Ciudadanos discuten con políticos el impacto negativo de vender activos de empresas públicas a transnacionales

Mientras los partidos hacen proselitismo en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos, Agsal maneja a su antojo el agua de la ciudad sin respetar leyes ni gobiernos; ante la inminente
crisis petrolera, Saro defiende la iniciativa de Felipe Calderón

Rodolfo Garza. Saltillo sin agua ni potestad

La iniciativa de reformar Pemex, la constitucionalidad o no de esa propuesta, las ventajas y riesgos de su eventual aprobación, la experiencia de privatizaciones en América Latina, el caso de Aguas de Barcelona en Saltillo y la corrupción extendida por los cuatro puntos cardinales de México, fueron los temas centrales del foro celebrado por el Consejo Ciudadano Permanente (Cocipe) el 5 de julio pasado en el Recinto de Juárez Saltillo.
Ante una asistencia que se congregó por más de cuatro horas, los exponentes dieron a conocer sus distintas perspectivas sobre estos fenómenos. Los participantes fueron Ernesto Saro Boardman, senador del PAN por Coahuila; Jaime Cárdenas García, investigador y ex consejero del IFE; Rodolfo Garza Gutiérrez, integrante de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) y Enrique Pedroza Amaya, juez de primera instancia en materia civil y penal.
Todos ellos, una vez concluidas sus respectivas ponencias, dialogaron y respondieron preguntas del público para conformar un estrecho diálogo que dejó al descubierto aristas poco tratadas en torno a la iniciativa del presidente Felipe Calderón para reformar Petróleos Mexicanos, así como a la problemática que representa la asociación de Simas Saltillo con Aguas de Barcelona.

Experiencias en América Latina y México

Jaime Cárdenas. Reforma anticonstitucional

Al contrario de lo que supuestamente iba a lograr, la política de privatización ha empeorado tanto las cosas que en muchos países ya se le conoce como la política de sobornización. La frase pertenece a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, y fue utilizada por Rodolfo Garza para sustentar los peligros que encierra esta práctica.
En su ponencia “Los riesgos de la participación privada en recursos naturales y servicios: Aguas de Saltillo un caso paradigmático”, Garza señala las pésimas experiencias acumuladas en América Latina y México cada vez que se ha dejado en manos de compañías extranjeras el manejo de sus riquezas.
Señala que el monto al que se venden las empresas públicas, por lo general, es un “precio político” que ni siquiera constituye su posible valor en el mercado. Asimismo, con frecuencia los inversionistas vinculados al régimen, socios empresarios del presidente o los altos funcionarios del poder ejecutivo, se benefician de la privatización, favoreciendo con el proceso el auge de la corrupción a niveles sin precedentes.
En la transferencia de la propiedad pública a la privada, elevadas sumas de dinero han pasado y se han quedado en manos de los políticos, ayudando con ello a la degradación del sistema electoral. Datos revelados por el estadista norteamericano Someshwar Singh, advierten que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional apoyan a sus empresas transnacionales pagando sobornos por alrededor de ochenta mil millones de dólares anuales.
Por otra parte, ya es una práctica constante que justo antes de la venta de activos, el estado deje de invertir, lo cual provoca el deterioro de los bienes y servicios que proporciona, lo que trae aparejada la insatisfacción de los usuarios que, por consiguiente, se adhieren a la posibilidad de que otros tomen cartas en el asunto.
México no escapa a estas malas experiencias. Destacan la privatización de la banca y de las autopistas (ICA y Tribursa indemnizadas por más de diecinueve mil millones de pesos), y apunta, además, que el costo de los rescates bancario, carretero, de ingenios y líneas aéreas alcanzan los ciento diez mil millones de dólares, el equivalente a trescientos cincuenta por ciento de los ingresos obtenidos por privatización de empresas públicas de 1982 a la fecha.
Ahora, sin embargo, el país ha sumado a sus ventas potenciales puertos, aeropuertos, ramales de ferrocarril (Chihuahua-Pacífico, Pacífico Norte-Noreste y Coatzacoalcos-Salina Cruz), promueve la subasta de satélites y muy pronto realizará también la licitación de la Distribuidora de Gas Natural en la Ciudad de México.

