Plantones, amagos de huelga y claxonazos ponen en evidencia
a las autoridades y a una sociedad silente

Movimiento estudiantil. La falta de respuesta de las autoridades empuja a los jóvenes a protestar en las calles

El movimiento cobra fuerza entre grupos que en apariencia nada tienen que ver con partidos y política; la demanda es simple: castigar a los responsables de que trescientos millones de pesos de una obra fallida vayan a la basura

Al sol. Cuando la sed de justicia es impostergable

Hace poco más de cuatro años El Siglo de Torreón, a propósito de la inauguración del Distribuidor Vial Revolución, el 30 de enero de 2004, declaraba en sus páginas que el mismo conjuntaba el trabajo de pueblo y gobierno para construir una obra emblemática que seguramente pasará a la historia como han pasado otras en las cuales se ha manifestado el espíritu emprendedor, incansable y empeñoso de los laguneros en su afán por hacer de Torreón y La Laguna la región más importante y moderna del norte del país.
Sin embargo, el pasado 3 de junio una nueva nota publicada por el mismo periódico deshace los sueños e intenciones de entonces. Justo la mañana anterior dos jóvenes que cursan la carrera de Derecho se plantaron en el eje 100 de la obra amenazando con iniciar una huelga de hambre para llamar la atención sobre la falta de justicia en torno al caso DVR que, con el paso del tiempo y el esplendor de éxitos efímeros como la última victoria del equipo Santos en el fútbol nacional, amenaza con caer en el olvido.
Su valiente actitud muy pronto encontró respaldo en otros compañeros que el 9 de junio se sumaron a protestar por la misma causa, entregando a los automovilistas que circulaban por las zonas de mayor congestionamiento, volantes con información sobre el gasto que implica la demolición y reconstrucción de la obra.
La respuesta no se hizo esperar y cientos de choferes hicieron sonar el claxon, tal cual proponían los estudiantes, para pedir justicia. Señal evidente del descontento que, alrededor del caso, prevalece en todos los torreonenses. 
Son más de trescientos millones de pesos los que siguen flotando en el limbo judicial sin que se vislumbre progreso alguno en contra de los posibles implicados. La Procuraduría General de Justicia del Estado ya exoneró al ex gobernador Enrique Martínez y al ex secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca, de cualquier responsabilidad en el conflicto. Mientras tanto mazntiene a Manuel Gómez Parra, ex director de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas, en el solitario papel de chivo expiatorio —por el momento ha quedado inhabilitado del servicio público, además de permanecer sujeto al pago de una multa cuyo monto aún no se determina—. No obstante, ni el Grupo BM, encargado del diseño del proyecto, ni Acolsa, entidad que ejecutó la construcción, ni Coordina, encargada de la supervisión, han sido llamadas a responder por los daños provocados, aun cuando el propio Gómez Parra alegara que todos conocían de las fallas existentes.
Sabemos que el proceso jurídico es lento pero el Gobierno le está sacando la vuelta al asunto, alegó Juan Pablo Alemán que, junto con Marco Portal, fueron los protagonistas del plantón. De tal forma, el costo de la demolición y el nuevo proyecto que reemplazará al distribuidor recae en las arcas de los torreonenses. Otro de los motivos que impulsaron a sostener su protesta.
El hecho no puede ser más oportuno pues abre un espacio de reflexión justo cuando la mayoría de los laguneros vive la euforia del título alcanzado por los guerreros santistas y que le viene como anillo al dedo a la administración del estado y del ayuntamiento en aras de mantener en marcha el plan de erigir un nuevo estadio para la oncena de fútbol. En esta obra ambos gobiernos conjugarán la suma de ciento setenta millones de pesos, además de las inversiones efectuadas por empresas como Modelo, Peñoles, Lala y Soriana, participantes directos de la misma. Cooperación implícita que ya levanta no pocos recelos pues algunos ciudadanos señalan que puede tratarse de un “regalo” de la actual administración a estas entidades con vistas a obtener réditos individuales en el futuro. Especialmente por el control casi absoluto que ejercerán dichos grupos sobre el equipo santista y que bien hubiese podido evitarse de venderle acciones a los aficionados, como se ha comenzado a ensayar en Europa con logros palpables.
Todo parece indicar que la estrategia a seguir es opacar con nuevos triunfos cívicos la vieja derrota del DVR pues a este millonario proyecto se suma la reciente inauguración del Coliseo Centenario, edificación financiada con capital privado a un costo de setenta millones de pesos y que se califica como el escenario taurino más moderno de México.
Sin embargo, no debe olvidarse que la historia de Coahuila en cuestión de mega construcciones dista mucho de ser un buen ejemplo. El Autódromo del Norte “Gerardo Dominico Martínez”, inaugurado bajo la tutela del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, terminó formando parte de un complejo industrial, muy lejos de convertirse en eje promotor del turismo en la región, tal cual era su propósito inicial. Otro tanto sucedió con Transportes Aéreos de Coahuila (TACSA), iniciativa que en 1995 les costó la vida a nueve personas luego que se estrellara un Cessna 208 perteneciente a la compañía.
Si bien en el primer caso, con la cuasi conversión del autódromo en una fábrica de electrodomésticos, se logró al menos generar unos dos mil empleos para Coahuila y, en el segundo desastre, se tuvo que pagar una indemnización por 4.3 millones de dólares a los familiares de las víctimas, en el caso DVR no se materializa acción alguna que inspire a la ciudadanía seguridad y respeto por las autoridades encargadas del asunto pues la retención de un único implicado mueve más a la burla que al decoro.
La dignidad que muestran estos jóvenes plantados encima de los mismos escombros que, en su momento, formaron parte de la pretendida obra cumbre en el sexenio de Enrique Martínez, así como la cohesión mostrada por los otros en la entrega de volantes, es una bofetada sin mano al rostro de la impunidad y un grito de advertencia para comprender que la necesidad de justicia  en Torreón no refiere a un capricho ciudadano sino a un deber moral y administrativo. Los momentos de gloria de cualquier equipo deportivo suelen durar muy poco tiempo. Imposible pretender que así de efímeras sean también las obligaciones de los mandatarios para con su pueblo.
Al final, las palabras con que el subsecretario de Gobierno, Salvador Hernández Vélez, convenció a los jóvenes apostados en el eje 100, para que terminaran su plantón, no resultaron convincentes.
Según Juan Pablo el funcionario le proporcionó datos interesantes —estadísticas, aspectos técnicos y las fases de demolición—, pero él mismo coincidió en que eran irrelevantes para el dilema que se buscaba solucionar pues desconocía su punto álgido: el proceso jurídico.
Puede que el levantamiento del DVR haya fallado por negligencia y corrupción, pero El Siglo no estaba del todo equivocado. El espíritu emprendedor, incansable, rebelde y empeñoso de los laguneros sigue en pie, representado ahora en las figuras de este grupo de jóvenes, quienes no se dejan llevar por los gritos de gol e insisten en clamar justicia, castigo para los verdaderos responsables de una obra fallida que costó a los coahuilenses más de trescientos millones de pesos, tirados lastimosamente a la basura. E4