Invertir en policía, equipo, justicia y readaptación social, políticamente no era rentable: Fausto Destenave

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila advierte que frente a un sistema colapsado, la prioridad debe ser recuperar para el Estado la autoridad, el mando y la tutela del marco jurídico.
La estrategia del presidente falla porque no toma en cuenta que el narcotráfico está en casi todos los municipios, apunta

Fausto Destenave. Nos dedicamos a reaccionar

La lucha sin cuartel entre el Estado mexicano y el crimen organizado, que tiene en vilo al país, al Ejército en las calles, al gobierno atosigado y a la sociedad en zozobra las veinticuatro horas, obliga a preguntar —como Vargas Llosa en Conversaciones en la catedral, con respecto del Perú— ¿en qué momento se jodió en México la seguridad pública?
Fausto Destenave, secretario de Seguridad Pública, responde: Cuando dejamos hacer y dejamos pasar. La fórmula de Adam Smith, fundador de la economía, aplicada no al trabajo como generador de riqueza, sino al crimen organizado, en particular el narcotráfico, que la envilece.
Entrevistado bajo la sombra de un nogal y entre el canto de aves, Destenave, que en Hermosillo se estrenó como agente del Ministerio Público Federal con el “domingo rojo”, una matanza ocurrida el 28 de febrero de 1993, advierte que en la guerra que el presidente Calderón declaró contra la delincuencia y los carteles de la droga no hay vuelta atrás.
Apoya la participación del Ejército en la cruzada —es el único capaz de contrarrestar la inmensa capacidad que las organizaciones criminales ejercen a la sombra—, pero critica al gobierno federal por no entender que el narcotráfico dejó de ser un problema regional o privativo de algunas ciudades, para enquistarse casi en la totalidad de los municipios del país. Debemos vivir esa realidad.
La prioridad, apunta, consiste en reposicionar al Estado como autoridad, como mando, como tutelar del marco jurídico de la nación. Insiste en que el sistema de seguridad nacional está colapsado, y llama a su reconstrucción: La delincuencia evolucionó, se adecuó a las circunstancias, inclusive políticas,y nosotros dejamos de hacerlo.
Los celulares y el BlackBerry no dejan de sonar. La noticia de que habían “levantado” al director del Cereso de Torreón resulta falsa. El funcionario retoma el hilo de la charla: Olvidamos que estamos inmersos en el mercado ilegal y oscuro de las drogas, y que nuestro país es un punto clave. (...) quisimos cubrirnos con el argumento de que México era un país de paso (...) y olvidamos el tema de la adicción. Entonces dejamos de prevenir y nos dedicamos a reaccionar...
Cuando se le pregunta si el colapso en la seguridad no sobrevino al dejarse de pactar con los carteles, hecho que hoy tiene en prisión al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, replica: Sin dejar a un lado los cacicazgos criminales, fue un dejo en la agenda de los tres órdenes de gobierno. La seguridad pública, la procuración de justicia y la readaptación social no eran temas políticamente redituables, no eran vendibles. El resultado —reprocha— es que hoy seguridad nacional está vulnerada por una gran organización criminal.
Destenave pide al presidente Calderón respetar a los estados y recursos para atacar desde los municipios —la trinchera más grande y a la vez más débil del país en esta lucha— el terrorismo en que han mutado las bandas del crimen global y organizado. Los alcaldes no pueden solos, dice con dedicatoria al de Torreón.

