López obrador solapa, engaña, divide y gana reflectores, sin importarle los costos que el país pueda pagar por sus desafueros

El líder de la izquierda, criticado por Ruth Zavaleta, trata
de imponer su agenda en la reforma energética, pero
en el fondo lo que busca es descarrilar al gobierno de Felipe
Calderón, una apuesta demasiado osada

Sumido en la peor crisis de su historia, cuestionado por la mayoría de sus seguidores, dividido internamente sin que aparezca la luz de una posible conciliación, el Partido de la Revolución Democrática amenaza con romper el equilibrio de fuerzas políticas en México, justo ahora, cuando se necesita una izquierda coherente y vigorosa que logre hacerle contrapeso al Partido Acción Nacional, instalado en Los Pinos desde el sexenio pasado y conservador por naturaleza en sus lineamientos políticos.
Sin embargo, la imposibilidad de definir un ganador claro en las elecciones por la dirigencia nacional del partido del sol azteca —aun cuando la Comisión Nacional de Garantías del PRD recién dictaminó a favor de Encinas la decisión que será llevada al Trife para su discusión— y los violentos actos de resistencia promovidos por López Obrador con el pretexto, primero, de salvaguardar a la nación de un “presidente espurio”, luego, de impedir la reforma energética y, ahora también, de garantizar la victoria de Alejandro Encinas, a quien apoya abiertamente para ocupar el cargo supremo de su fracción, mantiene en jaque la cohesión de todo el movimiento que hace menos de dos años estuvo a punto de hacerse con las elecciones presidenciales.

Asalto al Congreso

Apenas medio punto porcentual resultó la diferencia que llevó, el 2 de diciembre de 2006, a Felipe Calderón colgarse la banda de presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Se debió haber sellado así un capítulo inédito en la historia de esta nación, con las elecciones más cerradas que jamás se hubiera concebido. El PAN, victorioso, permanecía en el poder y el PRD, a su vez, demostraba entonces que era una fuerza con la cual había que contar para los próximos comicios. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron exactamente así.
El candidato perredista Andrés Manuel López Obrador tomó como afrenta personal y no como acontecer político su derrota. No aceptó, pues, la investidura del nuevo mandatario, calificándolo de “espurio” para, de manera paralela, montar sobre bases ficticias y no amparadas por la Constitución vigente —y ninguna otra— un supuesto gobierno “legítimo”. Sería, acaso, el primero de una serie de dislates ingeniados por el ex jefe de gobierno del Distrito Federal encaminados a socavar la autoridad de Calderón y que, recientemente, ha llegado incluso a provocar que el Frente Amplio Progresista (FAP), organización que combina en su seno a tres fuerzas políticas de izquierda —Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido del Trabajo— irrumpa en el Congreso con gritos y pancartas so pretexto de “impedir que se robe el petróleo a los mexicanos”.
La toma de las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados por parte de legisladores del FAP, del 10 al 25 de abril, deja en claro el nulo respeto que la oposición, encabezada por Obrador, le guarda a los poderes de gobierno, amparados y erigidos por la Constitución. Al margen de la ilegalidad de tales actos, que no es poca cosa, a los protagonistas del asalto no les importó violar el Congreso, que es la representación de la soberanía y expresión de la pluralidad política nacional.
Irónicamente, son ellos los mismos diputados y senadores “legítimos” responsables de desempeñar su función legislativa y resolver los problemas que se presenten evaluando, deliberando y, ante todo, ateniéndose al marco oficial que representa el Congreso. Su proceder, en cambio, echa a un lado varios de los fundamentos de la democracia e ignora, ex profeso, la facultad  que tiene el Poder Legislativo para emitir o modificar estatutos según proceda.
El recurrente llamado a movilizaciones pacíficas es un eufemismo que implica por sí solo un acto de agresión a la autoridad y al desempeño de las instituciones republicanas. Especialmente si se le agrega, como es el caso, la imposición unilateral de la voluntad de un caudillo a las masas para aceptar por único resultado viable aquel que le convenga, al margen de lo que aporte el diálogo dentro o fuera del Congreso.
 
