Se cuida hasta el menor detalle que pueda poner en riesgo la gubernatura

En esa dirección se encaminan las propuestas del PRI estatal para permitir que un militante sea candidato al gobierno sin haber ocupado un cargo de elección previo y la de suspender derechos partidistas a quienes colaboren en administraciones de otros partidos; Moreira anticipó que su gabinete original no duraría el sexenio

Con tres años de anticipación, el gobernador Humberto Moreira sentó las bases para una sucesión estatal sin sobresaltos y un aterrizaje suave, al menos en el tablero que él controla. Los puntos más destacables de la hoja de ruta, hasta hoy, son:
1. El cambio de nueve alcaldes y media docena de secretarios para asegurar la mayoría absoluta en la legislatura que cubrirá la segunda parte de su mandato, la cual se elegirá el 19 de octubre.
2. La propuesta del comité estatal para eliminar de los estatutos del PRI la prohibición —inconstitucional— de ser candidato a gobernador si antes no se ha ocupado un cargo de elección popular. (Raúl Sifuentes, eliminado de la carrera 2005 por esa causa, impugnó el requisito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, por votación de cuatro-tres, decidida por su entonces presidente, el coahuilense Eloy Fuentes, mantuvo en su sitio los candados impuestos por el PRI en su XVII Asamblea Nacional, de 1996).
3. El anuncio de un plan de austeridad que pretende ahorrar cinco mil millones de pesos en la segunda mitad de la administración.
La separación de nueve alcaldes —ocho del PRI y uno del PRD que ya milita en el primero— y la remuda de secretarios desconcertó al mundillo político, acaparó la atención de los medios, enzarzó de nuevo al PRI y al PAN y provocó reacciones sociales en contra de los presidente municipales que interrumpieron el primer período de cuatro, cuando aun no cumplían tres.
El malestar subyacente en algunos sectores se trasluce en columnas políticas. Fernando de las Fuentes podría ser el alcalde más lastimado, pues era evidente que no deseaba abandonar el cargo.
En el caso del gabinete resulta más sencillo citar a los secretarios que permanecen en su puesto, después de casi tres años de ejercicio, que los cambios y enroques realizados. Fausto Destenave (Seguridad Pública), Raymundo Verduzco (Salud), Jaime Castillo (Educación) Ismael Ramos (Función Pública), Héctor Fernández (Fomento Agropecuario), Jesús Torres (Procuraduría), son los únicos sobrevivientes de la estructura original, pero incluso algunos de ellos podrían cambiar de aires en los próximos meses.
En una rueda de prensa reciente, el gobernador Moreira dijo que los únicos inamovibles de su equipo son la presidenta del DIF, Vanessa Guerrero, su esposa, y el director de Comunicación Social, David Aguillón, cuyo trabajo destacó, como no ha hecho con el resto de sus colaboradores. Aun así, extrañó la sustitución de uno de sus operadores y seguidores más leales, Samuel Rodríguez, en la Dirección del Instituto Estatal de la Vivienda, por Jesús Dávila, hermano del ostentosamente influyente animador de la televisora RCG, Antonio Dávila.
Desde el principio de su administración, sin embargo, Moreira anticipó que su gabinete no sería, ni con mucho, el mismo que llegaría al final del sexenio, y lo ha cumplido con creces. A diferencia de su predecesor, Enrique Martínez, quien al anunciar su gabinete, la víspera de su toma de posesión, declaró: Mis equipos son estables. Pocas horas antes renunciaba Eloy Dewey a la Secretaría de Finanzas, sin haber siquiera rendido protesta, por supuestas irregularidades en la dependencia, que no especificó.
En 15 de octubre de 2003, en su cuarto informe, Martínez confirmó lo de los equipos largos:
Le hemos dado estabilidad a las acciones de gobierno, hasta hoy hemos transitado con la misma alineación que iniciamos en cuanto al gabinete legal se refiere, sólo se dio el cambio del secretario de Educación (Humberto Moreira), a quien la decisión ciudadana lo hizo alcalde de Saltillo. Ellos son, sin duda, los artífices de los logros alcanzados.
Y si para el gobernador Moreira el peor pecado es la traición, según declaró en exclusiva a Vanguardia, Martínez, en su antepenúltimo informe advertía a su gabinete: …ahora se pondrá a prueba, además de su talento y vocación política, la consistencia, lealtad y madurez para continuar sin distracciones, trabajando en equipo y concluir la responsabilidad que tenemos conferida.
Sin embargo, en plena efervescencia sucesoria, Raúl Sifuentes, secretario de Gobierno, y Javier Guerrero, de Finanzas, renunciaron para buscar la candidatura del PRI al gobierno. Aunque sin posibilidades, por la proyección que para entonces ya había adquirido Moreira, los laguneros habían formado una sólida base político electoral —sobre todo el primero, pues el segundo arrancó tarde—. Máxime en La Laguna, donde hoy la mayor parte de los cuadros de Sifuentes milita en las filas del moreirismo.