Como fenómeno global, transfronterizo, el crimen organizado rebasó al Estado mexicano. Sin embargo, todavía hoy se le responde con armas y métodos convencionales. El tráfico de drogas mutó en narcoterror y el gobierno, simplemente, no halla la puerta. Como responsable de la seguridad pública del estado, ¿cuál es su análisis al respecto?
La manifestación de una violencia inusitada, exacerbada, originada desde las organizaciones que participan en el mercado de las drogas, es de gran magnitud y su presencia no es sólo regional y nacional sino internacional. Sin embargo, de pronto nos perdemos, pensamos que el narcotráfico únicamente son drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. No, también está el tráfico de armas de fuego altamente sofisticadas. Este es un elemento importante para la existencia de las estructuras criminales, que también representa un peligro inminente para el control de los estados, del Estado mexicano, porque a nosotros nos interesa el fenómeno nacional. Por otro lado, tenemos el robo de vehículos, el blanqueo de dinero y una serie de manifestaciones que tienen que ver, inclusive, con delitos que se confunden en la territorialidad jurídica como son los secuestros, los homicidios, las extorsiones, que se pierden en este mapa delictivo entre una competencia y otra. En México dejamos de hacer, por décadas, cosas fundamentales, elementales en materia de seguridad: se nos olvidó invertir. Durante muchos años dejamos hacer y dejamos pasar; dejamos de capacitar gente, de atender la dignificación policial, la carrera civil, ministerial. No nos adecuamos a la nueva actitud del crimen organizado en el mundo. La delincuencia ha evolucionado, se ha adecuado según las circunstancias, inclusive políticas, y nosotros dejamos de hacerlo. Olvidamos que estamos inmersos en un mercado ilegal, en el mercado oscuro de las drogas y que nuestro país es un punto clave. Siempre quisimos cubrirnos con el argumento de que México era un país de paso, de tráfico, y olvidamos el tema de la adicción. Entonces dejamos de prevenir y nos dedicamos a reaccionar cuando había evidencia del crimen organizado en regiones muy específicas: el norte de Tamaulipas, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Culiacán y el Distrito Federal.
Lo que teníamos que hacer era solidificar las instituciones de seguridad, fortalecerlas con sentido y visión. Así como nos olvidamos del recurso humano, descuidamos la creación de órganos de control interno y para evitar desviaciones en la conducta del personal que trabajaba en las áreas de seguridad pública y de procuración y administración de justicia. Hoy queda perfectamente claro que existe una desorganización en el sistema de justicia, en relación a esa manifestación inusitada de la violencia. La conclusión es que necesitamos replantear lo que México debe hacer en materia de seguridad y entender, primero, que por tratarse del asunto más delicado de la nación, amerita ser calificado en términos de problema de estado. A partir de ese punto tendríamos que reconocer el colapso e iniciar la reconstrucción de la seguridad pública, desde el área educativa y la formación cívica de la sociedad. Deben cuestionarse las limitaciones a la policía preventiva y buscar su óptimo aprovechamiento, para que dejen de ser “levanta partes” —perdón por el concepto, pero es el que mejor se adecua a la realidad— y se conviertan en policías proactivos, capaces de evitar inseguridad y reaccionar con oportunidad y eficiencia ante un hecho catalogado por la ley como delito o falta administrativa. También necesitamos reconstruir la figura, alcances, visión y filosofía el Ministerio Público; sobre todo su posicionamiento en la cadena de la seguridad, sin dejar de lado el tema de la administración de justicia que hoy enfrenta uno de los mayores retos de este país: si hay jueces sin rostro, blindados ¿bajo qué concepto y reglas de operación? igual debe concluirese que el sistema de readaptación nunca alcanzó su misión constitucional. Como todos los órganos anteriores, también debe atenderse con recursos bastos y suficientes para recomponer este esquema de inseguridad que tiene México. Ya rebasamos esa famosa etapa de narcoterror o de terrorismo y ahora lo que las organizaciones criminales quieren es actuar con toda impunidad.

