Hartazgo político: sólo treinta por ciento de la población en edad de votar acudiría a las urnas el 19 de octubre

La guerra sucia es uno de los factores que más desalientan la participación ciudadana. El PRI y el PAN se dicen víctimas; pero mientras el primero hace amarres para asegurar el carro completo, el segundo sigue sin definir una estrategia clara de cara a los comicios

A semanas de que se conozcan los candidatos y a tres meses de las votaciones, el Partido Revolucionario Institucional parece haber tomado ventaja — nuevamente— sobre su rival Acción Nacional en la carrera electoral por apoderarse de la mayoría de las curules del Congreso del Estado.
Esta vez el tricolor ha apostado por llevar adelante su campaña dentro de los límites legales, aunque sea caminando sobre su delgada orilla. La última sesión de su Consejo Político, en el cual se definieron las comisiones de Presupuesto y Fiscalización (encabezada por Horacio del Bosque Dávila), Financiamiento Político (Jericó Abramo Masso) y Justicia Partidaria (José Fuentes García), se anuncia como el inicio oficial de su estrategia electoral, pero lo cierto es que la campaña no oficial inició desde mucho tiempo atrás. Algunos dicen que el 15 de mayo, Día del Maestro; otros aseguran que fue desde que Rubén Moreira asumió la dirigencia estatal y anunció que el partido iba por el carro completo.
De todas maneras, la cuidadosa táctica priista, que incluye líneas de austeridad, precaución en el manejo de los fondos y mesura en las actividades gubernamentales (incluido el cambio de fecha del informe de gobierno), las cuales atraviesan su estructura oficial y partidaria desde la cúpula hasta la base, contrasta con el desorden y el divisionismo que aun reina en el PAN y que permea en la sociedad a través de los medios y las voces de los protagonistas.
Mientras el PRI consolida su estructura, el albiazul apenas acaba de definir la dirigencia estatal en medio de una ardua pelea entre grupos antagónicos y echa mano de asesores externos para iniciar una campaña de descrédito en contra de lo que llama nepotismo moreirista en el estado. La llegada de Eduardo de la Torre, diputado federal panista por Veracruz, para apoyar una campaña “ciudadana” encabezada por Óscar Mohamar a través de videos en internet y de un carro parlante, son ejemplos de ello.
Del lado del PAN, líderes y legisladores se quejan también de una campaña negra centrada en el senador Guillermo Anaya.
Quizás la anuencia de los posibles candidatos hacia estas actividades muestren hasta qué punto las estrategias del PAN siguen en el aire. Por otro lado, si bien los síntomas de la guerra sucia que iniciaron con el encontronazo entre panistas y priistas, encabezados por Mohamar y la lideresa Gloria Hernández respectivamente, en una plaza pública de la colonia Gustavo Espinosa Mireles parecen haber disminuido, lo que preocupa es la escasa intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Coahuila, que sólo ha pedido mesura sin que hasta el momento haya nadie consignado por ese zafarrancho que dejó una menor con fractura de cráneo.
Y es justamente ese tipo de competencia pendenciera lo que contribuye al fortalecimiento del obstáculo más grande que deberá enfrentar el IPEC: el fantasma del abstencionismo.
Aun cuando el Instituto gastará una cifra sin precedentes en promover el voto y se llevará la mayor tajada de los minutos que cederán los medios de comunicación para propaganda política, resulta difícil pensar que los coahuilenses asistan al sufragio con mayor ímpetu del que tuvieron en las anteriores elecciones, en las cuales se jugaron además la gubernatura y los ayuntamientos.
Mientras tanto, los partidos calientan motores con vistas al próximo otoño, termómetro electoral del proceso para elegir alcaldes en 2009.

