La mejor policía del norte que prometio Pérez Hernández naufraga por culpa de sus mandos

El escándalo por la presunta protección a narcotraficantes estuvo a punto de causar también una crisis política; el gobernador Moreira y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, enfrian a oportunistas. José Ángel Pérez tiende puentes con el Estado y el líder del Congreso se come sus palabras

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. La sentencia popular se ajusta cómodamente a las autoridades federales, estatales y municipales que tratan de evadir su responsabilidad en torno a la inseguridad nacional y particualmente en La Laguna. En Torreón, la gota que derramó el vaso fue el enfrentamiento entre la policía del ayuntamiento panista y la Policía Federal Preventiva, que dejó como saldo un muerto y treinta y cinco municipales detenidos, la madrugada del 8 de septiembre.
Luego de la balacera, que ocupó espacios centrales en los medios nacionales, todas las autoridades manifestaron que ya estaban al corriente de la vinculación de policías con el crimen organizado o que sabían de antemano que algo así podía ocurrir. La responsabilidad pasa de mano en mano como una papa caliente y la mayoría aprovecha la coyuntura para atacar a sus rivales políticos.
Las autoridades policiales federales aseguran que tenían conocimiento de la relación de los agentes municipales con narcotraficantes, pero no fue hasta después del enfrentamiento que decidieron investigar a la Dirección de Seguridad Pública. Alfredo Castellanos, sostenido por el alcalde José Ángel Pérez sostuvo en el cargo a pesar de las sospechas y de otros escándalos, fue despedido y hasta hoy se ignora si es investigado o cambió de residencia.
Con el Gobierno del Estado ocurre algo similar. El gobernador Humberto Moreira declaró que se había alertado sobre infiltraciones en las fuerzas policíacas de Torreón, pero que José Ángel Pérez no hizo nada para remediarlo. El alcalde replicó que el mandatario tampoco atendió el problema de la inseguridad. Después de que el vaso se rebasó, el gobierno anunció que enviará más agentes estatales para auxiliar a la caótica corporación municipal, mientras apunta a la cabeza de unos de los líderes de la oposición en el mayor bastión panista en la entidad.
José Ángel Pérez equivocó la estrategia, algo que los propios líderes del PAN, empresarios y organizaciones civiles le reprochan. Su primera reacción consistió en culpar al gobierno estatal por abandonar a los torreonenses, sin aceptar la negligencia de su parte no sólo en la designación de un personaje incompetente para coordinar las tareas de seguridad en la ciudad.
La cabeza de Alfredo Castellanos rodó, pero la decisión tardía del alcalde no será suficiente para limpiar la imagen de la policía lagunera ni para disminuir el temor que reina en la sociedad de la comarca. El discurso sobre la creación de “la mejor policía del norte de México” es ahora una pesada cruz que el presidente municipal carga sobre la espalda y que lastimará seguramente sus aspiraciones políticas.
La iniciativa privada y la comunidad coahuilense advirtieron sobre la gravedad de la situación en desplegados periodísticos y marchas para exigir a las autoridades (a todas) que hagan su trabajo. Sin embargo, sus advertencias y sugerencias volvieron a caer en saco roto.
Esto ocurre dentro del proceso para elegir nuevo Congreso local y del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado por el presidente Calderón, el alcalde de la Ciudad de México, los treinta un gobernadores, los poderes Legislativo y Judicial y los presidentes municipales del país. En un plazo de cien días, que vence el 28 de noviembre, los poderes públicos deberán presentar resultados concretos, que hasta hoy son escasos.
El gobierno federal ha asestado algunos golpes a las mafias, pero la espiral de violencia no cesa. La sensación es que la guerra contra el crimen organizado se ha empantanado y que la respuesta a destiempo de las autoridades costará más vidas y dinero.

