Mientras algunos países destierran la pena capital, otros abren las puertas al crimen prenatal. Brasil, España y México en el vórtice de la tormenta. Las fundaciones Ford y Rockfeller siguen a la cabeza de las más activas por la legalización de esta práctica homicida

Alguna vez se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta por qué Dios no había enviado de vuelta a su Hijo para que reinara la paz entre los hombres y ella contestó que sí, que lo había hecho, pero nunca tuvo la oportunidad de nacer pues lo habían asesinado, en una clínica: había sido abortado.
Hoy, a principios del siglo XXI cuando se multiplican a diario los alardes provocados por el desarrollo tecnológico, esa posibilidad sigue latente como muestra crucial del atraso que en términos humanitarios lacera a la sociedad moderna.
Resulta paradójico que mientras más países se suman a la abolición de la pena de muerte, tantas más naciones abogan por el “derecho” de la mujer a decretar sobre la vida de su progenie.
Ya una de las principales figuras del siglo III para el cristianismo, el cartaginés Quinto Septimio Florencio Tertuliano (155-230), había llamado al aborto “homocidium” (homicidio) en los albores de nuestra era. Desde entonces y hasta la fecha poco ha cambiado en torno al escabroso tema.
En Brasil, por ejemplo, se estudia un proyecto que espera ser votado en la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de los Diputados, el cual pretende legalizar  el aborto, por cualquier motivo, durante los nueve meses de embarazo. La iniciativa tuvo origen en 2005, pero la ola de rechazo que generó hizo que se postergara hasta 2007 sin que todavía se llegue a un consenso sobre el asunto. Una encuesta llevada a cabo por la empresa Data Folha revela que siete de cada diez brasileños no desea que se legalice la práctica a pesar de una intensa campaña que organizaciones abortistas mantienen en el país sudamericano.
Una de las causas fundamentales que estas sostienen para llevar adelante la iniciativa es minimizar el número de muertes maternas por la asistencia a clínicas clandestinas. Sin embargo, la doctora Marli Virginia Lóbrega, médica obstetra en la red pública de Brasilia, advirtió que la supuesta preocupación apunta realmente a intereses financieros pues las instituciones que trabajan a favor de la legalización del aborto son las mismas que apoyan económicamente a estos centros ilícitos. Incluso va mucho más allá. En replica al ministro de salud, José Gómes Temporao, —quien asegura que el dilema atañe a la salud pública— denuncia que la imposición del aborto es una cuestión de control demográfico planeada por organizaciones externas a Brasil. Y es que la proyección poblacional de la ONU para el año 2300 calcula una reducción de cuatro billones de habitantes, lo cual es imposible imaginar que se dará espontáneamente y sí presupone, en cambio, un trabajo de implantación del aborto y del control de la natalidad.
Los organismos que trabajan a escala internacional por la aprobación de esta medida son, ante todo, fundaciones que planean y aportan económicamente para las acciones, de mano con entidades no gubernamentales que se encargan de llevarlas a cabo. Tras este andamiaje se mueve una enorme cantidad de dinero, destacándose las fundaciones Ford y Rockfeller, así como la Red Feminista de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Benfam y el IPAS, entre otras ONGs más activas.
Católicas pelo Direito de Decidir (Católicas por el Derecho de Decidir), conocida promotora del aborto, admite que más del noventa y nueve por ciento de su presupuesto no proviene de brasileños, sino de donaciones de instituciones extranjeras. En 2003 recibió de la Fundación Ford un total de cuatrocientos treinta mil dólares. Cabe destacar que Frances Kissling, fundadora de esta organización, antes fue propietaria de una clínica de abortos en Nueva York.

Sin embargo, el problema no es privativo de América. España —donde sólo en Andalucía por cada cinco nacimientos que se producen, un embarazo termina en aborto provocado y, según el Instituo de Planificación Familiar, de mantenerse dicha tendencia se superarán los veinte mil abortos anuales en 2008 para la región— recientemente fue sacudida por un escándalo sin precedentes a causa de una cadena de clínicas que, amparadas por el justificante de falsos desequilibrios mentales en las madres, accedían a sacarles el bebé tras haber pagado cuatro mil euros por la operación.
Fue una danesa embarazada de treinta semanas la que lanzó la primera piedra en este asunto. Luego de hacerse pasar por una paciente potencial, hizo público un video que grabara empleando una cámara oculta. Rápidamente las autoridades se hicieron eco de la noticia y terminaron por arrestar a Carlos Morín, director del grupo CB Medical, por ultimar fetos con más de siete meses de vida intrauterina.
El incidente incluso tuvo repercusiones directas más allá de las fronteras ibéricas. Apenas el 23 de septiembre el Ministerio de Salud francés hizo un llamado de alerta a las mujeres que hayan abortado en uno de sus cuatro centros en Barcelona (TCB, Emece, Ginemedex y la Fundación Morín) para que visiten a su médico de familia con el fin de que les realice un análisis, pues los abortos podrían haber sido practicados por un galeno que es portador del virus del sida. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español asegura no está constatado que Morín sea ese médico en cuestión y agrega que el caso continua bajo secreto de sumario.
