Los nombres de Samuel Alatorre, Mario Ehrenzweig y Adriana Garza delatan la falta de profesionalismo en clínicas del estado. Sus casos continúan sin resolverse. Mientras, algunas instituciones van tras el dinero de los seguros médicos a riesgo del paciente. La COCCAM duerme en los laureles

Samuel Alatorre Morones y Carlos Mario Ehrenzweig Sánchez no se conocieron. Ambos, originarios de Torreón, probablemente transitaron por las mismas calles, tal vez asistieron a los mismos sitios y compartieron gustos sin saberlo. No obstante, tienen en común algo más que su terruño: ambos fueron víctimas de un mal cada vez más extendido en el sistema de salud: la negligencia médica o mala praxis. El primero quedó afectado de por vida; el segundo murió.
Mientras sus casos, igual que muchos otros, permanecen en el limbo de la justicia, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (Coccam) navega entre la ignorancia y el asombro. A tres años de su creación parece existir sólo de membrete.
Cuando se afecta la salud o integridad de una persona —sea el daño parcial o total, transitorio o permanente— por negligencia médica o inobservancia de los reglamentos y deberes del ejercicio, apartado de la norma legal aplicable, se incurre en mala praxis, una sombra que cubre al sistema de salud en Coahuila.
Es sabido que no se puede confiar en los hospitales del estado, pero tampoco en las prestigiosas clínicas privadas. Todos estamos expuestos al descuido de médicos y asistentes que pueden llevar a la muerte a cualquiera de sus pacientes.
Es el caso de Jesús Carlos Mario Ehrenzweig Sánchez en el Hospital Ángeles de Torreón, donde una negligencia médica le costó la vida. Su esposa, Leticia Hernández de Ehrenzweig, ha denunciado pública y penalmente el suceso. Incluso ha sacado a la luz varios desplegados en el periódico El Siglo de Torreón, señalando al personal de esta clínica por haber causado el fallecimiento de su cónyuge. El problema es grave e involucra a doctores, enfermeras y autoridades que trataron de ocultar información.
Igualmente, la familia Alatorre Cantú ha recurrido a la acusación abierta sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido el arquitecto Samuel Alatorre Morones en el Sanatorio Español de Torreón, a manos del doctor Mariano Barragán Morales, en febrero de 1998, y que le ocasionó un daño cerebral irreversible. Sin embargo, a pesar de que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico dictaminó culpable de negligencia e impericia a Barragán Morales, sigue ejerciendo sin ninguna restricción, como miembro de la Zona Dorada Hospitalaria de la institución donde labora.
A pesar de tratarse de dos casos documentados que debería analizar a fondo la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, su comisionado, Luis Ramón Pineda Pompa, se limitó a decir en entrevista para Espacio 4, que no puede emitir juicio alguno a falta de conocimiento sobre los temas.

Caso Alatorre Morones

Sobre el arquitecto lagunero Samuel Alatorre circulan numerosos desplegados por los distintos medios. En la página web www.mal-praxis.com, su familia se ha encargado de desenmarañar la historia y darla a conocer a la sociedad en aras de prevenirla para que no corra el riesgo de sufrir un incidente similar.
El 5 de enero de 1998, Alatorre sufrió una caída en la que se golpeó la cabeza contra el piso, produciéndole hematomas subdurales. Un mes después del accidente, presentó síntomas alarmantes como la falta de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo.
El neurólogo Óscar Talamás Murra, mediante una tomografía,  descubre dos hematomas, pero asegura que el cerebro no presenta lesión. Sinembargo, aconseja una operación urgente para drenar los hematomas y comenta que se trata de un proceso muy sencillo y hasta rutinario, para lo cual recomienda al neurocirujano Mariano Barragán Morales con el fin de que realice la intervención en el Sanatorio Español, la cual practica el 5 de febrero de 1998.
No fue hasta 1999 que la familia sospecha de un caso de negligencia médica y presenta una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (expediente 286/99).
En octubre de 2000, la CONAMED emite el primer laudo arbitral donde sostiene que Barragán Morales penetró indebidamente el hemisferio izquierdo del cerebro del paciente en tres trayectorias, una de ellas de diez centímetros, causándole afasia severa y parálisis del lado derecho de su cuerpo, que los daños son irreversibles y no los presentaba el paciente antes de la intervención. Sobre la actución de Barragán Morales, el juicio concluye con que “es clara la existencia de impericia y negligencia”.
El acusado se ampara y se le concede la revisión del fallo en cuestión. El trámite demora más de un año. El 14 de febrero de 2002, la CONAMED, en su segundo laudo arbitral, encuentra otra vez culpable a Barragán Morales.
Aun así, la familia Alatorre Cantú logró hacer poco por  la vía civil y penal. La demanda no procedió a causa del tiempo transcurrido. El derecho a presentar la querella es de sólo tres años después de la intervención. Esto, en ningún momento le fue informado a la familia por parte de su abogado.
No obstante, los afectados decidieron publicar el caso en los principales diarios de Torreón con el fin de informar lo que realmente le sucedió a Alatorre Morones y alertar a la comunidad de las prácticas de Barragán Morales. El Siglo de Torreón, Milenio, Multimedios Televisión, el programa “Olla de grillos”, además del noticiero radiofónico “El correo de las 7”, de grupo GREM, han ventilado el suceso en múltiples ocasiones.
Asimismo, más de treinta organismos que guardan relación con la salud están al tanto del percance, entre los que destacan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Médica Mundial, el Instituto Coahuilense de Profesiones y la Secretaría de Salud del estado.
La COCCAM, a través de su comisionado, Luis Ramón Pineda Pompa, asegura que no conoce el caso en forma directa pues el mismo tuvo lugar antes de que empezara a funcionar el organismo. “El detalle es que no conozco el caso a fondo, no puedo darle información porque es una situación que no contemplamos nosotros, que ni siquiera existíamos cuando sucedió”, asegura.

