Vencida en el máximo tribunal por influencias políticas,
la periodista tumba a la procuradora de Puebla

La recomendación de Naciones Unidas a la autora de Los demonios
del Edén, para ejercer fuera del país y proteger su vida de
empresarios y políticos involucrados en sus investigaciones sobre
pederastia, pone en la picota a un sistema de justicia ineficiente
y todavía sujeto a presiones del poder

Lydia Cacho. Victoria moral

Si el caso de la periodista Lydia Cacho —perseguida desde el poder y abandonada a su suerte por el sistema Judicial— representa la lucha de la sociedad civil en defensa de las garantías individuales y de los derechos humanos, tal y como lo reflejan organizaciones no gubernamentales de distintos países, el panorama es desolador.
No sólo porque la Suprema Corte haya demostrado flaqueza ante los poderes económico y político, sino porque ahora, frente a los ojos del mundo, además de figurar México entre los países donde más periodistas son asesinados, en lugar de proteger su actividad se les empuja al exilio.
Socialmente, la derrota de Cacho en la Corte significa para ella una victoria moral. El pasado 11 de marzo la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda, clave en el caso, renunció “por motivos de salud”.
El consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Lydia Cacho -—víctima de una conjura en 2005 por denunciar a empresarios y políticos pederastas—, en el sentido de que la única manera de evitar nuevos atentados contra sus garantías es abandonar el país, remite a los tiempos de las dictaduras, cuando la vía del exilio era la única que tenían los disidentes y críticos del sistema para salvar la vida.
La recomendación es grave pues además de hacer patente la ineficacia del aparto de justicia podría inhibir en el futuro la investigación periodística. Incomodar a grupos de poder, sin la protección de las leyes, dejaría a los reporteros en total indefensión.
El caso de Lydia Cacho se volvió paradigmático después de que seis de los diez magistrados de la Corte desestimaron las grabaciones entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el rey de la mezclilla, Kamel Nacif. La Corte ha violado mis derechos, denunció la periodista. Después de agotar en México todas las instancias, en abril acudirá a un tribunal europeo en busca de la justicia que aquí le fue negada.
Frente al cúmulo de evidencias y faltas contra Cacho, no existe forma de explicar la decisión de los jueces a la comisionada de la ONU, Louise Arbour, quien ha participado en múltiples tribunales internacionales. De ahí que la organización brinde apoyo a la periodista para asilarse en cualquier país y llevar su caso a las instancias que sean necesarias.
En descargo, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, publicó en su sitio web —con cierto tono irónico— su postura a favor de Cacho y la mala interpretación que a su juicio se hizo de los artículos constitucionales que determinaron el fallo.
Como si la situación del gremio no fuera crítica, una comisión de la Cámara de Diputados, encabezada Gerardo Priego, concluyó que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas es muy débil y no cuenta con los recursos ni con el personal necesarios para cumplir su labor.
En este ambiente de inseguridad y falta de justicia trabajan los periodistas en México, a merced de narcotraficantes, políticos, funcionarios y empresarios coludidos en actividades criminales.