Rezago histórico. El Estado no se adaptó a las nuevas circunstancias

¿Se dejó hacer y pasar según el viejo precepto de la delincuencia administrada, es decir de acuerdos secretos entre los gobiernos y el crimen para que no rebasaran ciertos límites y mantener así una seguridad ficticia? Hoy mismo al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, se le dictaron treinta y seis años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.
Sin dejar a un lado los cacicazgos criminales, porque así habría que determinarlos, es un dejo en la agenda del gobierno de la nación, de los tres órdenes de gobierno. La seguridad pública, la procuración de justicia y la readaptación social no eran temas que políticamente redituaran, no eran vendibles. Lo veíamos en los medios, donde ocupaban las páginas más alejadas, eran páginas poco leídas, la gente evitaba voltear a verlas. En viejas casonas tenías las comandancias de las policías y los agentes no reunían el mínimo perfil para ser funcionarios de seguridad pública, había mandos improvisados, policías empíricos, ministerios públicos que querían ser investigadores cuando su formación académica era de abogados, sin ninguna preparación más que la experiencia nos daba. Era un dejo que impidió hacer las cosas en forma ordenada, con metodología, con una visión de estado, de largo plazo. Creímos que la manifestación de la delincuencia iba a ser siempre controlada por las fuerzas de seguridad del Estado, no nos percatamos de que las organizaciones criminales evolucionaron a grandes carteles y además se han ramificado; ahora son muchísimas células urbanas, suburbanas, conurbadas, incluso interestatales, que conflictúan y obstaculiza la acción de reglas jurídicas que ya necesitamos cambiar. Fue un dejo, un olvido en una agenda de gobierno —de los tres niveles— que en lugar de ocupar los primeros lugares figuraba entre los últimos. Finalmente, no podemos descartar las complicidades que en forma personal algunas figuras de la vida pública han tenido. Hubo una gran negligencia por parte de la administración de Vicente Fox. Metafóricamente, diría que faltó poda. y cuando no se corta a tiempo se genera un descontrol, ya no se puede regular el crecimiento sano, ordenado o en este caso, del país. El gobierno federal no hizo lo propio en su momento, ni entendió que la seguridad es un trabajo incesante, incansable, interminable; así dan cuenta Italia, Estados Unidos, los Países Bajos, Asia, Sudamérica. La inseguridad pública es perenne, permanente, con diferentes caras, organizaciones, códigos inclusive, pero los estados no pueden dejar de trabajar en el tema; cuando lo hacen entonces hay un rebase en las expectativas de control del propio Estado. En México dejamos de hacer lo que era un deber; lo más triste es que dejamos de aplicar recursos humanos y financieros, y de actuar con visión de Estado. E4

El narcotráfico es asunto de seguridad nacional y combatirlo también
compete al Ejército

Tener al Ejército en las calles provoca reacciones a favor y en contra. El ombudsman pidió primero su regreso a los cuarteles y ahora declara que el repliegue sería suicida. ¿Qué le critica usted a la estrategia? Ante la escalada de violencia que observamos en toda la república, ¿hay vuelta atrás en la guerra que el presidente Calderón le declaró al crimen organizado?
No hay vuelta atrás. El posicionamiento del presidente de la República era necesario. Se trata de un tema de seguridad nacional y como tal debe afrontarlo el Estado mexicano; debemos vivir esta realidad. Sin embargo, el gobierno federal se equivoca pues no entiende que el fenómeno ya no es regional o privativo de algunas ciudades, sino nacional: está ramificado prácticamente en todos los municipios del país.
En tal sentido, el gobierno federal tiene que apostar recursos humanos y financieros en la prioridad número uno de la nación, que es reposicionar al Estado como autoridad, mando y tutelar del marco jurídico de la nación. La participación del Ejército debe tratarse con muchísima precisión. En este sentido, soy de los que piensan que cumple un mandato constitucional porque hablamos de seguridad nacional, amenazada no por otra nación, pero sí vulnerada por una gran organización criminal que tiene varias cabezas y contextos desde el punto de vista territorial, de población y de las instituciones sociales y públicas. Todo esto capacita, faculta y obliga al Ejército a intervenir, pero además hay otra explicación: en tanto las autoridades civiles, las fuerzas de seguridad en los tres órdenes de gobierno estén mermadas en recursos humanos y equipamiento, la única institución que salva esta situación es el Ejército, por su capacidad de armamento, de desplazamiento y por la lealtad que ha demostrado a lo largo de la historia. El Ejército es el único capaz de contrarrestar este inmenso poderío que las organizaciones criminales ejercen a la sombra. Mientras las autoridades civiles no tengamos nuevas reglas de juego ni estemos cubiertas de equipamiento y capacitación adecuados, pero sobre todo de una recomposición eficiente, el Ejército tendrá que actuar de forma directa y nosotros tendremos que allanarnos. Las fuerzas armadas son ejemplo de lealtad a nuestro país, una institución a la que debemos apoyar y depositar en ella toda nuestra fe y nuestra confianza para recomponer un escenario adverso. México vive hoy una de sus peores crisis institucionales desde el punto de vista del Estado.

