Tres meses tardó Caliente en reabrir, después de una balacera;
Kumbala, en menos de tres horas, arregla una clausura

Fiesta. Cortina para negocios ilícitos

Los jóvenes están cada día más expuestos a las drogas,
el alcohol y otros peligros. Ante la complacencia
de las autoridades, los antros violan horarios, arriesgan
a sus clientes y atropellan los derechos de vecinos indefensos.
Tal parece que, en algunos casos, financiar campañas políticas brinda impunidad; la Canaco se desmarca de la autodefensa
de un socio bajo sospecha

Influencias políticas. Óscar Cadenas

Cual vampiros resguardándose de los rayos del sol… así describe María Angélica Aguirre (Palabra, 26-02-2008) la salida de un grupo de jóvenes del centro nocturno Kumbala. Serían alrededor de las nueve de la mañana de un domingo cualquiera, pues el hecho se repite constantemente. Nada resulta más sencillo y verificable que sorprender a los trasnochadores abandonar el local muchas horas después de vencidos los límites del horario estipulado por la ley para este tipo de giros, los cuales deben dar por concluidos sus servicios a las dos de la madrugada.
La comparación, sin embargo, va más allá de la mera referencia diurna que se contrapone a los hábitos de criaturas nocturnas. Mucho entra en juego lo que sucede dentro de esos antros. No todo es música, fiesta y sonrisas. También hay espacio para que proliferen los peores vicios, las riñas, la prostitución, llegando incluso a convertirse las supuestas pistas de baile en escenarios propicios para el comercio de estupefacientes.
El pasado 9 de febrero, tras un operativo en bares y cantinas implementado conjuntamente por las Fuerzas Especiales de Apoyo, la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación, las Policías Ministerial y Estatal y el Ejército, terminó con el cierre inmediato de Kumbala. Cuatro agentes del Ministerio Público dieron fe de que Samuel Rivera Gutiérrez, de veintiocho años, tenía en su poder tres grapas de droga. El inculpado, una vez detenido y dispuesto a pasar las pruebas antidoping de rigor, confesó inmediatamente haberlas comprado en el local.
El cierre del antro, sin embargo, apenas duró tres horas. ¿Argumentos? De manera oficial se comunicó que la administración de Kumbala “era ajena a lo sucedido”. Los propietarios, gerentes y encargados de centros nocturnos de Saltillo, encabezados por Óscar Cadena Coss —dueño del negocio clausurado—, protestaran por la “brutalidad” de la acción. Cadena convocó, a través de anuncios en la prensa, a una junta en el auditorio de la Cámara de Comercio de Saltillo. Sorprendido, el consejo directivo de la Canaco publicó un desplegado para advertir que cualquier reunión en sus instalaciones, convocado por los medios, debería estar previamente avalado por su presidente.
El dueño de Kumbala se quejó entonces de las irregularidades durante el cateo, por parte de las fuerzas federales. Pidió, en casos futuros, la aplicación de un protocolo y la presencia de un notario público y de agentes femeninos para catear a las mujeres que visitan su negocio; incluso sugirió la participación de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Con qué autoridad se exigen normas a terceros si en los establecimientos inspeccionados el cumplimiento de los más elementales reglamentos brilla por su ausencia? Además, el factor sorpresa es clave para que los operativos contra el comercio de drogas ilegales y la portación de armas arroje resultados
positivos.
Otra réplica por parte de Cadena Coss intenta justificar su disgusto al ver que la clausura de Kumbala se debió al hallazgo de “un único consumidor”. Según sus propias palabras si ese adicto dice que alguien se la vendió (la droga) y no obstante los demás clientes y empleados están limpios e incluso se revisó hasta la caja fuerte y no se encontró nada, aún así proceden al cierre (El Diario, 21-02-2008). La pregunta en consecuencia sería ¿cuántos consumidores necesita hallar la policía para que el propietario de un negocio acepte sin chistar la clausura? ¿Diez?, ¿veinte?, ¿cien? ¿Cuántas muertes se requieren por tal causa? Otra cosa: y los vendedores ¿de dónde salen?
Asimismo, lo que los dueños de estos giros —basados en la venta inmoderada de alcohol— ignoran a su conveniencia, es que la sola omisión de medidas de protección civil justifican su clausura inmediata y en algunos casos definitiva. El 16 de febrero, en la capital del país, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Delegación Cuauhtémoc cerraron un antro —el Neón— en la Zona Rosa, por haberse encontrado droga y no garantizar la seguridad de sus clientes.  De esta manera sumaban ya cincuenta y uno los establecimientos mercantiles retirados en lo que va de 2008.
Dos semanas después del cierre —y vertiginosa reapertura— de Kumbala, se suscitó una riña multitudinaria en otra discoteca de Saltillo, situada en pleno bulevar Jesús Valdés Sánchez. Nuevamente quedaba en peligro, aunque por otros motivos, la integridad de los jóvenes que allí fueron a festejar. Nada sucedió con el local después de esto.
La pasividad de las autoridades contrasta con las medidas que se adoptan en otras regiones del país. El 2 de noviembre del año pasado, otra vez en el Distrito Federal, fue clausurado el bar Continental D.J. Club luego que se decomisaron grapas de cocaína, pastillas psicotrópicas y cigarrillos de mariguana. Sin embargo, las consecuencias de este cierre fueron mucho más allá, para beneficio de la comunidad. A seis días del cierre, el gobierno del DF anunció la expropiación de dos predios de la Zona Rosa donde se ubicaba el antro en cuestión para destinarlos al cuartel de la Unidad de Protección Ciudadana.
