En México importa más infligir daño político que aplicar
con rigor el Estado de derecho

Cuando la ley llega a aplicarse, las sanciones por el desvío
de recursos, el peculado electoral y el tráfico de influencias
no guardan proporción con el ruido mediático. Montemayor
sólo fue inhabilitado veinte años del servicio público
y al secretario de Gobernación lo protege su partido

Montemayor. Inmune tras el Pemexgate

A pesar de ser un símbolo en la historia de la corrupción, en el caso Pemexgate no se encontraron culpables. Hoy los contratos de Pemex vuelven a la escena nacional con un escándalo que amenaza esta vez al gobierno panista.
En el sexenio de Fox, su administración derrochó casi cinco años de mandato tratando de encontrar culpables en el presunto desvío de fondos de Petróleos Mexicanos a la campaña del priísta Francisco Labastida durante el proceso electoral del año 2000 que finalmente le abrió al Partido Acción Nacional las puertas de Los Pinos.
Sin embargo, los esfuerzos legales, económicos y mediáticos no resultaron suficientes para encontrar culpables y en noviembre de 2006, a escasos días de finalizar la era foxista, la juez de distrito Olga Entrever Escamilla emitió una sentencia por la cual absolvía al principal implicado, Rogelio Montemayor Seguy, cerrando el caso para siempre y sin responsables tras las rejas.
A pesar de que el caso fue una de las banderas del gobierno del cambio en su lucha contra el pasado priísta, la impunidad se impuso una vez más en un país que según los índices de Transparencia Internacional se ubica entre los más corruptos del mundo.
Pero no sólo se dejaron de encontrar culpables en la paraestatal o en el Sindicato Petrolero, sino que Pemex volvió a ser escándalo este año por la publicación que hizo López Obrador de unos contratos que fueron firmados durante la administración de Vicente Fox por quien fungía en ese momento como legislador y asesor de la Secretaría de Energía, Juan Camilo Mouriño, hoy secretario de Gobernación, para beneficiar a una de sus empresas.
El caso actual remite al Pemexgate por los tintes políticos y mediáticos en conjunción con las acusaciones de tráfico de influencias, aunque en esta oportunidad los beneficios económicos se habrían canalizado a una empresa privada y no a un partido político como sucedió anteriormente.
A pesar de esa gran diferencia, en ambos casos parece no existir ilegalidad alguna en la firma de los contratos y convenios, pero la condena pública caerá sobre Mouriño en la misma medida que cayó sobre Montemayor en su momento, aun cuando al final de cuentas ninguno resulte oficialmente culpable.
En el caso de Montemayor, la sentencia de la juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales —cuyos expedientes están en poder de este catorcenario— reconoce posibles irregularidades en el destino de los fondos que se otorgaron en préstamo al Sindicato Petrolero, pero no encuentra pruebas suficientes para asegurar que el inculpado haya tenido conocimiento previo del posterior beneficio a un tercero, por lo que establece que no se lo puede procesar por los delitos de peculado y delito electoral.
Con esta exoneración el caso Pemexgate se dio por cerrado y de todos los inculpados el único que pisó la cárcel fue el ex subdirector corporativo de administración, Manuel Gómez Peralta Damirón.
Sin embargo, hubo sanciones por parte del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral que determinaron una multa para el PRI de mil millones de pesos, además de la inhabilitación que sufrió Montemayor por parte de la Secretaría de la Función Pública para ejercer cualquier cargo público por veinte años.

