Narcotráfico y crimen organizado, “arraigados en la sociedad”: PGR

La actuación del Ejército divide opiniones, pero en general
es aceptada; la sociedad desconfía de las policías por ineficientes
y corruptas. Al empezar el año, La Laguna de Coahuila y Durango
figura entre las zonas violentas del país con más de veinticuatro
ejecuciones en menos de dos meses

Voluntas política. El presidente fija prioridades

La guerra contra el crimen organizado la declaró el gobierno calderonista desde el principio de su gestión. El presidente se echó a cuestas el compromiso de acabar con esta pandemia a cualquier precio. A un año tres meses y días de iniciado su mandato, el precio rebasa las dos mil setecientas vidas.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, explica la escalada de violencia en el país: Es el “resultado del ataque ofensivo” de las fuerzas de estado y gobierno en contra del crimen organizado. Sin embargo, acepta que el narcotráfico y los cárteles están arraigados en la sociedad mexicana.
La “Radiografía de las Organizaciones Narcotraficantes” informa que hay siete grupos hegemónicos en el país, con sus respectivas ramificaciones. Las autoridades coinciden en que el norte vive una guerra sin cuartel ni precedentes similares. Las ejecuciones en Tamaulipas, Nuevo León y La Laguna así lo demuestran. Por esa causa, Coahuila está en alerta roja.
Las fuerzas de seguridad pública del estado son incapaces de sostener por sí solas la lucha sin cuartel declarada al narcotráfico. Ante la intervención del Ejército, la Organización de las Naciones Unidas y activistas sociales responden en pro y en contra. La retórica y la propaganda oficial no bastan para calmar la percepción ciudadana de indefensión. En este contexto, la Cámara de Diputados, presionada por organizaciones civiles, analistas, juristas y partidos, desechó legalizar los allanamientos sin orden judicial de la reforma aprobada en su sesión del 26 de febrero.

Política de estado

Reforma penal. No a los allanamientos

Al asumir la Presidencia en diciembre de 2006, Felipe Calderón se fijó una meta: enfrentar al crimen organizado. De inmediato, el combate contra los cárteles de la droga y sus sicarios produjo una ola de violencia que hasta hoy parece incontenible.
De 2007 a la fecha, el número de muertes superan las dos mil setecientas, según un informe de la agencia española de noticias EFE. El dato fue confirmado hace unos días por la Policía Federal Preventiva en el “Estudio de las ejecuciones. Primer año de gobierno”.
Los episodios más violentos se registran en Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Estado de México, Distrito Federal, Quintana Roo, Michoacán, Jalisco, Durango, Nuevo León y Coahuila.
La problemática planteada por EFE es que cientos de crímenes continúan impunes. Y, lo que resulta mucho peor, la ola de ejecuciones parece no tener fin pues el estado —afirma— carece de armas suficientes para enfrentarla.
En el Ciclo de Videoconferencias 2008, organizado por la Procuraduría General de la República y el Consejo de Participación Ciudadana, el procurador Eduardo Medina Mora sostuvo que la violencia es el resultado “del ataque ofensivo” de las fuerzas del estado y los gobiernos contra el crimen organizado.
Tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, supuesto líder del cartel de Sinaloa, el pasado mes de enero, el fiscal admitió que el crimen organizado, en especial el relacionado con el narcotráfico, se ha instalado en el territorio nacional y que su penetración es tan fuerte que la sociedad ha terminado por aceptarlo dentro de ella.
Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado “Radiografía de las Organizaciones Narcotraficantes”, revela que en nuestro país existen siete grupos criminales, cada uno con alianzas y ramificaciones dedicadas al narcomenudeo.
Los siete cárteles que operan a lo largo y ancho del país —señala el documento— se han asociado con células que trabajan con cierto grado de independencia económica en distintos niveles, protegidas por grupos criminales de mayor cobertura.
Para la SSP y la PGR, los estados fronterizos del norte de México se han tornado campos de batalla, donde la lógica imperante es la pugna por el dominio de la frontera con los Estados Unidos. Quien lo domine tendrá casi totalmente bajo su control el negocio de los estupefacientes.
Coahuila y Nuevo León se encuentran en la encrucijada. Los tres niveles de gobierno coinciden en señalar que en ambos estados se vive una “narcoguerra”.