Lo peor del asunto es que la mano blanda mostrada en Saltillo amenaza con propagarse por el resto del estado. Así pudo constatarse el domingo 16 de marzo, en Matamoros, cuando se constató que en las instalaciones del antro Mandala se vendía alcohol —a pesar de ser día de Ley Seca— a menores de edad, muchos de los cuales fueron sorprendidos en estado de ebriedad. Mandala había abierto para celebrar una tardeada interrumpida por personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal a las dos de la madrugada. Sin embargo, el titular de esa dependencia, José Barraza, declaró que no se había levantado ninguna multa, ni amonestación a dicho antro, ya que su giro (restaurant-bar) le permite la venta de bebidas embriagantes. Respuesta que contradijo, por un lado, el objetivo del evento, pues se trataba de una actividad dirigida a menores de edad; y por otro, la violación a la venta de alcohol en domingo. Las nulas consecuencias de estas violaciones fueron justificadas por el propio Barraza: Sólo se acordó con los encargados de la barra no vender cerveza y cerrar puntual, y como accedieron sin problema, no hay necesidad de multa. (El Siglo de Torreón, 19-03-2008).
El presidente de Convivencia sin Violencia, Joaquín Quintana, alerta sobre los crecientes niveles de alcoholismo y drogadicción en menores, a partir de los trece años en toda la república. En las pasadas navidades fue gracias a esta agrupación civil, secundada por México unido contra la delincuencia y Pacto de no violencia, que se pudo aplicar el programa “Antro seguro” sobre la base de dieciocho puntos propuestos a los dueños de este tipo de negocios, para prevenir situaciones de violencia dentro y fuera de los centros nocturnos y lugares de diversión. De entre estos puntos sobresale la figura de cero tolerancia a la entrada de menores de edad y de personas en estado de ebriedad a bares, discotecas y cualquier tipo de antro; el no uso de barras libres y la revisión minuciosa para evitar el paso de armas de fuego y blancas, drogas y sustancias prohibidas.
En Saltillo, otras agrupaciones ciudadanas no han tenido la misma suerte ni respaldo por parte de las autoridades. La Asociación Colibrí espera desde 2005 que el gobierno cumpla su promesa de reubicar Kumbala, cuando supuestamente el cambio no tardaría más de seis meses. Las familias de la colonia Virreyes han interpuesto quejas a todos los niveles  por el daño que les causa el antro: contaminación auditiva, suciedad, inseguridad y actos de vandalismo.
Desafortunadamente para los agobiados vecinos, la única consecuencia del operativo del 9 de febrero —pues la clausura de Kumbala por el comercio de drogas en su interior duró unas horas— fue el cese de la directora de la Policía Municipal, Rosario Lomas Salinas. Apenas habían transcurridos un par de días del cierre cuando se anunció su reemplazo por Héctor Edmundo Gutiérrez Cabello.
En el fondo, el problema no es precisamente de mano blanda, sino de poder. Y el poder parece no estar del lado de las autoridades. Es el dinero el que dicta órdenes y los representantes de la ley prefieren hacerse de la vista gorda, esperar a que el tiempo pase y llegue el olvido. Así se trate de la muerte de una joven de dieciocho años, Ana Karen Siller Gómez, ocurrida el 6 de junio del año pasado en el casino Caliente, desplumadero que puede competir en vicios con el peor de los antros. Si a Caliente le bastaron tres meses para reabrir después de un homicidio nunca aclarado, Kumbala, donde las autoridades hallaron droga a uno de sus clientes, sólo tardó tres horas para volver por sus fueros.
¿Qué sentido tiene la campaña del gobernador Moreira y del presidente Calderón contra el crimen organizado si en nuestras comunidades proliferan sitios para su desarrollo? ¿De qué valen los anuncios televisivos que repudian las drogas si afuera la realidad las favorece? La ciudadanía representa el último eslabón de esta enorme cadena que lucha contra el narcotráfico y se inicia en el Ejecutivo, mas no por estar al final es menos importante. Por el contrario. Es obligación de vecinos, agrupaciones sociales, padres de familia, iglesias, medios de comunicación..., recuperar terreno y reclamar a las autoridades que cumplan el papel que les corresponde. Son sus voces las que deben ser escuchadas y no la de un propietario molesto por el comportamiento de los agentes policiales, los modos que utilizan o el número de veces que han inspeccionado su
negocio.
¿O acaso al financiar campañas de políticos y partidos compra también, en paquete, protección, disimulo e impunidad? Las evidencias dicen que sí. ¿Supone que arreglar y agasajar a merolicos “errecegianos” es suficiente para acallar el clamor de amplios sectores de la sociedad? La realidad y la crítica en medios independientes, así como la queja ante autoridades federales, demuestran lo contrario.
El compromiso de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría General de la República es con las víctimas, no con los victimarios. Los enviciadores verán siempre por sus ganancias; a nosotros nos queda cuidar a los jóvenes. Ellos corren el riesgo de caer en la tentación de los estupefacientes, el alcoholismo —en cualquier momento del día o la noche se encuentra una cantina a disposición en el centro—, la violencia o la prostitución —la encargada del grupo Eux Arte y Sida, Aída García Badillo, revela a inicios del presente mes que en Saltillo hay únicamente ciento sesenta y siete sexoservidoras reconocidas cuando en realidad existen más de cinco mil, la mayoría de las cuales labora en bares y antros de la ciudad—. Esperemos que los jóvenes, como dice el gobierno del Estado, “no se metan mugrero”. El guión de sus vidas no lo escribirá Tarantino. Puede que parezcan vampiros al abandonar esos locales con los albores de cada día, pero la sangre, nadie lo dude, son ellos quienes la han perdido. E4