Operador de los Arellano usaba el alias de “Carlos Herrera A.”;
en Durango cae el presunto sicario que atentó contra
el ex alcalde de GÓMEZ PALACIO

El periódico Tiempo, de Durango, identifica a Sergio Villarreal
“El Grande” como nuevo jefe del cartel de Juárez en la zona;
a esa organización le atribuye ejecuciones en Gómez Palacio
y Lerdo. Estados Unidos celebra la detención de capos y Juan
Camilo Mouriño aprovecha para levantar su imagen

Golpe. La detención de Gustavo Rivera y sus secuaces deja desarticulado el cartel de Tijuana

Hasta los más escépticos han de aceptar que en la cruzada que el presidente Felipe Calderón ha entablado contra el narcotráfico se pueden contar logros sin precedentes. Quienes exigen resultados a toda costa y señalan eternamente el largo trecho que queda por recorrer debieron quedar contentos, que no satisfechos, con el golpe a de uno de los cárteles más peligrosos y mejor estructurados, como es el de Tijuana.
La aprehensión de Gustavo Rivera Martínez, alias “Carlos Herrera Ávalos”, a quien se    considera el responsable de llevar la logística financiera y criminal de dicha organización, se suma a la detención de Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico y suma otro “gol” —así lo refirió Felipe Calderón— a las huestes del crimen organizado. En la misma línea es destacable el entendimiento, la cooperación y el intercambio de información entre las organizaciones estadounidenses y mexicanas encargadas de combatir el narcotráfico. Responsabilidad y ánimo de ayuda que demuestran la manera en que se pueden dejar a un lado otras áreas de desacuerdo latentes entre ambas naciones, para ir en busca de una victoria común a favor de sus respectivas sociedades y  poner en jaque esta pandemia de la era moderna.

El cartel de Tijuana, ¿decapitado?

Alias. El capo verdadero

La noche del 11 de marzo implica, aún para los más recalcitrantes detractores del gobierno calderonista, un triunfo en la historia que hoy en día se escribe alrededor de la lucha contra el comercio de drogas y sus derivados. En Baja California Sur caía, junto con otros tres secuaces, Gustavo Rivera Martínez, profusamente buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigación (FBI). De esta forma se dejaba sin una de sus cabezas a la hidra moderna encarnada por el cartel de Tijuana, que junto a los del Golfo, Juárez y Sinaloa son considerados los más peligrosos de México.
El propio detenido no tendría tapujos en confesar que su trabajo consistía en pasar mariguana al otro lado de la frontera y hacerse de quienes la vendieran al menudeo o conseguir un comprador al mayoreo en los Estados Unidos. Él, junto con Efraín Pérez Pansuengo, Jorge Aureliano Félix, Gilberto Camacho y Mario Alberto Rivera, son considerados parte de una nueva generación de jefes de célula de los Arellano Félix. La cual, se sospecha, tuvo sus inicios entre 2002 y 2006, etapa en que se vieron obligados a reestructurarse luego que su grupo perdió a sus líderes originales: Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix El Tigrillo —ambos detenidos y el último cumpliendo una condena de cadena perpetua—  conjuntamente con la muerte de Ramón Arellano.
Con Rivera Martínez fueron aprehendidos Marcos Assemat Hernández (socio cercano de Ramón Arellano Félix, lo cual prueba los vínculos entre el viejo y el nuevo liderazgo del cartel), Antonio Moreno Herrera y el canadiense Pavel Kulisek. Todos ellos lo auxiliaban en la logística de las operaciones y presuntamente en su seguridad personal.
En sus operaciones, Rivera Martínez también era conocido por los alias “Gus”, “P-1”, “El licenciado”, “Chuck”, “Lorenzo”, “Pancho” o “Carlos Herrera A. (Ávalos)”. El último seudónimo llama la atención pues coincide con el nombre de quien fuera por dos ocasiones alcalde de Gómez Palacio, Carlos  Herrera A. (Araluce). El 13 de mayo de 2007, el empresario y su esposa sufrieron un atentado en Torreón, en medio de una escalada de violencia por la disputa de plazas que libran los cárteles de Juárez y del Golfo.
Rivera Martínez era el operador del entramado mercantil y criminal de su organización y lugarteniente de Enedina Arellano, otra de las cabezas financieras del cartel de Tijuana. Su origen estadounidense (nació en San Diego, California), obliga a que sea deportado a Estados Unidos por su situación irregular dentro del territorio nacional y por la orden de aprehensión que existe a su nombre en el país vecino.
La operación ejecutada por las autoridades mexicanas fue celebrada en la Embajada de Estados Unidos en México mediante un comunicado de su representante, Antonio O. Garza, y sirvió para reconocer la gestión del presidente Felipe Calderón.