La percepción social es que no existe coordinación entre los tres niveles de gobierno: los municipios culpan a los estados y los estados a la Federación. El presidente declara que los adictos están en los Estados Unidos y Tony Garza le recuerda que en México el consumo de drogas también se ha disparado. Total, nadie asume su responsabilidad.
Yo agregaría otro tema de discusión: la polémica del Plan Mérida. El gobierno federal, de forma muy correcta, le dice al Congreso de los Estados Unidos que no puede condicionar el apoyo para atacar el narcotráfico, por cuestiones de soberanía; eso lo apruebo. La incongruencia es que el presidente también debe respetar a los estados y a los municipios en la asignación de recursos. La Federación está obligada a retornar fondos para tener infraestructuras adecuadas y policías mejor equipadas en los tres órdenes de gobierno; que no sea sólo la Policía Federal la que disponga de tecnología de la seguridad. Cuando el gobernador Moreira estableció hace dos años y medio la política en materia de seguridad, dijo que México tendría que aplicar primero reglas en materia de seguridad, pues no existían; eran acciones vagas y aisladas. Uniformar a una persona, proveerle de automóvil, torreta y de las insignias de una fuerza de seguridad, no lo hace policía; mucho menos entregarle un arma de fuego cuando no está capacitado. Son disposiciones sin sentido ni planeación estratégica. El gobernador proponía darle un giro a la política de seguridad pública, entendiendo que en nuestra estructura nacional los menores recursos llegaban a los municipios, la primera trinchera, la más amplia y la más débil. Así nos convertíamos en un país de mandos policíacos, muchísimos, pocos operativos, poca gente en las calles, preparada y con el perfil, el sueldo y las necesidades mínimas cubiertas para tener elementos leales y eficientes, y los cambiamos por mandos operativos.
Lo primero que el gobernador Moreira pidió a la Federación fue que la mayor parte de los recursos pasara a los municipios para tener una fuerza de seguridad adecuada. Los estados son el conducto entre la Federación y los municipios en la aplicación de políticas. El pacto federal así lo establece y el artículo 115 constitucional otorga autonomía a los municipios; debemos respetarlos y reconocer que los estados necesitan una cobertura muy amplia. Ante la inseguridad, la gente demanda a los tres órdenes de gobierno actuar en consecuencia, pero dentro de esa articulación de esfuerzos no debemos olvidar las tareas que corresponden a cada uno. Siendo agente del Ministerio Público de carrera, actué tanto en el ámbito federal como en el fuero común. Desde el centro, el criterio era que las autoridades locales no tenían por qué intervenir en delitos de orden federal, pues de hacerlo descompondrían su naturaleza. Es algo que no debemos olvidar porque es la composición política de nuestro Estado, pero nada tiene que ver con la articulación de esfuerzos de las tres órdenes de gobierno. Tenemos que unirnos y multiplicar esfuerzos: la lucha que libramos así lo exige, sin olvidar que esos tres niveles tienen una función constitucional. Nuestras discusiones públicas se convierten en dimes y diretes; no hemos sido capaces de explicar cuál es la función de cada uno de los órganos de gobierno y qué hemos dejado de hacer. El presidente tiene que respetar a los estados y a los municipios, pero ese respeto no viene sólo por la voluntad, sino con el retorno de recursos que permitan disponer de una infraestructura adecuada. En los últimos diez años, Coahuila es el estado del norte al que menos recursos le han regresado en materia de seguridad. Apenas este año vamos a invertir ciento ochenta y ocho millones de pesos, contra ciento cuarenta y dos en 2007, entendiendo por seguridad pública, además, procuración y administración de justicia y el sistema penitenciario. Es una cifra ridícula, pobre para un tema tan importante, e inferior hasta en un treinta y cinco por ciento comparada con nuestros vecinos de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Baja California Norte.

