Desde su exilio DE primer mundo, Gómez Urrutia mueve piezas para desestabilizar al país

Sindicatos y partidos de izquierda se movilizan desde Norteamérica hasta Perú para forzar el regreso triunfal a nuestro país del líder que jamás ha sido minero; la PGR busca su extradición para procesarlo por el presunto desvío de cincuenta y cinco millones de dólares que habría esquilmado a trabajadores

Control remoto. Gómez Urrutia agita desde Canadá

La explosión de Pasta de Conchos pasará a la historia por sus efectos políticos y económicos, pero también será recordada como un punto de inflexión en la vida del sindicato minero. La muerte de los sesenta y cinco trabajadores en la mina coahuilense marcó el inicio de una guerra entre la tribu sindical napista, el holding Grupo México y el gobierno mexicano, que culminó con la destitución temporal del dirigente y su posterior salida del país.
Una guerra de mentiras en la que los combatientes echaron mano de todo lo que estuvo a su alcance para acabar con su enemigo. El entonces presidente Vicente Fox, los empresarios y los súbditos sindicalistas, no repararon en pisotear las leyes para ganar una batalla que ha mantenido semiparalizado y en jaque al sector minero del país entre huelgas e incertidumbres.
Ahora la PGR anuncia que ya tramitó el pedido de extradición de Napoleón Gómez Urrutia, para que las autoridades canadienses lo entreguen y sea juzgado por el desvío de cincuenta y cinco millones de dólares pertenecientes a obreros de la Minera Cananea, privatizada en 2004. Los fondos terminaron en cuentas privadas.
Refugiado entre las faldas del sindicalismo internacional y apoyado por políticos de izquierda en Canadá, Napo se siente seguro en su departamento de Vancouver, aunque la justicia mexicana, a paso lento, lo acorrala.
Si bien los opositores aseguran que la extradición significaría el inicio del fin de la era napista en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de México (SNTMM), el poder de sus huestes aún es grande y amenaza con desestabilizar la industria con más huelgas y paros ilegales. En tal sentido contarían con el apoyo de los sindicatos metalúrgicos de Canadá, Estados Unidos y parte de Latinoamérica, que ya han anunciado que auxiliarán económicamente a los trabajadores que se mantengan en huelga para defender al “héroe internacional del sindicalismo”.
En el medio quedan entonces Pasta de Conchos y el gobernador Humberto Moreira.
Napo, quien nunca ha sido minero, utiliza a los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos para apuntar más baterías contra Grupo México, y no se cansa de citar las declaraciones del gobernador coahuilense, quien un año después del suceso aseveró públicamente que Fox le había pedido inventar pruebas en su contra.
Sin embargo, el gobernador ya pintó su raya, y dijo que “no permitirá que ningún desgraciado” intervenga en asuntos del estado, lo que ha provocado el rechazo de los fieles napistas.
Todo parece indicar que en esta guerra, nadie juega limpio. Ni los directivos de Grupo México que se deslindan de la tragedia de Pasta de Conchos y que exigieron al gobierno la cabeza del cacique; ni el gobierno foxista que pide inventar pruebas y paga favores a los empresarios a través de la agrupación “Vamos México”; ni mucho menos Napoleón Gómez Urrutia, quien oculta información y mantiene secuestrado a uno de los sindicatos más importantes del país.

