El Distribuidor lo hicimos con la mejor voluntad: Martínez en su cuarto informe; en el sexto omitió el tema

La obra que reconciliaría a las principales metrópolis del estado se echó abajo por razones de seguridad; sin embargo, la impunidad demerita una decisión insoslayable y abre las puertas lo mismo al reclamo social justo que al oportunismo político en vísperas de elecciones

El Distribuidor Vial Revolución (DVR) sintetiza las relaciones de Saltillo y Torreón, a lo largo de su historia, marcadas por las desavenencias entre los poderes públicos, incluso dentro del mismo PRI, a los que suelen unirse grupos sociales y económicos. El ingrediente político juega un papel de primer orden, pues tras la rebeldía de los laguneros subyace un viejo sentimiento: el de verse marginados por el centro del estado (la capital) y el partido mayoritario que no postula a un candidato local al gobierno del estado desde 1963.
Por décadas, La Laguna ha demandado también un trato equitativo en la inversión pública y en las políticas de fomento económico. El reproche, en este sentido, es que la inversión extranjera directa se canaliza a Saltillo y Ramos Arizpe, zona que empezó a desarrollar una robusta industria automotriz a partir de la instalación de General Motors y Chrysler, en el gobierno de Óscar Flores Tapia. Desde la administración de Eliseo Mendoza, hasta la actual de Humberto Moreira, el estado niega tal discriminación e incluso afirma que, proporcionalmente, la mayor parte del presupuesto se ejerce en los cinco municipios de la Comarca.
Los argumentos, sin embargo, no convencen. Tan así que el Comité Constituyente del Estado de La Laguna reactivó el año pasado sus gestiones para crear una nueva entidad con municipios de Coahuila y Durango. El diputado panista Carlos Bracho presentó ante el pleno de la Cámara baja la iniciativa del “estado 33”, el 8 de marzo de 2007. Sin embargo, el PAN mantiene el caso bajo reserva, pues electoralmente no le ha resultado rentable.
El tema, asociado a la corriente que pugna por un gobernador lagunero, es atractivo en la región pero no en el resto de Coahuila. Ante esta realidad, el presidente del comité estatal del PRI, Rubén Moreira, critica a Acción Nacional por separatista.
En las elecciones de 1995 para gobernador, Enrique Martínez obtuvo en Torreón ochenta y cuatro mil cuatrocientos votos contra ochenta y un mil doscientos setenta y siete de Juan Antonio García Villa, uno de los líderes panistas con mejor cartel a escala nacional. Esa diferencia, de apenas tres mil ciento veintitrés sufragios, explicaría la presencia de laguneros en posiciones clave del gabinete de Martínez: política, finanzas y justicia. En la Secretaría de Obras Públicas designó a Jorge Viesca, señalado hoy, justamente, como primer responsable del fallido DVR.
Si el objetivo de ocupar con gente de Torreón y San Pedro las principales carteras de la administración era ampliar los márgenes de votaciones futuras entre el PRI y el PAN, no se logró pues para entonces el Partido Revolucionario ya había perdido la alcaldía de Torreón, en 1996, con Jorge Zermeño.
Fue precisamente Zermeño el candidato de Acción Nacional que enfrentó a Humberto Moreira en las elecciones de 2005. El PRI perdió Torreón por ciento veinticinco mil setecientos novena y tres votos contra ochenta y tres mil ciento cuarenta y ocho, lo que significó una disminución de más de mil sufragios con respecto a la votación de Enrique Martínez seis años antes.
En el conteo estatal, Moreira acumuló cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho votos (66.08 por ciento) y Zermeño doscientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta (33.73 por ciento). Esto confirma que los lemas del estado 33 y del gobernador lagunero no han transpuesto las fronteras de La Laguna.
En oposición a la política de su predecesor, Moreira designó a un solo secretario lagunero. Las principales carteras las ocupan, en su mayoría, saltillenses; incluso la de Obras Públicas. Eduardo Olmos, su primer titular, fue concentrado en Torreón como secretario de Desarrollo Social, cuya constitucionalidad está por resolver la Corte en base a una controversia promovida por el ayuntamiento de mayoría panista que preside José Ángel Pérez.

