La propuesta del gobernador moreira abre EL debate nacional que se llevará al congreso en febrero de 2009

Más del ochenta por ciento de los mexicanos está de acuerdo con implantarla, aun cuando la experiencia en países donde se aplica es negativa. La corrupción policíaca y del sistema judicial genera desconfianza sobre la efectividad de la medida. Mientras tanto, la iniciativa aprobada por el Congreso de Coahuila rebota entre adeptos y detractores

Ojo por ojo, y el mundo quedará ciego.
Mahatma Gandhi

La iniciativa del gobernador Humberto Moreira, de reintroducir en el texto constitucional la pena capital contra secuestradores que ejecuten a sus víctimas, devino en fusilamiento mediático. Aunque el resultado de encuestas nacionales aprueban abrumadoramente la medida, propuesta antes por el Partido Verde, el cual votó por su cancelación en 2005, el PAN y el PRD se pronunciaron en contra. Lo mismo el Episcopado Mexicano, el Vaticano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aun así, el primer triunfo para Moreira consistió en abrir el debate sobre una cuestión candente que podría entrar a la agenda del Congreso federal en febrero próximo.
Para modificar el párrafo segundo del Artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta tendría que ser aprobada, primero, por la mayoría calificada del Congreso (mínimo dos tercios del total de sus miembros) en las dos cámaras que lo conforman y, segundo, por más del cincuenta por ciento de las legislaturas locales, con el fin de que se implante y ponga en práctica la medida. Un proceso que, aun si llega a concretarse, requeriría de mucho tiempo.
Esta dificultad objetiva, aunada al quehacer errático de la justicia mexicana y el incremento de la inseguridad a escala nacional, conforman las premisas de quienes tildan la propuesta de oportunista. Para sus detractores, Moreira intenta encarnar la figura del héroe en medio de una crisis generada por la violencia, la corrupción y la impunidad que impera tanto en los estratos sociales como en las altas esferas del gobierno. Para ellos, el flagelo que actualmente azota al país no se soluciona con una reforma constitucional y apuntan a que la propuesta es una estrategia por acaparar la atención de los medios de comunicación. Incluso el senador perredista Carlos Navarrete aduce “tintes electorales” ocultos tras la misma.
No obstante, las encuestas señalan que ocho de cada diez mexicanos están de acuerdo con que se reimplante la pena de muerte. Desde este ángulo, a juicio del periodista Ciro Gómez Leyva, la posición del gobernador es consecuente con los requerimientos de la ciudadanía y cumple con su función al defender los intereses de quienes representa. De manera similar Roberto Rodríguez Cruz, presidente de Coparmex Laguna, quien fuera secuestrado en el año 2000 apoya la reforma. “Es cierto, parece no ser lo políticamente correcto, sin embargo es un buen avance que la Federación y el Estado ya propongan este castigo a personas de esa calaña”, afirma.
Por lo pronto, mientras se enfrentan posiciones éticas y prácticas, el tema se debate a lo largo y ancho del país, Coahuila acapara los reflectores de los medios de comunicación y la iniciativa, a las puertas del Congreso federal, se mantiene a la espera.