El caso
        
En el año 2000, cuando apenas finalizaba su mandato como gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor fue designado director de Pemex por el presidente Ernesto Zedillo.
Un año más tarde, se descubrió que más de mil millones de la petrolera al sindicato habían sido desviados a la campaña electoral de Francisco Labastida Ochoa. Después de un largo proceso de investigaciones, el gobierno declaró que el Pemexgate no tenía que ver con una cuestión de lavado de dinero o de la delincuencia organizada.
Junto a Rogelio Montemayor fueron señalados en el rol de posibles culpables Carlos Juaristi Septién, ex director de la parte financiera del corporativo y Julio Pindter González, subdirector de Relaciones Laborales. Por parte del sindicato también fueron acusados de fraude electoral y ejercicio ilegal de la confianza pública: Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato; Ricardo Aldama y Jesús Olvera Méndez, miembros de la misma organización.
Por parte del PRI, cuatro colaboradores directos de Francisco Labastida en su campaña fueron acusados de fraude electoral:. Carlos Aldama, ex secretario de Elecciones; Jorge Cárdenas Elizondo, ex secretario del Departamento Financiero; Alonso Bretón Figueroa; subsecretario del Departamento Financiero y Joel Hortiales Pacheco, ex secretario técnico del mismo departamento.
En 2002, Rogelio Montemayor Seguy, quien se decía “víctima de una persecución política”, viajó a Estados Unidos para afrontar las acusaciones desde ese país, por lo que fue objeto de un largo proceso de extradición que culminó en 2004.
Al año siguiente, en el mes de marzo, el Instituto Federal Electoral comprobó que la cantidad desviada fue de quinientos millones de pesos. Para mayo el PRI ya había sido multado con mil millones de pesos.
Al final, en febrero de ese 2005, el juez que revisó el caso concluyó que no había pruebas de tales delitos pues Montemayor “nunca tuvo conocimiento de que el dinero entregado al sindicato hubiera financiado la campaña labastidista”.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública determinó que los convenios entre Pemex y su sindicato constituyeron “un artificio maquinado para encubrir y desviar recursos” y estableció que el daño neto a la paraestatal ascendía a mil cuatrocientos veintiún millones ciento cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos. Por ello, el importe de la multa a Montemayor y a cinco de sus principales colaboradores se fijó en dos veces el monto del perjuicio, es decir, en dos mil ochocientos cuarenta y dos millones doscientos noventa y nueve mil pesos, de los cuales el ex director de Pemex debía pagar la mitad.
Rogelio Montemayor no perdió su libertad gracias al amparo de la suspensión definitiva concedida por el Juzgado Sexto “A” de Distrito en Materia de Amparo, mientras la justicia federal analizaba y resolvía acerca de la legalidad de las acusaciones que le imputaba la Procuraduría General de la República. Las acusaciones finalmente fueron desechadas por la juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur, Olga Entrever Escamilla.
A siete años del inicio del caso, todos los sospechosos han sido declarados inocentes. Francisco Labastida Ochoa nunca fue perseguido y Carlos Romero Deschamps fue reelecto para el periodo 2007-2012 y así continuar dirigiendo el sindicato de Pemex.

