El 29 de noviembres se cumple el plazo para que las autoridades federales y locales respondan a los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

A escasos días de que la Secretaría de Seguridad Pública emita los primeros resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, las esperanzas de un cambio efectivo y a favor de la ciudadanía son escasas.
El convenio, signado el 21 de agosto por las autoridades federales, estatales y los tres poderes de gobierno, en respuesta a los altos grados de impunidad alcanzados por la delincuencia dentro del país, se integra por setenta y cinco compromisos, cada uno a cumplirse en distintos plazos, los menos en tres meses y los más en dos años. Sin embargo, el primer seguimiento se llevará a cabo transcurridos los primeros cien días. De tal forma, el 29 de noviembre de 2008 se podrá conocer si este ambicioso programa impulsado por Felipe Calderón rinde o no sus frutos.
Para estar al tanto en voz de los expertos del tema si se trata de un plan objetivo o, simplemente, de un compromiso irrealizable, Espacio 4 conversa con Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, especialista en Seguridad Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con José Benjamín Méndez Bahena, investigador en Tópicos de Seguridad Ciudadana del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Impunes en México el 99 por ciento
de los delitos: Méndez Baena

LMA: ¿Qué llevó a la realización de este Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad?
JBM: El tema de la seguridad ciudadana es recurrente. Cada cierto tiempo aparece como el más importante en nuestro país. En especial al acontecer un hecho que desborda la intranquilidad. En este caso fue el sonado secuestro y asesinato del hijo del empresario Martí; mientras hace cuatro años ocurrían incidentes similares y se organizaban las famosas marchas blancas. Hoy también se organiza una marcha, una gran protesta, porque es un miembro estimado de la alta esfera social quien mostró cómo los grandes empresarios son vulnerables a la inseguridad. Por algún tiempo ciertos segmentos de ellos pensaron que al rodearse de escoltas, vivir en lugares donde se cerraba el libre tránsito, cuidar las escuelas a las que asisten sus hijos o resguardar las entidades donde ellos acuden, podían estar a salvo. No obstante, sus miedos ya están exacerbados, presionan a las autoridades y se pretende obtener algún tipo de acuerdo con los gobiernos federales, estatales y municipales.

¿Significa que la seguridad no se llevaba bien?
Es claro que en México la seguridad implica un asunto fuera de control para el gobierno. El punto más escandaloso son los asesinatos atribuidos al narcotráfico, que en 2007 alcanzaron la cifra de dos mil setecientos y a esta fecha superan los tres mil quinientos. Pese a no involucrar en primera instancia al ciudadano común, sí le genera miedo.
Obligado por esto el gobierno federal llama a los procuradores y los gobernadores para hacer un acuerdo basado en el reparto de dinero. Hay un Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública (FASP), implantado hace alrededor de diez años y el cual se ha incrementado, aproximadamente, de mil doscientos millones a cinco mil millones en la actualidad. Este efectivo se reparte entre los estados de la federación según los niveles de criminalidad. Entonces todos los gobernadores quieren una porción de ese dinero y acuden a reuniones para firmar algún documento.

¿En el tiempo transcurrido desde la firma del Acuerdo, qué han hecho los ejecutivos estatales y municipales?
Sobre el dinero hay que decir lo siguiente: esos cinco mil millones se agregan al presupuesto destinado por cada gobierno estatal y municipio a la seguridad. Hay casos, como el municipio de Nogales, donde se destina hasta el cincuenta por ciento de su dinero sólo a la policía, en materia de seguridad. En la Ciudad de México se ha llegado a emplear, en el peor momento, hasta treinta por ciento. Esto nos dice que se gasta mucho y se obtienen malos resultados mientras se dejan de lado otras necesidades: carreteras, calles, sistemas de transporte colectivo, generación de vivienda adecuada para la población pobre, construcción de escuelas y aplicación de políticas sociales.
Los gobiernos acuden para firmar este tipo de compromisos en un gesto evidentemente propagandístico pues en cien días no pueden lograrse resultados. Abatir los niveles de delincuencia actuales es un asunto de plazo largo; no es un problema de cárcel, que es donde pienso reside el problema central. Se trabaja bajo un modelo punitivo. Es decir, si hay más delincuencia se abren más reclusorios, se contratan más policías, se mete más gente a los centros de readaptación social, se incrementan las penas en los códigos penales federales y estatales; pero la delincuencia no se acaba.
La verdadera forma de combatir al crimen es utilizando la prevención que incluye políticas sociales. Se trata de generar escuelas, empleos, dar oportunidad de mejor vivienda, de esparcimiento a la población. En los países y ciudades donde esto es una realidad, la criminalidad resulta menor. A menor desigualdad, menos delincuencia.
El Acuerdo, en realidad, habla de cosas muy vagas, etéreas. Ese es el verdadero problema. Si no atendemos como sociedad a los jóvenes, a los más vulnerables, la criminalidad no se detendrá y no podremos construir cárceles suficientes para albergar a millones de excluidos, de resentidos.

