Incapacidad y mezquindad política profundizan la crisis de inseguridad nacional

Los problemas del país ya no pueden resolverse a manotazos igual que en el pasado; la presión ciudadana que el presidente Calderón y los gobernadores afrontan anticipa cambios trascendentes como pasó después del movimiento de 1968, los terremotos de 85 y la elección presidencial de 88

La movilización social produce cambios políticos inexorables. Tres casos: 1) el movimiento estudiantil de 1968 propició la apertura del sistema; 2) en los terremotos de 1985, la ciudadanía rebasó al Estado y sentó las bases de una nueva forma de gobierno en la Ciudad de México; y 3) la inconformidad por la sospecha de fraude en las elecciones de 1988 abrió las puertas a la transición democrática y a la alternancia en Los Pinos doce años después.
En este clima de angustia social, agravado por disputas políticas e incapacidad gubernamental para ofrecer soluciones efectivas y proporcionales a la emergencia, el perdedor de las elecciones presidenciales de 2006, Andrés Manuel López, las facciones más fanatizadas del PRD y otros líderes de izquierdas de negro historial, como Camacho Solís y Muñoz Ledo, danzan con bidones de gasolina alrededor de las llamas que amenazan al país en busca de regalías políticas.
En lugar de declarar una tregua, los radicales convocan a la confrontación, apuestan a la desestabilización del gobierno federal y alientan un golpe de Estado. Con razón, Alan Greenspan, en su libro La era de las turbulencias. Aventuras en un nuevo mundo, advierte que López Obrador es “un agitador
 populista”.
El presidente Felipe Calderón luce agobiado. Personas que eventualmente tienen acceso a él lo describen como un hombre preocupado e incluso irascible. No es para menos: a la crisis de inseguridad nacional se suman presiones por desempleo, inflación y estancamiento de la inversión extranjera directa.
La incertidumbre está en todas partes —en la expresión del presidente incluso—, pero un cambio de gobierno, fuera de los cauces legales e institucionales, es impensable pues provocaría efectos devastadores a corto, mediano y largo plazo. En las condiciones actuales, Felipe Calderón no pude dar el manotazo que algunos en su partido y el gobierno le aconsejan para “poner en orden” a quienes sabotean su administración. Entre ellos, algunos gobernadores del PRD y el PRI “plenamente identificados”.
Por no dar manotazos —comunes en la era del PRI, pero frecuentemente ilegales, como el cese de gobernadores y la conspiración del presidente Salinas para deponer del sindicato petrolero a Joaquín Hernández Galicia— se toma a Calderón por un presidente débil, aunque de carácter no lo sea; al contrario, quienes le conocen de cerca lo describen como un político enérgico, próximo a la mano dura. Parte del problema, que en situaciones análogas no se presenta en países democráticamente avanzados, proviene: 1) del escaso margen de votos con que ganó Los Pinos, y 2) la agitación que en el país promueve López Obrado.
Pero también se debe a que el PAN, como gobierno, partido y primera fuerza en el Congreso, no ha estado a la altura de las circunstancias ni ha sido capaz de articular un plan que fortalezca la institución presidencial dentro de los márgenes constitucionales, impacte al país positivamente y renueve la esperanza. El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, firmado el 21 de agosto en Palacio Nacional, más que aumentar la fe, elevó el escepticismo.
Hoy, cuando el país requiere certidumbre y que el presidente explique la forma en que su gobierno encara la crisis de inseguridad y construye nuevos puentes con el Poder Legislativo, el Congreso, en un golpe de efecto, derogó la ceremonia de informe anual con el argumento de que era obsoleta. En las democracias maduras, la comparecencia presidencial ante diputados, senadores y la nación, es uno de los principales actos políticos. Sólo que el PRI, en los tiempos de la “presidencia imperial”, lo degradó a rito de culto a la personalidad del mandatario.
El 1 de septiembre pasado, cuando México lo necesitaba quizá como nunca antes, no hubo informe. Pero sí, con la gente en las calles, mucha presión. La que presagia tormenta y cambios significativos a través del único medio pacífico que las sociedades civilizadas se han dado para dirimir diferencias, hallar coincidencias y aspirar a mejores estados de bienestar, progreso y convivencia: las elecciones.