La sentencia

Espacio 4 obtuvo copia de las sentencias, tanto del peculado como del delito electoral, para ofrecer una visión más clara de ambos procesos.
En cuanto a la primera de las transgresiones, la sentencia hace referencia al …Convenio Administrativo 9442 del 11 de septiembre de 2000, entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato Petrolero, en el que se compromete a entregar la cantidad de un mil cien millones de pesos, de los cuales ochocientos cincuenta millones de pesos fueron por concepto de indemnización por (…) no cumplir con los compromisos acordados en el Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios Administrativos Sindicales, en las revisiones integrales del Pacto Laboral de 1997, salarial de 1998 y contractual de 1999.
…en dicho Convenio se otorgó al Sindicato Petrolero la cantidad  restante de doscientos cincuenta millones de pesos, para atender de manera adecuada la resolución de la demanda entablada en su contra por la empresa
ARRIBA…
De la cantidad total de un mil cien millones de pesos pactada en el Convenio mencionado, se descontó la cantidad de seiscientos cuarenta millones de pesos que fueron otorgados al Sindicato Petrolero mediante el Convenio Administrativo 9399 (el 5 de junio de 2000 se firmó el convenio 9399. Pemex acordó otorgar al sindicato un préstamo por seiscientos cuarenta millones de pesos. El sindicato se comprometió a devolverlo en veinte pagos mensuales de treinta y dos millones de pesos cada uno, a partir de noviembre de 2000).
Ese convenio, dice la sentencia, (…) surtió sus efectos, pese a las irregularidades que hayan prestado ambos convenios en su celebración, pero advierte que no existe elemento para establecer que el hoy quejoso haya distraído de su objeto el numerario en beneficio de un tercero ajeno a la relación laboral.
A continuación, arguye: (…) no se pone de manifiesto dato alguno que demuestre que el indiciado haya distraído de su objeto recursos presupuestales pertenecientes a Petróleos Mexicanos con el pretexto de que serían empleados para solventar gastos y costas originarios por diversas demandas instauradas contra el Sindicato Petrolero, sino que fueron empleados en beneficio de un tercero ajeno a la relación laboral, en el caso, un partido político; cuenta habida de que ninguno de los mencionados testigos aporta elementos para determinar que el indiciado, al intervenir como suscriptor en la celebración del Convenio Administrativo 9399 y 9442, estuviera de acuerdo con darle destino diverso al dinero prestado al Sindicato Petrolero.
Finaliza que (…) en tal virtud, al no encontrarse acreditado, hasta este momento, la probable responsabilidad de ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY, lo procedente es dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, por el delito de PECULADO, previsto y sancionado, por el artículo 223, fracción I, con relación al último párrafo de esa fracción del Código Penal Federal.
En cuanto al Delito Electoral, la sentencia estipula lo siguiente: no se advierte indicio alguno del que pudiera inferirse que el indiciado ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY haya desplegado la conducta que se le atribuye al haber suscrito el Convenio Administrativo 9399 de 5 de junio de 2000, ya que si bien es cierto que (…) se evidencia que efectivamente el quejoso suscribió el citado convenio, el que como quedó de manifiesto, se efectuó en contravención al (…) Contrato Colectivo de Trabajo y que, con dicho actuar distrajo de su objeto fondos públicos del orden de seiscientos cuarenta millones de pesos; empero tal circunstancia es insuficiente por sí misma para demostrar que el convenio fue en realidad una simulación mediante la cual se desviaron los citados recursos de Petróleos Mexicanos al Partido Revolucionario Institucional utilizando al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana como interpósita persona.
El expediente concluye con el alegato de que no existe elemento de convicción que haga presumir, aun de manera indiciaria, que el imputado haya suscrito el Acuerdo Administrativo con el ánimo de destinar recursos al Partido Revolucionario Institucional, pues no existe prueba alguna de la que se infiera que haya existido un acuerdo previo entre los dirigentes del citado partido, o en su defecto, con los representantes del Sindicato para arribar a tal fin.
La sentencia advierte entonces que al no existir autos elementos probatorios que acrediten que la participación que tuvo el justiciable con la celebración del citado convenio constituyó un “ardid” para desviar recursos públicos al Partido Revolucionario Institucional, es evidente que no procede de obsequiar la orden de aprehensión solicitada por el Representante Social de la Federación.

Caso Mouriño, ¿el nuevo pemexgate?

Mouriño. Imagen laceradad por el escándalo

El caso de Pemex fue la bandera que enarboló el gobierno de Fox, incluso en el exterior, para simbolizar su lucha contra la corrupción, pero el objetivo político detrás de bambalinas era claro: sepultar al otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional.
Con ese objetivo destinó cantidades enormes de dinero para llevar el caso a tribunales y se enfocó en una campaña mediática que por momentos tuvo su efecto y provocó la condena de la opinión pública contra un pasado priísta que no debía volver.
Todos pidieron la cabeza de Rogelio Montemayor, quien de a poco comenzó a perder incluso el apoyo de sus compañeros de partido. Al término, la justicia lo declaró inocente, pero el daño a su imagen puede considerarse irreparable a pesar de que en los últimos años comenzó a reaparecer en el escenario político estatal.
Algo similar ocurre con el caso Mouriño. Más allá de si existieron irregularidades o ilegalidad en la firma de contratos entre Pemex y la empresa Ivancar, de la cual Mouriño era representante legal mientras fungía como servidor público, el objetivo del partido de la Revolución Democrática también es claro: debilitar la formación gobernante.
De lo contrario, no se explicaría la presentación a cuenta gotas de los contratos que deben haber estado desde el principio en manos de López Obrador. La meta es mantener el caso en los medios el mayor tiempo posible para incrustarlo en la opinión pública y debilitar su imagen en forma progresiva.
La respuesta del gobierno ha sido cerrar filas en torno al acusado, aun cuando los costos puedan ser altos. La estrategia se centra en una ofensiva de relaciones públicas a través de los medios que comenzó con la entrega de documentos y contratos al Congreso y a la PGR.
Además, el PRD aprovecha la coyuntura y apuesta a una crisis prolongada que intenta vincular con la reforma energética y sus elecciones internas.
Al reconocer que efectivamente firmó los contratos cuando era funcionario, Mouriño se expone a la condena moral, lo que ha dado argumentos suficientes a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, para pedir su renuncia, señalando que en ningún país “democrático” se puede sostener a un funcionario cuestionado moral y éticamente.
Las posición legal de López Obrador es que Juan Camilo Mouriño viola el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las dependencia y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias que se refiere esta ley con las personas siguientes: aquellas que en el sector público intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.