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso aprovechar la coyuntura para impulsar propuestas que modificarían la ley del aborto —y extender hasta las doce o catorce semanas el plazo para la legalización del mismo— con el objetivo de incluirlas, además, en el programa electoral. El resultado no pudo ser peor.
Su postura fue duramente criticada por amplios sectores de la población, por su principal facción opositora, el Partido Popular (PP), y por la Iglesia Católica. Ante la inquietud del Vaticano por la degradación de los valores familiares, el Arzobispado de Madrid organizó una manifestación de protesta el 30 de diciembre de 2007 cuyo éxito indiscutible llevó al secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a amenazar con salirse del cristianismo. Finalmente, a Zapatero su jugada política le costó cerca de medio millón de votantes que se sintieron airados con la propuesta.
A pesar de ello, el presidente ibérico continuó con la misma sin que constara en el programa electoral. El Congreso de los Diputados consumó el 18 de septiembre, con una votación a mano alzada la creación de la subcomisión parlamentaria que pondrá en marcha la nueva ley del aborto libre a instancias de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Una semana después de haber sido tomada la decisión se aprueba por unanimidad la representación que tendrá cada grupo parlamentario en ese equipo de trabajo. El PP y el PSOE tendrán tres miembros cada uno mientras que las facciones políticas minoritarias contarán con uno. En total, serán diez diputados los que se ocupen de abordar la iniciativa.
Los trabajos comenzarán a mediados de octubre. Y durante los próximos seis meses diferentes expertos, que serán propuestos por cada grupo parlamentario, tendrá que comparecer ante la subcomisión. Ésta elaborará un informe con sus conclusiones. Entre otros cometidos, se evaluarán las diferentes legislaciones que están en vigor en los países europeos para regular el aborto y se analizará el funcionamiento, la equidad territorial y la accesibilidad en la prestación de este servicio en la red sanitaria pública y concertada.
Sin embargo, la aplicación del criterio del voto ponderado, es decir, el voto de cada portavoz es equivalente al número de miembros del respectivo grupo parlamentario —y que será la manera en que ejecute su trabajo la comisión— favorece a los grupos de izquierda. Si estos pactan una alianza el PSOE conseguiría sacar adelante su propuesta.
En caso de lograrlo definitivamente se amplía la regulación actual vigente que mantiene la despenalización del aborto en tres supuestos: 1) riesgo físico o psicológico para la madre, 2) por violación y 3) por malformación del feto. A esto entonces habría que agregar la Ley de plazos que permite abortar sin necesidad de alegar ningún motivo hasta las doce, catorce o dieciséis semanas; la Ley de plazos con asesoramiento, ídem a la anterior, pero con la imposición de una ayudantía previa y obligatoria para la progenitora que va destinada a incentivar la continuación del embarazo; y la Ley mixta, que incorpora un supuesto de necesidad que puede alegarse dentro de la fase inicial de gestación por “un conflicto personal, familiar o social” dentro de las doce primeras semanas.
México no escapa al debate. A partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México —con una votación de ocho votos a favor y tres en contra, siempre y cuando ocurra en las primeras doce semanas de gestación— el 24 de abril de 2007, no han cesado los encontronazos entre los simpatizantes y detractores de la media.
En los primeros dieciséis meses desde la entrada en vigor de la norma en la capital  mexicana, ejercieron su derecho a la interrupción del embarazo un total de doce mil doscientas sesenta y dos mujeres entre los dieciocho y veintinueve años de edad. Operaciones que se realizaron en alguna de las doce clínicas que ofrecen el servicio.
La Iglesia Católica mexicana, por su parte, sostiene una fuerte ofensiva que la ha llevado incluso a amenazar con la excomunión a las fieles que accedan a esta práctica, para evitar que otros estados adopten una iniciativa que califica de “crimen espantoso”. Junto con el Distrito Federal, Morelos y Baja California son las otras entidades donde se considera legal el aborto.
Más allá de las tribulaciones que enfrentan los defensores de la vida, las consecuencias de la proliferación de libertades para el cese voluntario del embarazo aflige a todos por igual. A los efectos físicos y psicológicos que se arriesga la mujer, se suman las rupturas de pareja y el ulterior desmembramiento de núcleos familiares. La incidencia directa de entidades que sólo persiguen fines lucrativos en este entorno debería bastar para que la sociedad y las autoridades hagan un llamado de atención y reflexionen sobre el asunto. No tiene sentido que el mundo se aboque por un lado a la derogación de la pena capital cuando por el otro legaliza un nuevo tipo de homicidio. Quizás la mejor síntesis en torno a este fenómeno y sus secuelas la haya brindado Carlos Alberto Di Franco, experto en ética, comunicaciones y estrategia de medios, quien señala que la violencia contra la infancia abandonada, el sorprendente crecimiento de la violencia infantil-juvenil y el clima de inseguridad que se respira en los grandes centros urbanos son una consecuencia lógica de la cultura de la muerte. Es inútil enclaustrarse en condominios cerrados, multiplicar garitas, erigir muros cada vez más altos. La humanidad homicida no puede esperar sensibilidad de la generación que la dio a luz, porque los hijos no acostumbran a ser más generosos y dedicados que sus padres. E4