La sociedad se moviliza ahora para exigir al presidente, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los treinta y un gobernadores y a los dos mil cuatrocientos treinta y ocho alcaldes, resultados concretos, tangibles y medibles en materia de seguridad pública, ante la escalada de violencia generada principalmente por el narcotráfico, el cual ha rebasado la capacidad del Estado para contenerla.
Ante la emergencia, los medios de comunicación toman un papel más comprometido, no sólo por ser víctimas del terror y de la autocensura, sino también porque los efectos de la delincuencia, al lastimar la economía de sus clientes, perjudica la propia.
Miles de planas se publicaron para concienciar sobre la crisis y espolear la participación social en la marcha nacional “Iluminemos México” del 30 de agosto, con leyendas como estas:
Estas páginas en blanco no son un error. Es la triste evidencia de que, como sociedad, nos hemos convertido en el blanco de la inseguridad y el terror: secuestros, violencia, crimen organizado, impunidad.
Estas páginas en blanco son gritos de miedo. Gritos al vacío que las víctimas de la inseguridad y la violencia elevan. Gritos que la sociedad escucha con horror. Gritos que las autoridades no oyen, no atienden, dejan en blanco.
Estas páginas en blanco son el hueco de acción de las autoridades. Sin importar el clamor de protección ciudadana, han dejado en blanco sus promesas de combatir al crimen, de reformar el obsoleto sistema judicial. De garantizarnos tranquilidad.
Estas páginas en blanco son una nueva bandera de la sociedad. Una bandera de paz y de exigencia que todo México ondea frente a las autoridades. Demandamos que hagan a un lado sus diferencias políticas y cumplan con su obligación más elemental: nuestra seguridad. Ahora sí ¡ya basta! Este septiembre toma un estandarte blanco como bandera.
Estos y otros reclamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y los estados, inusitados por su tono y determinación, fueron firmados por México Unido contra la Delincuencia —asociación “no lucrativa, laica y apartidista”, reza en su página de Internet—, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Ante la avalancha que ya estaba encima, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se curó en salud. El 13 de agosto, en la toma de protesta de nuevos jueces de distrito y magistrados de circuito, justificó la indignación social por la creciente inseguridad, que en parte atribuyó al presidente, a los gobernadores, al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales.
Advirtió que a ellos corresponde “procurar la prevención de los ilícitos” y perseguir a sus autores. Sin embargo, como la prevención no basta, urgió a “adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”. Para que la ley surta efecto, recomendó que “las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte social, con el profesionalismo y la calidad que amerita este sensible problema”.
En el caso de los congresos, precisó que deben aprobar leyes “adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”. Las que “establecen los delitos y los castigos (…) deben ser claras, contundentes y precisas”, de acuerdo al artículo 14 constitucional, y “determinar procedimientos ineludibles para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”.
Los jueces necesitan herramientas para cumplir su tarea. En este sentido, un reclamo histórico de la población es que delincuentes de los fueros federal y común, atrapados con mucho esfuerzo, al poco tiempo vuelven a la calle. Un caso reciente, entre muchos, es el de Ariel Maldonado Leza, de Saltillo, acusado de secuestrar al empresario Carlos Pilgram Santos en 1997.
Extraditado de España en 2005, el ex funcionario de la PGR fue condenado a diecinueve años de prisión, de los cuales sólo purgó cuatro pues el magistrado Jesús Guadalupe Luna revocó la sentencia. Maldonado está libre desde el 31 de julio pasado.
El sistema Judicial está muy lejos de ser un dechado de virtudes. Baste recordar los casos de Mario Marín y Ulises Ruiz, gobernadores de Puebla y Oaxaca. Cuando el país esperaba contra ellos procedimientos de juicio político por violaciones graves a los derechos humanos —en el primer caso contra la periodista Lidia Cacho—, la Corte los exoneró. Marín protegió además al presunto pederasta Kamel Nacif y a Ruiz se le acusa también de saquear al estado. E4