Desde un simple ladrón de cobre hasta un ex presidente mal reputado llevan a coahuila a las primeras planas

Preliberaciones, desafuero de transportistas, hurto de piezas
arqueológicas, anarquía en los precios de la tortilla, impunidad
en el caso DVR y escalada de violencia en relación con el crimen
organizado… todo se sumerge en las aguas profundas
de la delincuencia y la corrupción

¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón
Fito Páez

Despliegue inútil. Policías federales muestran el producto de un golpe... a la piratería

Sin lugar a dudas el controvertido tema de las preliberaciones —abordado en la primera parte de este trabajo— viene de constituir una temeridad gubernamental con fines políticos, que no sociales, a representar la cúspide de un iceberg donde se regodea la delincuencia ante la mano blanda demostrada por las autoridades que buscan ganar adeptos de manera rápida y fácil, sin reflexionar lo suficiente en torno a las consecuencias que, a la larga, pueden traer sus decisiones de hoy.
Para demostrarlo una vez más —y otra vez más podría decirse— el ladrón mejor tratado de Coahuila, Luis Alberto Díaz Martínez, “insistió” en retornar a la cárcel. Luego de haber sido beneficiado con la Ley de Sanciones Restrictivas y Privativas de la Libertad Personal, haber bailado con el gobernador, llevándose de obsequio su pavo, mil pesos y una carta de recomendación firmada por el mandatario, se introdujo en una casa para robar.
Aprehendido entonces, fue nuevamente liberado por la inaudita falta de una denuncia. Sin embargo, Díaz estaba resuelto, desde la más pura perspectiva del antihéroe, a demostrarle a la sociedad con su triste ejemplo cuán endeble es esta “oportunidad” para los reos y que siempre viene a ser sustentada con engañosos por cientos de una estadística obtenida a fin. En efecto, volvió a robar… y a ser atrapado. Se supone que, ahora sí, no saldrá antes de que cumpla sentencia.
El problema es que el asunto de las preliberaciones, dentro del estado, levanta voces en contra por su carácter tangible y abrumadoramente obvio. El ser tan visible provoca lógicas reacciones. No obstante, dista mucho de considerarse el único mal que afecta a Coahuila. Acomodado como está en la parte visible del iceberg, viene a ser blanco de críticas cuando otras manifestaciones ilícitas, por mantenerse sumergidas en las oscuras aguas de la impunidad y el desacato, siguen extendiéndose y perturbando a la ciudadanía.
La flexibilidad en el cumplimiento de las condenas impuestas a quienes son capturados por violar la ley va de la mano con la falta de atención que se brinda a las coyunturas que permiten y hasta estimulan las transgresiones. El hurto de cobre es el paradigma perfecto. Desde hace años son incontables los domicilios, escuelas, tendidos eléctricos y hasta centros hospitalarios que se han visto afectados por dicha práctica.
Sin embargo, los continuos reportes y denuncias no han servido para que las autoridades regulen la compra y venta del material. Por el contrario, su costo aumenta constantemente y los encargados de levantar un alto a ello ni siquiera logran ponerse de acuerdo para que los establecimientos encargados de adquirir el cobre se vean obligados a llevar un control estricto sobre la procedencia y carácter legal del producto que cualquier desconocido les oferta. Esperemos no estén las autoridades a la espera de que sean esos establecimientos quienes eleven una propuesta formal pues, lógicamente, de concretarse una iniciativa en dicho sentido, tanto estos como los ladrones se verán directamente
afectados.
Pero todo ello se trata, generalmente, de raterías perpetradas por sujetos que, a partir de su escaso o nulo ingreso económico y el ambiente marginal en que se desenvuelven —otra tacha roja para los programas que afirman combatir tales circunstancias—, optan por delinquir de manera individual. Ahora, ¿cómo llamarle a las irregularidades que, en disposiciones de leyes, interpreta cada quien a su manera?
Luego de mucho bregar, y para manifestar que nada hay comparable al interés propio cuando se trata de algo por qué luchar, los transportistas se salieron con la suya sobre las facciones del ayuntamiento encargadas de defender el interés ciudadano, al concedérseles a aquellos el alza en las tarifas del transporte público. Por tal motivo, desde el 2 de enero perciben cinco pesos con cincuenta centavos en concepto de tarifa general, cuatro pesos por la preferencial de estudiantes y en tres pesos con cincuenta centavos quedó la de adultos mayores. Algo que no se respetó en lo absoluto desde su puesta en marcha pues los operadores de microbuses sólo validaron las dos primeras tarifas y por ellas se rigen. Este robo alevoso sirvió al alcalde, Fernando de las Fuentes Hernández, para llamar a los concesionarios “limosneros con garrote”.