El auxilio transfronterizo

Pasta de Conchos. La tragedia se utiliza para ejercer presión sindical

La llegada de Napoleón Gómez Urrutia a Canadá no fue ninguna casualidad. Arribó a Vancouver por consejo de los líderes del United Steelworkers (USW), el poderoso sindicato de acereros de Estados Unidos, quienes lo habían acogido tras su súbita salida del país.
Allí lo esperaban sus pares canadienses, quienes le brindaron todas las comodidades posibles para que siguiera operando a la distancia y lo contactaron con los líderes del partido izquierdista de oposición New Democratic Party (NDP), que se encargaron de asesorarlo jurídicamente.
Desde su departamento en el barrio de lujo más cotizado de la ciudad, —considerado “el Hollywood canadiense”— el dirigente prófugo mantiene contacto diario con sus subalternos y hasta con autoridades gubernamentales, a través de videoconferencias y llamadas continuas.
También atiende a sus colegas para coordinar las acciones de presión que se ejecutarán en las distintas minas del país con el objetivo de reclamar la exoneración de su líder, aunque sean disfrazadas con solicitudes de mejores condiciones laborales.
El apoyo internacional que recibe Napo se resalta en comunicados del sindicato que buscan socavar las intenciones de justicia y agitar el ánimo de los agremiados.
En un parte de prensa divulgado por el SNTMM en agosto, se informa que el Consejo Sindical Para el Avance de los Trabajadores Latinoamericanos, que agrupa a numerosas organizaciones sindicales de Estados Unidos con miembros de habla hispana, así como de los USW Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, expresaron su apoyo a Napoleón Gómez Urrutia.
Según destaca la nota, la dirigencia internacional criticó la desunión entre sus homólogos de México para apoyar “a uno de los suyos”, en este caso, al “autoexiliado” dirigente minero.
Los grupos reunidos en Orlando, Florida, apoyaron la lucha de los trabajadores en las tres minas en huelga: Cananea, Taxco y San Martín Sombrerete.
Jerry Fernández, dirigente de los USW Steelworkers, declaró que Urrutia es un “héroe internacional del sindicalismo por la incesante lucha que ha dado para que prevalezca la justicia y el derecho de los trabajadores mineros mexicanos”. Fernández ofreció su apoyo moral y económico a los mineros mexicanos y aseguró que va a estar con Napoleón hasta que esté de regreso en México y al frente del sindicato.
La misma coordinadora del evento, Gabriela Lemus, declaró que considera “una aberración y violación a los derechos de los ciudadanos y trabajadores lo que ocurre en México”.
Tampoco faltaron las amenazas. La dirigente advirtió al gobierno calderonista que si persiste la “represión” contra el gremio minero, ésta va a ser considerada por el Consejo Sindical para el Avance de los Trabajadores Latinoamericanos como un ataque dirigido a todos los sindicatos no sólo de México, sino del mundo.

Más que apoyo moral

Por su parte, la USW  anunció que enviará a México apoyo económico para los huelguistas de la Sección 17 de Taxco, recopilado por cerca de un millón de mineros de Estados Unidos y Canadá. Son alrededor de cuatrocientos trabajadores sindicalizados los que llevan más de un año en huelga. La “ayuda” permitirá aumentar el llamado “fondo de apoyo para la resistencia” de setecientos a setecientos cincuenta pesos semanales.
Asimismo, han recibido el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), que agrupa a veinticinco millones de obreros en más de cien países del mundo y del sindicato norteamericano AFL-CIO.
También cuentan con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de Operaciones de Toquepala y Anexos (SUTOTA) de Toquepala, Perú, y de la Conferencia Mundial para el Sector Minería y Producción de Piedras Preciosas y Fabricación de Joyas ICEM.
Igualmente, organizaciones minero-metalúrgicas de todo el mundo se han sumado a su causa, según se dio a conocer en  la Conferencia Mundial de la Industria Minera que se efectuó en julio en San Petersburgo, Rusia. Allí los líderes internacionales repudiaron la “política antisindical del gobierno de Felipe Calderón”.
No obstante, el apoyo representa sólo migajas pues a un año de la huelga en Cananea, Sonora, en apoyo a Napo, unos mil quinientos mineros han dejado de percibir aproximadamente cuarenta y seis mil dólares cada uno. Y la situación se ha expandido a toda la ciudad, ya que el declive económico que significa el paro de la mina, ha provocado que al menos unas mil doscientas personas se queden sin empleo en las ramas de la construcción de obra civil, soldadura, vigilancia, limpieza y trabajos especializados. Se estima que, en total, unas quince mil personas se han visto obligadas a irse a buscar oportunidades en otros municipios.