La carrera por la supremacía

El asunto —y con ello la imagen del PRD— empeora cuando esos mismos métodos violentos se expresan al momento de elegir al próximo líder del partido a escala nacional. Las acusaciones de fraudes, sobornos, y demás irregularidades que antiguamente les fueron imputadas al PRI y posteriormente al PAN, en estos momentos rebotan de fila en fila al interior del sol azteca. Algunas de las trampas supuestamente detectadas son robo de votos, quema y relleno de urnas y la no instalación de casillas.
Los principales candidatos, Jesús Ortega y Alejandro Encinas, tienen una larga historia en la izquierda mexicana desde los años setenta. El primero de ellos compite por cuarta ocasión por la presidencia nacional del PRD y ha sido diputado y senador por su partido varias veces. Fue el coordinador de campaña de López Obrador en la campaña presidencial de 2006, mientras Encinas también trabajó con Andrés Manuel como secretario general de Gobierno y lo sustituyó en el puesto en 2005.
Sin embargo, sería un error aunar sus visiones políticas a pesar de que ambos laboraron en algún momento junto a Obrador. Jesús Ortega opta por encaminar los propósitos de su partido desde una perspectiva institucional y electoral, apoyado en la fuerza con que cuenta la izquierda en el Congreso. Su contrincante, por el contrario, tiende más a las maneras del Peje, quizás por saber que goza de su respaldo total. A su juicio, hay que confrontar directamente al gobierno de Felipe Calderón, corroerlo, negándole cualquier tipo de negociación y apostándole, si no a su derrumbe, sí a un desgaste de proporciones considerables.
Para muchos, estas elecciones son un indicador de la fortaleza que aún mantiene —o ha perdido— López Obrador dentro del PRD y la izquierda mexicana en general. La presión ejercida por su mera presencia ya forzó en una ocasión la declaración de Encinas en calidad de ganador, cuando apenas se habían contabilizado el ochenta y seis por ciento de los votos. Resultado que, por supuesto, Ortega rechazó proclamándose al mismo tiempo vencedor. El hecho es que a casi dos meses de las elecciones en el PRD, celebradas el 16 de marzo, el sol azteca apenas proclamba al cierre de esta edición a Encinas en calidad de virtual ganador.
Fallo al que Jesús Ortega respondio afirmando que no voy a permitir este nuevo intento de atraco y como en ocasiones anteriores va a fracasar. Haremos uso de nuestro derecho ante todas las instancias, incluido, el Trife.
Actualmente, sin embargo, permanecen ocupando interinamente el lugar de Leonel Cota, Graco Ramírez, representante de Jesús Ortrega, y Rafael Rodríguez, de Alejandro Encinas.
Ante el avance de una crisis innegable, Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y líder moral del partido, propuso anular la elección.
El proceso para renovar la dirección nacional, las estatales y otras representaciones en el Partido de la Revolución Democrática ha llegado a grados tales de desaseo y confrontación, que exhiben lo extremo de su degradación y reclaman de sus miembros acciones drásticas y decisivas, dice en una carta.
La reacción de Ortega y Encinas fue de rechazo, dejando al descubierto la fractura, quizá insoldable, que dejó en todas las corrientes de la izquierda la intromisión de López Obrador. En opinión de Agustín Basave, secretario de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en las elecciones del PRD se encuentra en juego mucho más que el liderazgo formal de ese partido, está en juego un proyecto de izquierda, qué izquierda (se quiere) para México.
Recientemente en una ponencia sobre el tema del petróleo, convocada por un grupo de profesionistas, Cárdenas volvería a tocar el asunto, asegurando que las confrontaciones internas y las situaciones que “no se han cumplido” provocan que se vea más cercana la disolución del Partido de la Revolución Democrática o, en un caso más lamentable, que el partido, el PRD, deje de ser un instrumento útil en la vida política del país y pueda convertirse en un instrumento al servicio sólo de algunos grupos, algunas personas, que estén usufructuando lo que podríamos llamar el registro del partido, declaró.

