El problema de la pobreza en México ha sido uno de los flagelos más atroces. Sin embargo, con la caída de los mercados financieros mundiales como piezas de dominó, el fenómeno ocupa de nuevo el centro de la atención internacional, particularmente en América Latina, donde los números rojos se han disparado en los últimos años.
A pesar de que las estadísticas oficiales señalan una contracción leve en los niveles de marginación, estudios de reconocidos investigadores universitarios indican que “ocho de cada diez mexicanos viven bajo la línea de pobreza”. Es decir, más de ochenta millones de personas.
Estos datos demuestran el fracaso de los programas sociales, tanto nacionales como internacionales, que poco o nada han logrado para detener este azote. De hecho, son las políticas macroeconómicas trasnacionales, dictadas desde instituciones controladas por Estados Unidos (FMI, Banco Mundial) y que obedecen al pie de la letra los gobiernos latinoamericanos desde mediados del siglo pasado, las que han disparado los índices negativos. Lineamientos que se sustentan en dictaduras militares para asegurar la supervivencia del sistema.
Para cerciorarse de ello, basta con mirar al otro lado del océano y ver cómo algunos países de la Comunidad Europea han tenido éxito en el combate a la pobreza siguiendo estrategias financieras opuestas a las sugeridas por Estados Unidos y que les permiten consolidar su moneda.
Tal como sucede en la mayoría de las naciones latinoamericanas, en México los partidos tampoco logran ponerse de acuerdo sobre las medidas para atacar un fenómeno que afecta a todo el territorio. Al contrario, las cifras —casi siempre manipuladas— sirven a uno y otro bando como arma contra sus adversarios.
Mientras tanto, a escala global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) anuncian con pompa y platillo estudios sobre la preocupante desigualdad social que se vive América Latina, pero se limitan a sugerir programas laxos  —que no han dado resultados— sin señalar a los verdaderos responsables de la concentración de la riqueza, harto conocidos dentro y fuera de cada país.
Con la victoria de Barack Obama en Estados Unidos, crece la esperanza de un verdadero cambio en el continente, pero poco es lo que puede hacer cualquier mandatario por reestructurar un sistema financiero que colapsa a partir de su propia condición de endeudamiento.
Una apuesta a favor de energías renovables capaces de utilizar sin riesgos las fuentes naturales podría generar una mejora a largo plazo en la calidad de vida de los latinoamericanos. Sin embargo, mientras triunfen los intereses financieros de las grandes corporaciones trasnacionales que se benefician con la actual explotación ilógica de los recursos, el cambio estará vedado, y el presente artículo podría tener vigencia dentro de veinte años con sólo aumentar las cifras en unos cuantos millones.