La Privatización del agua en Saltillo

Agsal. No somos hermanias de la caridad

Como una de las empresas más criminales que hay en el mundo calificó Rodolfo Garza a Aguas de Barcelona. De ahí la molestia de AUAS por las declaraciones del presidente Calderón en su reciente visita a España, en el sentido de que México tenía los brazos abiertos para recibir a inversionistas interesados en manejar los recursos hídricos en el país. Necesitamos que ustedes nos ayuden a cuidar el agua, a controlarla y administrarla, concluiría el mandatario.
En el caso específico de Saltillo, fue en 2001 cuando Óscar Pimentel —entonces alcalde— abre las puertas a la trasnacional Aguas de Barcelona y se crea la empresa mixta Agsal que absorbe el cuarenta y nueve por ciento de los activos del Sistema Municipal de Aguas (Simas). El primer elemento destacable es que para concretar la fusión el presidente municipal consultó asesores que formaban parte de los compradores potenciales y, en seguida, el monto por el que se vendió el cuarenta y nueve por ciento de las acciones constituyó un “precio político”, ni siquiera su posible cuantía en el mercado pues mientras el libro del organismo indicaba un valor de cuatrocientos cincuenta millones de pesos, la venta se hizo por apenas ochenta y dos millones. Ello le resulta suficiente a Garza para afirmar que el sistema de asociación definitivamente fue un contrato amañado, a favor de la empresa (española).
No obstante, apunta que lo peor son las faltas en que ha incurrido Agsal sin que nadie se atreva a ponerle freno. La entidad impone aumentos de hasta seis veces la tarifas por consumo —costo del agua— que lo catapulta del cuarenta y dos al sesenta y ocho por ciento, sin respetar el índice nacional de precios al consumidor. De igual modo las tarifas por concepto de servicios se incrementaron en un trescientos por ciento. Ha habido incumplimientos en el Contrato de Asistencia Técnica pues la aportación de tecnología es muy limitada y la calidad del agua potable resulta inadecuada. No ha cumplido con los parámetros  del Contrato de Asistencia Técnica. En ese punto específicamente, luego de analizar y revelar información contradictoria y falsa en los documentos de la empresa, AUAS detectó un déficit por alrededor de quinientos millones de pesos y aún está a la espera de que les demuestren el destino de este importe. La Asociación de Usuarios ha solicitado incluso un debate público con el gerente de Agsal, Rogerio Koehn, para despejar el conflicto, sin que hasta ahora haya proporcionado una respuesta.
La última arbitrariedad de Agsal fue la cancelación del servicio para el riego de jardines públicos. Cuestionados por tal decisión, funcionarios de la filial de Aguas de Barcelona, según Garza, contestaron que ellos no son hermanitas de la caridad. Nosotros venimos a hacer negocios, dijeron, y si van a regar sus plazas nos las tienen que pagar.
De tal forma, Saltillo no sólo ha perdido parte de su patrimonio sino también soberanía para poder administrar sus recursos hídricos.

El caso Pemex

Ernesto Saro. Llama a rescatar Pemex

El debate por la supuesta privatización de Petróleos Mexicanos no podía faltar. Los protagonistas fueron el senador Ernesto Saro y el investigador Jaime Cárdenas. El ex consejero del IFE y asesor del PRD demostró, con un extenso recuento histórico, la importancia del petróleo en nuestro país. Luego, a partir de las reformas promulgadas por Lázaro Cárdenas para nacionalizar la industria, acusó de inconstitucional el paquete del presidente Felipe Calderón que busca modificar con una nueva ley orgánica el marco jurídico de Pemex, la Administración Pública Federal y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución. Así como cambios a la Comisión Reguladora de Energía, una nueva Ley de la Comisión del Petróleo y modificaciones a la Ley Federal de Derechos.
El paquete, según Cárdenas, viola de manera directa el Artículo 25, que otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, es decir, le compete dirigirlo con facultades de mando, así como el Artículo 27 donde se expresa que corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible, de todos los carburos de hidrogeno que se encuentran en su yacimiento cualquiera que sea su estado físico, así como que la industria petrolera es de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentarias que la fijan, y establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos.
Sin embargo, el senador Saro, luego de aclarar que es incorrecto tratar de “privatización” la reforma en torno a Pemex —porque ni siquiera es una reforma energética, advierte— puesto que no compromete su patrimonio ni vende sus activos, expuso una serie de estadísticas que mueven a la reflexión. La primera indica el desplome de Pemex en sólo siete años. Del sexto lugar internacional que ocupaba entre las petroleras más importantes del mundo, pasó al onceavo puesto en 2007.
De igual modo, señala que la producción diaria se estancó en 4.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) en 2005. En sentido contrario, la extracción de gas se incrementó veintinueve por ciento entre 2000 y 2007 —a una tasa promedio de 6.5 por ciento anual en el último lustro—, pero México continúa siendo deficitario en gas natural y pierde en estos momentos sus mejores oportunidades para ser competitivo.
Otra circunstancia alarmante es que las reservas naturales probadas de hidrocarburos sufren un déficit continuo desde 1984. Hoy suman 14.7 mmbpce, equivalentes a 9.2 años de producción en los niveles de 2007. Apenas entre 2002 y 2007, estas reservas disminuyeron veintisiete por ciento, de 20.1 a 14.7 mmbpce. La caída en la producción de crudo implica que el país no obtuvo —en un aproximado discreto— diez mil millones de dólares durante los últimos tres años, en correspondencia con el precio de la mezcla mexicana en ese lapso.
Es ridículo, indica Saro, que México pague impuestos en Estados Unidos, genere empleos allá, compre gasolina, la transporte por carretera, pues ni viaductos tenemos, y finalmente deje su derraman económica allá, cuando todo el proceso lo podemos hacer en nuestra tierra.
Sobre estas bases, el senador hace un llamado a la ciudadanía para que comprenda los riesgos de mantener a Pemex en su estado actual, con el subsiguiente desgaste laboral y financiero para la nación. No obstante, a pesar de las premisas
de que el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos, fortalece la rectoría del Estado sobre sus recursos energéticos y de que, bajo ningún concepto, se privatiza Pemex, ni sus activos o su infraestructura, la larga cadena de corrupción, robos y malversación de fondos que ha estado siempre presente en la historia nacional pone en duda las buenas intenciones que ahora se pregonan. Cuestión de tiempo. E4