El no al exilio

Louise Arbour. Mejor la ONU protege a Cacho

Lydia Cacho hizo pública la recomendación que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le hizo en persona para abandonar el país.
Después de recibir llamados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso el Departamento de Estado norteamericano, con el mismo ofrecimiento, Cacho fue citada por lArbour en un hotel de la Ciudad de México para tratar su caso.
La comisionada le pidió un informe sobre lo ocurrido en la Corte. Tema quizá de difícil comprensión para alguien con su currículum: Fiscal en jefe para Crímenes de Guerra del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y actualmente jueza de la Suprema Corte de Canadá.
Pero sabiendo que la comisionada conocía con detalle las grabaciones entre Marín y Nacif, Cacho asumió que el interrogante iba dirigido a conocer cuál era su hipótesis sobre lo que se escondía detrás de la decisión de los magistrados. La periodista fue franca: se trató de una decisión política.
De ahí la recomendación y el apoyo ofrecido para salvaguardar sus garantías fuera del país y llevar el asunto a los tribunales internacionales.
No es la primera vez que Cacho recibe una oferta similar. En 2006, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta de España, le ofreció asilo político en su país para trabajar sin temor a perder la vida, después de entregarle un premio de Derechos Humanos y Periodismo.
El año pasado, luego de una charla con diplomáticos de varios países de la Comunidad Económica Europea, la autora de Los demonios del Edén recibió un ofrecimiento similar del gobierno francés. Dado que es hija de madre gala, los trámites hubieran sido sencillos y en un abrir y cerrar de ojos podría haber trasladado su espacio laboral a alguna campiña sin ese miedo paranoico por su bienestar y el de su familia.
En todos los casos, la respuesta fue “no”.
Quienes conservan las secuelas del México dictatorial podrían atribuir la respuesta de Cacho a esa terquedad que la puso a un paso de la muerte, a esa tenacidad que la enfrenta a un Goliat invencible a través de la historia.
Sin embargo, la decisión la toma por compromiso social: con los periodistas, los niños abusados, las madres indefensas. En su opinión, dar el brazo a torcer es negar a esa gente que ya se siente traicionada por el sistema de justicia de su país.

Las irregularidades del proceso

Mario Marín. Acusado por Los demonios del Edén

La odisea de la periodista empezó en diciembre de 2005, cuando fue detenida arbitrariamente en Cancún, Quintana Roo, por policías al servicio del gobernador de Puebla, Mario Marín, quienes la trasladaron por carretera a la capital poblana, en un viaje que duró veintidós horas, a punta de pistola.
El caso no es repetir la historia, pero sí vale la pena destacar hechos que desvelan el alcance del poder en su afán de entorpecer la investigación y generar presiones para proteger al gobernador Marín y sus amigos pederastas.
Días atrás, la ex fiscal de Delitos contra Mujeres de la PGR, Alicia Elena Pérez Duarte, confirmó que su ex jefe, Eduardo Medina Mora, le ordenó a finales de 2007 frenar la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún y en su traslado a un penal en la ciudad de Puebla.
El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal) y en la espera, de pronto, me quitaron el asunto (la denuncia de Lydia) para mandárselo al fiscal de periodistas, cita Pérez Duarte.
La ex funcionaria refirió en entrevista con La Jornada que desde octubre pasado ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la Ciudad de México, pero extrañamente Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Asegura que su renuncia a la Fiscalía de Mujeres, el 14 de diciembre de 2007, fue para evitar ser secuaz de estos protectores de las redes de pornografía infantil, en donde el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada mas a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali, Cancún.
Cuestionada sobre si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia y lo enviara a la Fiscalía de Periodistas de la PGR, Pérez Duarte declara: No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí; y es evidente porque cuando hable con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia, me dijo que subprocuradores y asesores en la PGR estaban de acuerdo en que debería yo seguir con la investigación.
Es implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como una traición de una amiga, apunta.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para investigar si autoridades de Puebla confabularon contra Lydia en represalia porque puso al descubierto una red de pederastas.
En primer lugar, la Corte determinó por mayoría de votos que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia por ser competencia de la PGR. En una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos.