Desde el Cerro de la Silla

Nuevo León. El juez Ernesto Palacios, víctima de sicarios

2007 fue para Nuevo León el año del Fórum de las Culturas, el Paseo Santa Lucía, las nuevas líneas del metro de Monterrey y el más violento en la historia de la entidad (ciento siete ejecuciones aproximadamente). Este 2008 parece caminar por idéntica senda.
Los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado ya no solamente se reflejan en policías o narcomenudistas, sino que han traspasado esta barrera, llegando hasta las autoridades y el turismo.
El juez tercero de lo Penal, Ernesto Palacios López, fue ejecutado con armas de grueso calibre mientras conducía por una de las avenidas más importantes del municipio de San Nicolás de los Garza, el pasado 21 de enero.
El asesinato del magistrado causó indignación y revuelo en los círculos judiciales de la entidad. Se presume que el funcionario fue victimado por sicarios. Palacios atendía el caso de José Luis Carrizales, alias “el Tubi”, preso en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. A una semana de su ejecución, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León reveló que tres jueces más habían recibido amenazas de muerte.
La presidencia del Tribunal refirió que los magistrados llevaban procesos contra presuntos narcotraficantes. Medios gubernamentales hablan de la necesidad de brindar más seguridad a los miembros del Poder Judicial e incluso de crear la figura de “jueces sin rostro”, como pasa en Italia, Colombia y otros países.
Datos gubernamentales indican que la violencia atribuida al crimen organizado tiene otra víctima: el turismo. Según analistas, los estados donde la inversión en el sector registró mayor caída son Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Baja California, en ese orden.
El Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) señala que la violencia y el narcotráfico restan eficiencia para atraer capital privado.
En Nuevo León, durante 2007, las inversiones del sector turístico cayeron a 19.6 millones de dólares, cincuenta y tres por ciento menos que en 2006.

Como La Laguna...