¿A qué se debe, a falta de gestión o a una mala relación  con el gobierno
 federal?
No, obedece al pobre criterio que estableció el Sistema Nacional de Seguridad Pública para distribuir los recursos. Tal parece que se premia al estado con más problemas en materia de seguridad, no al que mejores resultados tenga. Ahora son dos frentes los que hay que atacar: los marcados ya por números rojos, que requieren acciones urgentes y quizá nuevas reglas operativas o jurídicas; y las localidades donde el fenómeno no se ha excedido y urge aplicar un tipo de blindaje, estructural y en materia de inversión.
En cuanto a la relación de estados y municipios, los alcaldes deben comprender que solos no podrán enfrentar el problema. Necesitan la ayuda del estado y para eso es imprescindible recomponer las reglas de la famosa policía preventiva. Los ayuntamientos deben ejercer mayores facultades en seguridad, acogerse a la ley en la materia y aprovechar que Coahuila cuenta con una de las más modernas. Desde abril de 2006 existe un convenio de colaboración con los treinta y ocho municipios, único a escala nacional, que convirtió a Moreira en el gobernador que más recursos comparte con los alcaldes, situación que prevalecía hasta el año pasado.
Nos adelantamos a un escenario que ahora estamos viviendo. Tenemos un área en conflicto que se ha recrudecido. En enero de 2006 expusimos la necesidad de que el fideicomiso de La Laguna retomara su visión original, de 1995 o antes, cuando se exigía un organismo de seguridad regional por las trifulcas entre las familias Villalobos y Burciaga (de Matamoros). La función de esta iniciativa era obtener ayuda para que las instituciones de seguridad estuvieran mejor capacitadas. Sin embargo, con el tiempo, el fideicomiso se convirtió en un órgano sustitutivo del municipio. Por tal motivo, en 2006, propusimos que únicamente se dedicara a obtener recursos para inversión en seguridad. No conseguimos avalar esta propuesta. Torreón aplica más del sesenta por ciento de su presupuesto en gastos administrativos, algo con lo que no estamos de acuerdo.
Presentamos el proyecto del centro de crisis, donde la tecnología iba a prevalecer. Sería un instrumento cohabitado por todas las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Durante más de un año participamos en una serie de discusiones, que tuvo como conclusión la autorización de esta iniciativa. En el equipamiento de la primera etapa nos tardamos a consecuencia de esas controversias. Es un pasivo en el que nosotros, hemos de reconocerlo, nos demoramos porque estuvimos apostando a la mesura, a la concordia con el municipio. Ahora volvemos a insistir en ese tópico: los recursos deben ser única y exclusivamente para la inversión.
No se puede sustituir la obligación que el ayuntamiento tiene para enfrentar estos gastos. Es imprescindible recordarle al alcalde, que carga sobre sus hombros la tarea del fortalecimiento municipal. Este año recibirá más de doscientos treinta millones de pesos y en este mismo fideicomiso establece los gastos para la seguridad pública, independientemente de otras partidas. Torreón es la ciudad que más ayuda ha recibido del gobernador Moreira: cuarenta millones de pesos el primer año y cuarenta millones más en el segundo. Es, asimismo, la ciudad que más policías posee, casi el doble que Saltillo, y con sus patrullas podrían cubrirse diez municipios de Coahuila.
Debe entenderse que a la zona conurbada de Torreón le urge ya equipo aéreo. El alcalde quiere encajonar el tema de la seguridad como si únicamente fuera en su municipio, pero así no saldremos adelante. Urge una proyección regional. Los ganaderos nos han hecho demandas insistentes de una cobertura de seguridad en las carreteras estatales y federales, en sus lugares de producción. El problema con este ayuntamiento es una situación sui generis, que no veo en el resto el país. El común denominador es que los alcaldes advierten la necesidad de que los gobiernos federal y estatales estemos en comunión con el fin de rehacer el tema de la seguridad. Algo fundamental de este dilema es no comprender que la seguridad pública se colapsó. Necesitamos admitirlo para poder reconstruirla. E4