Crónica de una crisis ignorada

La situación que afronta el alcalde José Ángel Pérez no es nueva ni se generó durante su administración, pero con los señalamientos de que policías municipales recibían sobornos de narcotraficantes desde el mandato de Guillermo Anaya; el enfrentamiento del 8 de septiembre y el creciente número de secuestros, “la mejor policía del norte del país” suena hoy a fracaso.
Un descuido, un error político que el alcalde pagará caro, especialmente por su debilidad a la hora de tomar medidas cuando todo indicaba que la situación se le iba de las manos al director de director de Seguridad Pública Municipal.
Desde que Castellanos asumió el control de la Policía Municipal, en 2006, la escalada de violencia en La laguna creció al grado de suscitarse hechos que, si no fuera por su fatal realismo, parecerían sacados de una película.
Entre ellos destaca el atentado contra el empresario Carlos Herrera Araluce y su esposa, el 13 de mayo de 2007, caso en el que Castellanos tal vez tenga algunas cosas que explicar, y los secuestros de Enrique Ruiz Arévalo y Gerardo Valdés Segura, jefes del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado, el 14 de mayo de 2007 y el 14 de julio de este año, respectivamente.
Castellanos afrontó también un paro de trescientos uniformados que demandaban aumento de sueldo, mejor equipo, armas y la revisión de sus seguros de vida, lo cual obligó a sumar policías estatales y militares para resguardar las armas de los huelguistas.
Las ejecuciones, los secuestros y las extorsiones continúan en Torreón y La Laguna. El aumento de efectivos del Ejército, apoyado por la mayoría de los sectores, empieza a generar un clima de confianza, pero tampoco ha bastado para ahuyentar a los carteles que desde hace unos años se disputan la plaza.
La espiral de violencia, la venta de protección a empresas y a personas, por parte de bandas delincuenciales, y la ola de secuestros (muchos de ellos no denunciados pero todos conocidos), llevó a la sociedad lagunera a las calles. El 22 de agosto, en una marcha apoyada por el alcalde torreonense, cerca de diez mil personas exigieron justicia. Lo peor estaba por venir.
Torreón fue la primera ciudad del estado que vio aparecer las “narcomantas”, en las cuales se advertía sobre presuntas relaciones entre el crimen organizado y elementos al mando de Castellanos. Las denuncias fueron desacreditadas una y otra vez.