La Laguna. Movilización tras el atentado contra militares

Compuesta por once municipios de Durango y cinco de Coahuila, en La Laguna habitan casi un millón y medio de personas. Por muchos es considera un paraíso para el narcotráfico y el lavado de dinero. Al respecto existe una amplia bibliografía, enriquecida por el periodista Ricardo Ravelo con su libro La herencia maldita, de reciente publicación.
En Torreón, Gómez Palacio y Lerdo converge una red de carreteras con salidas a Zacatecas, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad Juárez, Chihuahua, Piedras Negras, Monterrey, Nuevo Laredo, Distrito Federal y ciudades intermedias. A pesar de las evidencias y del entorno, La Laguna había mantenido un bajo perfil en las disputas entre los carteles.
Torreón despidió 2007, año violento como pocos, con un atentado contra agentes de inteligencia militar, el 17 de diciembre, en el que murieron los tenientes Danny Benjamín Cázares e Isaías Lozano Medrano, así como el subteniente Adrián Barrera Castoreña. En el mismo ataque resultó herido el también teniente Carlos Armando Rubio. La versión es que los militares tenían avanzadas algunas investigaciones y por eso fueron eliminados.
Con horas de diferencia, el 16 de diciembre, un camión cisterna de SIMSA, grupo gasero con asiento en Torreón y conexiones políticas, fue detenido en el retén militar de San Quintín, Baja California —entre Santa Rosalía y Tijuana—, con casi tres toneladas de mariguana. El chofer Julio Barreto Ramírez fue detenido y a los cuatro días se le dictó auto de formal prisión como único responsable. (Espacio 4, 318 y 319)
Pero si el año pasado fue dramático para La Laguna de Coahuila y Durango, en términos de ejecuciones, 2008 lo rebasó en apenas mes y medio. Según la contabilidad del diario Palabra, mientras que en 2007 se registraron veintiún muertes relacionas con el crimen organizado, entre enero y el 19 de febrero de este año la cifra ya era de veinticuatro.
Fuentes policíacas señalan que la guerra en esta región la libran los carteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez.
Los homicidios, persecuciones y balaceras suceden cualquier día, a cualquier hora y en el lugar menos pensado. Un ejemplo fue la balacera del “3” registrada el 19 de febrero en la colonia Jardines de California, de Torreón. Todo comenzó a las 3:15 de la mañana, cuando elementos del Ejército iniciaron la persecución de un auto sospechoso Neón color rojo. Desde el número 28 de la calle Cipreses, presuntos “Zetas” abrieron fuego contra los militares. El tiroteo entre delincuentes y diferentes corporaciones policíacas se prolongó por más de tres horas y dejó un saldo de dos muertos y cinco detenidos.
La tensión entre funcionarios, empresarios y gobiernos está a flor de piel. Para Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, los asesinatos ligados al crimen organizado dejaron de ser casos aislados. Señala, sin embargo, que parte del problema es el hecho de que Torreón se inscribe en una zona conurbada con ciudades de Durango, donde la inseguridad generada por el hampa es más antigua que en Coahuila.
No obstante, la situación mantiene en vilo a todo el estado. El secretario de Seguridad Pública, Fausto Destenave Kuri, aseguró a La Opinión Milenio que el riesgo es inminente debido a los crímenes ocurridos en La Laguna, por lo que se declaró al estado en “alerta máxima”.
En  tanto que para el secretario de Gobierno, Homero Ramos, La Laguna es “zona de riesgo”, Destenave insiste en la necesidad de que ciudadanos y autoridades unan esfuerzos para atacar el problema. Hay que tener una gran sensibilidad y realizar los esfuerzos necesarios. Se tiene que focalizar el tema de los números de emergencia, la cultura de la denuncia, el intercambio de información precisa y la inteligencia policial que desapareció en el país.
A esta causa se han sumado activistas como el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien manifiesta la urgencia de que el gobierno federal intervenga para frenar las ejecuciones en la Comarca y en otras poblaciones de Coahuila. Advierte que los crímenes deben ser llevados a los tribunales, con la ley, no con el Ejército en las calles.

ONU: Justicia en tribunales

Capos presos. Aumentan las detenciones

Históricamente, las policías del país han sido incompetentes para atacar a fondo al crimen organizado. Louise Arbour, comisionada de la ONU para los derechos humanos, dice que la causa de la ineficiencia es la corrupción dentro de los órganos dedicados a la prevención e investigación del delito.
El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos —todos los que sean necesarios— para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policíacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada, dijo en conferencia de prensa tras finalizar una gira de trabajo por México los primeros días del mes pasado.
La alta comisionada subrayó también que el gobierno tiene que dedicar mayores presupuestos para reconstruir el sistema civil, mejorar la capacitación de policías y el sistema judicial ya que, afirma, la utilización de militares en tareas civiles puede generar mayor violencia y afectar a inocentes. La guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, tiene que ganarse no en las calles, sino en los tribunales, apuntó.
Sin embargo, gobernadores, congresistas y encuestas nacionales apoyan la intervención del Ejército en las acciones contra el narcotráfico y los grupos que represente un riesgo para el Estado mexicano. Entre otras razones, porque las fuerzas armadas representan una institución respetable. La confianza en las policías del país, si acaso existe, está por los suelos.
Por su parte, Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y el presidente Felipe Calderón pactaron sinergias en la lucha contra el crimen organizado. El líder de la ONU aseguró que apoyará a México, pero pidió redoblar todos los esfuerzos en la materia de seguridad. E4