Lo que hay en juego

El 19 de octubre, los coahuilenses deberán acudir a las urnas para elegir treinta un diputados locales, de los cuales veinte serán de mayoría relativa y once de representación proporcional. Actualmente el Congreso está integrado por treinta y cinco diputados, veinte de mayoría y quince plurinominales, pero el 2 de agosto de 2007 los legisladores aprobaron una reforma a la Ley de Instituciones Políticas y de Procedimientos Electorales para eliminar cuatro asientos plurinominales.
Dicha reforma establece que la próxima elección intermedia será la última en que los legisladores sean electos para períodos de tres años, ya que el nuevo mecanismo busca empatar los comicios de legisladores locales con los de presidentes municipales, que en Coahuila se renuevan cada cuatro años desde 2005, y liberar al estado de procesos electorales cada año.
Así, los diputados locales que resulten electos este 2008 iniciarán su gestión de tres años el primero de enero de 2009 y la finalizarán el 31 de diciembre de 2011, cuando se renovará de nuevo el Poder Legislativo, pero sus integrantes serán nombrados para un periodo de dos años, del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.
Luego los diputados locales electos en 2013 ejercerán sus cargos cuatro años, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, y a partir de entonces los legisladores locales y los alcaldes serán electos en la misma jornada.
En los comicios de octubre los partidos deberán trabajar más para captar votos, ya que la reforma electoral no sólo eliminó cuatro curules plurinominales, sino que además incrementó de 2.5 a tres por ciento la votación mínima para obtener diputaciones de representación proporcional.
El mapa del Congreso que resultó de las elecciones del 2005 fue favorable para el PRI. Además de retener la gubernatura y veintinueve de los treinta y ocho ayuntamientos, el PRI se alzó con la victoria en dieciséis de los veinte distritos electorales.
Y además de las dieciséis diputaciones de mayoría, obtuvo cuatro posiciones plurinominales, lo que le otorga la mayoría absoluta en el Congreso estatal, con cincuenta y seis por ciento de las posiciones (veinte de treinta y cinco).
Los cuatro distritos electorales que se llevó el PAN se encuentran en Torreón. En la actual Legislatura (la LVII), el PAN tiene cuatro curules de mayoría y cinco de representación proporcional.
Por su parte, el PRD sólo pudo acceder a dos diputados plurinominales al igual que el partido Unidad Democrática de Coahuila. Los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) obtuvieron una curul cada uno.
La tensión de estas elecciones seguramente se centrará en La Laguna, el bastión panista que el PRI busca recuperar. Torreón ha sido la pesadilla del PRI, ya que además demás de perder la alcaldía, en las elecciones federales de 2006, de siete distritos electorales sólo dos de sus candidatos ganaron: Javier Guerrero García en San Pedro y Jericó Abramo Masso en Saltillo. En la elección de senadores también sufrió la derrota y sólo pudo filtrarse por el principio de primera minoría con el acúñense Jesús María Ramón.

Abstencionismo y financiamiento

En las elecciones de 2005, el abstencionismo en Coahuila alcanzó el cuarenta y siete por ciento, dos puntos menos que el proceso anterior, lo que significa que del millón seiscientos mil votantes, sólo ejercieron su derecho menos de novecientos mil. Es decir, sólo una quinta parte del estado (con poco menos de dos millones trescientos mil habitantes) definió el rumbo político que debía seguir la entidad.
En 1999 sucedió algo similar, Enrique Martínez llegó a la gubernatura con una participación ciudadana de 51.03 por ciento y una abstención de 48.97 por ciento, colocando a la entidad en el lugar número once entre los estados más abstencionistas del país.
Pero en 2005 los medios anunciaron con bombos y platillos que el PRI había arrasado en Coahuila, lo que, considerando el nivel de abstencionismo, resulta una verdad relativa.
Según estimaciones del IEPC, el 19 de octubre próximo sólo un treinta por ciento de la población en edad de votar acudirá a las urnas, lo que habla del creciente hartazgo ciudadano con respecto a la política. La media nacional en la elección de diputados es del veintiocho por ciento, con un abstencionismo del setenta y dos por ciento.
En este sentido, el Instituto Estatal Electoral dispondrá de un presupuesto de noventa y tres millones de pesos, gran parte del cual se dedicará a la promoción del voto.
El dinero se repartirá entre la capacitación de los doce mil ochocientos funcionarios de tres mil doscientas casillas, gastos internos del IEPC, material y boletas electorales, así como los spots de los partidos políticos en precampañas y campañas.
En el período de precampaña que inicia en agosto se otorgarán doce minutos diarios a los partidos políticos en cada estación de radio y canal de televisión. Un treinta por ciento en partes iguales y un setenta por ciento de acuerdo con la votación obtenida en la elección inmediata anterior, es decir, en la de diputados de 2005. El tiempo restante, es decir treinta y seis minutos, se utilizará para la promoción del Instituto Electoral en Coahuila y del Instituto Federal Electoral.
En septiembre y octubre, durante las campañas, el tiempo a los partidos será de dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y televisión, los cuales serán repartidos de igual forma que en las precampañas. La prensa escrita quedará libre y los candidatos podrán contratar los espacios permitidos por la ley.
Aun cuando la reforma electoral federal no aplicará en las elecciones de Coahuila, razón por la cual el IEPC supervisará el proceso, los medios electrónicos serán regulados por el IFE.
Los medios electrónicos que violen los tiempos o que vendan espacio directamente a candidatos serán castigados con sanciones que van desde la acción penal para directivos, candidatos o precandidatos, hasta la revocación de la concesión, como lo establece el Código Federal de Instrucciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
El IEPC otorgará cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta mil setecientos quince pesos a los partidos políticos. Como financiamiento ordinario, los partidos recibirán veintitrés millones ciento setenta mil pesos, de los cuales el 37.26 por ciento será para el PRI; el 22.96 para el PAN; el 8.94 para el PRD y el 8.79 para UDC.
En el financiamiento para capacitación y fortalecimiento estructural, el PRI recibirá el 29.68 por ciento de dos millones novecientos nueve mil pesos asignados para la totalidad de partidos. El PAN, 18.37 por ciento y el 21.01 será para UDC.
En el financiamiento alrededor de las campañas, se destinarán veintitrés millones ciento setenta mil pesos, con ocho millones seiscientos mil para el PRI; cinco millones trescientos veintisiete mil para el PAN; y poco más de dos millones para el PRD y la UDC.