Obrador: Ni preside, ni deja presidir

Asegura un refrán ruso que “por mucho que lo alimentes, el lobo siempre mira al bosque”. A casi dos años de las elecciones presidenciales más competidas en la historia de México, López Obrador y su “gabinete alterno” se han convertido en un movimiento de resistencia social y de oposición a la administración de Felipe Calderón, empleando cuanta estratagema y coyuntura los ampare.
Su objetivo consiste en socavar la legitimidad de las instituciones y sus representantes, comenzando, lógicamente, por el Ejecutivo. Para ello López recurre a la confrontación directa, promoviendo movilizaciones y plantones o desacreditando al gobierno federal y a los poderes Legislativo y Judicial. Su lema es “al diablo con las instituciones”.
De esta manera, no es de extrañar que haya aprovechado el caso Mouriño de punta a cabo interpretando incluso el rol de orquestador. Él mismo se encargó de presentar los documentos presuntamente implicatorios a cuenta gotas, según su conveniencia, cuando es obvio que contaba con la totalidad desde un inicio. Con ello lograba mantener a su favor dos aristas importantes dentro de su estrategia. La primera, desgastar la figura del secretario de Gobernación. La segunda, mantenerse en las primeras planas de los medios de comunicación.
El líder del Frente Amplio Progresista pone en práctica técnicas de hostigamiento en contra del Congreso y la Presidencia de la República, las cuales van desde la toma de tribunas hasta las protestas con “brigadas de resistencia civil”, compuestas por unas veintiocho mil personas.
Su postura ideológica se ha apartado del llamada centro-izquierda, punto conservador y capaz de agenciarle el apoyo de ese amplio sector de la población que permanece indeciso, para inclinarse, una vez que ha quedado atrás la elección que pudo haberlo llevado a Los Pinos, hacia una izquierda extremista que no sólo le impide sumar nuevos partidarios sino que ya le cuesta algunas deserciones. Este cambio en Obrador evidencia su ansia de poder y su desinterés por el país, la sociedad y la ley. Descubre, al mismo tiempo, su deseo de recuperar a cualquier costo el protagonismo político de antaño. Siempre tendrá un pretexto. Ahora es la reforma energética, cuando él mismo, como candidato, propuso algunas líneas coincidentes con la propuesta de Calderón para dotar a Pemex de capacidad financiera para explotar mejor la riqueza petrolera.
De ahí que la recurrente demanda del FAP, para realizar un debate nacional prolongado sobre el problema energético, sea en el fondo una medida de distracción que pretende alejar las miradas de  la accidentada elección en el PRD, aunque la verdadera intención es otra: descarrilar el gobierno de Calderón.
Para el analista Federico Reyes Heroles, las actitudes de López Obrador son golpistas (“Golpistas”, Palabra, 15-04-08), en tanto que el escritor Enrique Krauze advierte sobre el riesgo de una guerra civil (“Daño a la democracia”, Palabra, 22-04-08) . Eso es lo que el caudillo tropical promueve: encono, violencia, odio entre los mexicanos.
En este ambiente de crispación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, del PRD, crítica de las posturas radicales de López Obrador, denunció el 28 de abril haber sido amenazada de muerte, por algo de lo que el caudillo acusa a quienes no piensan como él: de traidora.
La solución debe ser otra muy diferente. Es imprescindible que se imponga la razón y el diálogo; que se restablezca la capacidad de interlocución y se recapacite en la imprescindible recuperación de las reglas fundamentales de la democracia que, al final de cuentas.
Pero en lugar de plantearse una estrategia que conjure peligros, Obrador prioriza la confrontación, la división. “Tensa la cuerda”, como en estos casos propone Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del FAP. Sólo que, si revienta, ¿quién recogerá los restos del país? E4