Sólo en 2007 se ejercieron en servicios personales más de cuatrocientos millones de pesos no aprobados

Una de las universidades coahuilenses con mayor prestigio
a escala nacional e internacional atraviesa una crisis por
irregularidades en la ejecución del presupuesto. El Consejo
Universitario arremete contra el rector Jorge Galo Medina Torres

El año 2008 no comenzó bien para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Al recorte de su presupuesto en dos millones de pesos, dispuesto por Hacienda al encontrar “diferencias” entre la nómina propuesta por la institución y la que tenía registrada la Secretaría, se suma un rosario de denuncias que el Consejo Universitario hace en contra del rector Jorge Galo Medina Torres, a quien acusa de cometer serias irregularidades en el manejo de fondos.
Los avisos de la tormenta que se desató con la denuncia del Consejo Universitario comenzaron con el ajuste de que hizo la Secretaría de Hacienda al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 565 millones de pesos y que obligaba a la institución a utilizar fondos del presupuesto de 2007 para cubrir una deuda con el Seguro Social de 25 millones de pesos por nuevas “diferencias” en el cálculo de impuestos.
A esto se suma el desfase de 15 millones de pesos que no fueron inyectados al Fondo de Pensiones porque no fueron gestionados para el primer trimestre del año, lo que despertó inquietudes sobre el destino de los recursos. La explicación la rectoría fue que se había “olvidado” gestionarlos.
Y hay más. Según un reporte entregado el 28 de abril por la Comisión Hacendaria al Consejo Universitario, la administración de Jorge Galo Medina Torres incrementó durante poco más de un año de gestión el número de plazas, liberando ciento treinta y siete, además de otorgar ciento cuarenta promociones. Con esto, el adelgazamiento de la nómina promovido por el ex rector Luis Alberto Aguirre, con el cual se pretendían ahorrar unos 40 millones de pesos anuales, quedó en la nada, ya que la planta actual está en un nivel similar al del año 2003.
Ahora, el rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Jorge Galo Medina Torres, está en vías de ser investigado por instancias universitarias y de la federación en virtud de probables desvíos de recursos, usurpación de algunas funciones, incumplimiento de otras y abierto desacato al consejo universitario.
Tales anomalías ponen en riesgo su permanencia al frente de la institución que encabeza desde hace casi dieciocho meses, así como la de por lo menos cuatro funcionarios de primer nivel en la entidad, según señala la Comisión Hacendaria del Consejo Universitario, recientemente renovada.
El organismo les atribuye diferentes violaciones a la legislación federal vigente relativa al desempeño de los servidores públicos en conjunto con una serie de infracciones a la regulación interna del centro educativo, a cuyos órganos colegiados la administración central “desprecia” y busca “avasallar”.
En su informe anual 2006-2007, presentado en noviembre pasado, el rector Medina Torres afirmó que el proyecto de presupuesto de 2007 (por quinientos veintinueve millones de pesos) fue modificado y aprobado por el consejo universitario, lo cual “permitió el ejercicio ordenado” de los recursos.
Pero ahora es denunciado, entre otras cosas, por haber consentido en la aplicación de un monto superior a los cuatrocientos millones de pesos, correspondientes al capítulo de servicios personales, sin la autorización respectiva de los consejeros.
Entre los presuntos responsables por el “uso indebido de funciones” figuran también el director general administrativo, Javier de Jesús Cortés Bracho; el contralor universitario, Rubén Morán Oñate; el director de planeación y evaluación, Salvador Muñoz Castro; y el secretario general, José Jaime Lozano García.
Medina Torres deberá responder por diversas transgresiones a los siguientes ordenamientos: Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Asimismo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, Decreto que Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto en la Administración Pública Federal, y Lineamientos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

La denuncia

Galo Medina. ¿En la cuerda floja?