Caso Adriana Garza

Suerte parecida corrió la abogada Adriana Garza, cuyo infortunio ocupó por casi dos semanas (del 5 al 16 de septiembre de 2008) las páginas de Zócalo Saltillo.
Garza sostiene que fue sometida, sin necesitarlo, a un cateterismo por el cardiólogo y subcomisionado de la Comisión Coahuilense de Arbitraje Médico, el doctor Carlos Felipe Barrera Ramírez, en el Centro Hospitalario “La Concepción”, el año pasado.
La cirugía se complicó por un coágulo que llegó al cerebro de la paciente causando un infarto cerebral que le dejó secuelas irreversibles.
En las notas publicadas por Zócalo durante esas fechas, la víctima dijo haber acudido al consultorio de Barrera porque temía que los síntomas que presentaba (sudoración, presión arterial alta y más de setenta y dos palpitaciones por minuto) fueran el aviso de un infarto. Tras una serie de estudios, ingresó al quirófano. A sus familiares nunca se les notificó las complicaciones de la operación.
Adriana presentó una denuncia en contra de Barreda Ramírez por negligencia médica. Exige indemnización y que al médico se le retire la licencia.
Barrera no quiso declarar ante este medio de comunicación.
Por otra parte, el secretario de Salud, Raymundo Verduzco, indicó en entrevista para Zócalo, el 10 de septiembre, que se debe esperar la notificación de las instancias jurídicas y de la Comisión Coahuilense de Arbitraje Médico para determinar qué proceso se llevará a cabo de resultar culpable Barrera Ramírez. “Yo creo que aquí lo más importante es el señalamiento que le hicieron. Que se haga el estudio y la determinación a través de la autoridad correspondiente. Nosotros no podemos tomar una acción hasta que se determine cuándo un compañero médico actuó con negligencia o con dolo. Ya se verá”, dijo.
La COCCAM asegura que Barrera Ramírez pidió un permiso temporal indefinido en su puesto como subcomisionado hasta que se esclarezca su situación legal.

Denuncias ciudadanas

Es impresionante el número de comentarios que generó el seguimiento del caso de Adriana Garza en el sitio web del Zócalo. Algunos defendían a la abogada de treintaisiete años y otros enjuiciaban al doctor Barrera.
Muy pronto el foro se convirtió en un completo debate. Cada quien justificaba su punto de vista mientras atacaba los razonamientos contrarios. Incluso algunos sostenían que la “mala ortografía” de los simpatizantes de Garza denotaba su bajo nivel cultural y su “ignorancia”.
Sin embargo, quizás lo más interesante es que el lugar de expresión virtual dio pie a que muchos usuarios denunciaran a la administración de las clínicas privadas de Saltillo, cuyo interés económico parece estar por encima de la salud de sus clientes. Los usuarios coinciden que en tales nosocomios se interviene quirúrgicamente a los pacientes sólo para cobrar el seguro de gastos médicos.
Como comentarios a la nota titulada “Otra denuncia contra ‘doctor’; juega con la vida de los demás, dice afectado”, escrita por el reportero Leopoldo Ramos, el 8 de septiembre, tres ciudadanos revelaron anomalías en el Centro Hospitalario “La Concepción” y el Hospital Muguerza.
El contador Miguel López asegura que en el primero se realizan procedimientos innecesarios para obtener rédito fácil. “En la clínica La Concepción se está manejando, desde hace mucho tiempo, sacar el dinero de los seguros de gastos médicos mayores. También están actuando por encima de la ética. Tal parece que los que administran el centro y los doctores han desprestigiado este nosocomio. Por mi parte, no recomiendo el hospital La Concepción, por su baja ética y el bajo perfil que manejan, al final siempre monetario, materialista”.
Bajo el seudónimo “Bet”, otro usuario denuncia a un médico que labora en la misma institución e hizo hincapié en que los galenos defraudan los seguros de gastos médicos. “Es lamentable la situación en la que te involucras al acudir a La Concepción para solicitar auxilio. De igual manera, el cirujano René Salazar, me operó de un falso padecimiento. Barrera no es el único que se dedica a defraudar a los seguros de gastos médicos mayores. Acudí a la Comisión de Arbitraje Médico. Allí se me atendió y me ofrecieron un acercamiento con el doctor para llegar a un acuerdo de gastos. El hospital me está reclamando aproximadamente sesenta mil pesos, pero lo más lamentable es que no existe ninguna sanción a aplicarse a estas personas, incapaces de medir los peligros o daños físicos que te pueden causar, sólo por cobrar. El problema mayor es la organización del hospital, que obliga a los médicos a ingresar cierta cantidad de fondos mensuales para que les paguen sus sueldos”.
Dos días después aparece otro comentario en torno al mismo tema de los seguros médicos. “Si vas a ‘La Concha’ te quieren operar, especialmente cuando les dices que tienes seguros de gastos médicos mayores. Desgraciadamente uno ignora si dicen verdad o mentira. Mi esposa fue a ese hospital por una gripa, le dolía todo el cuerpo y el vientre. Inmediatamente la querían meter al quirófano, cosa que impedí. Nos fuimos al Muguerza y como quiera al final la operaron de ‘apendicitis’. El médico me dijo que debía ser así, al fin y al cabo le cobraron los seguros”. E4