La batalla legal

En los primeros días de septiembre pasado, la juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte, Silvia Carrasco, giró una orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia y tres de sus más cercanos colaboradores.
Dicha orden responde a cargos por “violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito”, relacionada con el presunto fraude del que se le acusa por cincuenta y cinco millones de dólares.
El sindicato reaccionó señalando que esta acción representa una “clara y contundente persecución política” en contra de su líder, y aseguró que Gómez Urrutia no será “detenido” y mucho menos “extraditado”.
La disposición no va sólo en contra de Gómez Urrutia, sino también de Héctor Félix Estrella, ex tesorero del sindicato; Juan Linares Montufar, ex secretario del Interior, Exterior y Actas; y José Ángel Rocha Pérez, ex presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia.
Las violaciones, por su parte, son a la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 113 bis, por la extinción de un fideicomiso y por disponer indebidamente de cincuenta y cinco millones de dólares que afectaron a diez mil trabajadores.
Sin embargo, no será fácil lograr la extradición de Napo pues el sindicato ha obtenido ya algunas victorias legales.
El 7 de septiembre, un tribunal colegiado determinó que no procede la queja presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contra el sindicato minero, y que esta organización sí puede ampararse contra la decisión de la dependencia de no otorgar la toma de nota a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia.
Los representantes legales del gremio dijeron tener “fundadas expectativas” de que la resolución de fondo de los tribunales, en el caso de Cananea, será en favor de los intereses de los huelguistas y no de la empresa Grupo México y que, además, se ganarán los juicios que el sindicato interpuso por la titularidad de ocho secciones adjuntas.
Y es que otros sindicatos disputan al SNTMM la titularidad en tales secciones. En este caso las autoridades judiciales favorecieron a los seguidores de Gómez Urrutia en dos casos, mientras que en Nacozari, Sonora, habrá otro recuento que incluye el voto secreto obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta modalidad del voto secreto no favorece a los napistas, quienes están acostumbrados a elegir a sus dirigentes a “mano alzada”, lo que ha permitido la manipulación de las votaciones. Por ejemplo, la Cooperativa Veta de Plata, entidad opositora a la dirigencia de Napoleón Gómez Urrutia al frente del sindicato minero, señala que la resolución de la Suprema Corte hace viable terminar con las prácticas viciadas en los juicios por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo.
Con esta disposición, los trabajadores pueden determinar a qué gremio realmente desean pertenecer y obliga al sindicato minero y a otras organizaciones a adecuar su marco estatutario.
Mientras tanto, Gómez Urrutia sigue en Canadá, amparado por una visa  que el gobierno concede sólo en casos excepcionales y por razones “de humanidad”. El sindicalista logró convencer a las autoridades de Canadá de que “es objeto de una persecución” por parte del gobierno de México y de tal manera se le permite permanecer en esa nación hasta que se decida su situación legal.
Los abogados de Napo argumentan que la denuncia en contra suya y de sus colaboradores no tiene solidez, ya que el tipo de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito que la PGR les imputa, se aplica sólo a funcionarios bancarios que disponen de los recursos de un cliente y los depositan a una cuenta personal. En el caso del líder gremial y coacusados no se acredita una operación de esta naturaleza.
Sus defensores cuestionan que a pesar del delito en cuestión, vinculado a operaciones financieras, el mandato judicial no incluya a Alejandro de Anda y Felipe Alberto López, los ejecutivos del Scotiabank Inverlat que dispusieron el término del fideicomiso minero.
Sin embargo, el asunto implica un delito financiero de orden federal, considerado grave, por lo cual los acusados no alcanzan el beneficio de la libertad bajo fianza, y están expuestos a purgar penas no menores a diez años de cárcel.
Por ahora, Napo sigue lejos de la cárcel, pero si la justicia mexicana acredita pruebas contundentes, no hay duda de que el gobierno canadiense cooperará en la causa. Al tiempo. E4