Cerco al monopolio

Parece mentira que en tiempos de democracia y con el negativo saldo político y social —pero eso sí, altamente rentable— del monopolio televisivo que la precedió, aún presente en la mente de millones de mexicanos, haya empresas como RCG ancladas en el pasado. Resulta aun más grave, por los efectos perniciosos de sus prácticas, que este tipo de negocios no sólo den la espalda a los intereses de la sociedad, sino que actúen abiertamente en contra de ella, de sus instituciones, principios y valores.
Por eso ha provocado júbilo y reacciones positivas en distintos sectores del estado el anuncio de que en breve funcionarán nuevos sistemas de televisión de paga en Saltillo, Monclova, Acuña, Sabinas, Rosita y Palau, aunados al que opera desde hace varios años en San Pedro y al canal de señal libre en la región Carbonífera, abierto con grandes esfuerzos a pesar de las presiones y artilugios para evitar su creación o forzar su venta a quien se supone amo y señor del servicio en todas las latitudes del estado, excepto en La Laguna.
A partir de este año, el empresario y ex senador del PRI, Alejandro Gutiérrez, y el industrial Rodolfo Garza, ofrecerán a los coahuilenses de las regiones Sureste, Centro y Norte, opciones de televisión seria y responsable. Por otra parte, Jorge César González y René Robles ampliarán su cobertura en los municipios carboníferos con la red que recientemente les autorizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La política federal en marcha tiene un propósito plausible: poner coto a los monopolios en las telecomunicaciones.
La influencia de la televisión puede ser positiva o negativa en cualquier parte del mundo y según la cultura de cada pueblo. Sin embargo, aun en los países más avanzados el reproche social es el mismo: contenidos de escasa calidad, fomento del sexo y la violencia, tendencia hacia la vulgarización y, más delicado aún: intromisión obscena en la vida privada de las personas. Incluso las que poseen una obsesión patológica hacia el exhibicionismo piden en ocasiones un respiro ante el acoso de las cámaras.
El caso de RCG, con tintes de monopolio, aunque la coordinadora de Alianza Cívica, Nelly Herrera, no tiene reparo en calificarlo como tal, resulta paradigmático de lo que es faltar a las más elementales normas éticas y de urbanidad. Ello le ha valido demandas y recomendaciones, lo mismo de autoridades a las que antes tenía en el Olimpo, como el ex gobernador Rogelio Montemayor, que de mujeres agraviadas, como Patricia Torres, e instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La competencia tal vez haga recapacitar a RCG; y si no, que se atenga a las reglas del mercado.