Hernández Deras, de durango, y Osuna Millán, de baja california, remisos en la lucha contra el narcotráfico

Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad no siempre compaginan en la lucha contra el crimen organizado. El comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, denuncia a las corporaciones policiales de Baja California y ofrece nombres. En La Laguna, ante la pasividad de la DEI, el general Juárez Loera truena: díganles que tienen miedo

Polito. Sacude a Baja California

Mientras la guerra contra el narcotráfico se intensifica en todo el país y la escalada de violencia vuelve a concentarse en Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, comandantes de regiones militares empiezan a dar señales de agotamiento ante la falta de cooperación de los gobiernos estatales, como son los casos de Durango, gobernado por el priista Ismael Hernández Deras, y Baja California, cuyo mandatario es el panista José Osuna Millán.
En la Universidad de Chicago, donde impartió una conferencia sobre derechos humanos, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, denunció que en México el combate contra los carteles de la droga es parcial pues hasta ahora no se ha procedido contra las autoridades y empresarios que la solapan y se benefician del negocio de las drogas.
Las ejecuciones de agentes y jefes policíacos y de narcotraficantes entre sí, siguen a la orden del día. En Sinaloa, hasta el 26 de mayo, diecinueve uniformados habían sido asesinados. En la Ciudad de México, la cuenta de homicidios relacionados con el crimen organizado fue de diez. En Chihuahua y Durango la violencia volvió a registrar una escalada.
Un informe de la PGR revela que en el año y medio que va de la administración del presidente Calderón, la cifra de ejecuciones relacionadas con el tráfico de drogas es de cuatro mil ciento setenta y dos asesinatos violentos.
En ese contexto, el Congreso de los Estados Unidos autorizó 350 millones de dólares al Plan Mérida, que contempla equipamiento y asistencia a nuestro país en la lucha contra el narcortáfico. La ayuda impone una serie de condiciones, algunas en materia de derechos humanos, que han provocado reacciones de legisladores y partidos de oposición, al grado de que se piensa que el paquete, de recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes americana, podría ser finalmente rechazado, por “intervencionista”, aunque ese esecenario es poco probable.

El Ejército, la piedra en el zapato de los gobernadores

Loera. Exhibe al gobierno de Durango

Criticado por unos y apoyado por otros, el despliegue del Ejército en la campaña contra el narcotráfico sigue en el centro del debate. Mientras unos piden el acuartelamiento de las tropas y los gobernadores se lavan las manos y dirigen toda la responsabilidad hacia el gobierno federal, otros lo defienden abiertamente, convencidos de que sólo la organización, experiencia, equipamiento y lealtad de las fuerzas armadas puede hacer frente a un enemigo tan poderoso como el narcotráfico, cuyo poder destructivo parece no tener límite.
Sin embargo, el punto determinante en el éxito o fracaso de la lucha contra el crimen es la reciprocidad entre el Ejército, los gobiernos estatales y sus respectivos cuerpos de seguridad. En este marco, el general Jorge Juárez Loera, comandante de la XI Región Militar, con asiento en Torreón, criticó al gobernador de Durnago, Isamel Hernández Deras, por la falta de cooperación de la Dirección Estatal de Investigaciones (DEI) en los operativos militares.
En Baja California, las declaraciones del general Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar, en el sentido de que en la estructura del gobierno de Osuna Millán se ocultan colaboradores del narcotráfico, provocó juntas en Gobernación y el cese de funcionarios y policías.
En el mismo sentido, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, advierte que el presidente Calderón ha olvidado incluir a funcionarios  públicos —estatales y federales— y a empresarios de alto rango en las acciones contra el narcotráfico, pues muchos de ellos colaboran con los cárteles de la droga facilitando, encubriendo o protegiendo sus operaciones.
El 3 de mayo, un operativo militar en Gómez Palacio, Durango, permitió la detención de dos grupos de sospechosos, a uno de los cuales se le decomisó cuatrocientas cápsulas de cocaína. El comandante de la XII Región Militar, general Jorge Juárez Loera, criticó la actitud pasiva —y permisiva— de  la Dirección Estatal de Investigaciones por no apoyar la maniobra.
Díganles que tienen miedo, con esa frase, dirigida a la DEI, Juárez resumió su enojo. Aun y cuando aceptó que usualmente los municipios colaboran, dejó en claro que pediría explicaciones al gobernador de Durango, Hernández Deras. Por su parte, Sebastián Rocha, comandante regional de la DEI, argumentó que ellos participan cuando se activa el Código Rojo, pero que en el caso del reciente operativo militar en el Parque Industrial, ni la Policía Municipal ni el Ejército les dieron la información necesaria. Y en respuesta al general Juárez, aclaró que no tiene miedo.
El alcalde de Gómez Palacio, Ricardo Rebollo, se mostró en desacuerdo con las críticas del general mientras que el gobernador Ismael Hernández intentó minimizar el problema aludiendo a la “falta de comunicación”. En un boletín posterior, el mandatario explicó que de ninguna manera las declaraciones de Juárez quebrantan las relaciones entre el gobierno estatal y el Ejército. No obstante, para la ciudadanía, el suceso implica el primer choque público entre un mando militar y autoridades civiles en la Comarca Lagunera.
Convenientemente, el gobernador priista olvidó que el año pasado uno de sus colaboradores, el subprocurdor de Justicia en La Laguna, Hugo Armando Reséndiz Martínez, fue arraigado por la PGR por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y actualmente está bajo proceso.
En Tijuana, Baja California, el general Sergio Aponte Polito denunció actos de corrupción en distintos niveles del gabinete de seguridad y justicia del panista Osuna Millán, incluso entregó una lista con nombres de policías presuntamente ligados al narcotráfico.
En una misiva al procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjares, Aponte advirte que para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se deben sanear las corporaciones policíacas.
En apoyo a sus declaraciones, expone que recientemente, personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, BC, a una persona con más de trescientos kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente arribaron cuatro elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.
Igual cita denuncias que involucran a policías de corporaciones locales con el narcotráfico:
• Algunos acuden quincenal y mensualmente a las narcotienditas a cobrar cuotas por la protección que le brindan a narcomenudistas.
• Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (polleros).
• Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.
•  Algunos elementos protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.
• Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.
• Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.
El Ejército, pues, ha puesto bajo la lupa a los gobiernos estatales, que hasta ahora han asumido una posición cómoda, complaciente y a veces cómplice frente al narcotráfico, por considerdarlo un problema federal y de los militares, no de ellos.