El gabinete, a raya

Los recurrentes cambios en el gabinete quizá busquen evitar que en los secretarios anide la ambición —lo que pudo haber pasado con Óscar Pimentel y Homero Ramos, primeros secretarios de Gobierno— o bien crezcan en el desempeño de sus funciones y se les mire con posibilidades de suceder a su jefe. Para nadie es nuevo que el propio Fernando de las Fuentes, alcalde de Saltillo con licencia, albergaba aspiraciones en ese sentido.
Justamente, de los tres secretarios de Gobierno, cartera prácticamente desmantelada, como a escala federal perdió peso e influencia la de Gobernación, Óscar Pimentel fue el primero que renunció al gabinete a principios de 2007. El 8 de enero lo sustituyó Ramos Gloria, que antes se había desempeñado como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Pimentel dejó el cargo para incorporarse a la Procuraduría General de la República, invitado por Eduardo Medina Mora. Pero aun dentro de la administración panista, el alcalde de Saltillo con Enrique Martínez conserva su filiación priista. No pasa lo mismo con el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes —otro ahijado político de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo—, quien renunció al PRI para afiliarse al PAN.
Con el apoyo de Acción Nacional y del Partido Nueva Alianza, de la Gordillo, Yunes podría ser candidato al gobierno de Veracruz en 2010… y ganar uno de los bastiones del tricolor.
Otra propuesta que el PRI de Coahuila llevará a la XX Asamblea Nacional, junto con la de abrir los candados para que militantes sin cargo de elección previo puedan aspirar al gobierno del estado, consiste en suspender los derechos partidistas a quienes colaboren en gobiernos de formaciones políticas distintas.
En caso de que la primera iniciativa se apruebe, cualquier priista bien posicionado y con el visto bueno de su gobernador podría ser candidato a sucederle. Si la interrupción de derechos prospera, militantes como Óscar Pimentel, por colaborar en el gobierno del presidente Calderón (panista), no podría ser postulado a ningún puesto de elección mientras permanezca en el cargo. Así se desbrozaría más el camino para la sucesión coahuilense de 2011.
En agosto de 2007, el Congreso local aprobó, a propuesta de los diputados del PRI, una reforma que impedía a los miembros de un partido ser candidatos de otro en la elección inmediata. El propósito era obvio: evitar que priistas resentidos con su partido nutrieran las filas de la oposición y le restaran votos suficientes como para perder una elección.
En Coahuila hay varios casos. El propio Raúl Sifuentes colaboró con el PRD, pero el más notable fue el de Francisco Dávila, priista que en las elecciones de 2005 fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática y el PT para la alcaldía de Torreón. Los veinte mil votos que obtuvo determinaron la derrota de la priista Laura Reyes Retana y la victoria del panista Guillermo Anaya.
Sin embargo, la Corte anuló la reforma que en Coahuila impedía a los militantes de un partido ser candidatos de otro, dos años antes de la elección inmediata. El máximo tribunal falló por unanimidad en su sesión del 5 de noviembre pasado. Según los ministros, la prohibición violaba el derecho de ser votado a puestos de elección popular con sólo cumplir “las calidades que establezca la ley”, previsto en el artículo 35 de la Constitución.
El requisito, argumentó el ministro Salvador Aguirre Anguiano, autor de la sentencia, es irrazonable, ya que la pertenencia a un partido político distinta de aquél que postule a un candidato a un puesto de elección popular, no puede considerarse como una calidad necesaria para ejercer un cargo de esa naturaleza.
La Suprema Corte invalidó también el artículo 158 K, fracción 6, de la Constitución de Coahuila, que permitía al Congreso local nombrar alcaldes en caso de que el ganador de la elección no rindiera protesta. También eliminó el artículo 46, fracción tercera de la Ley de Instituciones Políticas, que impedía participar en las siguientes elecciones a los partidos nacionales que perdieran el registro, por no establecer el mismo criterio para los partidos locales. El tribunal avaló el resto de las reformas.
Desde su toma de posesión como presidente del PRI, Rubén Moreira, anunció que iría por el carro completo en las elecciones de otoño de este año, lo que implica ganar las veinte diputaciones de mayoría. En tal caso, las once de representación proporcional se dividirían entre los partidos de oposición. Pero aun si pierde algunos distritos, el PRI podría completar la veintena de asientos en la siguiente legislatura, a menos de que sufra un descalabro mayúsculo, cosa que hasta ahora no se advierte.
Y menos con un PAN todavía desarticulado, que aprovechó la separación de alcaldes para emprender una campaña de volanteo contra el gobierno y el PRI. El PRD, para efectos prácticos, es inexistente. Por eso las coaliciones del PRI serán con la Unión Democrática de Coahuila y el Partido Nueva Alianza. E4