Al doble. ¿Y la Constitución?

Y de los chóferes, a sus directivos. Se supone que tal incremento ha de sustentarse con el cumplimiento de una serie de promesas que incluyen pintar los autobuses con colores diferentes; que presenten sus barras de control de ascenso y descenso de pasaje, validadores de tarjeta inteligente; los transportistas han de contar con la documentación vigente, sus placas, engomados y seguros; deben ¡modernizar las unidades! y quizá lo menos costoso y más difícil: que los chóferes traten con respeto a sus pasajeros y al resto de los conductores en las calles. La mayoría de estas disposiciones deberán ser cumplidas antes del 31 de marzo. El problema es que ya se sabe que las promesas, promesas son, y reza un dicho que más vale pájaro en mano que cien volando. Hasta el momento, lo único que rueda de mano en mano, son los cincuenta centavos extras. Por supuesto, quienes aprobaron el alza, no se suben jamás a una combi.
Otro caso que mueve a la risa es el retorno de las multas por parquímetro. Después de haber sido declaradas inconstitucionales resulta que ahora no sólo son nuevamente aprobadas y traídas de vuelta, sino también duplicadas. Si antes se pagaban cincuenta y tres pesos, en esta ocasión los infraccionados deberán abonar noventa y nueve, a menos de que el desembolso se realice en las primeras setenta y dos horas, con lo cual pagarían la mitad, o sea, lo mismo que cualquiera hubiese pagado antes de la “renovación” de los parquímetros, sin importar el tiempo que demorase. Con ello el principal beneficiado no será el Departamento de Ingresos del Municipio, sino ese policía común que tanto abunda y a quien le han regresado en bandeja de plata otra oportunidad para duplicar sus mordidas.

Tráfico impune. De Coahuila a Alemania

Pero ¿qué podemos esperar de un simple agente del orden cuando al director del Museo del Desierto, Arturo González, ya le preparan una denuncia penal por sustracción ilegal de materiales paleontológicos? Sí, y es que hasta los huesos del estado se están robando. De la presentación de dicha denuncia, ante la PGR y la PGJE, se encargará el también director del Museo Histórico de Múzquiz, Héctor Porras, quien sostiene que ha enviado varios oficios a su homólogo solicitándole la devolución de algunos fósiles, pero sólo ha obtenido evasivas por respuesta.
El problema se agrava con la participación del investigador alemán Wolfgang Stinnesbeck en dichas irregularidades, a raíz de que Porras afirma haber atestiguado, en el período que estuvo laborando en el Museo del Desierto, embarques de piezas paleontológicas, sin registro siquiera, rumbo a tierras germanas y que jamás regresaron. De ello, además, ya se ha informado al Instituto Nacional de Antropología e Historia en
Coahuila.
No es de extrañar en lo absoluto que el director de una entidad determinada pudiera andar con las manos sucias, emulando el mismo nivel de quien se mete en una casa o se roba un pedazo de cobre. En tierra de impunidades, mientras más alta tu jerarquía, más intocable te sientes. Y para demostrarlo sigue vigente el caso del Distribuidor Vial Revolución, en Torreón. Menos tiempo costó a las autoridades municipales y del estado —no olvidemos la pugna que sostuvieron el alcalde José Ángel Pérez y el gobernador Humberto Moreira— ponerse de acuerdo en cuanto a la demolición de la obra, que en castigar a los culpables de tan mala ejecución.
Los ciento cuarenta millones de pesos invertidos en el levantamiento del DVR, a los cuales se le debe sumar ahora el costo de su desplome, siguen en el aire, al menos una parte, pues la otra restante bien pudiera haberse repartido entre funcionarios y contratistas. Por lo pronto, la atención está fija en el ex gobernador Enrique Martínez, el ex secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca y las empresas BM, Acolsa y Coordina, encargadas de la proyección, construcción y supervisión de la obra. ¿Inocentes o culpables? Los laguneros esperan todavía una respuesta. Lo que sí está claro es que los implicados en el caso deben pagar por ello. De ahí que se mantengan en alto las voces que exigen justicia.
Mas no es Torreón el único lugar en Coahuila donde se hace mutis ante los desafueros. Los industriales de la masa y la tortilla de las regiones Centro, Norte y Carbonífera del estado hacen malabares con sus precios sin importarles en lo absoluto la voluntad y el llamado a la solidaridad por parte del presidente Calderón. Los ocho pesos y cincuenta centavos inicialmente estipulados para este producto siguieron su ascenso hasta arribar a la astronómica cifra de once pesos con cincuenta centavos. ¿Causas? Las de siempre: el incremento de los insumos en cuanto a harina y gas; la subida en las refacciones por el costo del metal; el alza en los precios del papel y la bolsa de polietileno; y no falta quien sencillamente responda: por el gasolinazo. Claro está, como el precio del alimento no está controlado, no se necesita ser adivino para saber que, tras la fachada, se aprovecha quién se halla directa y realmente afectado como quien procura multiplicar sus ganancias de manera fácil a costa del sacrificio del pueblo.