La cultura de la corrupción

Mordida, compadrazgo, favores; términos comunes que forman parte de la florida cultura de la corrupción.
Los mexicanos se enorgullecen por lo general de ser un pueblo que suele reírse de su propia desgracia. Y en el caso de la corrupción, no hay duda de que así es. Cuando se trata de votar se hace a favor “del menos corrupto”, cuando se ve a un policía hablando con un automovilista se sabe “que le están soltando para el café”, lo mismo para entrar al cine, evitar la cola del banco, conseguir una plaza, entrar a una escuela, a una universidad, “apartar” un lugar, un boleto, un político, una concesión pública.
Todos son corruptibles y todo puede ser medido en términos de corruptibilidad. La corrupción es cosa de cada día y los mexicanos se acostumbraron a vivir con ella.
Sin embargo, con la caída del PRI, tras siete décadas de omnipresencia política, los ciudadanos comenzaron a repudiar los actos de corrupción —al menos los de alto nivel— y exigieron instituciones que velaran por la transparencia de las cuenta públicas. Si bien el resultado de estas instituciones ha dejado mucho que desear, el primer paso se dio y con él aparecieron organismos federales y estatales amparados bajo la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2003.
Pero los métodos para la elección de los funcionarios, así como los vacíos legales de los estatutos, terminaron por hacer que el público desconfíe de estas instituciones y se replanteen sus bases legales.
Por ese camino transita México, cuando Transparencia Internacional echa un cubetazo de agua fría sobre los esfuerzos que se han hecho en la materia. El organismo internacional no sólo ubica al país dentro de los niveles de corrupción “grave”, muy cerca de naciones de la talla de Surinam o Perú, sino que advierte que para combatir el problema hace falta mucho tiempo, dinero y un cambio de mentalidad de los empresarios, políticos y gobernantes. Condiciones que no precisamente son fáciles de encontrar en tierra azteca, aun en los tiempos anteriores a la Conquista.
La calificación de 3.5 obtenida por México no supera por mucho el 1.4 de los países del fondo de la lista —Myanmar (Birmania) y Somalia— y la brecha parece más larga si se mira hacia los países que lideran el ranking, como Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia (todos con 9.4), Singapur o Suecia (9.3). Incluso apenas treinta y dos países obtuvieron la mínima aprobatoria de seis puntos sobre diez, y tan sólo veintidós recibieron calificaciones por encima de siete, entre ellos Chile, el país latinoamericano mejor ubicado.
A pesar de que México se ubica cerca de Brasil, China y la India, que son los cuatro países propuestos por Francia para integrar algo similar al G-8 ampliado, el trabajo que hay por delante para mejorar esta posición se avecina colosal.
La advertencia de Transparencia Internacional es esclarecedora. Los puntajes bajos en el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) indican que las instituciones públicas están expuestas a graves peligros. El primer punto en la agenda es mejorar la transparencia en la gestión financiera, desde la recaudación de fondos hasta los gastos, así como fortalecer la vigilancia y poner fin a la impunidad de funcionarios corruptos.
Y agrega: resulta esencial contar con un sistema judicial profesional e independiente a fin de eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial, y promover la confianza de los ciudadanos, donantes e inversores. Si no se puede confiar en las cortes para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción.
¿Cuánto le falta a México para siquiera encaminarse en esta épica tarea? Por ahora, mucho. E4