¿Qué sucederá después de cumplido el plazo de los primeros cien días del Acuerdo?
Son pocos los cambios de fondo porque realmente no existe coordinación entre las procuradurías o los cuerpos policíacos. Desde 1995 se intentó con Zedillo crear una base de datos común para todo el país y a la fecha existen algunos estados sin reportar ni siquiera el número de policías que tienen. Así se pensaba evitar recontratar en alguna otra parte a cualquier policía sorprendido en actos de corrupción o inmiscuido en asuntos delictivos tras ser cesado. Evidentemente eso no ocurre. Si no se puede compartir la información respecto a los agentes, mucho menos se hace con la de la delincuencia.
En el país hay cerca de cuatrocientos cincuenta mil policías, de los cuales más de trescientos cincuenta mil son preventivos, cuya función es evitar que se cometa el delito o actuar en el momento de ser cometido; no investigan los mismo, de eso se encarga la policía investigadora ministerial o judicial. Incrementar el número de preventivos reduce de manera extraordinariamente pequeña la comisión de infracciones. Además, estos son los elementos peor preparados, peor pagados y peor capacitados. Ni siquiera están entrenados para hacer una detención.
En este país se debe invertir en incrementar los cuerpos de investigación en vez de los cuerpos preventivos. Hay estudios donde se señala que andamos con noventa y nueve por ciento de impunidad en el delito. Esto es en el nivel municipal y estatal. En el federal, amén de todo el desastre que existe de penetración de los cuerpos policíacos por el narcotráfico, la respuesta se ha dado en el gobierno de Felipe Calderón. Pretende crearse un cuerpo unificado, una policía federal inexistente en la ley, pero que lleva dos años operando. Se ha pretendido la fusión de la Policía Federal Preventiva con la Agencia Federal de Investigación, y no solamente ha habido problemas administrativos sino enfrentamientos que casi llegan a las balas al ser relevados mandos de estas corporaciones —particularmente de la AFI— porque quien los está absorbiendo es la PFP. El problema aquí no sólo es la ilegalidad de este cuerpo sino la mezcla en su interior de elementos preparados para la prevención, para patrullar, para detener en flagrancia, con otros tantos entrenados para la investigación, gente con mayor grado de escolaridad.

El acuerdo, acto de sensacionalismo político: de la cruz lugardo

LMA: ¿Por qué se concretó el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad?
PIC: Se firma con el objetivo de enviar una respuesta de la Presidencia de la República y del jefe de Gobierno del Distrito Federal a la coyuntura crítica del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí. Se promueve al interior del Consejo Nacional de Seguridad en una reunión extraordinaria y se crea como un momento mediático importante.

En retrospectiva, .¿Cuál fue el fondo del exhorto, de Alejandro Martí, a las autoridades presentes de “si piensan que es imposible, renuncien”?
Posiciona frente al presidente, los gobiernos de los estados y el consejo político nacional un agravio personal y también un sentir colectivo. Expresa que lo ocurrido es algo común y sucede en las calles a todas las familias de los mexicanos sin importar si son acaudaladas o no; que ninguna de las instituciones de gobierno, independientemente de sus colores partidistas, está respondiendo. Entonces es un llamado a que si ellos se descubren incompetentes deben actuar en consecuencia para no simular avances y entrega de resultados ante un problema delictivo de naturaleza profunda. En otras palabras, quiso decir que la ausencia de resultados no debe traducirse en el aferrarse a los puestos para devengar sueldos y prestaciones.

¿Por qué las cosas podrían funcionar con un Acuerdo cuando no fue así en los meses anteriores?
El Acuerdo asegura dos cosas. Primero, llamar la atención de quienes hoy gobiernan para sentarlos a trabajar y colaborar y, segunda, cumplir con la obsesión de las autoridades para evitar más golpes mediáticos, más descalabros, más desprestigio… dados los últimos escándalos y eventos delictivos. No esperemos que poe el convenio las cosas vayan a cambiar. Se trató de un acto mediático, de faramalla, de sensacionalismo político; sin embargo, gracias a él los actores en el seno del Consejo Nacional de Seguridad deben hacer acuerdos y emplear la agenda. No lo habían hecho hasta ahora por razones circunstanciales, —la naturaleza delicada del secuestro— y cómo se ha profundizado en el país. Se trata de un acontecimiento importante; pero, en el fondo, el ciudadano común y corriente no puede esperar en el inmediato ni en el mediano plazo nuevas realidades y resultados de estos mismos actores.