¿Árbitro imparcial?

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana parece no querer sacudirse las sospechas de parcialidad que han girado en torno a sus miembros desde su creación. Esta vez las críticas caen sobre la elección de consejero ciudadano para Luis Alberto Lara Escalante, quien fungió como abogado del Gobierno del Estado.
Lógicamente, las reacciones no se hicieron esperar y empresarios, organizaciones civiles y partidos calificaron la designación con el calificativo de “burla”, una “falta grave” que afecta la credibilidad de la institución.
Y a pesar de que el presidente del IEPC, Jacinto Faya, defendió la participación de Lara como abogado del Ejecutivo, argumentando que “no rompe con el artículo 45 en ningún sentido, su actuación fue limpia, apegada a derecho y las consideraciones que se hacen son por desconocimiento”, se puede decir que el IEPC empezó con el pie izquierdo.
El gobernador Humberto Moreira se limitó a recordar que Lara Escalante ha sido apoderado del Gobierno del estado desde el sexenio anterior, como también ha estado al servicio de administraciones panistas en Coahuila, lo que de alguna manera no hace más que confirmar el desacierto de la elección.

Sin nombres definidos

Según los dos partidos más grandes del estado, los candidatos se conocerán en agosto, tal cual lo marca la ley.
El PRI ya estableció que la convocatoria se lanzará entre el 5 y el 8 de ese mes, y si bien aún no define cuál, anunció que irá en coalición con un solo partido, y con el resto se irá por la candidatura común parcial. Los de Unidad Democrática de Coahuila, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Cardenista Coahuilense, están en la mira, descartando obviamente al PAN y al PRD.
El Consejo Político acordó que las candidaturas no se elegirán teniendo en cuenta sondeos de popularidad, ya que ese método sólo se ha utilizado para observar el posicionamiento del partido, y que se irán por consulta directa debido a la gran cantera de experiencia y a una militancia muy activa, según las palabras de Rubén Moreira. La fecha del proceso será el domingo 17 de agosto y podrán votar militantes y simpatizantes del PRI a través del voto libre, directo y secreto.
Por el lado de los panistas, el más activo propagandista, Oscar Mohamar, ha anunciado que su campaña no está relacionada con la búsqueda de una candidatura personal, sino que la hace desde su calidad de ciudadano y de diputado federal; también se descarta la posibilidad de la participación del embajador Jorge Zermeño y del senador Guillermo Anaya, quienes son los favoritos para competir por la gubernatura en 2011.
En este sentido, la elección de Reyes Flores Hurtado como dirigente del PAN estatal, le abre el camino a Anaya, quien lo ha apoyado políticamente y forma parte de su equipo en el Senado. En este grupo se incluyen los delegados federales Luis Fernando Salazar, de Sedesol; Anastacio Carranza, de Profepa, y Fernando Gutiérrez, de Semarnat. También se suman los diputados federales Óscar Mohamar y Jesús de León, y los legisladores locales José Máynez y Luis Gurza Jaídar.
Parece que el PRI se ha adelantado con astucia y sin quebrar la ley en esta carrera, pero nada está dicho. Lo cierto es que el proceso será una prueba de fuego para el PAN que busca sacudirse los malos resultados de 2005 y revivir la victoria de 2006.
Con respecto al abstencionismo, no habrá mejor medicina que controlar la saturación que provocan los políticos en los medios de comunicación y habrá que ver si el ojo observador del IFE pude ayudar a menguar el incontrolable deseo de popularidad, sobre todo cuando es financiado por el erario público. Al tiempo. E4