En el ojo de la tormenta

Viesca. En la mira tirios y troyanos

Las reacciones por el fracaso del Distribuidor Vial Revolución, más allá de la de por sí grave pérdida de doscientos millones de pesos y la falta de castigo a los culpables, no pueden disociarse de su raíz más profunda: la rivalidad entre las principales metrópolis de Coahuila. Enrique Martínez trató de subsanarla con el DVR. Por su magnitud y enfoque, la obra marcaría una etapa de entendimiento entre Torreón y Saltillo. Obras son amores y no buenas razones, recordó a los laguneros.
En su cuarto informe, el mandatario argumentó que las obras, programas y acciones las hemos orientado a atender las prioridades que demanda el estado y a lograr un desarrollo armónico y equilibrado entre los diversos sectores y regiones. Durante estos cuatro años, hemos impulsado el reordenamiento de los sistemas urbanos y regionales de vialidad, haciendo hincapié en el desarrollo de obras estratégicas; desde la elaboración de estudios y proyectos hasta la construcción y equipamiento de vialidades.
Enseguida se refirió a la obra satanizada hoy por Montescos y Capuletos: Estamos construyendo el Distribuidor Vial Revolución en Torreón. Es una obra monumental y de hermosa arquitectura, de las más importantes que se realizan en el norte de la república, que vendrá a resolver el problema de tránsito que tiene la ciudad y el área conurbada. Dará fluidez al paso de más de sesenta y cinco mil vehículos diarios en sus intersecciones.
El proyecto confirmaba la tesis del periodista Armando Fuentes Aguirre, Catón, expresada en distintos escenarios de Torreón en un intento plausible por acercar política y socialmente a laguneros y saltillenses, en el sentido de que el gobernador que más había invertido en la capital era don Braulio (Fernández Aguirre) y el que más lo hacía en Torreón era Enrique (Martínez).
En el Parque las Maravillas de la capital, Martínez detallaba una obra concebida para trascender el tiempo y el espacio y romper las barreras que impedían un entendimiento estable y duradero entre Saltillo y La Laguna. Con una inversión de ciento treinta y ocho millones de pesos y utilizando tecnología de punta (el DVR), contará con tres niveles de circulación de catorce trayectorias. Además tendrá paraderos para el transporte y brindará la seguridad en cruces peatonales, incluso para las personas con capacidades diferentes. Integra también dieciséis mil metros cuadrados de áreas verdes con riego de agua tratada, moderno alumbrado y sistema de drenaje pluvial.
El 15 de octubre de 2004, con la sucesión estatal a punto desalir de control y los primeros accidentes en el DVR encima, Martínez informaba: En Torreón, concluimos el Distribuidor Vial Revolución que desde su concepción lo hicimos con la mejor voluntad para dotar a nuestra querida ciudad de obras modernas y funcionales que evitaran el congestionamiento que existía en ese cruce estratégico. La obra se terminó y por ella han transitado desde su inauguración diecinueve millones de vehículos y en este momento hacemos las adecuaciones para mejorar el factor de seguridad, dado el alto aforo vehicular de carga que por él transita.
Pese al reconocimiento implícito de que la obra inaugurada ocho meses y medio antes había fallado, Martínez no dudaba en asegurar que el Distribuidor Vial Revolución es hoy por hoy una obra magna para los laguneros. Sin embargo, el tema del DVR desapareció del sexto informe.
Con tres accidentes y un par de muertos en su breve historia, el DVR fue tema de la campaña electoral de 2005. Humberto Moreira señaló la necesidad de someterlo a cirugía mayor. Finalmente, tras una serie de estudios y reparaciones, se decidió demolerlo para evitar accidentes futuros y nuevas víctimas. En ese sentido, el peritaje de Ingenieros Militares, que reveló múltiples puntos peligrosos, fue determinante.
La destrucción del DVR enfrenta de nuevo al gobierno y al PAN. El senador Guillermo Anaya demanda castigar a los responsables, en particular a Jorge Viesca, pero deja a salvo a Enrique Martínez, con quien conserva una buena relación; incluso se han reunido varias veces. El gobernador Moreira advierte que Anaya también tendría culpa, pues como alcalde supo de las fallas del Distribuidor. Anaya figura entre los investigados por la Secretaría de la Función Pública, aunque se declara inocente. El DVR no es la única obra fallida del sexenio de Enrique Martínez. La presa “Palo Blanco”, de Ramos Arizpe, fue clausurada por insegura y por lo mismo se critica el bulevar Luis Donaldo Colosio, de Saltillo, donde se han registrados varios accidentes mortales. En su última aparición pública, el 16 de abril, para asistir al sepelio del ex rector de la UA de C, Jesús Ochoa Ruesga, Martínez defendió los tres proyectos, con el argumento de que se apegaron a los lineamientos establecidos.
Frente a la parquedad de su predecesor, el gobernador Moreira entró al quite: Yo no me voy a quedar callado ni cruzado de brazos, a mí no se me va a hacer la lengua de trapo para defender a Enrique Martínez, lo que traigan con Enrique Martínez lo traen conmigo, si tienen bronca con Enrique Martínez, la van a tener conmigo. (…) Lo que pasa es que con ganas de fregar tratan de enfrentarse con alguien que ya no está al frente del gobierno. Hubieran tenido pantalones para habérsele puesto en su momento al brinco; les temblaron las corvas.
Y remató: Ahora resulta que le echan la paleta a Enrique Martínez, porque los panistas creen que van a engañar con su doble moral, con sus políticas y discursos que sólo confunden a la gente. Voy a poner un alto a quienes tratan de hacer pedazos a personajes políticos que han emanado de mi partido. (Vanguardia, 19-4-08)
La justicia cayó con el DVR y sobre sus ruinas se montan partidos, oportunistas y campañas para las elecciones de este año y las de 2009 y 2011. E4