Realidad aplastante

Una estación de radio (la W) despide a Carmen Aristegui por vencimiento de contrato e incompatibilidad de agendas, y arde Troya: ¡represión!, ¡censura!, se grita a los cuatro vientos. Victimizada, la periodista es casi elevada a los altares. Lydia Cacho denuncia a poderosos practicantes de pederastia: sufre acoso, cárcel arbitraria, amenazas. Los autores del ardid, el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, son exhibidos en cadena nacional. La justicia los absuelve y la periodista rechaza la recomendación de la ONU de exiliarse para ejercer su profesión en libertad y proteger su vida.
Todo en el mismo país, en el mismo tiempo. ¿Por qué entonces se reacciona de manera tan disímil? ¿Acaso porque vende más un escándalo mediático que un asunto de justicia? Puede ser. Sin embargo, no debe excluirse el elemento político. A Aristegui se la toma por aliada de López Obrador. Cacho, en cambio, asume un compromiso con la sociedad, sin aspaviento; en particular con los niños y mujeres víctimas de explotación y abuso, en cualquiera de sus formas.
Aristegui y Cacho merecen reconocimiento; una por sus convicciones políticas, que en ningún caso debería tratar de imponer a otros para favorecer las ambiciones políticas de un tercero que subvierte el orden (invasión del Paseo de la Reforma, amenazas de paralizar pozos petroleros, carreteras y aeropuertos). La otra, por su valor para enfrentar a los poderes público y económico en un país donde el estado de derecho es un mito y la impunidad una realidad que nos aplasta a cada día —como el hecho de nombrar en Coahuila a un magistrado cínico y precedido de la peor fama.
El consejo de la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, a Lydia Cacho, para abandonar el país, nos exhibe como lo que somos: un país de tercer mundo. La negativa de la autora de Los demonios del Edén es tajante: No me voy a ninguna parte más que para adelante, hasta esclarecerlo todo. Porque perdimos en los tribunales pero ganamos al reivindicar el buen periodismo, nuestro derecho a conocer la verdad, a rescatar la honestidad, la solidaridad y la cultura aplicada a nuestros derechos humanos.
Es un acto plausible de dignidad, Alicia Elena Pérez renunció a la Fiscalía de Delitos Contra las Mujeres, por el fallo de la Corte contra Cacho y la manipulación política de la averiguación en la PGR. En días pasados, Blanca Laura Villeda, la procuradora que encubrió al gobernador de Puebla y a su titiritero Nacif, hizo lo propio. En su caso, no por celo profesional, sino por presión social. Sin embargo, su dimisión sirve para enaltecer y acreditar la lucha, a veces silenciosa, a veces solitaria, de Lydia Cacho.