México y Bélgica avanzan

En su informe “Crecimiento y Desigualdad”, publicado recientemente en París, la OCDE precisa que la cantidad de ciudadanos que viven en México con menos de la mitad del ingreso promedio se redujo en los últimos diez años de veintiuno a dieciocho por ciento. Según el reporte, esta disminución favoreció en especial a las personas mayores de setenta y cinco años.
No obstante, veintidós por ciento de los niños y cerca del treinta por ciento de la gente mayor de sesenta y cinco años de edad vive en hogares con un ingreso por debajo del límite básico.
El reporte, presentado por su secretario general, el mexicano José Ángel Gurría, reconoce que Bélgica y México son los únicos países que han contraído desde mediados de la década de 1980 el número de pobres, aun cuando acepta que este último lidera los índices de desigualdad entre los treinta países miembros —1.5 veces superior a la de una nación promedio de la OCDE y dos veces mayor a las que presentan mejores resultados, como Dinamarca.
La organización asegura que la reducción en el desequilibrio social  en México, la última década, obedece a la caída de los ingresos del veinte por ciento del sector más rico, lo que no representa una mejora en la calidad de vida de los pobres.
La intensificación de la brecha entre estos dos estratos sociales, según la OCDE, no ha sido “tan rápida como muchos creen y no lo suficiente para generar temores de agitación social”. Algo que seguramente tranquiliza a los grandes capitales, los cuales seguirán acumulando riquezas hasta que la situación sea insostenible y la gente salga a la calle (sucedió en Argentina en 2001) o vote por un presidente que se arriesgue a enfrentar al gigante del norte a pesar de los costos internos (Venezuela y Bolivia).
Sin embargo, otros estudios no son tan optimistas como los del organismo multilateral. Según el experto del Instituto Politécnico Nacional, Genaro Aguilar Gutiérrez, el número de pobres en el país pasó de 38.8 por ciento a 78.1 por ciento del total de la población mexicana entre 1984 y 2008.
Es decir, casi ocho de cada diez ciudadanos están en la miseria. El aumento más dramático se dio en la población en extrema pobreza que era de tan sólo 4.8 por ciento de la población —3.8 millones de personas—, y veinticuatro años después se estima en diecisiete por ciento, dieciocho millones de personas.
Además, precisa que en ese periodo se gastaron alrededor de doscientos mil millones de dólares en programas sociales que no arrojaron resultados significativos.
Esos cálculos difieren, por el método de medición, de los que maneja el gobierno federal, el cual estima 44.7 millones de personas en pobreza, una cifra también alarmante.
El investigador sugiere que, aun cuando la actual administración reafirma la inexistencia de recursos, inyectó al mercado trece mil millones de dólares a través del Banco de México, más de lo que se invierte en un año en políticas sociales en todo el país.

El crédito, un salvavidas

El problema de la pobreza no es algo nuevo. Por el contrario, se agrava con los años y demuestra la ineficacia de los gobiernos para paliar la situación o renegociar el intercambio comercial con Estados Unidos. El enfoque sobre programas sociales como Progresa, Oportunidades o el Programa para Adultos Mayores no rinde resultados trascendentes.
El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo admite que, debido a la crisis económica mundial, existe el riesgo de que aumente el déficit alimentario en el país.
Asimismo, reconoce que “algunas instancias multilaterales decían que antes de la entrega de los ciento veinte pesos adicionales del Programa de Apoyo Alimentario la pobreza alimentaria podía subir a más de seis millones de mexicanos. Pero después de la entrada en vigor del programa no se han hecho nuevos cálculos y este programa específicamente está orientado para mitigar los efectos adversos”.
El Programa Nacional de Población 2008-2012 plantea reducir la incidencia de los factores demográficos que acentúan la desigualdad, pero no propone medidas concretas
El documento elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), expone que el valor de la canasta básica aumentó diecisiete por ciento en los últimos dos años “y eso podría tener consecuencias importantes, principalmente para la pobreza si es que los ingresos no crecieran en magnitudes similares. Ese es un primer problema”.
Algo que se agrava por el hecho de que en medio de la turbulencia financiera mundial, en México los créditos son un salvavidas para la población que vive en condiciones de pobreza, según indica ProDesarrollo, una red de microfinancieras que reúne a  instituciones dedicadas a los créditos populares.
Por su parte, las acciones de la OCDE y la FAO (organismo para la Agricultura y la Alimentación subordinado a la ONU) resultan, sino irrisorias, al menos ilógicas.
La FAO recomendó al gobierno de México y al resto de los países de América Latina otorgar “prioridad” al campo por “razones éticas y de estabilidad social”, ya que el setenta por ciento de la población mundial rezagada se ubica en ese sector.
Esto, a pesar de que las más viejas teorías económicas señalan que la relación entre el subdesarrollo y la agricultura es directamente proporcional. Los países con mayores niveles de desarrollo han abandonado progresivamente la actividad primaria para diversificar la economía y no depender de determinados productos.
La OCDE tampoco ayuda mucho al recomendar en su estudio “Perspectivas Económicas de América Latina 2009” que Latinoamérica debe “gastar mejor”.
“La política fiscal no es sólo un medio de gestión macroeconómica, sino un instrumento que los gobiernos latinoamericanos pueden emplear para proseguir el desarrollo”, resalta el informe. Al parecer, olvida que el destino de la mayor parte de los ingresos de los países localizados al sur del río Bravo es el pago de intereses de una deuda adquirida con instituciones bancarias supranacionales.
La ONU, por su parte, se enfoca en programas de dádivas y en acciones de dudosa eficacia como lanzar en español el primer videojuego humanitario, llamado Food Force,  para “tomar conciencia sobre la pobreza”.
La tarea de estas entidades debería enfocarse en señalar con nombres y apellidos a los responsables de las políticas económicas que han llevado a la pobreza a millones de ciudadanos y exigir un cambio estructural en la relación norte-sur. Sin embargo, sus vínculos con Estados Unidos son todavía demasiado estrechos.
En este sentido, la reciente solicitud de terminar con el bloqueo económico a Cuba, realizada por la ONU, puede ser una señal de que las cosas empiezan a cambiar al interior del organismo.

