Coahuila dice “no” a la reforma energética, pero desde antes el agua de la capital la controlan extranjeros

AUAS recurre al Tribunal Permanente de los Pueblos para enjuiciar a Aguas de Saltillo en tribunales internacionales. Asegura
que la salida del socio español es inminente y que la compra
de acciones por parte del estado es viable. Carlos Slim,
al mando de la planta tratadora

Más de siete años han pasado desde que Saltillo se convirtió en el laboratorio experimental de la semiprivatización del servicio de agua, impulsada durante las administraciones del presidente Vicente Fox, el gobernador Enrique Martínez y el alcalde Óscar Pimentel. Y resulta al menos raro que ni entonces ni hoy la apertura al capital privado de un recurso tan o más fundamental que el petróleo —el hídrico—, haya despertado un debate acalorado como el actual sobre la reforma energética.
La experiencia no resultó buena para los usuarios. Al contrario, destaca internacionalmente por las irregularidades en la concesión de servicios públicos a empresas extranjeras en América Latina. Los “puntos negros” de Aguas de Saltillo (Agsal), subsidiaria de la española Aguas de Barcelona (Agbar) han sido señalados por organismos que observan la labor de las trasnacionales en este continente, como Observatorio en la Deuda de la Globalización.
Problemas similares a los del caso saltillense, que van desde irregularidades en la concesión hasta el exceso de cobros, inobservancia de estatutos, manipulación de cifras, incumplimientos de parámetros técnicos, entre otros, han desembocado en la salida de Agbar de países como Argentina, Uruguay y Brasil (además de los conflictos que tienen en Chile y Colombia).
Algo que, tarde o temprano, sucederá aquí, según los esposos Gloria Tobón y Rodolfo Garza, miembros de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS), la cual llevó el caso al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizado el 14 y 15 de mayo en Lima, Perú, en el marco de la III Cumbre de los Pueblos. AUAS espera de un dictamen final para llevar el caso a una instancia de justicia internacional.
Gloria Tobón sabe que el proceso será largo, pero no duda que siga el mismo camino de otros países y de que el servicio del agua volverá a manos de los ciudadanos.
Rodolfo Garza señala una manera de acortar ese proceso, el cual consiste en tomarle la palabra al gobernador Humberto Moreira, quien haciéndose eco del reclamo “de la gente” mencionó la posibilidad de que el estado compre las acciones de la paramunicipal. Considerando su postura de oposición a la privatización del petróleo, la posibilidad de recuperar un recurso tan importante no suena descabellada.
Antes de realizar un proceso de recuperación del servicio, habría que desvelar oficialmente las irregularidades cometidas por la empresa para que la ciudadanía no pague un costo mayor.
Pero aun cuando el gobierno decidiera no tomar esa resolución, AUAS está dispuesta a recorrer el camino más largo, que incluiría costosos juicios legales en todas las instancias posibles y que deberán ser solventados por los miembros de la asociación.

