Derecho ausente

El 29 de noviembre se cumplen cien días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que obliga a los poderes públicos a profundizar y dar resultados en las tareas contra el crimen organizado, cuya demencia anega de sangre al país y genera zozobra en todas las capas sociales, ya no sólo entre los pobres. La evidencia es irrefutable: nadie, por poderoso que parezca, está a salvo de la delincuencia. Y peor aún, de funcionarios públicos que venden su alma al diablo a cambio de dinero.
En naciones donde el Estado de derecho es pleno sería absurdo un pacto así. Equivaldría, por poner un ejemplo, a que en Suecia se firmara hoy uno por los derechos humanos, o que el Reino Unido suscribiese el suyo para cuidarle las manos al primer ministro. Pero en México se explica porque la impunidad campa y se reproduce en todos los ámbitos. Jorge Méndez Bahena, investigador del Instituto Politécnico Nacional, señala, en base a estudios, que en nuestro país el noventa y nueve por ciento de los delitos no se castiga.
Critica también las políticas contra la delincuencia, por basarse en modelos punitivos, cuando el problema estriba en la desigualdad social. Bajo esa lógica, los recursos destinados a la seguridad pública se multiplicaron por cinco en la última década, en detrimento de los programas de educación, vivienda, salud, transporte colectivo. Con el agravante, observa, de que mientras las policías dan resultados pírricos, la presión y el resentimiento social se disparan.
En la misma línea, Pedro de la Cruz Lugardo, especialista en Seguridad Pública por la UNAM, advierte que el reto de las autoridades e instituciones firmantes del Acuerdo Nacional supera las necesidades mediáticas del momento. Es decir, los políticos, cuando se ven acorralados, arman una campaña de medios, ya sea para desviar la atención del reclamo ciudadano o para matizar su ineptitud. Sin embargo, no es con comerciales como la inseguridad, y menos la impunidad, será resuelta, sino con el estricto acatamiento y aplicación de la ley.
El atraso del país proviene de su cultura, de su desafecto por el Estado de derecho, justamente porque no hay autoridad ni ciudadanos que lo observen. Quieren que las leyes, como la voluntad de Dios, “se haga siempre… en los bueyes del compadre”. La máxima juarista de que “el respeto al derecho ajeno es la paz” la vician demagogos de la catadura de López Obrador. México necesita menos cárceles y más escuelas donde la enseñanza sea de calidad e impartida por auténticos maestros, no por agitadores. Es la mejor manera de atacar la injusticia social y disuadir la delincuencia.