Las perspectivas

Con la crisis económica de Estados Unidos expulsando paisanos a México, el panorama no pinta nada bien para los próximos años.
La Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que las remesas han sido un verdadero paliativo de la pobreza alimentaria con una reducción de dos puntos porcentuales, es decir, 2.3 millones de personas en 2006. 
El documento, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, detalla que el envío de dinero de los migrantes mexicanos creció 405.5 por ciento en áreas rurales, entre 1992 y 2006.
Pero la crisis está cambiando el juego y desde 2007 se experimenta un incremento acelerado en el precio de los alimentos, mientras que el envío de remesas ha comenzado a disminuir.
Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que la debacle financiera por la que atraviesa Estados Unidos propiciaría la vuelta de más de un millón de paisanos.
Genoveva Roldán Dávila, académica del instituto, advierte que “la nación no está preparada para dar cobijo a los miles de migrantes que podrían regresar, pues si no tiene la capacidad para solucionar los problemas de desempleo de la población económicamente activa no migrante, menos la tendrá para los que retornen”.
Según estimaciones del Banco Mundial, desde 1981 hasta la actualidad, la tasa de pobreza disminuyó en América Latina sobre la base del ingreso de dos dólares por día en relación con los precios de 2005. No obstante, este supuesto decrecimiento no es suficiente para reducir de manera considerable la indigencia que impera.
El organismo financiero internacional deja de lado las sucesivas estrategias inflacionarias, la subida de los precios internacionales y la caída de la rentabilidad de las producciones. Tampoco se enfoca en el replanteamiento de las estructuras sociales y económicas internacionales que generan desocupación y se basa en la idea de reducir la cantidad de nacimientos para evitar la procreación de “nuevos pobres”. Una línea que algunos dirigentes latinoamericanos optan por seguir pie juntillos (como ha sucedido en Perú y en Brasil)  mediante programas de planificación familiar.
La lógica que pretenden instaurar los organismos financieros es que el crecimiento demográfico deriva en la principal causa del aumento de la pobreza debido a la escasez de recursos, una de las falacias más grandes de la historia.
La abundancia de estos recursos, así como la tecnología para explotarlos, se comprueba desde hace años y los expertos señalan que es suficiente para alimentar, vestir, proveer de energía y transporte a todos y cada unos de los seres humanos.
Sin embargo, el avance tecnológico es detenido por las grandes empresas multinacionales que se benefician de la explotación de fuentes naturales escasas y contaminantes como el gas y el petróleo, a través del control financiero de los gobiernos de las potencias mundiales.
Por esto, no es raro imaginar que cuando México finalmente logre los objetivos de la reforma enfocada a darle más capacidad de producción a Pemex en las próximas décadas, los países cabeceras den la espalda al actual sistema de abastecimiento energético y echen a un lado el orden actual de los países productores de combustibles de origen fósil.
La administración de Calderón debe avizorar, desde ahora, que la apuesta del futuro está en otro rubro y que se corre el riesgo de perder nuevamente el tren del desarrollo. E4