Primera llamada

La composición de la Cámara baja del Congreso, el año próximo, la decidirán los votantes y no el voluntarismo de los líderes partidistas. Quien coloque más diputados en la próxima legislatura tendrá argumentos para ganar la presidencia en 2012, pero el triunfo tampoco es seguro pues el PRD, aun como tercera fuerza, estuvo a punto de sentar en la silla del águila a López Obrador, único responsable de su derrota al sentirse presidente cuando todavía faltaba la confirmación de las urnas.
En un escenario donde todas las culpas se cargan a la cuenta del gobierno federal —la mayoría de las veces con razón, pero no todas—, Felipe Calderón empieza a centrar problemas como el de la inseguridad (secuestros, robos, corrupción) en los estados. Su exhorto a depurar las corporaciones policíacas y los juzgados en entidades y municipios apunta en esa dirección. Si el presidente empezó a limpiar la casa, ahora exige que los ejecutivos locales y los alcaldes hagan lo propio. Y si no, la PGR lo hará por ellos.
Nuevo León, donde se involucra a Pablo César González, secretario del gobernador, con el cartel de los Beltrán Leyva, según declaraciones de un testigo protegido, podría ser la punta de la madeja. En otro estado vecino, Chihuahua, los empresarios y distintos sectores reclaman al gobernador Reyes Baeza asumir su responsabilidad en el tema de la inseguridad y la violencia. Pues aducen que la pasividad de la administración estatal, incluso en temas de su competencia, tienen a la entidad en virtual estado de guerra.
Parte del trabajo del nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consiste precisamente en que los costos políticos de la escalada criminal se repartan, de acuerdo a su fuero, también entre los jefes políticos de los estados y no se cobren todos al presidente Calderón. El primer aviso se dio en Chihuahua y no tardará en replicarse en otras entidades, donde incluso pueden destaparse relaciones entre los poderes locales y el narcotráfico, como sucede en Nuevo León.
En el gobierno federal existe el convencimiento de que si las acciones contra el comercio de las drogas no avanzan al paso deseado, no es solo por falta de cooperación en estados y municipios sino, peor todavía, porque los carteles reciben información y protección política y policíaca. Lo cual explica, por otra parte, el endurecimiento de normas para evitar que dinero de ese comercio inmundo financie campañas electorales. Así que, con un Calderón dispuesto a profundizar la lucha antinarcóticos, y con un secretario de Gobernación con un pie en Bucareli y otro en el PAN, no extrañaría que el ex gobernador salinista de Quintana Roo, Mario Villanueva, pronto tenga compañía en el Penal del Altiplano.