La otra postura

Alicia Pérez. Renuncia por dignidad

La publicación del ministro Genaro Góngora Pimentel pone aún más dudas sobre las verdaderas razones detrás del fallo de la Corte. Casi en tono de burla, el magistrado decidió dejar constancia por escrito de su postura disidente y de su voto contra la decisión que adoptó la mayoría de sus compañeros al declarar que en el caso de la periodista Lydia Cacho no existieron violaciones graves a sus garantías individuales ni una confabulación encabezada por el gobernador de Puebla para detenerla.
A través de su página personal de Internet, ligada al perfil que se difunde en el portal electrónico de la Corte, www.scjn.gob.mx, publicó un documento en el que explica los motivos que lo llevaron a concluir que sí hubo violación de sus garantías, planeada y dirigida por el mandatario poblano.
En el segmento de la página destinado a “asuntos relevantes”, anota: Voy a relatar una pequeña historia. Son vísperas de la Navidad de 2005. La juez Rosa Celia Pérez acaba de dictar un auto de formal prisión en contra de la periodista Lydia Cacho. Una secretaria enlaza telefónicamente a dos personajes…
Así reproduce la conversación telefónica que sostuvieron Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, tras la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2005. Luego continúa:
No cito autor ni título de esta historia, porque es del dominio popular. Todo México la conoce. Es más, muchos celulares no suenan con timbres o campanitas, sino con esta conversación. Todos escucharon esa conversación, pero algunos opinan que nosotros tenemos que taparnos los oídos ante esa evidencia por algo que supuestamente dice la Constitución.
Y digo “supuestamente”, porque contrario a esas posturas, yo estimo que las grabaciones telefónicas que dieron origen a la investigación, sí pueden ser tomadas en cuenta en esta indagatoria, no sólo por el reconocimiento que de ellas hizo Kamel Nacif, mediante desplegado en un periódico de circulación nacional (El Universal, 19-11-2006), sino porque la regla de exclusión probatoria contenida en el artículo 16, párrafos noveno y décimo de la Constitución Federal, no cobra aplicación tratándose de las investigaciones del artículo 97.
El ex presidente de la Corte también aporta ideas de los argumentos que pueden usar los defensores del caso de Lydia Cacho ante instancias internacionales, pues recuerda que la “la facultad de investigación del artículo 97 de la Constitución federal es, en esencia, una garantía del derecho a la verdad tutelado, entre otros, en los artículos 6° y 133 en relación con el 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Las razones que lo llevaron a concluir, al igual que a los ministros Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, que “sí existió concierto de autoridades con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho, en el que tuvo injerencia de manera directa el gobernador del estado de Puebla”, las expone en trece páginas.
Luego de presentar sus argumentos, el ministro concluye: “para mí es indudable la tortura sicológica a la que fue sometida, y ha quedado plenamente acreditado en el dictamen puesto a nuestra consideración”.

Fenómeno trágico

Blanca Laura. Adiós deshonroso

De poco le valió a la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez, asegurar en el Foro de Reforma Constitucional en Materia Penal, al que asistieron procuradores de varios estados, que el caso era un “capítulo cerrado”. Ella misma, obedeciendo a presiones sociales —que no legales, como debió suceder—, tuvo que renunciar posteriormente a su cargo tras argumentar, en oportuno subterfugio, que la decisión se debía a problemas de salud.
Villeda había sido señalada en la confabulación para retener y trasladar de Cancún a la ciudad de Puebla a Cacho como pago de un favor al empresario Kamel Nacif. También se le acusó por no perseguir al presunto cura pederasta Nicolás Aguilar y recientemente enfrentó un escándalo por la muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, detenido y torturado por agentes de la Policía Judicial.
La comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso llegó a la conclusión de que México enfrenta un panorama “trágico”, ya que la Fiscalía Especializada para investigar los crímenes contra ese gremio “es muy débil”.
El presidente de la comisión legislativa, Gerardo Priego, calificó los asesinatos de periodistas como “un fenómeno trágico”, una “realidad que enfrenta una completa indiferencia” por parte de los gobiernos federal y locales.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró el asesinato de treinta y cuatro periodistas de 2000 a octubre del 2007. La Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliza la muerte de treinta y cinco periodistas desde 2000, y la desaparición de otros seis.
En su informe 2007, RFS señala que México se mantiene en el puesto de país más mortífero del continente para los periodistas, con dos muertos y tres desaparecidos el año pasado.
El compromiso de algunas autoridades contra el crimen organizado no incita al optimismo, pese a que la libertad de expresión ha progresado jurídicamente con la despenalización de los delitos de prensa a nivel federal, advierte RSF.
La frontera norte sigue siendo la más peligrosa según varias organizaciones de reporteros. Precisan que en esa zona, controlada por el narcotráfico, es común que los medios de comunicación caigan en autocensura en un intento por evitar el asesinato de más periodistas.
A esto se agrega la incertidumbre detrás de los asesinatos. Tal como lo dijo Cacho: No se sabe si los autores de los homicidios provienen del crimen organizado o de servidores públicos que son investigados por corrupción.
Lo cierto es que el número de periodistas asesinados y desaparecidos crece cada año y el gobierno parece cruzado de brazos. E4