A falta de resultados
El entorno turbulento que impera en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico es causa fundamental de que hoy se discuta la implantación de la pena capital. Y es que a la escalada de violencia del crimen organizado se suma la poca efectividad del federal para frenarla.
El 21 de agosto se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que incluye setenta y cuatro compromisos que fueron asumidos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los gobernadores, el Jefe del Distrito Federal, representantes sindicales, empresariales y de distintas iglesias, con el objetivo de abatir los índices de violencia en el país. Cien días después, el 28 de noviembre, la mayoría de los compromisos siguen en el limbo. Entre otros la creación del Observatorio Ciudadano, encargado de supervisar su cumplimiento. Parte de los protagonistas ni siquiera se mantienen en sus puestos. A las muertes del entonces secretario de Gobernación y jefe del Gabinete de Seguridad Nacional, Juan Camilo Mouriño, y del secretario técnico para implementar las reformas de seguridad y justicia penal, José Luis Santiago Vasconcelos, se agregan las ausencias del ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Víctor Gerardo Garay Cadena, del ex subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, y del ex director de la Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas. Los tres se hallan arraigados por presuntos vínculos con el narcotráfico, como parte de la “Operación Limpieza”. Los secuestros no disminuyen, y uno de los casos más emblemáticos, el de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, ex titular de la Conade, apunta hacia su asesinato.
El propio Calderón reconoce que “faltan resultados y mucho por hacer” pues la cifra de plagios en el país es “alarmante, inaceptable e indignante”. Con motivo del cumplimiento de los cien días señala que el trabajo “ha permitido detener a doscientos setenta y dos presuntos secuestradores y desarticulado a cincuenta y tres peligrosas organizaciones”. Sin embargo, en este mismo periodo se registraron doscientos treinta y siete “levantones”, lo que promedia más de dos diarios. Ante mandatarios estatales, municipales, legisladores y sociedad civil, el titular del Ejecutivo ofreció un resumen de cifras, decomisos y capturas, aunque también reconoció que “hacen falta resultados”.
Otra maniobra que se sigue con esperanzas y no poco recelo es la puesta en marcha del Plan Mérida, que busca combatir el narcotráfico en México. El 3 de diciembre, cuando Estados Unidos entregaba el primer paquete de ayuda, equivalente a casi doscientos millones de dólares en equipos y tecnología, El Universal informaba que el número de asesinatos relacionados con el crimen organizado en 2008 dobla la cifra registrada en 2007. Según el rotativo, en lo que va del año se han cometido más de cinco mil homicidios, comparados con dos mil setecientos del año pasado.
Tampoco la intervención del Ejército en el combate de los grupos criminales convence a muchos. Una estrategia criticada con el argumento de que pone en riesgo los derechos humanos así como la credibilidad de las fuerzas militares.
El gobierno, por su parte, asegura que está ganando la guerra contra el narcotráfico y cita a modo de ejemplo las decenas de miles de detenciones de personas vinculadas al crimen organizado y las incautaciones sin precedentes de cocaína, dinero y armamento. No obstante, el criterio de la población es otro al ver que las matanzas y ejecuciones suceden cada hora, muchas de ellas dirigidas a figuras públicas y autoridades.