Negocio caliente. El desplumadero reabrió sin aclararse el asesinato de Karen Siller

No obstante, el colmo de la desfachatez (contra la ciudadanía) y del desamparo (en que vive la propia ciudadanía) se percibe en Saltillo. No en balde, un personaje de la calaña de Jorge Hank Rhon escogió la capital del estado para expandir su negocio instalando uno de sus casinos “Caliente” que, a la corta y a la larga, la única temperatura que ha elevado ha sido la del temor y la violencia. Siendo Karen Siller Gómez, joven de apenas veintidós años, la que pagara con su vida el premio mayor. ¿Qué sucedió después de aquella balacera? Nada. Se dejó pasar el tiempo y, en menos de tres meses, otra vez brillaron las luces y se abrieron las puertas del desplumadero.
¿Vale la pena entonces celebrar a modo de victoria que en la capital coahuilense se desmantelara un laboratorio de piratería el 30 de enero pasado? Realmente debería abochornar tanto bombo y platillo para una operación en la que se emplearon trescientos elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo, Sedena, AFI, Policías Estatal Ministerial y PGR. Se cerraron cuatro vías, se armaron hasta los dientes y, al margen del equipamiento confiscado, no se detuvo ni siquiera a una persona. Pero, además, no olvidemos que toda esta aparatosa operación se produjo gracias a una llamada anónima. O sea, por la acción de un simple ciudadano hastiado de la ineptitud de quienes deben salvaguardar la integridad de su comunidad. ¿A qué se dedican las autoridades entonces? ¿Dónde estaban las policías de Saltillo cuando Karen fue asesinada? ¿Quién sabe? Quizás acompañando a sus amigos teiboleros de Torreón.
Lo peor del caso es que a la delincuencia acostumbrada se le ha sumado el crimen organizado. Ya no se trata de Nuevo León o Tijuana, sino de Coahuila, territorio donde cada día se hacen más frecuentes los enfrentamientos entre cárteles, sus linchamientos y “levantones”. En La Laguna los matones campean por sus fueros. Luego de que el pasado 4 de febrero se les contabilizara el homicidio número quince, la región se ha convertido en un foco rojo a escala nacional. Si alguna vez
preocupó los vínculos de un sujeto tan poderoso como el propietario de RCG con el narcotraficante Juan Chapa Garza, ya el hecho no pasa de simple detalle ante el incremento de la violencia en conjunción con los “destapes” de agentes de la policía que colaboran con las redes delictivas dentro del estado.

Carlos Salinas . La mirada de siempre

¿A dónde apunta este tortuoso camino para Coahuila? Difícil conceder una respuesta clara y certera a una pregunta que ya a muchos nos preocupa. De cualquier forma, la metáfora ideal ha sido enarbolada por el propio gobernador al entregarle las llaves del estado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Un hombre que ha sido acusado de cuánto mal se le puede aplicar a un mandatario. Desde fraude electoral, corrupción, enriquecimiento ilícito, hasta formar parte en el asesinato de su posible sucesor, Luis Donaldo Colosio. Y a cuyo hermano, de pasada, no en balde le congelaron más de ciento veinte millones de dólares en Suiza por su presunto origen ilícito.
Si bien es cierto que tan controvertido gesto político no define en lo absoluto el parecer de Coahuila, al menos lo referencia. Desde un simple ladrón de cobre a un ex presidente de repudiable fama puede ser encontrado en la historia más reciente de este estado. Es imprescindible que se unan voces y acciones para que nuestros hogares no se tornen blanco de la próxima fechoría.
El peligro mayor habita en las costumbres, no permitamos que nuestros hijos tomen por hábito lo mal hecho. Poco se puede esperar de las autoridades, pero usted, al igual que yo, debiéramos hace ondear la fe y demostrar que la justicia existe. Puede que en Coahuila tarde, como en el resto de la República. Aún así, pienso que no todo está perdido, sólo falta quien venga a ofrecer su corazón. E4