Dinero sucio

El periodista Jack Anderson publicó a mediados de los ochenta que el presidente de México, Miguel de la Madrid, había depositado cien millones de dólares en los Estados Unidos en cuentas personales. El ganador del Premio Pulitzer, cuya columna llegó a leerse en más de mil diarios de su país, sabía dónde pegaba: De la Madrid se había autoproclamado presidente de la “renovación moral”, algo así como el Torquemada de los políticos corruptos, de lo que Anderson sí ejercía.
El gobierno de De la Madrid vivió en tensión constante con la Casa Blanca, cuyo inquilino era entonces Ronald Reagan. La acusación del columnista, fallecido de Parkinson en 2005, nada tenía de inocente. Con De la Madrid en Los Pinos y Manuel Bartlett como jefe de Gobernación y de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, en febrero de 1985 fue asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala en Guadalajara. La insinuación era obvia: los cien millones de dólares expatriados por el presidente tenían relación con el narcotráfico.
De la Madrid capeó el temporal después de las aclaraciones y desmentidos del caso. El depósito no se pudo comprobar, pero en países como Estados Unidos y otros de su equivalencia tendrá siempre mayor credibilidad un columnista leyenda de la calidad de Anderson que cualquier político, máxime si es del Tercer Mundo. El único aspecto positivo de la corrupción, dice Noam Chomsky, es que permite exhibir, tarde o temprano, a los gobiernos que la practican.
Pero si a De la Madrid no se le demostró un acto de corrupción, a Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que le sucedió, los gobiernos de Suiza y Francia le congelaron más de cien de millones de dólares por su origen presuntamente ilícito. Producto, según las hipótesis, del narcotráfico y del saqueo de la riqueza nacional, en su caso del erario. Para expatriar esos capitales, Salinas utilizó pasaportes con nombres falsos; y para justificar uno y otro delito, mil excusas, a cual más inverosímil.
Las autoridades helvecias, después de indagatorias pulcras y de procesos sospechosamente mal llevados por el gobierno mexicano —lo cual no es novedad—, anunciaron recientemente que los millones escondidos por Salinas retornarán a México para que la administración del presidente Calderón decida sobre su destino final. El clan, por supuesto, los reclama, aunque jamás podrá justificarlos. Lo mejor sería que pasaran al patrimonio del país. Si Filipinas lo hizo con Ferdinand Marcos, México ¿por qué no con Salinas?