¿Qué tanto afecta en el cumplimiento del Acuerdo la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad en el país?
Es lo más delicado. Al no existir certeza sobre quién canaliza las decisiones e información de los que se involucran en un secuestro ni confianza en los ciudadanos hacia las entidades procuradoras de justicia, existe una cadena de desconfianzas cuyo semillero genera intranquilidad en los propios policías, los mandos medios y altos, los cuerpos de élite o especiales. El problema no es solamente el de la ineficacia sino el de la falta de credibilidad inspirada por las autoridades encargadas de investigar el secuestro. Entonces, tanto para el ciudadano común como para aquel con recursos, no hay garantía de que la víctima regrese con vida. Menos de que no estén involucrados los organismos responsables de combatir ese delito.

¿Son personas de confianza el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus allegados?
Es un hecho que gente cercana a él no goza de la credibilidad requerida para estos casos y tampoco han dado la cara al ser señalados. Los resultados hasta el momento no son los mejores. La prueba es el reciente ingreso del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello, al cuerpo de asesores en seguridad pública de la Presidencia de la República. Es un aviso de que la Secretaría no funciona al máximo y de que elementos claves, cercanos al secretario de Seguridad Pública, han sido asesinados o involucrados en circunstancias donde se les implica en presuntos problemas de corrupción. Está el caso de Edgar Millán, personaje a cargo de operaciones antimenudeo y antisecuestro, con responsabilidades logísticas importantes particularmente en Sinaloa, quien fue asesinado en las calles céntricas de la delegación Cuauhtémoc. Ello muestra con claridad cómo el más alto funcionario de seguridad pública federal parece no tener claro el grado de limpieza y honestidad de sus miembros más próximos.
También hay incapacidad para ofrecer protección al propio cuerpo de seguridad. Si los funcionarios a la cabeza del gabinete de seguridad del presidente no cuentan con un sistema de protección a salvo de la infiltración de información privada, entonces la situación es delicada. Esto habla de un grado más de incompetencia al interior del propio organismo, donde no sólo no hay certeza en quién confiar, sino que su personal comparte la paranoia sobre el grado de peligrosidad personal y familiar implícito de su cargo.
No está claro qué se hace de fondo en el proceso de depuración. Probablemente es un mito y no existe una estrategia clara. En la medida que el propio presidente de la República no conoce a ciencia cierta la biografía, los expedientes y la capacidad real de su propio equipo de seguridad, no se pueden esperar buenas cosas a nivel de gabinete ni de ciudadanía.

Se rumora que el secretario de Seguridad Pública financia a México Unido contra la Delincuencia, agrupación que presuntamente realiza fuertes protestas contra, la inseguridad, ¿por qué un funcionario público apoyaría a quienes critican su desempeño?
Habría que acreditar dicho rumor. De cualquier manera, los gobiernos normalmente buscan plegar a las organizaciones construyendo un trabajo ciudadano de evaluación o escrutinio público sobre lo efectuado por los funcionarios. Es un riesgo presente en la luz pública siempre y cuando dichas agrupaciones lo permitan. Si en el fondo poseen un criterio lucrativo, mediático o político, tarde o temprano caen en la dinámica y sintonía deseada por el gobierno. Es decir, la clase gobernante se presta al juego de la crítica, pero en el fondo busca acoplarla a su control. Es típico de la globalización ya que trae consigo la disidencia, por ello intenta atraer cualquier foco de desestabilización, deshonra y desprestigio.

Falta poco para que se dé a conocer el primer diagnóstico sobre el Acuerdo, ¿cuáles han sido sus logros?
Raquíticos. En el mejor de los casos son más de coordinación, de comunicación, de afinar y darle orientación común a las agendas de los gobernantes locales y la federación. Es un problema estructural que ocupa a todos. Conforme se agrave implicará mostrar a los actores su rostro y compromiso real en esta lucha. Especialmente su capacidad para brindar resultados a corto plazo. Todos son interdependientes. En este proceso se debe acomodar tanto el andamiaje legal e institucional actual como la capacidad de cooperación, interlocución, información relevante y de confianza al interior de las propias corporaciones policíacas, de seguridad y entre los actores políticos que las comandan. Se trata de un reto que va más allá de necesidades mediáticas. E4