Una oscura historia

La historia de la semiprivatización del servicio el agua es bastante conocida en la ciudad y ha circulado en los medios locales con frecuencia, sobre todo cada vez que Agsal plantea un aumento de tarifas.
Lo cierto es que las visitas de los representantes Agbar a Saltillo comenzaron en 2000, un año antes de que se aprobara el Programa para la Modernización de los Organismos Operadores del Agua (Promagua) y de que se reformara la Ley de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Coahuila, que abría la puerta a las empresas paramunicipales y establecía que se podía suspender el suministro a los morosos.
Ese mismo año el municipio, bajo la presidencia de Óscar Pimentel, contrató a la empresa Freese Nichols (FN) para evaluar los diferentes esquemas de participación de empresas privadas en sistemas de agua, la cual se inclinó por el sistema de “empresa mixta”, convirtiendo a Saltillo en la primera ciudad del país en elegir este régimen.
En la licitación no sólo se evadió la participación ciudadana, sino que fue conducida por la sociedad Arthur Andersen, acusada en Estados Unidos de obstruir la justicia en el caso Enron y la cual, al fungir como asesora contable de Agbar, se convertía en juez y parte del proceso.
Si bien se mencionaron otras empresas, Agbar fue la única que presentó propuesta y ganó la licitación. Lo hizo comprando el cuarenta y nueve por ciento del SIMAS en 81.9 millones de pesos, un valor apenas superior al piso fijado por Andersen y mucho menor a los cuatrocientos cincuenta y tres millones de pesos que valía la empresa según los libros.
El contrato se firmó con Intergarb de México, constituida un mes antes en la capital de país y cuyos socios eran Aguas de Barcelona (cincuenta y uno por ciento) e Interagua Servicios Integrales del Agua (cuarenta y nueve por ciento). El acta constitutiva fue negada bajo el argumento de una cláusula de secretismo de cinco años. El plazo ya expiró, pero el contenido aún sigue siendo un misterio.
Después de los cinco años, volvimos a intentar acceder al acta a través del Registro Público de la Ciudad de México y del notario que la registró, pero insisten en una cláusula de confidencialidad. Sólo encontramos información sobre una auditoría. Es lamentable, porque Intergarb gana a través del contrato por asistencia técnica con Agsal y de los réditos que aduce, pues creemos que existen otras ganancias no reportadas, comenta Tobón.

Las irregularidades

Los señalamientos de AUAS repercutieron rápidamente en la prensa y llegaron a oídos del Congreso del Estado que inició una auditoría mediante la Contaduría Mayor de Hacienda entre el cuarto trimestre de 2001 y el cuarto trimestre 2002, cuyos resultados fueron dados a conocer dos años más tarde.
Las irregularidades daban la razón a AUAS. Entre ellas destacan: obras no reportadas al consejo de administración por casi dos millones de pesos; diferencias de precios en dos obras; adquisición de vehículos por más de diez millones de pesos sin seguir el procedimiento de ley; comisión del quince por ciento por concepto de recuperación de la cartera vencida de SIMAS; sueldos y prestaciones excesivas; desfase de cobros en las tarifas; sometimiento del voto del Consejo de Administración a los consejeros de Intergarb; falta de reuniones del Consejo; y designación improcedente del gerente general.
El Congreso exhortó al Ayuntamiento a tomar medidas para sancionar a quienes resultaran responsables por no haber reportado las obras. Ordenó a Aguas de Saltillo no cobrar la comisión, bajar los sueldos y las tarifas, y devolver lo cobrado de más a la ciudadanía; entre otros señalamientos.
En 2005, el municipio publicó en el Periódico Oficial del Estado que la empresa había “atendido debidamente” los señalamientos de la auditoría. El documento fue firmado por el alcalde Fernando de las Fuentes.
Sin embargo, la mayoría de estos parámetros no se cumplieron, según explica Gloria Tobón, quien fue miembro del Consejo Directivo de SIMAS-Saltillo durante la alcaldía de Manuel López. Ellos defendieron los sueldos, pero ahora informan en Internet que de los doscientos mil pesos mensuales —más otra cifra  similar de prestaciones— que según señala la auditoría cobraba el gerente, ahora se pasó a sesenta mil pesos mensuales, lo cual no es creíble. También encontramos que cobran por el viaje de familiares a España, por el mandado, el colegio de los niños, uniformes, clubes deportivos. Todo como prestaciones.
Y asegura que el municipio defraudó a los usuarios. A pesar de que el cabildo exigió la reducción de las tarifas, esta se hizo únicamente en parte a los usuarios domésticos, mientras que a los usuarios industriales, comerciales y gubernamentales no les redujeron nada.
En cuanto a la devolución del dinero a los usuarios por el aumento de las tarifas entre 2001 y 2002, Tobón asegura que, en primer lugar, no se tomaron en cuenta cuatro aumentos más por condensación de rangos de tarifas y por aumento de aquellas pertenecientes a la CFE con información falsa. Y en segundo, que a los usuarios domésticos se le devolvió sólo un veinte por ciento de lo establecido, mientras que a los industriales, comerciales y gubernamentales apenas les regresaron entre el cinco y diez por ciento.
Deberían haber regresado unos setenta millones de pesos, pero sólo se contaron dieciocho y el cabildo no hizo nada. Se los advertimos y se cruzaron de brazos.
Esto llevó a presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual después de un año de investigación, determinó imponer la mayor multa local: un millón seiscientos mil pesos. Sin embargo, luego de varios amparos, el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito de Torreón, determinó echar abajo la multa.
La Profeco nos dio la razón, pero dejó pasar mucho tiempo en dar esa sentencia, así que el juez dijo que la empresa no tiene por qué estar esperando indefinidamente la resolución. Se trataba de la multa más grande que ponían en Saltillo y no querían hacerlo sin el respaldo de Profeco a nivel nacional. De cualquier forma, moralmente quedó probado el fraude.
Agsal sigue siendo la empresa con mayor número de quejas en la Profeco. Al cierre de marzo, compartía el primer puesto con Gas Natural, otra entidad en manos de españoles.