Mouriño: una mano en el agua y otra en el fuego

A muchos sorprendió la manera en que se hizo pública la noticia de la captura de Gustavo Rivera Martínez. En un hecho sin precedentes en la actual administración, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, refirieron el suceso.
En una conferencia donde no se aceptaron preguntas de la prensa, Mouriño calificó de un nuevo golpe contra el crimen organizado el resultado de la operación y destacó la importancia del intercambio de información con las agencias antidrogas de Estados Unidos para asestarle este mazazo al grupo de los Arellano Félix.
Como miembro de esta organización criminal, —comentó el secretario de Gobernación— Rivera Martínez centraba sus operaciones en el tráfico de droga y el lavado de dinero. Para destacar su peligrosidad cabe mencionar que este sujeto es uno de los criminales más buscados por la DEA y por el FBI, por quien se ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares a cambio de información que llevara a su captura.
La presencia de Mouriño y su anuncio responde a mucho más que al elemental —aunque no por ello menos importante— comunicado de un triunfo sobre el narcotráfico. Ser portador de la buena nueva pudiera significarle al secretario créditos a favor, justo ahora cuando se enfrenta a acusaciones de tráfico de influencias por la firma de contratos con Pemex cuando era diputado federal y funcionario de la Secretaría de Energía, lo cual ya ha provocado que la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta,  le pida dimitir para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.
Se busca entonces, con verdadero poco tacto, silenciar un escándalo de corrupción con un grito de euforia.

La Laguna: aguas putrefactas

Medios. Reflejo directo de la lucha contra el narcotráfico

Sin embargo, mientras en Baja California Sur se celebraba la captura del líder financiero del cartel de Tijuana, mucho más cerca, en la Comarca Lagunera, todavía se cuestiona la fuga del presunto nuevo capo del cartel de Juárez en esa región, Sergio Villareal Barragán “El Grande”, quien hasta hace poco se paseaba por Torreón y Gómez Palacio sin que nadie lo molestara.
Según el periódico Tiempo, de Durango (10-03-2008), en estos momentos la SIEDO investiga su relación con la muerte de los pilotos Rogelio Puig Escalera y Gerardo Rivera Hernández, del empresario Arturo Vidal Ramírez y del agente de la AFI, Gabriel Rangel Gutiérrez, cuyos cadáveres fueron hallados en Ciudad Lerdo. También se sospecha que “El Grande”, originario de Torreón, tiene responsabilidad en el asesinato de cuatro personas el pasado 14 de enero de 2007, entre los que se cuentan el ex líder del PRD, Jaime Meraz y su familia.
Culpable o no de todas estas ejecuciones, la realidad es que el accionar de Villareal ha traído una carga extra de inseguridad en el norte de México, pues —apunta el rotativo duranguense— su red se extiende por San Pedro, Piedras Negras, Monclova y Ciudad Acuña, haciéndose cargo de la ruta a Estados Unidos y logrando, además, montar narcotiendas en Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Durango.
Días atrás, el 28 de febrero, el mismo periódico había anunciado la captura de uno de los criminales más buscados en el norte del país. Antonio Sánchez Saucedo, alias “JL”, había resultado herido en una balacera y su detención se llevó a cabo por parte de las autoridades policíacas al ingresar en una clínica con el fin de ser atendido.
Según parece, Sánchez representó por mucho tiempo el brazo ejecutor del cartel del Golfo, hasta el año 2007, en que forma su propio grupo criminal y comienza a ejercer en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. A “JL” se le atribuye la muerte de, al menos, cinco personas, secuestros y atentados entre los que destaca el perpetrado contra del ex alcalde de Gómez Palacio Carlos Herrera Araluce, así como una serie de decapitados en La Laguna de Durango.
A partir de esta realidad, la violencia ha implantado un récord en los últimos tiempos. La Comarca Lagunera no escapa de ello: en menos de tres meses superó los veintiún asesinatos que por esta causa se registraron en 2007. Torreón, Gómez Palacio y Lerdo sirven de escenario entre bandas que se disputan la plaza o entre narcos y elementos de seguridad, como la balacera del 19 de febrero en la colonia Jardines de California, de Torreón, que arrojó un saldo de dos muertos y cinco detenidos.
Mas no se trata, únicamente, de la presencia de Villareal en la zona. La certeza de que el modus operandi de los distintos grupos, basado siempre en la lógica del miedo y en la compra de policías y autoridades, crea un halo de impunidad que pretende cubrir de igual manera desde el capo de una banda hasta el más ínfimo de sus integrantes.
Prueba de ello fue la reacción de Jacobo Salazar Flores, el pasado 8 de marzo, en Gómez Palacio, luego de ser detenido por miembros de la Policía Preventiva y confiscársele un rifle de asalto Ak-47, de los llamados “cuerno de chivo” y trescientas treinta bolsas de mariguana. El sujeto, al ser aprehendido, ofreció a los agentes un soborno de cincuenta mil dólares para que lo liberaran. Al no contar con la complicidad de los policías, pasó a la amenaza. Más vale que nos arreglemos, no saben con quien se meten, yo soy del grupo de los “Z”. Yo maté a toda la familia Meraz… (Victoria, 9-03-2008).
La ley no los intimida, al contrario, el sentido es diametralmente opuesto. El narcotráfico posee recursos —dinero, armamento y relaciones— para intimidar a los agentes que representan esa ley. Conviven dos sistemas en forma paralela, cada uno con sus reglas establecidas. La facultad legal, sostenida por el canon jurídico, y el “derecho” del crimen organizado, erigido sobre los pilares de métodos represivos que van desde la simple amenaza, pasando por las extorsiones y secuestros, hasta llegar a las ejecuciones, expresión de terror.
Por consiguiente, es obligación de las autoridades y de la sociedad no ceder en ninguno de los frentes dentro de esta campaña de higiene pública, atendiendo a la par cada uno de sus niveles y localidades. En caso contrario, de nada serviría vitorear la reciente herida infligida al cartel de Tijuana si se tolera que, al unísono, crezca su homólogo de Juárez.