Los hechos hablan y las posiciones cambian

Osuna. Llamado por Gobernación

Frente las voces que critican una supuesta militarización de la seguridad pública, en la mayoría de la población el consenso es favorable al Ejército, como lo señalan encuestas nacionales. La impresión es que mientras las fuerzas armadas cumplen su parte, los gobiernos civiles, sobre todo de los estados, actúan en sentido contrario.
El 15 de mayo, el Ejército logró el mayor decomiso de cocaína en lo que va de 2008 al incautar mil doscientos setenta kilogramos en Campeche, según informa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El operativo inició con la detección de una aeronave que invadió el espacio aéreo e inmediatamente fue seguida por un avión de la Fuerza Aérea. El aparato transportaba veintinueve costales de droga.
En noviembre de 2007, el Ejército decomisó en Manzanillo, Colima, más de veintitrés toneladas cocaína en contenedores provenientes de Colombia, el mayor cargamento incautado hasta ahora.
Ante la evidencia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, ha tenido que modificar su discurso con respecto a las labores del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Desde que los militares salieron a las calles a tratar de brindar seguridad a la población y a perseguir a los cárteles, Soberanes criticó la medida. Ahora declara que sería una locura regresar al Ejército a los cuarteles. En todo caso, propone un repliegue gradual para que evitar que millones de mexicanos queden en la indefención, mediante un calendario que peremita a la Policía Federal Preventiva retomar al control del combate al narcotráfico y el crimen organizado. Para lo cual, admite, es necesario equipar, entrenar y elevar el personal de la PFP. Así el Ejército quedaría como reserva en casos de emergencia.

El balance de la PGR

Deras. Ausencia en operativos

A cada golpe asestado por el Ejército, el narcotráfico responde con nuevas escaladas de violencia. La PGR informa que hasta el 23 de mayo, durante el gobierno del presidente Calderón, el saldo de la lucha contra el narcotráfico es de cuatro mil ciento setenta y dos asesinatos violentos, de los cuales cuatrocientos cincuenta corresponden a policías, miembros del Ejército, la Armada y fiscales. De enero a mayo, las ejecuciones registraron un incremento de cuarenta y ocho por ciento con respecto al mismo período de 2007.
En un escenario así, el temor cunde. Al menos ciento diez policías municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellos seis capitanes, renunciaron o se jubilaron luego de recibir amenazas del narcotráfico. La cifra de deserciones puede aumentar y propagarse por todo el país luego que el 24 de mayo se registraran otras diez ejecuciones que buscan, en primera instancia, el escarmiento. Dos sujetos fueron decapitados, tres más calcinados y otros dos presentaban múltiples heridas de bala. Los homicidas dejaron mensajes que relacionaban a las víctimas con gente de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. De esta manera, el número de homicidios en 2008 rebasa los cuatrocientos apenas en Ciudad Juárez.
En Morelia, Michoacán, un agente de la Policía Federal fue ejecutado en un motel, mientras en Jalisco y Nuevo León tampoco cesan las ejecuciones. El 23 de mayo, en Durango, seis cabezas humanas aparecieron en hieleras cerca de la capital, lo que elevó a once el número de decapitados en el lapso de un año, tan solo en ese estado. Días antes, un enfrentamiento entre bandas rivales dejó ocho muertos, según la Procuraduría General de Justicia de Durango. Mientras, el 27 de mayo, otro altercado en Sinaloa dejaría un saldo de nueve muertos, de ellos al menos cinco policías.

La Iglesia pide ir contra políticos y empresarios

Vera. Políticos y empresarios, involucrados

En conferencia impartida en Chicago el 20 de mayo, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, alertó sobre la necesidad de atacar las fuentes de servicio y cooperación ocultas en los gobierno con el fin de proteger al narcotráfico. Para el dominico, la estrategia de Calderón está incompleta si sólo se enfoca a los cárteles y a sus líderes más visibles. Lo principal es desarticular el tráfico de drogas y para eso hay que irse en contra de quienes les dan el poder a los traficantes dentro de la política, los negocios y las policías, precisó.
En opinión del fundador de la Casa del Migrante Belén, la fuerza del narcotráfico reside principalmente en los sectores sociales donde se ha infiltrado. Asimismo, mostró su desacuerdo con la participación del Ejército en la persecución del crimen organizado, dado que existen corporaciones policíacas especializadas. Aunque aclara que estas requieren mayor preparación.
El riesgo de utilizar a las Fuerzas Armadas, dice, es por el uso indiscriminado de sus facultades, las cuales suelen estar libres de restricciones y ponen en peligro los derechos individuales. En ese entorno, recuerda que es misión de la iglesia devolver los marcos éticos a la autoridad, contenidos en un estado de derecho que se traduce en garantizar a todos el respeto y el desarrollo de sus garantías.
Sobre el uso inevitable de la fuerza en esta lucha, Vera advierte: lo mejor es combatir con inteligencia. E4