La gota que derramó el vaso

El enfrentamiento entre policías municipales y federales ocurrió después de que la PFP, el Ejército y policías estatales detuvieron en Torreón a cinco presuntos miembros del cartel del Golfo. En un comunicado, la PFP señala que “los policías municipales Marco Antonio Martínez Rabelo y Carlos Leija Soto, quienes viajaban a bordo de la patrulla 35240, al ver la presencia de la Policía Federal, intentaron alertar a los cinco presuntos delincuentes, por lo que también fueron detenidos”.
La balacera, en la que murió el preventivo César Moreno Valero y dos resultaron heridos, sobrevino cuando policías municipales bloquearon con veintiocho patrullas la carretera a Matamoros con la supuesta intención de rescatar a sus compañeros y a los presuntos narcotraficantes.
Treinta y cinco policías de Torreón fueron detenidos por las fuerzas federales y más tarde consignados a un juez de distrito. Para levantar un paro de labores que dejó a la ciudad sin vigilancia, el alcalde ofreció defender a los perventivos inocentes, quienes desde su reclusión se quejan de haber sido torturados por la PFP.
Quizá, como lo afirman las autoridades locales, muchos de ellos sólo acudieron a un llamado confuso de refuerzos. Yesenia Montes, policía herida en el enfrentamiento, confirma: “No sabíamos nada. (La) Central nos dijo que fuéramos a un apoyo, sin que supiéramos de qué tipo”. José Antonio Madera, segundo comandante y compañero del policía fallecido, avala la versión: “Nosotros íbamos por la Puerta de Torreón, debido a que nos informaban de un auxilio y en eso vimos que venían las torretas, entonces pensamos que ya no había ningún problema, sino que eran patrullas de la PFP, y de pronto nos empezaron a disparar”. (La Opinión Milenio, 14-908)
José Gerardo Reyes, uno de los abogados que participan en la defensa de los policías detenidos, sostiene que la PFP “incurrió en excesos” y que los altavoces de la patrulla 35420, que supuestamente los alertó, no funcionan, según quedó demostrado en una inspección judicial.
Alfredo Castellanos, desde un lugar no revelado, declaró a La Opinión Milenio que la detención de preventivos, por parte de la Policía Federal, era común. Se revisaban armas y chalecos y luego los liberaban. Dijo estar dispuesto a presentarse ante la PGR para aclarar las cosas, pero pidió garantías.
De confirmarse la versión federal, el asunto es grave y el alcalde tendría que contestar como responsable de las fuerzas de seguridad del municipio. Culpar de la situación al gobierno del estado fue una mala táctica, como igual de imprudente el líder del PRI en el Congreso local, Horacio del Bosque, quien amenazó con juicio político a José Ángel Pérez si no renunciaba al cargo. En entrevistas con los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Juan Camilo Muoriño y Genaro García Luna, Pérez habría barajado la posibilidad de que el caso de los “narcopolicías” municipales sea “un invento de la AFI”.
Según señala el periódico Vanguardia en la edición del 12 de septiembre, fuentes cercanas al Ayuntamiento afirman que los federales pusieron un “cuatro” a los municipales.
El rotativo asevera que la AFI “fabricó” el supuesto nexo entre policías municipales y el narcotráfico, por lo que el municipio no cesará la defensa, con recursos públicos, de los  oficiales detenidos y de todo aquel que fuera involucrado de ahora en adelante.
Por esta razón, el gobierno municipal promovió un amparo para más de setecientos efectivos, tratando de brindarles seguridad, pues “duda” de las investigaciones.
Según las autoridades federales, la policía municipal —bajo la dirección de Castellanos— proporcionaba seguridad e informes al cartel del Golfo sobre los movimientos del Ejército y la Policía Federal a cambio de pagos semanales que variaban de dos mil a diez mil pesos.
En un operativo posterior, ejecutado por militares encapuchados, ocho preventivos fueron consignados, pero con el apoyo del ayuntamiento recuperaron su libertad. Por parte del municipio, en la defensa de los agentes presos interviene Alejandro López Hernández, en coordinación con Roberto Robles Medrano y las direcciones jurídicas del municipio y de Seguridad Pública.
Fue el 16 de septiembre cuando el juez segundo de Distrito en La Laguna, Nicolás Salazar, da a conocer que los treinta y cinco agentes apresados recibirían acto de formal prisión, aunque no por los cargos de asociación delictuosa o tentativa de homicidio sino por un delito menor: evasión de detenidos en grado de tentativa.

Batida contra secuestradores

Lo ocurrido en el municipio lagunero marca un punto negro en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto.
El acuerdo establece setenta y cuatro acciones específicas a corto, mediano y largo plazo en el combate a la violencia y el crimen organizado y se compromete a iniciar acciones para depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Entre los mecanismos propone apoyar a los estados en el combate a los delitos sociales más sensibles, mediante la formación o fortalecimiento de unidades estatales contra el secuestro. También implementará un módulo en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del plagio de personas.
Además impulsará la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y reglas para impedir beneficios y preliberaciones por ilícitos como el secuestro y otros cometidos con violencia, así como apoyar una Ley General del Delito del Secuestro.
Igualmente, busca conformar, desarrollar o fortalecer unidades especializadas en desarticular bandas criminales y mantener un enlace permanente en la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.
Otro objetivo es actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el kardex de la Plataforma México, para que únicamente aquellos que se encuentren activos estés amparados en la licencia colectiva.
Asimismo contempla fomentar la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia, con programas de difusión en edificios, iglesias, mercados y lugares de alta concentración.
El acuerdo arroja ya algunos resultados. En veinte días se detuvieron a por lo menos ciento veinte secuestradores; otros seis fueron abatidos en diversos operativos.
Después del enfrentamiento en Torreón, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que su Grupo Antisecuestros logró desmantelar una banda especializada en “levantones” en La Laguna.
Para enfrentar la creciente violencia en el estado, el gobernador Humberto Moreira abrió el debate sobre la pena de muerte para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, aunque ha recibido más rechazo que apoyo, además de que deberá enfrentar una cantidad de obstáculos legales, jurídicos y constitucionales que no serán fáciles de franquear. También propuso dotar a las policías locales de armamento adecuado para enfrentar mejor a la delincuenica organizada. E4