Moreira, otra vez en el vórtice
En estas circunstancias el gobernador Humberto Moreira propone la modificación del párrafo segundo del Artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda reimplantarse la pena de muerte en Coahuila contra secuestradores que ultimen a sus víctimas
Una iniciativa que nuevamente lo coloca en el ojo de la tormenta de la opinión pública nacional. Algo a lo que el mandatario ya está acostumbrado. No se deben olvidar las fricciones que se generaron el 11 de enero de 2007 cuando el Congreso estatal aprobó la Ley de Pacto Civil de Solidaridad, que permite a las parejas homosexuales hacer vida en común y ser reconocidas por el Estado y la sociedad, con el objetivo de que se garantice el respeto y la igualdad a los derechos de las minorías.
La ley, aprobada con veinte votos (diecinueve de diputados priistas y uno del PT), rápidamente se vio validada por la unión de las tamaulipecas Karina Almaguer y Karla López, el 31 de enero de ese mismo mes.
Para oponerse a esta disposición los legisladores del Partido Acción Nacional (ya habían votado en contra junto con el PVEM y el PRD) presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente no procedió. Asimismo reaccionó la Iglesia Católica, alegando que ante el matrimonio de dos personas del mismo sexo, sus fieles se sentían “agredidos”.
Sin embargo, apenas transcurridos unos días, Moreira recuperaba los reflectores al formular para diferentes medios de información, el 18 de febrero de 2007, denuncias relacionadas con el accidente en Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006. El gobernador sostuvo que el ruido que generó el sindicato de mineros con sus pugnas internas —la sustitución de Napoleón Gómez Urrutia por Elías Morales—, fue un “distractor muy importante”, pues surgió “exactamente después de la tragedia”. Aseguró, además, que desde la Presidencia de la República, Vicente Fox le pidió procesar y encarcelar a 
“inocentes” y que la dirigencia nacional del PAN lo presionaba para evitar que metiera a la cárcel a los verdaderos responsables de la explosión.
Ahora la situación escapa del ámbito local. La inseguridad afecta a todo el país y la posibilidad de implantar la pena de muerte, con sus objeciones éticas enfrentadas a la necesidad de escarmientos prácticos, se torna tema de discusión nacional.
Moreira insiste en que no se trata de venganzas pues la crítica situación social que sufre México provoca que grupos organizados de la sociedad civil intenten hacer justicia por propia mano. Un riesgo que el Estado debe evitar. En ese sentido, pide al Congreso de la Unión que revise con seriedad los cambios solicitados por el Legislativo de Coahuila y la posibilidad de aplicar una pena que se mantuvo en la Constitución hasta 2005.
“A la par —dijo— debe reformarse todo el sistema judicial. Es decir, verificar que realmente quienes están en las prisiones sean los culpables, pues sería imperdonable que una persona condenada a muerte sea inocente”.
A pesar de este peligro implícito confía en que la iniciativa será respaldada porque su “único propósito es frenar la criminalidad en el país”. No obstante, aun cuando los medios de comunicación no le pierden ni pie ni pisada, en una de sus últimas declaraciones para la radio —transmitidas el 5 de diciembre— optó por restarle protagonismo al debate. Alegó que se trata de una propuesta que debe ser valorada y que, mientras tanto, estaba interesado en los precios del carbón a nivel internacional. Un eslabón económico que puede afectar al estado, especialmente a la región carbonífera, afirmó.

La ley del Talión
“La discusión no es la pena de muerte contra secuestradores, sino el método a emplear para matarlos”. La declaración de Moreira, que ya anticipaba el consentimiento de su iniciativa, sacudió de inmediato a la opinión pública.
La primera reacción tuvo lugar en la propia sala del Congreso del Estado, el 2 de diciembre —un día antes que se aceptara oficialmente la medida, con veintidós votos a favor y diez en contra— cuando diputados del PRI y del PAN se enfrascaron en discusiones y estos últimos tomaron la tribuna luego de que a algunos de sus legisladores no les dejaban hablar para criticar la medida.
Y es que desde la aprobación de la iniciativa las reacciones no dejan de aparecer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó en claro su oposición. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, manifiesta que una práctica así resulta peligroso por la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento poco profesional de corporaciones como la Policía Judicial. Posición que comparte su colega capitalino, Emilio Álvarez Icaza, quien reprueba la iniciativa coahuilense y la califica en términos de “mensaje esquizofrénico que se manda al exterior y un retroceso de doscientos años para la justicia mexicana”. Advierte, además, que se puede convertir en un instrumento de extorsión contra la población por la impunidad de que gozan las autoridades.
Para Leopoldo González, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), “la vida de toda persona tiene que ser respetada y la pena de muerte no es la solución. Es no querer afrontar el problema, una salida muy simple. Uno de los riesgos es que se lleven de por medio vidas inocentes ¿Quién va a decir si esta persona es la culpable o no es culpable?”.
El subprocurador de Derechos Humanos, Juan de Dios Castro, no tardó en hacer público el criterio de la PGR. En la firma de un acuerdo con el Conalep alertó que México violaría acuerdos internacionales del más alto nivel y traería consecuencias graves en materia de derechos humanos si el Congreso de la Unión aprueba la pena capital.
A su vez, Amnistía Internacional aclara que “las propuestas e iniciativas que buscan una salida fácil a la situación que vive el país no hacen más que reforzar un clima de venganza social”.
Si bien los coodinadores del PRI en el Congreso, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones apoyan el debate, también dentro de la fracción priista existen reservas sobre la iniciativa de Moreira. Los gobernadores de Sonora, Eduardo Bours; de Michoacán, Leonel Godoy, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguran respetar el trabajo legislativo de Coahuila, pero objetan su aval en este caso.
Aunque quizás el presidente panista del Senado, Gustavo Madero, sea el funcionario que con mayor ahínco ha reprochado la propuesta. Acepta que haya discusión sobre el tema, pero advierte que Acción Nacional no dejará pasar esa reforma en el Congreso federal pues ocupan el cuarenta por ciento de ambas cámaras y están en total desacuerdo con la medida.
Sus palabras no tardaron en obtener respuesta. El líder de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, califica la postura de Madero como una “actitud mezquina e institucional que debe evitarse” y pide no desechar a priori la solicitud coahuilense. “La sociedad está agraviada, está temerosa y por ello es importante que el Congreso de la Unión sea receptivo”, dijo.
En idéntica línea, el secretario de Gobierno de Chihuahua, Sergio Granados, se manifiesta a favor de la pena de muerte, al igual que los gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien propone un debate nacional sobre el tema, Jesús Alberto Aguilar Padilla, de Sinaloa e Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán. Una víctima directa de este delito, Roberto Rodríguez Cruz, presidente de Coparmex Laguna, plagiado en el año 2000, externa abiertamente su completo apoyo. El empresario recuerda que aquellos que sufren un secuestro, no sólo lo padecen durante el encierro, sino durante toda su vida por el impacto psicológico en él, en su familia y en sus negocio.