Mediante un amplio informe, los seis comisionados de Hacienda hacen referencia a la aplicación incorrecta de los recursos del rubro de Previsión Institucional y del presupuesto adicional de 2007, que suman casi 53.5 millones de pesos, hecho en el que habrían participado varios funcionarios que, para tal efecto, pasaron por alto la ley orgánica y el estatuto de la UAAAN.
En este sentido, puntualizan que los montos millonarios de previsión o ampliación presupuestal no están sujetos a la decisión discrecional de un funcionario. Son los órganos colegiados quienes normativamente tienen estas atribuciones.
El documento, fechado el pasado 8 de abril, también alude al destino incierto de la ampliación presupuestal de quince millones de pesos que la Sagarpa autorizó a finales de 2006 para fortalecer los fondos de pensiones de los trabajadores universitarios.
El reporte, de catorce cuartillas, contiene cinco puntos y una sección adjunta, que incluye una “auditoría externa” correspondiente al ejercicio 2006, así como al manejo de los “ingresos económicos adicionales”, “modificaciones al presupuesto autorizado y transferencias”, asuntos “diversos”, “presupuesto 2007” y un “anexo” con una relación de las “violaciones a la legislación aplicable”.
Otro monto de cuya aplicación tampoco obtuvo información la comisión hacendaria, y que por lo mismo no emitió el dictamen relativo, es de diecisiete millones de pesos que el plantel recibió para cubrir el reciente aumento salarial, prestaciones y prima de antigüedad, “logrados como recursos adicionales y destinados a servicios personales”.
El incumplimiento de la normatividad respecto a estos ingresos adicionales y la falta de transparencia en su asignación y ejecución, dan lugar a la presunción de desvío de recursos, expresa el oficio, signado y sellado por los propios comisionados: Eduardo Fuentes Rodríguez (ex secretario general y ex rector sustituto en 1999), Leobardo Bañuelos Herrera, Rolando Sandino Salazar, Pedro Estrada Adame, Carmelo López Contreras y Damián Torres Hernández.
Tal arbitrariedad se da en un ambiente en que se anula de facto una división de tareas y sus competencias, que afecta al consejo universitario y a sus comisiones, y se atenta contra los principios fundamentales de autogobierno y sus valores democráticos, ya que la actuación autoritaria de los funcionarios ha sido su constante.
Como ejemplo de la aplicación irregular “de una parte de la ampliación presupuestal”, la comisión recapitula que en diciembre de 2007 los oficiales de la administración central recibieron su pago de salario normal, así como lo correspondiente a aguinaldos y estímulos o compensaciones pero, “en forma adicional”, los funcionarios “se auto otorgaron un bono”.
Se desconoce de este bono su justificación, criterios, beneficiarios y montos otorgados, dado que la Comisión Hacendaria que tiene la facultad de determinar los emolumentos a funcionarios no fue enterada o consultada para ello.

Servicios personales

En el quinto punto del crítico análisis que trata en torno al presupuesto de 2007, se señala que la memoria de cálculo de servicios personales no fue enviada a la comisión de hacienda.
Así pues, al no cumplirse esta condición para su acreditación, en su caso, fueron ejercidos durante 2007, en el capítulo de servicios personales, más de cuatrocientos millones de pesos no aprobados.
Por otra parte, tampoco fue remitida a dicho órgano la información sobre los ingresos propios, por lo tanto no realizó su estudio y no otorgó su aprobación; además, no se le informó sobre recursos extras para servicios personales, de manera que tampoco dictaminó sobre ello.
Del mismo modo, la suspensión de contrataciones y promociones acordada para dicho periodo “no se ha cumplido”, ya que al cierre de 2006 la plantilla de trabajadores en la UAAAN era de mil quinientos y, a marzo de 2008, de mil seiscientos treinta y siete.
Ello equivale a un incremento de ciento treinta y siete plazas, de las cuales cincuenta y dos corresponden a académicos, y ochenta y cinco a administrativos. En el mismo lapso también se otorgaron indebidamente ciento cuarenta millones de pesos en promociones.
El incumplimiento de los acuerdos citados y el ejercicio de recursos no aprobados, violan la normatividad universitaria, se insiste en el reporte.
Y hace notar que la ley orgánica de la “Antonio Narro” expresa en su Artículo 10 que el consejo universitario es la máxima autoridad de la institución; así mismo, en su Artículo 20 establece que una de las facultades del rector consiste en cumplir y hacer cumplir los acuerdos del consejo universitario.
De igual manera, en el estatuto se contempla que la Secretaría General de la institución ha de auxiliar a la rectoría en el ejercicio de su mandato y coadyuvar en la ejecución de los acuerdos emanados del consejo universitario.

La respuesta

Si bien se hizo esperar, dos días después de que el periódico Palabra publicara en primera plana la información sobre las denuncias del Consejo Universitario, el rector publicó en el mismo medio una carta en la que explica que se están recopilando todos los documentos necesarios para avalar los informes y demostrar que no existen irregularidades.
Me preocupa que se haya dado a conocer a la opinión pública presuntas irregularidades sin antes haberse agotado el análisis de la documentación por las instancias universitarias respectivas como lo es el mismo Consejo y sus Comisiones, órgano de autoridad máxima dentro de la Universidad.
Ante las consideraciones contenidas en el documento que señala presuntas irregularidades, he instruido a los titulares de las autoridades universitarias involucradas, que aporten toda la información pertinente para aclarar dudas, supuestos y presunciones del ejercicio presupuestal de la Narro, dice Galo Medina.
Y agrega: los responsables de las áreas de planeación, administración y control del presupuesto universitario han declarado que las actividades hasta ahora realizadas, se han apegado en todo momento a lo indicado en la normatividad tanto interna como externa aplicable al manejo de los recursos, por lo que se mantiene un ejercicio claro, honesto y responsable que se ciñe a las directrices establecidas para ello. E4