La voz de los generales

Las críticas del Ejército a los gobernadores de Baja California, el panista José Osuna, y de Durango, el priísta Ismael Hernández, por su falta de cooperación en la guerra contra el narcotráfico, y peor aún, por el involucramiento de funcionarios estatales y municipales con el crimen organizado, en el primer caso, generaron reacciones inmediatas de las autoridades y de los carteles, cuyo saldo, en términos de sangre, tardará tiempo en contabilizarse.
En este proceso de desinfección, pocos gobernadores han asumido un compromiso sólido y cabal con las fuerzas federales, a pesar de que es en los estados, señaladamente más en unos que en otros, donde el narcotráfico envilece y altera la convivencia y el orden social. O acaso son remisos porque, con su anuencia, las mafias han tomado posiciones en las mismas sedes de los poderes públicos. Así lo acaba de advertir el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en la conferencia sobre derechos humanos que dictó en la Universidad de Chicago en días pasados, al referirse a las conexiones —hasta hoy intocadas— entre los traficantes de drogas y los blanqueadores de dinero con autoridades y empresarios, de quienes reciben protección.
Es un secreto a voces que en Tamaulipas, el año pasado, el narcotráfico intervino en las elecciones para asegurarle al gobernador Eugenio Hernández el control del Congreso y el dominio de los municipios estratégicos. El secuestro y la ejecución de candidatos, inhibió no sólo a los partidos de oposición, sino a la ciudadanía. Huelga decir que el mandatario y el estado pagarán costos muy elevados, si tal alianza hizo posible el triunfo del PRI en una de las entidades más afectadas por el tráfico de estupefacientes. De ello puede dar testimonio el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien aún no termina de saldar cuentas con la justicia mexicana y norteamericana.
En este marco, las declaraciones del general Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar, en el sentido de que el gobierno panista de Osuna Millán tenía en sus estructuras de seguridad y procuración de justicia a colaboradores relacionados con el narcotráfico, tuvo como respuesta el cese de funcionarios, reuniones en Gobernación, mayor violencia por parte de los carteles y el reforzamiento del Ejército y la Policía Federal en Baja California.
Desde Torreón, asiento de la XII Región Militar, su comandante, el general Jorge Juárez Loera, quien suele formular planteamientos demasiado gráficos y claridosos a autoridades civiles y empresarios, criticó al gobernador Hernández Deras, del PRI, por no apoyar como es debido las acciones del Ejército en uno de los estados más contaminados por el narcotráfico. El ejecutivo duranguense respondió con retórica, los narcos a balazos y los militares con acciones. Los mandos castrenses empiezan a ubicar otra parte del problema en la guerra contra las drogas: la pasividad y acaso complicidad de algunos gobernadores. El mensaje lanzado por Aponte y Juárez no deja lugar a dudas: o se activan o se atienen a las consecuencias.