Obras públicas

El debate sobre el Distribuidor Vial Revolución es socialmente útil, pero jurídicamente estéril. Muchos de quienes hoy arrojan piedras de culpa contra el gobierno que lo ejecutó, por negligente, y el actual, que decidió derrumbarlo por inseguro, pero que acaso también perdió tiempo precioso para procesar a los responsables del bodrio, apenas ayer aplaudían al farón y su obra cumbre. Tremenda enseñanza para los hombres del poder, que no por repetida se aprende.
La única manera de satisfacer a las galerías indignadas, que exigen castigo para las autoridades y los empresarios hermanados por el fraude, sería con arterías. Es decir, con violaciones a leyes que por no aplicarse oportunamente cerraron las puertas a la justicia. El debate sobre el DVR, por desgracia, quedará en desahogo: la sociedad presionará, dirá lo que siente, y el gobierno resistirá. Pronto el tema será otro. La historia de siempre repetida al infinito. La impunidad reinará mientras falte ciudadanía, oposición inteligente y buenos gobiernos.
El diputado Antonio Juan Marcos Issa, que en calidad de líder patronal respaldó la obra cuando ya daba señales de peligrosidad, no ha tenido el decoro de pedir disculpas a los empresarios que capitaneaba ni a la sociedad cuyos intereses, en teoría, representa ahora en el Congreso. Mucho menos lo tendrá para renunciar a un cargo que recibió en bandeja de plata, sin rival en las urnas; como para lavar, o por lo menos ocultar, complicidades políticas.
La confesión de Enrique Martínez, hacia el final del sexenio 1999-2005, en el sentido de que su gobierno relajó la supervisión de la obra pública en aras de la economía, es una aceptación implícita de negligencia; por lo menos, en cuatro de sus principales logros: el DVR de Torreón, la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe; el bulevar Colosio y el puente Otilio González de Saltillo. Por eso se le recordará, más que por las casi mil doscientas obras que ejecutó y por haber liquidado la deuda pública, que al final resultó cierta solo a medias.
Sin embargo, mientras la Ley de Obras Públicas no se reforme a fondo, para que cada proyecto se someta no solo a procesos de licitación, supervisión y auditoría estrictos y verificables, sino que también responda a necesidades reales de la población y prevenga el tráfico de influencias, nada impedirá que en el futuro haya nuevos “DVRs” —en forma de edificios, puentes, redes de alcantarillado…—. Si el Congreso legisla sobre algunos temas insustanciales, es tiempo de que también lo haga en asuntos de interés público.