El futuro de Agsal

Las ganancias extraordinarias de la empresa, explica Tobón, se deben en parte a que Agsal se tomó al pie de la letra la modificación de la ley estatal para cortar el suministro a los morosos y empezó a amenazar a los usuarios, lo que permtió aumentar la eficiencia de cobro desde el primer año de concesión, aun cuando esto viola los derechos humanos ratificados en diversos pactos internacionales de los cuales México forma parte. AUAS propuso, al igual que hizo la bancada del PRI en el Congreso estatal, que se aplique sólo una reducción del suministro, lo que tendría el mismo efecto en la clase media-alta y no pondría en riesgo a la personas de bajos recursos.
Además, el cobro por reconexiones —treinta y siete mil en 2005—, ayuda a aumentar sus dividendos. En 2007 la empresa reportó utilidades netas por 36.13 millones de pesos, más del 9.4 por ciento que el año anterior.
Sin embargo, los números despiertan sospechas, sobre todo a partir de las diferencias entre la extracción reportada por Agsal y lo pagado a la Conagua entre 2004 y 2005. Uno de los trabajadores de la empresa nos dijo que los fines de semana Agsal desconectaba los medidores totalizadores que miden lo que se le paga a la Conagua. En 2004 señalan que la extracción es de 52.1 millones de metros cúbicos, pero en 2005 reportan que le pagan a la Conagua sólo 39.2 millones. Esta diferencia tiene un valor que aproximadamente representa unos sesenta millones de pesos sin pagar (…) Por eso los acusamos de fraude, expresa Tobón.
Cuando AUAS pidió al municipio una audiencia con Agsal para reportar esas irregularidades le contestaron que sólo sería posible si la empresa aceptaba, lo que demuestra que el socio mayoritario está supeditado a los intereses de su socio español.
Tobón asegura que tienen las pruebas suficientes para iniciar un juicio legal, pero que no lo harán hasta que encuentren un abogado de renombre para que se haga cargo del caso.
De todas maneras, explica, el proceso no ha sido sencillo en otros países y requiere tiempo. Si no se ha logrado hasta ahora ha sido por complicidad de las autoridades municipales. Además, el contrato de asociación establece que en caso de disolución, éste no se arregla en México sino en una instancia internacional. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, en otros lugares se han tardado diez o quince años, pero finamente tienen que salir.
Rodolfo Garza Gutiérrez agrega que esto podría lograrse demostrando con una nueva auditoría que las irregularidades persisten, aunque también baraja otra posibilidad: hay que tomarle la palabra al gobernador. Si él manifestó que está en contra de la privatización del petróleo, no puede dejar que pase lo mismo en Saltillo con el agua. Aquí dijeron que no se iba a privatizar, pero al final se pasó el control a una empresa extranjera, que es la encargada de tomar las decisiones pasando por encima de las autoridades, de los usuarios, del Consejo de Administración.
Sin embargo, Gloria Tobón advierte que en caso de una recompra de las acciones habrá que llamar a cuentas a la empresa para no pagar más de lo debido, ya que el valor en los libros ha aumentado en los últimos años. E4