ejemplo que tal vez debería aplicarse en otros ámbitos igualmente sensibles, como es el Poder Judicial. E4