Policías VS Ejército

Desde el punto de vista legal, el problema del tráfico de drogas en México no son las leyes. El país cuenta con ellas y pueden ser catalogas entre las más avanzadas en la materia. Sin embargo, su aplicación por parte de las procuradurías y los jueces, ya sea por impericia o corrupción, da al traste con el objetivo para el cual fueron creadas: castigar la delincuencia. La capacidad operativa sencillamente no está en correspondencia con la gran cantidad de gastos administrativos, y en esto se incluye la nómina de costosos asesores, que lastra a la administración pública en general.
De igual modo, mientras la corrupción no disminuya a “niveles controlables”, gastar en la formación de agentes puede resultar contraproducente pues supone transferir información y conocimientos a la delincuencia. El propio Gustavo Rivera Martínez era un conocedor del aparato judicial de Baja California y controlaba extensas redes de complicidad con la Policía Municipal y otras corporaciones.
Villareal Barragán, por su parte, había sido agente de la PGR, de la Policía Ministerial de Coahuila y compañero de generación de Antonio Sánchez Saucedo en la Policía Judicial Federal. Sus lazos con los cuerpos de seguridad son evidentes. El subprocurador de justicia de Durango, Hugo Armando Reséndiz Martínez, fue detenido el 19 de febrero de 2007 por sus presuntos vínculos con “El Grande” y por recibir dinero del narcotráfico. Mientras, dos comandantes del Grupo de Apoyo Táctico (GAT) de la policía local desertaron y huyeron antes de que la investigación llegara a ellos.
Se impone ejercer medidas para evitar la creciente descomposición de los cuerpos de seguridad a escala nacional y local. El hecho de que la mayoría de las depuraciones policiales acaben con expulsiones y encarcelamientos leves —cuando los hay— es la mejor demostración de que en esta tarea titánica aún queda mucho por hacer.
Es justamente el descrédito que sufre la policía a ojos de la nación y las constantes filtraciones de que son víctimas por parte del crimen organizado, las causas que motivaron al gobierno federal a optar por la participación directa del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en todas sus expresiones. Si bien el factor humano está presente en ambas alternativa, al menos en el caso del Ejército, dada su disciplina, lealtad institucional y la distancia que guarda con la ciudadanía, las posibilidades de soborno o permeabilidad se reducen en comparación con las policías siempre en la calle y a expensas de ser compradas.
Una de las primeras acciones emprendidas por el Ejército terminó con la detención, en Nuevo León, de ciento trece agentes, entre policías municipales, efectivos de Seguridad Pública y de la Agencia Estatal de Investigaciones, incluidos jefes y directores. Al menos cuarenta y cuatro confesaron haber recibido dinero de bandas del narcotráfico cuyos montos oscilaban entre quinientos pesos quincenales a cambio de no patrullar ciertos sectores o inhibirse de revisar vehículos sospechosos, hasta cincuenta mil si se trataba de jefes municipales.
El priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la junta de Coordinación Política del Senado, calificó de errónea la idea de sacar al Ejército en este momento de la confrontación contra el crimen organizado. Sería un desastre, porque las policías han evidenciado que no están, en número ni en capacitación, provistas de lo necesario como para presentarnos mejores resultados.
Sin embargo, el propio senador priísta fue acusado por el ex presidente Fox de contar con un récord de citas en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, relacionadas con el narcotráfico.E4