Zafarrancho de medios
Prensa, radio, televisión y sitios nacionales de Internet, mantienen cobertura constante en torno a la pena de muerte. Los periodistas de los principales noticiarios del país defiendensus posturas. En el programa de discusión y análisis “Tercer grado”, en su edición del 3 de diciembre, Joaquín López Dóriga, Denisse Maerker, Ciro Gómez Leyva, Víctor Trujillo y Carlos Marín expusieron sus criterios sobre el gobernador Humberto Moreira como promotor de este castigo.
Dóriga y Trujillo concuerdan en la existencia de obstáculos de orden práctico a causa de la poca confiabilidad en el sistema judicial y la policía en el país. Punto que recién encuentra otro justificante en Saltillo tras la ratificación, el 4 de diciembre, por parte de la Policía Municipal, de que uno de sus elementos activos encabezaba un comando de secuestradores. El mismo que fue sorprendido cuando trasladaba a dos de sus víctimas por las calles de la colonia Bellavista. La relación probada entre agentes y miembros del crimen organizado puede derivar en acciones que frustren el propósito de la iniciativa.
Ciro Gómez Leyva, en cambio, justifica al mandatario estatal. Para el autor del libro Ya vamos llegando a México, la actitud de Moreira es consecuente con los requerimientos de la ciudadanía y procura una solución a una demanda social que que se manifiesta en las encuestas y las múltiples marchas contra la inseguridad que han tenido lugar no sólo en Coahuila sino en toda la nación.
Denisse Maerker apunta hacia otra dirección. Argumenta que en los países donde existe la pena de muerte tampoco se disuaden los delitos graves. El parlamentario keniano Kiraitu Murungi afirmó en 1994 “tenemos más robos con violencia en los años noventa que en 1975, cuando introdujimos la pena de muerte para este delito” (Espacio 4, 335). La periodista apuesta por mayor efectividad en la captura y procesamiento de los presuntos delincuentes. “Si las noticias dijeran: la policía atrapa a nueve de cada diez secuestradores (…) la historia cambiaría”, apunta. Y concluye con un alegato lógico para oponerse a la pena capital: La muerte no es irreversible. E4